3/27/2009

Periodistas pal café.....



os gringos se meten hasta la cocina en México e intervienen en el diseño de la política interna mediante declaraciones como las que en un par de días repartió alegremente la secretaria Clinton y como las que un día hacen y otro deshacen algunos funcionarios de la administración Obama, pero el encargado de la secretaría de gobernación, Fernando Gómez Mont, monta en patriotera investigación contra Manu Chao, el cantante que, de visita en México, ha dicho que en San Salvador Atenco hubo terrorismo de Estado”.
Ya José María Aznar vino, durante el foxismo, a exhortar a los mexicanos a votar por Felipe Calderón, y el español –ahora naturalizado mexicano– Antonio Solá dividió a los mexicanos con su frase propagandística de que López Obrador era un peligro para México, pero nada de ello resultó punible –al ex presidente español le enviaron una carta de reconvención a la embajada de España en México, cuando él ya se había ido del país– sino premiable por la derecha mexicana tuerta que nomás ve una cara de las cosas.
Manu Chao ha dicho, por lo demás, lo mismo que cualquier ciudadano que con claridad y objetividad se asome a lo sucedido en aquella población del estado de México a finales del foxismo. Hubo terrorismo de Estado y ha habido complicidad de funcionarios judiciales y del Poder Ejecutivo para mantener en la impunidad a los altos responsables de aquella represión, como serían el propio Vicente Fox, su secretario de gobernación al que algunos pretenden encaminar a los altares, Carlos Abascal, el gobernador engominado de la entidad con capital en Toluca, Enrique Peña Nieto, y funcionarios policiales de la entidad como el almirante Wilfrido Robledo (¿también habrá solicitud de aplicación del artículo 33 constitucional a Peter Gabriel, que junto a otros artistas exigirá justicia en el caso de las mujeres muertas en Ciudad Juárez?)
La barbarie mexicana, que ha sido condenada en muchos otros países, también se muestra en los escarceos judiciales con los que la Suprema, Corta de Justicia, pretende acercarse al caso Oaxaca. Mediante un informe de magistrados, y un dictamen que a partir de él redactará el ministro Mariano Azuela, el Poder Judicial federal tratará de torear el fondo del asunto, es decir, si hubo violaciones graves a los derechos humanos y responsabilidad de altos funcionarios. Tal como ha quedado plenamente comprobado, en los años de la represión desatada por Ulises Ruiz hubo allanamientos de morada, privación ilegal de la libertad, torturas, golpizas, asesinatos y acciones concertadas de policías y militares que cual brigadas de la muerte actuaron contra dirigentes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APPO. Pero esa realidad palmaria, demostrada, evidente, no es sino pretexto para que los jurisperitos federales ensayen formas de evasión y entre palabrería legaloide escurran el bulto.
Astillas
Necesitados de ganar partidos internacionales para mantener el flujo publicitario, sobre todo en las televisoras, los mercaderes que manejan la selección nacional mexicana de futbol han abierto groseramente las puertas de ese máximo equipo a extranjeros sin pizca de apego genuino a México. Sudamericanos aventureros, que en las selecciones de sus países no serían convocados, y que no necesariamente juegan mejor que los nacidos en México, han sido conminados a naturalizarse mexicanos no por apego al país, sino para enrolarse en juegos de escaparate internacional. No es un asunto de chovinismo: México es un país de larga tradición hospitalaria y su historia está llena de ejemplos brillantes de acogida a nacionales de otros países. Pero en el caso futbolero en mención se trata de meras operaciones mercantiles rápidamente aprobadas por las autoridades federales. Un ejemplo de ese desdén por lo local está en Nery Castillo, un jugador que nació en San Luis Potosí porque su padre, del mismo nombre, jugaba en ese tiempo en esa ciudad, pero que se formó profesionalmente en otros países y que dudó entre enrolarse con la selección de Uruguay o de alguno de los lugares europeos donde ha jugado, aunque acabó prefiriendo las mejores condiciones que la mexicana le ofrecía. Yo estoy en Europa y tú estás aquí, en México, dijo Castillo a un reportero de deportes, durante una ríspida conferencia de prensa, para establecer diferencias... Grrr: la demagogia oficial ha hecho que dos estaciones del Metro cambien de nombre: ahora, Viveros será Derechos Humanos, y Etiopía, Plaza de la Transparencia. Es el colmo del oportunismo el expropiar denominaciones largamente arraigadas y convertirlas en nomenclaturas burocratizadas. Pura politiquería barata y gastos innecesarios, mientras los verdaderos problemas de la ciudad crecen y son mal atendidos. A ese paso, habría otros cambios de nombre: Mariagna, en lugar de la estación Eugenia; Seguro Popular, en lugar de Hospital General; Playas Artificiales, en vez de Zócalo, por ejemplo... Dice Guillermo Sánchez, desde Monterrey: “ni un solo día dejó Felipe Calderón que Luis Téllez pisara el infierno del desempleo en donde millones de mexicanos caminan a diario y sin esperanza alguna de salir. Lo que se ve no se pregunta; de ese tamaño serán los compromisos que por lo visto acompañarán a este administrador del país hasta su último día en tal impostura”... Antonio Escobar comenta: “en anterior entrega hablabas de la ‘guerra torpe y sin sentido’ iniciada por Calderón contra el narcotráfico. Estoy de acuerdo contigo, y sin embargo tiene el sentido (no creo descubrir algo nuevo) de preparar el terreno para que los panistas se mantengan en el poder. Recientemente volví a ver la pelicula Coronel Redl, de István Szabó, y en la película encuentro las claves del accionar de Calderón: invención de una guerra, búsqueda de chivos expiatorios, provocación y propagación del miedo por un enemigo no visible pero efectivo contra la población, el ejército salvador del pueblo... la escena final es el asesinato del provocador emperador austro-húngaro. Así, sobre ese camino anda el maquiavelismo calderónico”... ¡Feliz fin de semana!
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juliohdz@jornada.com.mx

Ooootra vez se doblegó el Senado: no habrá topes a tasas de interés y comisiones de los bancos. El reformón tan cacareado quedó en propuesta de tímidos cambios a la legislación que darán facultades mayores al Banco de México para meterlos al orden. Pero a Guillermo Ortiz lo tienen bien apalabrado, así que no puede esperarse mucho. Y todavía falta que el proyecto pase a la Cámara de Diputados, donde don Gamboane ya afila la tijera para darle el toque final y dejar bien blindados a los banqueros. Hay que destacar el nefasto papel que jugó el senador panista Bueno Torio en contra de los consumidores.
El experto
La última etapa del espectáculo I love you, Mexico!, de la señora Clinton –impecable, por lo demás–, se vio ligeramente deslucida con la noticia –aparecida ayer en esta iconoclasta sección– de que Washington (o sea, la misma señora Clinton) ha iniciado el trámite para acreditar como embajador ante el gobierno de México a Carlos Pascual, diplomático americano, nacido en Cuba, experto en “estados fallidos”. (¿El mensajero es el mensaje?) El Departamento de Estado guardó silencio ayer y el señor Pascual no atendió llamadas ni emilios. Sin embargo, no se ha desechado por completo la versión de que ya fue palomeado por el presidente Obama.
Otro rescate
El sistema de pensiones de varios estados de la República está en quiebra. En conjunto tienen pasivos por más de un millón de millones de pesos. Habría que ver si no han sido saqueados por los gobernadores, sólo por curiosidad, de antemano sabemos que no pasaría nada. Don Copetes quisiera que se utilizaran fondos federales para el rescate. Ayudaría mucho que le bajaran a la publicidad de televisión. Cada semana un gobernador acapara costoso tiempo AAA para informar a la expectante nación de sus enormes logros (nunca se refieren a la quiebra de las pensiones, obviamente).

omo hemos venido discutiendo en varias entregas (27/02/09; 6 y 20/03/09), la financiarización (reemplazo de la producción por las finanzas como centro de gravedad de la economía) es el principal (y gigantesco) flotador del capitalismo monopolista financiero que evita que zozobre en el estancamiento crónico, según la visión neo-marxista de los seguidores de Baran y Sweezy. Las burbujas financieras (y su estallido), están en el centro de lo que llamé keynesianismo privado espontáneo. Veamos como percibe esas burbujas el famoso economista Paul Krugman (PK). En su más reciente libro les dedica un capítulo cuyo título reproduzco en esta entrega1. Describe como Alan Greenspan (AG), presidente del Banco de la Reserva Federal durante 18 años, al retirarse en enero del 2006 fue vitoreado en el Congreso como un mesías monetario. “Tres años más tarde el nombre de Greenspan era lodo”, dice PK y añade que “la historia del ascenso y caída de la reputación de AG, es la historia de cómo los hacedores de la política económica se convencieron a sí mismos que tenían todo bajo control, sólo para descubrir, con horror, y el dolor de la nación, que no era así”.
AG se volvió una leyenda porque presidió la Reserva Federal en un periodo de buenas noticias económicas, dice PK, que para los inversionistas financieros fue celestial: los precios de las acciones subieron más de 10 por ciento anual en promedio (¡durante 18 años!), desempeño en el cual la política monetaria tuvo muy poco que ver. PK compara el enfoque de Greenspan con el de W. C. Martin (presidente de la Reserva Federal entre 1951 y 1970), cuyo enfoque él expresaba con la frase que debería ser como el padre que “retira el jarrón de ponche en plena fiesta” adolescente, queriendo decir que se debe aumentar la tasa de interés en el auge para evitar la inflación. El enfoque de AG lo explica Krugman con un padre con diferente actitud: no detiene la fiesta (no se lleva el jarrón) pero está disponible para actuar como conductor designado al terminar la fiesta: para actuar AG esperó a que estallara la burbuja de la bolsa de valores en 2000, no subió las tasas de interés. En el periodo 1993 a 2000 la tasa de desempleo en EU disminuyó desde casi 8 por ciento a menos de 4 por ciento. La visión dominante era que, una vez que la tasa de desempleo es menor que 5.5 por ciento, la inflación se empieza a acelerar. Cuando eso ocurrió a mediados de los años noventa, AG resistió las presiones y no bajó la tasa de interés, argumentando que la productividad del trabajo había cambiado las relaciones entre nivel de empleo e inflación. En efecto, a pesar de la baja del desempleo a niveles no vistos en décadas, la inflación no repuntó.
PK dice que, en cuanto a empleo, dejar el ponche en la mesa fue una buena política, pero que el “greenspanismo” no fue tan exitoso en cuanto a la burbuja de la bolsa de valores. En una gráfica muestra la secuencia entre la burbuja de la bolsa de valores, que revienta en el 2000 y la burbuja inmobiliaria que empieza a acelerarse casi al mismo tiempo. PK explica con gran claridad la dinámica de las burbujas y sus límites. Cuando los precios de las acciones suben y suben, todo el que compra acciones obtiene ganancias rápidas, lo que lleva a otros a hacer lo mismo, lo que acelera el alza de las mismas. Se crea una especie de esquema Ponzi (o pirámide financiera) que funciona mientras hay nuevos “bobos entrando” y poniendo más dinero. Cuando se acaban los bobos, la pirámide se desploma. Eso ocurrió en el verano de 2000. Las acciones perdieron 40 por ciento de su valor en dos años.
Krugman explica también la burbuja inmobiliaria. Dice que en este caso se abandonaron los principios tradicionales de los préstamos inmobiliarios (el comprador debe dar un enganche sustancial y tener capacidad para hacer los pagos mensuales). Se hicieron préstamos sin enganche y a quienes carecían de la capacidad de pago. ¿Por qué los prestamistas relajaron los principios? PK da dos razones: 1) creyeron que el alza en los precios de la vivienda continuaría indefinidamente, en cuyo caso el comprador que no puede seguir pagando puede vender la casa y pagar la hipoteca; y 2) los prestamistas iniciales no asumían el riesgo, sino que lo trasladaban a inversionistas que compraban valores (emitidos sobre las hipotecas) y que, o no sabían lo que compraban, o recibían garantías de que los valores que compraban estaban clasificados por las agencias en la categoría AAA (la más alta). Para lograr que una parte de las hipotecas subprime (las peores) recibieran esta calificación, se introdujo una innovación financiera llamada “obligación de deuda colateralizada” (CDO, por su nombre en inglés) que creaba valores de distintas categorías, la preferente (senior) recibiría sus rendimientos primero.
La pirámide continuó creciendo y los valores dando altos rendimientos en tanto los precios de las viviendas se mantuvieron al alza. Aunque algunos economistas, incluido PK, advirtieron que había una burbuja inmobiliaria cuyo estallido causaría serios riesgos a la economía, Greenspan negó la existencia de la burbuja y declaró que una baja sustancial en los precios de las viviendas era poco probable. Cuando Bernanke sustituyó en la Reserva Federal a AG, el greenspanismo continuó vigente, dice PK: se creyó que los efectos del estallido de la burbuja podrían controlarse, que Bernanke también serviría como conductor designado.
La historia oficial de la recesión económica (que siguió a la caída de la bolsa en 2000) fue que duró sólo ocho meses. Muestra que el desempleo aumentó durante dos años y medio (véase gráfica), lo que llevó a AG (quien temía un deflación corrosiva: baja de precios con estancamiento, como la ocurrida en Japón en los años noventa) a seguir bajando la tasa de interés (hasta uno por ciento). Concluye PK: “Los cínicos dicen que AG había tenido éxito sólo al reemplazar la burbuja de la bolsa con la burbuja de la vivienda –y tienen razón”. Coincide así con Foster y Magdoff (véase entrega del 06/03/09) en que, sin burbujas, la economía monopolista actual tiende a la recesión. Seguiré analizando este interesante libro de Krugman, un economista “de la corriente principal” que parece abierto y pragmático.
1 Paul Krugman, The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W.W. Norton, Nueva York, 2009. Los seguidores de Baran y Sweezy son John Bellamy Foster y Fred Magdoff, cuyo libro The Great Financial Crisis, Monthly Review Press, Nueva York, 2009, he analizado en las entregas mencionadas.
jbolt@colmex.mx

No son los únicos, mucho menos los últimos, pero el gobierno calderonista operó dos rescates” (uno laboral, otro financiero), que resultan igual de onerosos que de ignominiosos para la nación: el de Luis Téllez, el osito bocón, y el de Cemex, la “primera trasnacional mexicana”, según la definen sus allegados.
A su ex secretario de Comunicaciones y Transportes, el de Los Pinos primero lo cubrió con la invención de una “asesoría para políticas contra la crisis”, con generoso salario, manga ancha y, sobre todo, impunidad plena, para de inmediato “operar políticamente” con la pandilla de enfrente, los chicos malos de la especulación, y acomodar la pieza. Y, en efecto, la acomodó (habrá que conocer a qué precio, porque los bolsudos no dan gratis ni el saludo): el ex salinista, ex zedillista, ahora calderonista, prianista de corazón y representante en México de los más oscuros intereses del oscuro Grupo Carlyle y sus halcones, será el nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Sólo falta la asamblea de la BMV para formalizar el regalo (será ilustrativo conocer cómo votará Carlos Slim, uno de esos accionistas).
Así fuera de efectivo, contundente y veloz el inquilino de Los Pinos cuando de sacar al país adelante se trate. Pero no da para mucho, de allí que limite su campo de acción a ese tipo de personajes. De cualquier suerte, llama la atención el apasionado “rescate” de un personaje tan nefasto como Téllez, pues lleva a pensar que debe ser enorme y espinoso el adeudo que el mochoacano mantiene con su ex secretario de Comunicaciones y Transportes. De gran proporción, como para que después de su “remoción” lo haya cobijado con una “asesoría personal” para “políticas contra la crisis” (cargo en el que apenas lleva tres semanas) sacada de la chistera, y de allí acomodarlo en la presidencia de la BMV. ¿Qué le debe, qué le sabe?
Pero los amores gubernamentales no se limitan a esa parte de la pandilla, por lo que habría preparado un “rescate” financiero del corporativo encabezado por Lorenzo Zambrano, uno de los beneficiarios, también, de la venta de Banamex a Citigroup (obviamente libre de impuestos). Pues bien, esta “primera trasnacional mexicana” se endeudó hasta el cuello (cerca de 16 mil millones de dólares), especuló con derivados, el precio de sus acciones se fue a la lona y la crisis le estalló en la cara. Los primeros movimientos fueron los usuales en este tipo de consorcios: despidió a más de 5 mil trabajadores, utilizó sus influencias políticas para obtener “apoyos” crediticios –que originalmente se destinarían a pequeñas y medianas empresas– y con eso comenzó a manejar su propia crisis, pero no fue suficiente, de allí que las sensibles fibras de Los Pinos actuaran en consecuencia.
Desde octubre pasado el precio de las acciones de Cemex fue de mal en peor. Pero de repente, en este marzo de la esperanza, algunos especuladores ilusos confiaron en el futuro del corporativo y de la noche a la mañana recompraron sus acciones, y su precio aumentó casi 30 por ciento. Pero esos soñadores suelen estar bien informados, y lo que ahora saben es que el gobierno ha elaborado un plan de “rescate” para Cemex (obviamente con recursos públicos), para que el grupo que preside Zambrano salga del hoyo y siga vendiendo más caro el cemento en México que en otras latitudes en las que se mueve.
Los cocineros del “rescate” no perdieron el tiempo y fijaron sus ojos donde siempre: la banca de desarrollo, que de “salvamentos” privados con dineros públicos sabe un rato. Todo indicaría que la institución agraciada sería Banobras (ya en tiempo de López Portillo “rescató” al Grupo Alfa), la que en lugar de financiar obra pública atiende urgencias privadas. De cualquier suerte no habría que descartar al sufrido Bancomext, al que a lo largo de los años le han cargado todo tipo de “salvamentos”.
Lo mejor del caso es que tanto Téllez como Zambrano son grandes defensores de la libertad de mercado, “que todo lo arregla”, y odian profundamente la intervención del Estado en asuntos de particulares, siempre y cuando la crisis no los alcance.
Las rebanadas del pastel
De los lectores, la crisis y los que no son Cemex: “propietarios de una pequeña empresa que se dedica a la construcción, tenemos poco de haber iniciado –un año, aproximadamente– y como es bien sabido el país enfrenta una seria crisis que a pesar de los esfuerzos del (des)gobierno por lanzar cifras optimistas, en el ramo de la construcción son numerosas las obras que se han tenido que parar, dado el incremento en los precios de los materiales. A pesar de esta crisis, el IMSS y el gobierno federal no han hecho nada por apoyarnos; manejamos una plantilla de aproximadamente 200 trabajadores para la construcción, y la empresa para la que trabajamos (somos subcontratistas) no nos ha pagado oportunamente el dinero destinado al IMSS y al Infonavit. A pesar de los esfuerzos que hemos hecho para estar al corriente en los pagos, ya tenemos un adeudo de algunos meses y no obstante la coyuntura (así le dicen en Los Pinos) el IMSS sólo espera al siguiente día de que se vence la fecha de pago –el 17 de cada mes– para emitir la notificación con su respectiva multa que es de 40 por ciento y ya con amenaza de embargo, por lo cual en ocasiones se tiene que llegar a un ‘arreglo’ con los ejecutores,que siempre va de 10 mil pesos en adelante dependiendo la cantidad que se notifica. La pregunta es ¿por qué esta falta de sensibilidad por parte del IMSS; no se da cuenta de la crisis en que nos encontramos? ¿No se percata que si nos ahoga de esa forma lo único que va a conseguir es que una empresa pequeña más cierre y que de esa forma se cancelen los empleos que genera? En la delegación del IMSS que nos corresponde no dan solución. Por ultimo, ¿sabían que los notificadores, además de bastante personal del Seguro Social, trabaja con contratos por mes y no cuentan con IMSS. ¿Con qué calidad moral entonces dicho Instituto exige los derechos de los trabajadores, si es el primero en violarlos?” (Fausto Centeno, Saúl Hernández,
facu15@yahoo.com.mx).... El Club de Periodistas de México invita a su cuadragesimosexto foro “TLCAN: implicaciones sociales, políticas, económicas y jurídicas; ¿es viable la renegociación?” Participan Antonio Mejía Haro, Manuel Becerra Ramírez y Alberto Montoya Martín del Campo. Moderan Celeste Sáenz de Miera y José Manuel Orozco Garibay. La cita es a las 18 horas en Filomeno Mata 8, Centro Histórico.
cfvmexico_sa@hotmail.commexicosa@infinitum.com.mx

Salarios máximos: lógica presidencialista
Tras arduas discusiones, y luego de superar los obstáculos introducidos por legisladores de Acción Nacional, el conjunto de reformas legales orientadas a fijar un tope a los salarios de los servidores públicos parece encaminarse a su aprobación. De lograrse, será un primer paso para resolver un problema económico, un conflicto ético, un desgaste político y un desorden administrativo que distorsionan el funcionamiento de la administración pública en todos sus ámbitos y niveles: la inmoralidad que supone el otorgamiento de sueldos principescos a los altos funcionarios de un país en el que proliferan la miseria y aun el hambre, el enorme dispendio de recursos nacionales en percepciones desmesuradas, el repudio popular que genera el lujoso tren de vida de la clase política en general y el caos escalafonario que impera en las dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales.
La reforma constitucional y legal sentará, de ser aprobada, un precedente importante en un ámbito del quehacer público sobre el cual prácticamente no existe una legislación coherente y en el que proliferan la discrecionalidad, el abuso y el pillaje reglamentado. En efecto, tras décadas de presidencias priístas en las que las retribuciones a los servidores públicos se manejaban en la más completa opacidad, a partir de la década pasada se dio paso a una “transparencia” en la que bastaba publicar las percepciones de los altos funcionarios para dotarlos de legalidad, por más que los salarios y las prestaciones del titular del Ejecutivo y de su gabinete, de los gobernadores y de sus subordinados inmediatos, de presidentes municipales, de la jerarquía judicial, de los legisladores y de cuerpos colegiados autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) constituyeran un insulto para una sociedad depauperada en todos los órdenes por el afán privatizador, el sentido oligárquico del poder y la llana ineptitud de ésos que se sienten con derecho a ganar, cada uno, lo mismo que 300 o 400 devengadores del salario mínimo.
Esta circunstancia a todas luces anómala ha generado un repudio social generalizado y exigencias de reducir en forma drástica lo que al país le cuestan sus gobernantes. Desde esta perspectiva, es claro que el Legislativo actúa bajo una presión social inocultable.
La implantación de un tope legal a los salarios de los altos cuadros del Estado resulta tanto más pertinente si se considera que éstos, lejos de moderar su apetito por las grandes sumas de dinero, lo han acrecentado con regularidad en el curso de la última década y que, a pesar de la estrechez económica mundial, en los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el de los organismos autónomos, se han multiplicado los nombramientos de toda suerte de empleados de primer nivel con percepciones desmesuradas, los incrementos injustificados y la adopción de prestaciones absurdas y hasta grotescas. Cabe recordar, a este respecto, que hace unos años el anterior presidente del Consejo del IFE, Luis Carlos Ugalde, recibió un cuarto de millón de pesos, en aplicación de una cláusula del estatuto laboral de esa dependencia, con motivo de una de sus bodas. Otro dato ilustrativo es que prácticamente ningún alto funcionario del Estado hace uso de su derecho a la asistencia médica en los hospitales y clínicas del ISSSTE, pues casi todos disponen de seguros médicos inalcanzables para la gran mayoría de los mexicanos, que les pagan gastos de salud en centros hospitalarios del extranjero. Otros datos ofensivos son las jubilaciones millonarias de que gozan ex presidentes de la República y ex ministros de la Suprema Corte, y los presupuestos para comida de que disponen los integrantes del gabinete, y que en el caso del secretario de Hacienda y Crédito Público asciende a más de un millón de pesos anuales, valga decir, más de 2 mil 800 pesos diarios.
Este breve recuento hace ver la insuficiencia de lo legislado, pues no basta con imponer un límite máximo a las remuneraciones salariales de los altos funcionarios, sino que es preciso también legislar para acotar las abusivas prestaciones que se otorgan a sí mismos.
Desde otra perspectiva, el criterio empleado para limitar los ingresos de los servidores públicos de los niveles superiores –implantar el salario presidencial como tope máximo– puede contribuir a reducir el desorden escalafonario, pero no parece el más pertinente para moralizar a la administración pública. El afán de impedir que cualquier funcionario rebase las percepciones del titular del Ejecutivo federal responde, a fin de cuentas, a una lógica presidencialista a todas luces caduca. Habría sido preferible, por consideraciones de elemental pudor social y ético, que se impusiera como referente un número determinado de salarios mínimos, cuyos niveles son, a fin de cuentas, un indicador preciso, inocultable e indiscutible de la eficiencia de los gobernantes, de su interés por el bienestar de la población y de su desempeño como servidores públicos.

Opinión
Luis Javier Garrido: La delación



La delación
Luis Javier Garrido
El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más abierta el territorio mexicano ha dado un paso adelante tras la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton (25-26 de marzo), y el anuncio de la apertura en México de una oficina mixta de agentes estadunidenses y mexicanos en el marco de la supuesta “guerra contra el narco”.
1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.
2. La situación escandalosa que está viviendo el país con un gobierno fallido, que se halla en un absoluto plan entreguista con tal de sobrevivir, y que para ello ha aceptado crear artificialmente un escenario de violencia generalizada para justificar la intervención extranjera, a cambio de que Washington lo mantenga en el poder, ha suscitado un repudio de los más diversos sectores que señalan lo burdo de la estratagema, harto conocida en América Latina. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, de visita en Jalapa, recordaba antier cómo la lucha contra los enervantes ha sido un ardid histórico de Washington para someter y controlar países (La Jornada, 26 de marzo).
3. El actual gobierno de Estados Unidos tiene el mismo doble discurso de siempre, pues mientras la señora Clinton prodigó durante dos días sonrisas a México, desde las diversas instancias del poder estadunidense se siguió descalificando a Calderón buscando someterlo cada vez más. La última partida de casi 13 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas fue, según el Departamento de Defensa, a fin de mejorar su capacidad para “liberar territorios” (El Universal del 25 de marzo), ya que el narco mexicano no sólo amenaza la seguridad de Estados Unidos sino que “pone en riesgo” al propio gobierno de Calderón, como advirtió Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) al Congreso de su país (La Jornada, 26 de marzo). Y para subrayar la inseguridad de México se prohibió a funcionarios estadunidenses viajar ayer a una reunión en Tamaulipas.
4. La realidad de las cosas es que el gobierno de Barack Obama no tiene interés alguno en combatir al narcotráfico, como no lo tenían tampoco sus predecesores, pues mientras en México con el pretexto de combatir a los cárteles del transporte se ha instaurado en muchas regiones un escenario de violencia y de terror que ahonda la crisis nacional, en Estados Unidos el escenario es muy distinto: los cárteles estadunidenses continúan siendo intocables, las estructuras financieras del narco no han sido ni siquiera cuestionadas, los negocios de la familia Bush siguen florecientes y, como muchos lo han señalado, Washington sigue auspiciando la siembra de enervantes en el territorio de Afganistán –que los talibanes habían prohibido– y en otras regiones del planeta bajo su control.
5. La escalada entreguista de Felipe Calderón ha ido a trompicones y se ha centrado en un intento de dotar al gobierno de facto que él pretende encabezar de instrumentos jurídicos cada vez más despóticos, como se lo exigen. Y así, tras buscar la posibilidad de allanamientos de domicilio sin mandamiento judicial, ahora quiere legalizar la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos y dar al gobierno federal la facultad de confiscar arbitrariamente los bienes de los particulares sospechosos de ser malhabidos con la aberrante Ley de Extinción de Dominio, que está discutiendo el Legislativo, pretendiendo culminar estas políticas de abandono de la defensa de los intereses de la nación y de complicidad con una potencia extranjera al instalar una oficina compartida con agentes estadunidenses que fortalece la intervención.
6. La semana de entreguismo se había iniciado con el ofrecimiento de “hasta 30 millones” (de pesos devaluados), hecho el lunes 23 por el gobierno espurio, para quienes delaten a los líderes del narco, el cual supone de entrada que el gobierno panista es incapaz de cumplir con la función constitucional que tiene de investigar los delitos federales, y pretende que ésta la lleva a cabo la sociedad y se la comunique por la vía de la delación.
7. La invitación a la delación, cualesquiera que sean sus razones, es no sólo en el plano político una evidencia de la ineptitud de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, sino que desde el punto de vista ético constituye una invitación a cometer uno de los actos más bajos que se pueda imaginar, por lo que el gobierno corrupto de Calderón al estar pidiendo a los mexicanos que se envilezcan denunciándose los unos a los otros, recurre a una práctica indigna –y ajena a nuestro sistema jurídico–, la que además ya ha fracasado en el pasado por la sencilla razón de que los posibles delatores de estos hechos ilícitos, por mucha protección que les ofrezca el gobierno, saben que podrían terminar también por ser ejecutados en represalia por su felonía.
8. El fracaso histórico en México de esta medida existente en el sistema estadunidense se debe no sólo a su carácter inmoral, descrito admirablemente en la novela de Liam O’Flaherty El Delator, llevada al cine por John Ford, con Victor McLaglen, en 1935, sino a su inviabilidad en el contexto de violencia generalizada impuesto por la absurda guerra gubernamental.
9. El actual desastre nacional se agrava sin embargo por un hecho. La venalidad del gobierno panista al ir entregando facultades que no ha sabido ejercer a poderes extranacionales, en una política de abierta traición a México, está siendo posible por la complicidad de la llamada “clase política” en su conjunto, y en particular de los integrantes del Senado de la República, que tiene la misión superior de fungir como un contrapeso al Ejecutivo en materia de política exterior, y que no está cumpliendo sus funciones.
10. Las políticas entreguistas actuales están en todo caso destinadas al fracaso, pero el daño que se ha hecho a la nación es ya irreparable.

Gabriela Rodríguez: El Papa miente y violenta políticas de Estado


enedicto XVI rebasó los límites diplomáticos y violentó derechos humanos universales en sus declaraciones sobre el condón de la semana pasada en la capital de Camerún. Él actúa contra el derecho a la información y a la libertad de conciencia al afirmar que “el VIH no se puede resolver con eslóganes publicitarios ni con la distribución de preservativos, y que éstos, al contrario, sólo aumentan el sida…”
Como todo ser humano, Ratzinger tiene derecho a expresar sus opiniones y, como cabeza de una Iglesia a la que se adscribe una sexta parte de la población del mundo, puede difundir la idea de que el uso del condón es un pecado, venial, grave o sacrílego, si así lo decide. Pero lo que no le está permitido es la mentira y la calumnia; él no puede abusar de su posición de autoridad moral para difundir una información contraria a los estudios científicos, sobre todo cuando esa información puede tener efectos devastadores en la salud y en la esperanza de vida de pueblos enteros.
Fue apenas en agosto del año pasado, en la 17 Conferencia Internacional sobre el Sida, realizada en México, que en una de las mesas sobre la efectividad del condón la doctora Nancy Padian y el doctor Myron S. Cohen, de la Universidad de Carolina del Norte, concluyeron contundentemente que “lo que hoy está comprobado que funciona es el condón masculino”.
Un estudio de la revista Journal Prospects difundido esta semana por Kaiser Family reportó que la educación formal es un factor que ayuda a enfrentar el VIH/sida. El estudio realizado entre jóvenes de 15 a 24 años de Camerún, Ghana, Guinea, Kenia, Malawi y Senegal registró menores niveles de VIH entre quienes tienen mayor nivel educativo. La gente que cuenta con herramientas cognoscitivas puede comprender mejor la información, llegando a reducir el riesgo de VIH hasta en 34 por ciento. El director del trabajo, David Baker, concluye que “cuando hay suficiente información, y no prejuicios infundados, la gente adopta estrategias saludables para evitar las infecciones”. Este mes también fueron difundidas en la revista británica Lancet muy calificadas opiniones. Peter Piot, director ejecutivo de UNAIDS; Michel Kazatchkine, director del Global Found to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; Mark Dybul, del O’Neill Institute for National and Global Health Law en Georgetown University, y Julian Lob-Levyt, de GAVI Alliance, expresaron que “ha sido subestimada la necesidad de solidarizarse de manera urgente ante la epidemia global del sida, pues hoy sabemos que este mal exige una inusual convergencia de voluntad política, dinero y conocimiento científico”.
En México el uso del condón ha tenido avances notables, al menos para la mitad de adolescentes. El uso se ha incrementando de 7 por ciento en 1985 a 51 por ciento en 2000 entre los adolescentes, y de 5 a 23 por ciento entre las adolescentes. La investigación de Cecilia Gayet, Fátima Juárez, Laura A. Pedrosa y Carlos Magis, publicada por Salud Pública de México en 2003 (Vol. 45 suppl. 5), encontró que uno de cada dos hombres solteros, y una de cada cinco mujeres, sexualmente activos, ha usado condón en la primera relación sexual, siendo mayor el uso en áreas urbanas que en las rurales. Hay diferencias de género, edad y estrato social. Las mujeres no toman la iniciativa sino que los hombres deciden el uso del condón en alto porcentaje; iniciarse después de los 18-19 años hace 3.6 veces más probable que usen condón en esa ocasión; los urbanos tienen 1.8 veces más probabilidad de usarlo, y entre quienes no hablan lengua indígena el uso es cinco veces mayor. El nivel de escolaridad es determinante entre los mexicanos –tal como entre los africanos–: tener la secundaria incrementa dos veces la probabilidad de uso de condón en el debut sexual, y 2.5 veces para aquellos con preparatoria o mayor escolaridad.
En otros países de América Latina, único continente con 87 por ciento de católicos, el uso de condón alcanza cerca de 50 por ciento de adolescentes, lo cual coincide con quienes se identifican como no practicantes. Se trata de la población más escolarizada, de quienes aplican el razonamiento científico en la práctica de la prevención por encima de las regulaciones religiosas. De ahí que el Papa tiene menor influencia en las prácticas de prevención sexual de los europeos, aunque 40 por ciento sean creyentes, o en la América angloparlante, donde cerca de la tercera parte se identifica con ese credo.
Las declaraciones del Papa rompen la laicidad en sentido estricto, contradicen la ciencia y la solidaridad de las naciones, vulneran la soberanía de los pueblos del mundo y las políticas de salud de los estados nación. Sus emisarios, obispos y sacerdotes, confundirán desde los púlpitos eclesiales a la juventud, y en vez de ayudar a alcanzar a la otra mitad de quienes no se han sensibilizado, podrían propiciar tasas regresivas de uso del condón, y acelerar el ritmo de crecimiento de la epidemia.
gabriela_afluentes@prodigy.net.mx

Jaime Martínez Veloz: Chiapas y su perspectiva de futuro


El 27 de diciembre de 1994 llegamos a Chiapas por primera ocasión los legisladores de lo que después sería la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa). Una sola aspiración nos unía a todos los miembros de aquella comisión: la paz en Chiapas con justicia y dignidad.
La desconfianza inicial y explicable del EZLN frente a la comisión legislativa fue desvaneciéndose, en la medida en que el trabajo colectivo empezó a demostrar, por la vía de los hechos, que el objetivo de la pacificación en Chiapas no era un ejercicio declarativo sino una convicción colectiva de aquella rara comisión legislativa.
Desde entonces y hasta ahora, el propósito de una solución justa y digna a las causas que originaron el levantamiento armado zapatista en 1994 ha sido el referente de mi presencia en Chiapas. Quince años he sido testigo del acontecer chiapaneco y modesto colaborador en algunas tareas legislativas o públicas relacionadas con los trabajos de pacificación en el estado. Muchas enseñanzas ha traído consigo al mundo y al país el levantamiento zapatista. Muchos paradigmas cayeron y varios nuevos aparecieron.
En medio del mar de descalificaciones, los integrantes de la Cocopa aprendimos que en las comunidades indígenas hay otra forma de entender la vida y, por lo tanto, otra forma de relacionarse. El tiempo, los modos, los sueños y hasta el andar en las comunidades indígenas, tienen un ritmo muy distinto a la concepción de la tradicional política mexicana. Aprendimos también que la mejor compañera para lograr construir opciones entre las partes en conflicto es la discreción.
El Chiapas de hoy es diferente al de 1994. En el plano político existe una nueva institucionalidad democrática, con nuevas variables, nuevos actores y nuevas formas de entenderse. Muchas inercias subsisten, pero lejos están los tiempos en que año tras año se cambiaban gobernadores, con la consecuente inestabilidad que esta perniciosa práctica impactaba en el desarrollo de las instituciones y los planes y programas de gobierno.
El elemento de mayor relevancia que ha impulsado la modernidad chiapaneca ha sido quien menos ha disfrutado de la misma, es decir, el zapatismo. Sin el EZLN el destino de Chiapas y su realidad serían diferentes. En el Chiapas actual persisten rezagos ancestrales, pero hoy el estado tiene una infraestructura, un potencial para su desarrollo y mayores niveles de estabilidad que los existentes hasta antes del levantamiento zapatista. El Chiapas de hoy tiene perspectiva de futuro.
Después del incumplimiento del gobierno federal de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, las bases de apoyo, las comunidades y la comandancia zapatista crearon un novedoso método de entendimiento, procesamiento de diferencias e interlocución con otras comunidades indígenas, a través de las juntas de buen gobierno. A pesar de sus modestos recursos, los resultados obtenidos por las juntas de buen gobierno, en materia de salud y educación, han sido exitosos. Su trabajo no sólo es una manera ejemplar de enfrentar la adversidad, sino además constituye una experiencia que debería ser conocida por muchas instituciones mexicanas.
El otro elemento distintivo para comprender la gobernabilidad chiapaneca es la actitud respetuosa del gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, frente al zapatismo. Lejos están aquellos tiempos en que el gobernante en turno, para quedar bien con el gobierno federal, alentaba las deserciones de supuestos zapatistas o permitía el fortalecimiento de las políticas de contrainsurgencia. Teniendo claro que las partes en conflicto son el EZLN y el gobierno federal, el gobierno del estado hace su tarea, contribuyendo con discreción a distender potenciales zonas de conflicto. Ningún tema es sencillo, pero con paciencia, voluntad y esfuerzo se formulan esquemas que permitan reducir tensiones y crear condiciones para que las comunidades puedan procesar sus diferencias y encontrar opciones a cada situación, por difícil que parezca.
Un tercer elemento ha sido la valiosa aportación de la sociedad civil y las organizaciones sociales. No es posible explicar lo que sucede en Chiapas sin la aportación de múltiples esfuerzos colectivos.
Sin ser los únicos, pero sí los más sobresalientes, pudiéramos mencionar en especial los realizados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fundado por don Samuel Ruiz García, obispo emérito de la diócesis de San Cristóbal. Su labor ha sido un referente permanente, en la defensa y protección de los derechos humanos, de los sectores más débiles de la población. Otro esfuerzo de enorme repercusión en beneficio de las comunidades chiapanecas es el realizado desde 1969 por la asociación civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas, más conocida como DESMI, con Jorge Santiago al frente de la misma y con presencia en las zonas Altos, Norte y Sur, donde mediante una metodología de trabajo comunitario se alienta y fortalece la organización comunitaria. De igual importancia que los anteriores es el esfuerzo realizado por el Centro Integral de Desarrollo y Capacitación Indígena, (Cideci), donde el doctor Raymundo Sánchez Barraza, al frente de un colectivo social, ha logrado consolidar una tarea donde, en sus propias palabras, “el Cideci no es un centro para, solamente, lo es también por los indígenas. Es un centro indígena, en su hacer, en su definición, en su modo de trabajar”.
Este tipo de esfuerzos de la sociedad civil se ha constituido como un factor de equilibrio en medio de una realidad compleja, donde a pesar de las múltiples contradicciones sociales, políticas y económicas existe un conjunto de factores que explican cómo Chiapas se desarrolla y construye su futuro, mediante la creatividad, la imaginación de un pueblo o de muchos pueblos, con una historia y una cultura centenarias que constituyen un orgullo nacional. En Chiapas, como en el mundo, nada es para siempre, pero la gobernabilidad actual y sus perspectivas no son un asunto de inspiración, sino la expresión de un esfuerzo colectivo, que se construye y se renueva en forma cotidiana.

Raúl Zibechi: Los movimientos en la transición hegemónica


En un reciente artículo Immanuel Wallerstein vuelve sobre uno de sus temas favoritos: la crisis actual y su relación con la transición hegemónica y sistémica que estaríamos atravesando (La Jornada, 15 de febrero de 2009). Como suele suceder, sus argumentos son sólidos y convincentes y dan pie para reflexionar sobre el papel de los movimientos en un periodo de agudas convulsiones.
El argumento central es que la crisis es algo así como un tornado que nos obliga a refugiarnos en algún lugar seguro. Sostiene que cuando pase la tormenta llegará el momento decisivo, ya que la devastación nos forzará a tomar decisiones con consecuencias de larga duración: “La pregunta fundamental es cómo vamos a reconstruir. Esa será la batalla política real”, dice el sociólogo. Se trata del tipo de sociedad a crear sobre las ruinas de la actual.
Aunque el artículo no lo menciona, desde una posición antisistémica la reconstrucción corresponde a los movimientos sociales. Entre otras razones, porque el tornado en curso volverá, o ha vuelto ya, impotentes a los estados nación para atajar la crisis o para reducir sus impactos sobre los sectores populares. Por otro lado, si fueran los estados los encargados de la reconstrucción, parece evidente que volverían a edificar un mundo muy similar al actual, como lo muestra la experiencia de los estados que nacieron de la descolonización en el tercer mundo, así como los que llevaron adelante la fracasada experiencia del socialismo de Estado.
Son los movimientos de los de abajo los que pueden crear un mundo nuevo, o sea diferente al actual, por una sencilla razón: son los portadores del mundo nuevo, aun en pequeña escala, por medio de iniciativas más o menos integrales, con diversos grados de profundidad, permanencia y extensión. Un mundo nuevo es un tapiz tejido de relaciones sociales no capitalistas. Por lo tanto, no es comparable con lo que ya conocemos. Es otra cosa: en construcción-deconstrucción permanente, en resistencia frente al capital y al Estado, por lo tanto frágil, inestable, inacabado, imperfecto.
Los mundos nuevos que laten en el interior de los pueblos organizados en movimientos no son sitios de llegada, sino apenas escalas espacio-temporales en un proceso de luchas y resistencias interminables, que a su vez impulsan y sostienen esas luchas y esas resistencias. No es fácil definirlos, ni es el caso hacerlo, pero cuando estamos allí, cuando los vivimos y compartirmos, no hay duda de qué se trata.
Para que estos movimientos sean capaces de jugar un papel decisivo en el momento decisivo, cuando pase el tornado al que alude Wallerstein, deben darse ciertas condiciones. La primera es que existan, que hayan sobrevivido los momentos más destructivos de un sistema en extinción. No importa mucho que los mundos nuevos sean grandes o pequeños, sino que permanezcan. Buena parte de la energía del sistema está destinada a exterminarlos por la vía militar o a desfigurarlos y cooptarlos por la vía blanda de los planes sociales. El objetivo del sistema es eliminarlos, ya sea por muerte o porque desaparezcan sus diferencias, que es una forma más cruel, si cabe, de muerte.
La segunda condición indispensable para la construcción de un mundo nuevo es que mantengan sus diferencias con el Estado y el capital del modo más puro posible. Para eso deben ser radicales a la hora de conservar sus rasgos propios y no ceder nada que los haga similares a la sociedad actual. Los mundos nuevos que viven en los movimientos son los miles de emprendimientos en la salud, la educación, la producción, la justicia, el poder, que existen en los territorios y espacios controlados por esos movimientos. No importa si están en remotas áreas rurales o en las ciudades. Pueden ser fábricas recuperadas por sus obreros, asentamientos de campesinos sin tierra, comunidades indias autónomas, o los más diversos colectivos (juveniles, de mujeres, sin techo, desocupados) trabajando en las múltiples áreas en las que los de abajo resisten y, para mantener viva la resistencia, se reinventan diferentes.
En este punto, mirando el día después del tornado, cuando haya que recoger las miles de piezas del destrozo, ordenarlas, descartar las partes inútiles por simétricas con el mundo que provocó el desastre, recuperar aquellas que todavía pueden cimentar el mundo otro, los movimientos que se mantuvieron radicalmente diferentes serán un punto de referencia ineludible a la hora de la reconstrucción. En dos sentidos: por un lado, lo que están haciendo, en particular las formas de poder asentadas en la asamblea como razón última, servirán de inspiración para otras y otros de abajo que, aun no habiendo vivido la experiencia de movimientos, sentirán que existen otros modos de vivir y de sentir, colectivos, comunitarios, no mercantiles, donde la lógica de los valores de uso haya desplazado completamente la de los valores de cambio.
Por otro, porque en medio del “caos sistémico” que caracteriza las transiciones hegemónicas, como las define Giovanni Arrighi, los espacios comunitarios pueden ser un principio de orden que estimule la propagación de nuevos modos de vida, menos jerárquicos y opresivos que los actuales. Dicho de otro modo: si cuando lleguen los momentos decisivos (cada quien encontrará la metáfora más apropiada para nombrarlos) no existiera una porción de la humanidad de abajo haciendo y viviendo de otra manera, según los modos del mundo que anhelamos, lo más seguro es que en ese momento, por inercia cultural y por la sobrevivencia aun parcial de la clases dominantes, se reconstruya un mundo muy similar al actual.
Sin embargo, nada de lo anterior es seguro. En medio de la tormenta, cuando los paradigmas conocidos y los instrumentos de navegación dejaron de orientarnos, por honestidad intelectual se debe admitir que existe amplio margen de error. También ahí hay que elegir con quién equivocarse: hacerlo junto a los movimientos de los de abajo es, seguramente, el mejor camino.

Porfirio Muñoz Ledo

Memoria y democracia


Ayer se presentó en el Archivo General de la Nación el conjunto de testimonios escritos y gráficos que dan cuenta de mi paso por la actividad pública. El fondo lleva mi nombre y queda enmarcado dentro del Programa de archivos contemporáneos de México, cuyo propósito es “incorporar acervos que permitan a los investigadores tener acceso a documentos de la vida política y social del país”.
El proyecto comenzó con la incorporación de la memoria fotográfica de la revista Tiempo y los 3 millones de fichas que Jaime González Graf elaboró para el Instituto de Estudios Políticos. La ceremonia fue un llamado abierto para que otras personalidades e instituciones contribuyan a poblar con testimonios plurales la futura sede del archivo.
Se acogió además la decisión de trasladar los documentos de Adolfo Aguilar Zinzer, hasta ahora depositados en El Colegio de México. Su clasificación y estudio permitirá, entre otros fines, la edición de una obra incluyente sobre nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
A ese propósito están hace tiempo preparados los textos relativos al periodo en que me correspondió (1980-1981), y la Cancillería se ha allegado los del pasaje de Luis Padilla Nervo (1946). Si no se vencen a tiempo las resistencias oficiales, originadas en el temor comparativo con el presente, habrá de ser empresa enteramente académica. Ese programa podría ser el eje de discusiones articuladas sobre el México actual. Un seminario permanente en torno al entramado cultural, político, económico y social que da cuenta del presente. Una ocasión para reunir las voces de los actores relevantes, generar aportaciones a nuestra historia oral y nutrir tanto la discusión política como la toma de grandes decisiones nacionales.
Estos empeños son coincidentes con los cánones de la transparencia, tanto en su sentido ético como en sus implicaciones prácticas. Se inscribe en la necesidad de fomentar una cultura ciudadana y de exigir responsabilidad cabal de sus actos a los detentadores de poderes públicos. Estoy convencido de que sin conciencia compartida no hay nación y sin memoria no hay democracia.
En palabras de Maurice Duverger: “Un obstáculo infranqueable para los investigadores son las cajas fuertes de los políticos”. Los de México no fueron proclives a ofrecernos revelaciones escritas ni biografías verosímiles. Hay excepciones notables de luchadores de oposición y altos funcionarios. Abundan libelos justificativos y pendencieros de actuales militantes; pocos son esclarecedores y de los secretos de Estado no existe rastro.
Los testimonios documentales de las tareas públicas no han corrido mejor suerte. La mayor parte, dispersos o desaparecidos; otros en domicilios privados o fundaciones, expuestos al olvido, la rapiña y la incuria. Los de mandatarios mayores, inhumados en extravagantes mausoleos, repletos de obsequios, diplomas, retratos y libros encuadernados, donde los documentos no aparecen.
El camino elegido por el archivo es promisorio: contribuir a la nacionalización del saber o, al menos, a la preservación y socialización de objetos de conocimiento irremplazables. Aligerar a los descendientes de una carga de manutención delicada y restringida consulta y fortalecer la dimensión educativa de las instituciones encargadas de custodiar nuestro patrimonio.
Estimo un singular honor ser el primer mexicano vivo cuyos testimonios han sido acogidos por el archivo. Jamás tuve afición por el coleccionismo, pero una formación rigurosa me indujo al trato cuidadoso con los objetos y respetuoso con aquellos producto del quehacer y del espíritu humano. A partir de mis primeras encomiendas como funcionario el gusto por preservar documentos se volvió responsabilidad en el ejercicio del cargo.
El acervo se multiplicó a la medida de puestos y encomiendas progresivamente relevantes o complejas. En las tareas diplomáticas es más preciso, por su propia naturaleza; en las funciones partidarias más difícil, ya que fue menester remontar la cultura del sigilo. La documentación parlamentaria resulta abrumadora, por el caudal de intervenciones a que me obligó una feroz oposición.
Los interesados hallarán fragmentos numerosos de arquitecturas inconclusas y algunos de faenas consumadas. Planes e iniciativas al lado de pesquisas intelectuales, debates políticos e informes de ejercicios cumplidos. No encontrarán “bazar de asombros” ni piedra de escándalos, pero tal vez sí una alacena de sueños. Ahí yacen trozos de vida disecados que cuentan una terca esperanza; piezas sueltas de un edificio por levantar y vislumbres entretejidos de nuestro proyecto esencial: la instauración de una nueva República.
Ex embajador de México ante la Unión Europea






José Fernández Santillán
La disputa entre el PRI y el PAN


Para Kande Mutsaku KamilambaIn Memoriam
El jueves 19 de marzo terminaron dos años de “relaciones cordiales” entre el PRI y el PAN. El dirigente nacional panista, Germán Martínez, dijo, en el marco de la 72 Convención Nacional Bancaria: “Es momento de que el PRI aclare. Está del lado del presidente (Felipe) Calderón o está del lado de personas que tienen vínculos, según la DEA, con el cártel de Juárez”. Lo dijo en referencia al ex alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía.
La presidenta del Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, que estaba en la misma mesa, se disculpó ante la audiencia “por el lamentable espectáculo”, y sostuvo: “El reclamo es poco maduro y con falta de visión de Estado”. La acusación contra Murguía fue desmentida. Pero el líder conservador ha continuado su campaña contra el PRI. Se ha echado a andar una campaña sucia consistente en vincular al Revolucionario Institucional con el narcotráfico. El propósito es disminuir la ventaja electoral que este instituto político lleva sobre el PAN.
De una parte, no debe sorprendernos que se presente esta ruptura en momentos en que se inicia la contienda electoral. Eso, hasta cierto punto de vista, es natural. Pero, de otra parte, preocupa que alguno de los competidores, como en este caso Germán Martínez, recurra a métodos de baja estofa.
Un prerrequisito de la democracia es la autolimitación de los actores para que la contienda no degenere. Como decía Cicerón: “La política es disputa entre gentiles, no riña entre rufianes”.
Pero, por qué hoy el PAN procede de forma pragmática si su conducta, durante décadas, estuvo apegada a una concepción ética de la política que incluye el respeto del oponente, tal y como su fundador Manuel Gómez Morín lo dejó asentado. La respuesta se encuentra en que ahora tanto en el PAN como en el gobierno panista ha penetrado la cultura utilitarista (uno de cuyos padres fundadores es Jeremy Bentham), que pone por delante no los principios ideales, sino los resultados que se logren obtener de una acción. No la política de los valores, sino la política de los intereses.
Desde esta perspectiva lo importante es maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas; ver cómo suben los momios cuando se introducen estímulos en la opinión pública como el que Martínez puso en acto.
De acuerdo con el utilitarismo eso es ser realista. Sin embargo, como dice Jürgen Habermas en su libro Facticidad y validez: “Lo que no es realista es suponer que todo comportamiento social puede concebirse como acción estratégica y explicar ese comportamiento como si fueran resultado de cálculos racionales”.
Se olvida que la opinión pública también incluye una buena dosis de moralidad y sentido del deber: “Si los individuos emprendiesen —sigue diciendo Habermas— conductas de tipo oportunista siempre que pudiesen salir adelante con ellas, no existiría la civilidad tal como la conocemos”. Vale recordar que el proceso democrático cambia las preferencias de los ciudadanos mediante cuestionamientos públicos de las estrategias partidistas.
Quiérase o no la política democrática incluye la lucha de ideas; de otra manera no tendría caso la existencia de los partidos políticos. Debemos evitar que la cultura utilitarista, basada en el puro cálculo de conveniencia, se apropie de la vida pública de la nación. Sería amputarle a nuestra democracia la parte ideal que debe tener para estar completa.
jfsantillan@itesm.mx
Académico del Tecnológico de Monterrey (CCM)

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