No hay manera de llamarle relación política legítima a la promoción de Nueva Alianza por medio de agremiados a ese organismo sindical, quie- nes, bajo cuerda o no, mandan a los hogares papelería y objetos promocionales de esa franquicia electoral en las mochilas de los alumnos de prescoloar y de primaria.
En no pocos casos, se tratará de un abuso doble, porque algunos profesores (si no es que la mayoría de ellos) están en desacuerdo con semejantes prácticas, pero tienen que llevarlas a cabo porque su empleo va de por medio: la dictadura gordillista en el SNTE y en la SEP es tan generosa cono los sumisos como implacable con los disidentes.
La inmoralidad y la ilegalidad son inocultables –como lo fue la explotación comercial de un valioso edificio del Centro Histórico, entregado en comodato al SNTE, y rentado para eventos particulares por una de las hijas de Elba Esther– y no habrá, sin embargo, ninguna suerte de sanción para la cúpula mafiosa que controla al sindicato ni para funcionarios como ese que fue designado subsecretario gracias al resonante mérito academico y administrativo de ser yerno de la suegra. Pero un gobierno de orígenes ilegítimos no sufrirá mucho que digamos por razones de imagen. Las estampas de sus integrantes y socios pueden pasar por el coopelas o cuello
de Lozano Alarcón, por la ambición pecuniaria que desembocó en la quema de niños en la guardería ABC de Herrmosillo, por los contratos petroleros de Mouriño, por las revelaciones del ex secretario Tello, por las oscurísimas transacciones de su sucesor Molinar.
Más allá del calderonato, declinante y en su tramo final (a menos que su jefe logre su propósito delirante de destruir lo que queda de institucionalidad y permanecer en el cargo), la mayor parte de la clase política tiene deudas, querencias, complicidades o debilidades con el gordillismo, y eso explica el enorme poder que mantiene ese grupo, pese a expresiones abiertamente delictivas como la comentada: Elba Esther y su gente tienen el control del SNTE, pero también el de un partido político dispuesto a cuadrar resultados electorales a cambio de favores del poder público (acuérdense de 2006); son una suerte de IFE de facto. El país necesita desesperadamente una ruptura moral con respecto a esa clase de cúmulos de poder y no hay otra manera de emprenderla que mediante la organización, al margen de los partidos políticos con registro, del voto ciudadano: el voto de quienes ejercen sus derechos de manera legítima y no intercambian, en consecuencia, el sufragio por los favores de ninguna clase.
Sólo un gobierno con legitimidad, limpio de complicidades y surgido de las urnas y no de las componendas oligárquicas –es decir: surgido a contrapelo del gordillismo– puede poner fin al engendro: sin la complicidad y la obsecuencia del Ejecutivo federal, ese cacicazgo no se sostiene.
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