Zona de Reflexión
Por Lucía Lagunes Huerta
México, DF, 18 ene 11 (CIMAC).- El domingo pasado se cumplió un mes del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, sin que las autoridades estatales den con el asesino, a diferencia de Susana Chávez Castillo, cuyo crimen se resolvió en una semana no por la capacidad de investigación de la procuraduría de Chihuahua sino por casualidad.
En el caso de Marisela Escobedo Ortiz las autoridades aún siguen sin dar con los asesinos, tal como ha sido el patrón del feminicidio en Chihuahua desde 1993.
En aras de demostrar su eficacia, la autoridad estatal emitió un comunicado de prensa en el cual con lujo de detalle describen los hechos que provocaron el asesinato de la defensora de Derechos Humanos Susana Chávez Castillo, integrante de la organización Pacto de Cultura.
El tratamiento informativo hacia Susana, desde las autoridades, la estigmatiza como una mujer de una “vida ligera” que la hace ponerse en riesgo y provocar su muerte, repitiendo el patrón del prejuicio que mostrara el ex gobernador chihuahuense Francisco Barrios Terrazas, coronado por Calderón como embajador en Canadá.
En 1993, cuando los primeros asesinatos de mujeres fueron documentados por Esther Chávez, a Barrios Terrazas le pareció que estas mujeres eran asesinadas por “tener una doble vida”, dijo, pues si bien estas mujeres trabajaban por la mañana y tarde, en la noche acudían a bares con faldas cortas, poniéndose en peligro. No conforme con ello, aseguró que quien busca encuentra y estas mujeres encontraron.
Esta misma visión fue expresada por el entonces procurador estatal Arturo Chávez Chávez, hoy abogado de la nación.
Semejantes afirmaciones provocaron que en 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera la recomendación 44/98 ante una investigación sexista por parte de las autoridades estatales de Chihuahua, señalando que “las declaraciones vertidas por los servidores públicos constituyen una forma de menosprecio sexista, lo cual no debe ser permitido por agentes del Estado bajo ningún concepto, ni en el ámbito familiar, comunitario, en el ejercicio de la función pública, ni menos aún en un área tan sensible y delicada como la procuración de justicia”.
Más aún, la CNDH señaló en 1998 que semejantes expresiones denotan la ausencia de interés y vocación de atender y remediar una problemática social tan grave —refiriéndose al feminicidio—, así como una forma de discriminación que aunada a la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, además de que revela una incapacidad para fomentar y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales.
Nuevamente las autoridades estatales exhiben el sexismo de la investigación en los homicidios contra las mujeres. Otra vez la sospecha se coloca en la víctima desde la moral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que ese sexismo ha estado presente entre las y los funcionarios estatales y municipales lo cual ha perpetuado la violencia contra las mujeres en la entidad, esto con motivo de la sentencia de Campo Algodonero que lleva un año esperando su cumplimiento.
Las autoridades reafirman con ello los estereotipos de género y nuevamente justifican la violencia contra las mujeres bajo el argumento de que si las víctimas son “voladas” (coquetas, exuberantes, etcétera) entonces provocan que las violenten y hasta las asesinen.
Más les valdría a los gobiernos estatales, y de paso a todos los de la República, releer la recomendación de 1998 de la CNDH y la sentencia de Campo Algodonero para evitar el sexismo que emanan a la menor provocación.
* Directora general de CIMAC.
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