WASHINGTON.— La recién firmada Ley de Presupuesto de Defensa Nacional de Estados Unidos para el 2012 ha generado hoy fuertes críticas entre analistas políticos, pues uno de sus acápites permite la detención indefinida de sospechosos de terrorismo.
Las discrepancias de la Casa Blanca surgieron no precisamente por motivos éticos relacionados con el maltrato a detenidos, sino cuando el Ejecutivo se percató de que nuevas regulaciones debilitan la autoridad presidencial en determinados casos.
La ley, no obstante, consolida dos polémicos principios de la llamada guerra contra el terrorismo: la detención indefinida de sospechosos de terrorismo sin presentar cargos y el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses sin someterlos a un proceso, criticó el sitio digital All Gov.com.
La legislación permite, asimismo, que los casos relacionados con el terrorismo salgan de la competencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del sistema judicial civil, y caigan en manos de los militares, añadió.
Grupos de defensa de los derechos civiles critican la decisión, al tiempo que desconfían del anuncio del mandatario quien aseguró en un comunicado poco después de firmar la ley que su gobierno no permitiría a los militares detener a un estadounidense por tiempo indefinido.
La acción de Obama constituye una mancha en su legado, porque siempre será conocido como el presidente que firmó la detención indefinida de personas sin cargos ni juicio, reprochó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Cualquier esperanza de que el actual gobierno revierta los excesos constitucionales de George W. Bush en su alegada lucha global contra el terrorismo, se extinguió en la actualidad, lamentó Romero.
La administración del expresidente Bush envió a sospechosos de terrorismo pertenecientes a Al Qaeda, insurgentes talibanes y otras personas a la cárcel que Estados Unidos mantiene en la ilegal Base Naval en la bahía de Guantánamo, Cuba.
Numerosas denuncias verifican que allí se torturó a los prisioneros y se violan sus derechos humanos al aplicar el confinamiento solitario, algo en lo que Washington ocupa el primer lugar mundial con más de 20 mil casos, según informes de Naciones Unidas. (PL)
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