1/03/2012

Se triplica riesgo de contraer VIH en mujeres violentadas


Políticas de salud no contemplan ese flagelo: CIM


Por la Redacción

México, DF, 2 ene 12 (CIMAC).- La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) criticó que en los países de Centroamérica (CA) prácticamente no haya programas de prevención o de cuidados del VIH enfocados a reducir la vulnerabilidad de las mujeres ante la pandemia, lo que podría llevar a más contagios del virus.

La instancia perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) sostuvo que la violencia de género está íntimamente ligada al VIH, toda vez que las mujeres que sufren violencia tienen más probabilidades de contraer el virus, al tiempo que aquellas que ya son seropositivas están en mayor riesgo de sufrir violencia.

En el informe “Consideraciones éticas para una respuesta integrada a los Derechos Humanos, el VIH y la violencia contra las mujeres en Centroamérica”, la CIM criticó que la mayoría de programas de prevención del VIH se centran sólo en la reducción de los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de contraer la infección.

Es decir, en los países de CA los programas de prevención tienden a enfocarse en el número de parejas sexuales o el uso de condones; pero no consideran situaciones como pobreza, violencia, roles de género, y falta de educación o de liderazgo.

De acuerdo con este organismo que provee apoyo técnico y asesoría sobre género e igualdad a los países miembros de la OEA, las desigualdades de género y otros índices sociales como etnia, clase, edad, discapacidad, y tener VIH, se entrecruzan y ponen en vulnerabilidad a las mujeres.

Por ello, la CIM alertó sobre este tema al considerar que tanto la violencia de género como el VIH son problemas que tienen un gran impacto en el acceso de las mujeres al trabajo, la salud, la justicia, la educación y servicios de todo tipo.

EL FACTOR DE LA VIOLENCIA

Información del Programa de las Naciones Unidas para el VIH y SIDA (ONUSIDA) indica que el riesgo de contraer el virus puede ser hasta tres veces mayor en las mujeres víctimas de violencia que en aquéllas que no han experimentado tal situación.

Las cifras de ONUSIDA revelan que en Guatemala el número de mujeres VIH positivas pasó de 9 mil 600 en 2001 a 20 mil en 2009; en Nicaragua, de mil 100 a 2 mil 100; en Costa Rica, de mil 300 a 2 mil 800, y en El Salvador, de 8 mil a 11 mil durante el mismo periodo.

Cabe resaltar que en México la situación no es mejor ya que datos de Naciones Unidas indican que hay una mujer por cada cinco hombres con VIH, y en algunos estados la situación es peor, como en Chiapas, donde hay una mujer con el virus por cada tres hombres.

En este escenario la CIM indicó que a pesar de que los programas de prevención tengan “buena intención”, si no tienen una visión de género expondrán a las mujeres a mayor violencia o implicarán problemas para el cuidado y tratamiento del virus.

“Independientemente de a qué sector se haga referencia, aquellas políticas y programas que no toman en cuenta las necesidades de las mujeres pueden exacerbar los efectos de la violencia y el VIH”, destacó el organismo en su informe 2011.

PROPUESTAS

La CIM concluyó que para integrar de manera ética el combate al VIH y la violencia contra las mujeres es de vital importancia promover la igualdad entre los géneros, y la investigación que cruce ambos temas.

“El principio ético de autonomía se encuentra en la base del principio de participación: implicar a las mujeres que viven con VIH y a las que han sufrido de violencia en la elaboración de políticas y programas relativos a ambas epidemias”, indicó.

Hizo un llamado para considerar que las mujeres que usan drogas pueden realizar importantes contribuciones al debate sobre las intersecciones entre violencia y VIH y las formas más efectivas de abordarlas, al igual que las migrantes, indígenas, y las mujeres presas.

Finalmente el organismo afirmó que las y los profesionales que trabajan en los diferentes sectores relacionados con la violencia contra las mujeres y el VIH, también deben contribuir para que los programas y las políticas sean éticamente aceptables, justas y beneficien a las mujeres.

12/AGM/RMB

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