3/13/2014

Los periodistas pal café . . .



Gatopriísmo 2014: que todo sea escándalo para que nada sea escándalo. Tolvaneras y remolinos mediáticos a causa de las pillerías adjudicables a los otros, mientras las propias son amablemente diluidas y relegadas. Gritería inducida en los casos Oceanografía, Línea 12 y Michoacán (con las Autodefensas Revolucionarias Institucionales en chirriante proceso de reajuste y con el Chayo vuelto a matar –no el periodístico–, entre otras caras del poliedro descuadrado), mientras escurre el bulto del histórico muerto viviente de los marcados excesos del PRI y su entonces candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, para hacerse de Los Pinos mediante un gasto brutalmente desproporcionado, más propio de una compra desesperada que de una batalla electoral.
¡Al ladrón, al ladrón!, es la consigna oficial. Del Pacto por México al Pacto con el Ministerio Público. El gobierno federal, y sus aliados, demostrando que este año su preferencia se decanta por lo judicial, con el aprovechamiento de expedientes oscuros para doblegar, convencer o castigar (retorcimientos politiqueros en los que lo justiciero es lo de menos). Por lo pronto, Felipe Calderón Hinojosa y Marcelo Ebrard Casaubon han sido colocados bajo el amago de encaminarlos a un banquillo de acusados (¡al fin juntos abiertamente, luego de un sexenio de amoríos políticos disfrazados, a cuyo final significativamente habían aceptado caminar uno al lado del otro durante inauguraciones de Metro que pasaron de lo dorado a lo quemado!). Amago que podría no tener mayores consecuencias penales, pero sí ayudaría a que casi nadie repare en la monstruosidad del despilfarro fatigosamente comprobado, a pesar de marrullerías y obstáculos varios, por la comisión de diputados encargada de investigar el gasto de campaña del Revolucionario Institucional en 2012.
Si Peña Nieto hubiera respetado los ordenamientos legales del caso, debería haber usado en sus faenas electorales apenas un poco más de 336 millones de pesos, pero, según lo que hasta ahora se ha podido documentar (lo cual no significa que sea el total, sino solamente lo probado a estas alturas) en realidad invirtió casi 4 mil 600 millones de pesos. Es decir, el ex gobernador del estado de México no reportó en su contabilidad oficial de campaña los gastos por más de 4 mil 263 millones de pesos. Dicho de otra manera, EPN se valió de una ventaja ilegal de casi trece veces más de recursos económicos para darse como ganador de la contienda presidencial. Del haiga sido como haiga sido de Felipe Calderón al se haiga gastado lo que se haiga gastado de Peña Nieto. En 2006, la Presidencia de la República fue asignada al oceanográfico Felipe Calderón mediante manipulaciones que dieron una ínfima diferencia estadística oficial; en 2012 no hubo un fraude electoral clásico, sino una compra fraudulenta mediante ríos de dinero manejados mediante tarjetas como Mónex y Soriana, por citar dos ejemplos plásticos.
A esos propósitos de distracción escandalosa acomoda con especial textura el expediente de Oceanografía, que ha dirigido sus puntas filosas no hacia el neopriísta Vicente Fox y su parentela, al igual que él tan dada al tráfico de influencias y a la conversión de la riqueza pública en privada (con Martita y los Bribiesca Sahagún como estrellas de la marquesina), sino hacia el autoexiliado Felipe Calderón y su grupo, con dedicatoria envenenada contra el difunto Juan Camilo Mouriño, tan íntimamente ligado al michoacano que, a la muerte del entonces secretario de Gobernación, le organizó un funeral de Estado bananeramente desproporcionado.
Mouriño, y sus familiares aun vivísimos, tomaron como coto el estado de Campeche y ciertas áreas del gran negocio petrolero. La detención reciente de un subordinado de esa familia, Mario Ávila Lizárraga (MAL), es solamente un aviso de la disposición del peñismo a ahondar en el expediente de los Mouriño si Calderón trata de oponerse a ciertos planes de Los Pinos, como la compra de un segundo periodo de Gustavo Madero al mando del domesticado PAN. Ávila Lizárraga fue el candidato de la familia Mouriño para administrar la hacienda denominada Campeche, y el gobierno calderonista puso cuanto pudo a favor de ese proyecto (el director de la Lotería Nacional fue denunciado por el Diario de Yucatán por pretender la negociación de publicidad para la campaña de MAL en Campeche, con cargo a las cuentas públicas federales). Luego que fue derrotado, Ávila Camacho fue enviado a otra misión familiar, como funcionario de Pemex, listo para impulsar más negocios de la pandilla blanquiazul.
En el caso michoacano se está frente a un esfuerzo federal por dividir, confundir y debilitar a las fuerzas de autodefensa que fueron utilizadas claramente por Gobernación y el comisionado Castillo para ir tomando poblaciones de las que eran expulsados los anteriores jefes, los templarios, para ir instalando mandos emergentes (con el cártel Jalisco nueva generación como nueva fuerza dominante, organización con sello propio asociada a los capos históricos del Pacífico). Los principales líderes (antes, Juan Manuel Mireles, como ahora Hipólito Mora) han ido cayendo en trampas que les han restado fuerza y credibilidad (el médico, con aquel raro accidente de aviación, luego del cual fue protegido militarmente, y el limonero ahora encarcelado bajo acusación de participar en dos homicidios). El gobierno federal necesita impedir que las autodefensas se le vuelvan un Frankenstein, y por ello tratan de retomar control, aunque la volatilidad regional podría dificultar extremadamente la reconducción de ese arriesgado experimento.
Y, mientras Gustavo Madero muestra en su planilla los arreglos con gobernadores panistas y el rescate de personajes como Santiago Creel y Marco Antonio Adame, ¡hasta mañana, con el amargo espectáculo de ex funcionarios (Ebrard) y empresas constructoras deslindándose del fracaso de la Línea 12 del Metro mediante argumentos que invocan calidades de primera y avales extranjeros, a pesar de la evidencia del desastre y el daño diario a centenares de miles de capitalinos!
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Los banqueros estadunidenses de Citigroup tomaron la insólita decisión de bajar el sueldo a Manuel Medina Mora, el presidente de Banamex, por su cuestionado desempeño en los casos BanamexUSA y Oceanografía. Medina Mora también es copresidente de Citigroup y el mexicano que ha escalado la posición más alta en el organigrama del banco. Es una humillación, un ultraje que tal vez a otro llevaría a la renuncia. Medina Mora ha hecho esfuerzos extraordinarios para ser aceptado en el mundo corporativo de Wall Street. De acuerdo con una información publicada en el diario The New York Times, ha tomado cursos para mejorar su personalidad. Es bajito de estatura, como su primo hermano, el otro Medina Mora famoso, Eduardo, que fue director del Cisen con Fox, procurador de Justicia con Calderón y actualmente embajador de México en Washington. Manuel Medina Mora va al gimnasio, toma clases de oratoria para hablar un inglés sin acento, en fin, ¿qué no ha hecho para ser aceptado? Tal vez ahora que el cheque le llegue con menos dígitos tenga un momento para reflexionar sobre cuál es su verdadera posición. Mientras llevó dólares por carretadas de Banamex a Citibank fue tratado de maravilla, pero en el primer año que llevó pérdidas le dieron un humillante coscorrón.
La baja es de millones
Algunos de ustedes pensarán que no recuperará mucho dinero Citibank, sin embargo, no es así. En un documento dirigido a las autoridades reguladoras de Estados Unidos, citado por la agencia Reuters, el banco dijo que recortó la compensación de Medina Mora de 11 millones de dólares que recibió en 2012 a 9.5 millones en 2013. El documento especificó que los problemas de control en BanamexUSA pesaron en la disminución de la paga. El directorio de Citigroup, que emitió el documento antes de la reunión anual de la compañía el próximo 22 de abril, dijo que también podría recortar el pago de 2014 y recuperar compensaciones previas, luego de que el 28 de febrero se descubrió un fraude crediticio por 400 millones de dólares en Banamex México, el caso Oceanografía, conocido ya como Oceangate.
Sin obras no hay sobras
Fue una constante, a lo largo de los seis años de Marcelo Ebrard en la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el comentario de los capitalinos sobre prácticas de corrupción. Iba a convertirse en el primer Forbes de la zurda mexicana. La crisis en el Metro aporta pistas. La que fue su mayor obra pública, la Línea 12 del Metro, suspendió su servicio en 11 de sus 20 estaciones –el tramo elevado que va de Tláhuac a Atlalilco– por representar un riesgo para los usuarios. La llamada línea dorada, que tuvo un costo inicial de 17 mil 583 millones de pesos, pero que terminó costando 26 mil millones, presenta fisuras en 4 mil 800 durmientes y desgastes en los rieles, entre otras fallas, lo que podría ocasionar descarrilamientos. Las acciones de la constructora ICA cayeron 2.9% en la Bolsa Mexicana de Valores después de conocerse la suspensión de la línea. Analistas financieros aseguran que la suspensión genera nerviosismo, sobre todo ‘‘considerando que la compañía tiene aún pendiente un cobro por la construcción de la línea’’. En marzo de 2013 se descubrió que en la obra –inaugurada 5 meses antes– hacían falta 31 escaleras eléctricas, 5 elevadores, puertas de andén y estacionamiento para conductores, lo que arrojó un monto de 800 millones de pesos por estos faltantes. Desde febrero de este año se iniciaron reparaciones en las vías de la línea que han ocasionado que sus trenes circulen más lento, entre 7 y 10 minutos más por recorrido. La Comisión del Distrito Federal en la Cámara de Diputados propuso la comparecencia inmediata del director del Metro, Joel Ortega, para que explique las irregularidades. El secretario de la comisión, Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional, argumentó que ‘‘no sólo se tardaron un año más de lo establecido en entregar la Línea 12 del Metro, sino que cuando lo hicieron fue al aventón para lucrar electoralmente y esa improvisación ya tiene consecuencias’’. Detalló que se trata de una inversión ‘‘cercana a los 30 mil millones de pesos y probables responsabilidades administrativas y penales de servicios públicos, en donde pudieran existir al menos los delitos de peculado y daño patrimonial’’. Y todo esto se descubre después de que la tarifa subió a 5 pesos, en virtud de que, según la encuesta de Mitofsky, Parametría y Covarrubias, los capitalinos ansiaban pagar más por el servicio.



El caso de Oceanografía confirma, por si hubiera dudas, no sólo el elevadísimo grado de corrupción imperante en el país y la connivencia entre el sector privado y el público a la hora de hacer negocios con recursos de la nación, sino la espeluznantemente deficiente estructura de control y vigilancia que existe en cada una de las instituciones del gobierno federal y zonas conexas, así como la ostentosa falta de coordinación gubernamental a la hora de intentar el control de daños.
Sin duda, hasta ahora la palma en este entuerto se la lleva el inexperto director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin (especialista en inversiones de capital privado e hijo de quien fuera secretario salinista de Energía, sin la menor idea de cómo se maneja un ente del Estado), quien ha sido el que mayores contradicciones reporta a la hora de confrontar sus declaraciones con las de otros integrantes del gabinetazo peñanietista.
Así, más tardó el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, en destapar públicamente el caso de Oceanografía (cerrado a piedra y lodo por los dos gobiernos panistas) que Lozoya Austin en exigir “sigilo y secrecía” en el manejo de la investigación y, especialmente, de los nombres de los involucrados. Pero todo indica que la exigencia del inexperto le valió una pura y dos con sal al ex gobernador de Hidalgo, quien hizo públicos más de diez nombres de los presuntos responsables el enjuague, aunque los de los padrinos los mantuvo en reserva.
Corrieron las horas, y Lozoya Austin aseguró que el de Oceanografía es un caso aislado que no tiene efecto financiero en Petróleos Mexicanos. Sin embargo, hasta el ministro del año lo desmintió: todas las instituciones públicas y privadas que tuvieron algún tipo de relación con la empresa Oceanografía fueron afectadas por el fraude que cometieron, mientras el caso aislado ya impacta las finanzas de cuando menos el IMSS, el Infonavit y el SAT, sin olvidar al SAE, que tuvo que echar mano de 200 millones de pesos en fondos públicos para cubrir la nómina inmediata de la empresa defraudadora.
A estas alturas nadie sabe (versión oficial) dónde estaban los aparatosos órganos de control instalados en cada una de las distintas instituciones públicas involucradas en este asunto, a cuyos titulares les pasó de noche la evasión fiscal, la de cuotas obrero-patronales, la falsificación de facturas y tantos otros aspectos de los que son legalmente responsables.
Todos defienden su esquina, porque así como Lozoya dice que Pemex no sale raspado con el asunto de Oceanografía, Luis Videgaray asegura que el fraude por ella cometida no pone en riesgo el sistema financiero y que el gobierno federal no rescatará al consorcio fraudulento, consentido de los dos gobiernos panistas. Cada cual su cuento, pero lo cierto es que este asunto lejos de ser aislado, ha puesto a parir a más de dos en el ámbito político y afecta la de por sí escasa credibilidad gubernamental.
Dice el ministro del año que el gobierno no rescatará Oceanografía, pero el hecho es que cuando menos 200 millones de pesos del erario ya se destinaron al pago de una nómina que al gobierno no le corresponde (si dice lo contrario, entonces tendrá que pagar a los trabajadores de Mexicana de Aviación que llevan cuatro años esperando justicia política, económica y social), y de pasadita intervino al equipo de futbol gallos blancos de Querétaro, a cuyos técnicos y jugadores deberán cubrir sus salarios en la misma lógica que a los trabajadores en Campeche.
Y si todo esto no fuera suficiente, hay que recordar que Amado Yáñez tuvo tiempo sobrado para agarrar el avión, y las embarcaciones de la empresa Oceanografía sencillamente desaparecieron de aguas territoriales mexicanas, de tal suerte que también a las autoridades porteñas las agarraron papando moscas, mientras los panistas intentan defender lo indefendible, sobre todo ahora que deben tomar una decisión: cuidan al partido o protegen el cadáver político de su ex jefe, el tal Jelipe.
Las rebanadas del pastel
De la Asociación de Jubilados, Trabajadores y ex Trabajadores de Mexicana de Aviación: “en diciembre de 2001 se crea el fideicomiso como ayuda financiera para hacer frente a las pensiones de los sobrecargos que se jubilaran con un monto inicial de 124 millones de pesos, con una necesidad de fondeo de entre mil 500 y mil 700 millones de pesos; en 2005, la controladora Cintra (Andrés Conesa Labastida), vende Mexicana de Aviación al Grupo Posadas, comandado por Gastón Azcárraga, en una suma irrisoria de donde se descontó el pasivo laboral, haciéndose este grupo responsable del mismo al adquirir la empresa. En agosto de 2006 los sobrecargos interpusimos un recurso de revisión mayor a la empresa como respuesta por el Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica interpuesto por Azcárraga justo después de adquirir la empresa y sin haber invertido un peso en ella; la DGAC (Gilberto López Meyer) dependiente de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) asegura que realiza revisiones periódicas conforme a la ley y manifiesta que los sobrecargos no tenemos ‘interés jurídico’ en el asunto; en 2007 la empresa vende la emblemática Torre de Xola a un precio por debajo de su valor catastral; en 2008 traslada intangibles como la marca, programa Frecuenta, etcétera, a otras entidades y así despoja y prepara el terreno para quebrar Mexicana de Aviación; en 2009, so pretexto de la epidemia de influenza, Bancomext (Héctor Rangel Domene) le presta 900 millones de pesos aceptando en garantía nueve aviones en fideicomiso, préstamo por demás fraudulento, ya que la empresa mostraba desde antes los síntomas de una profunda crisis financiera; el 2 de agosto de 2010 Mexicana solicita el concurso mercantil, el 13 de agosto Tenedora K (Jorge Gastélum) compra por mil pesos el 95 por ciento de las acciones, el 28 Mexicana anuncia el cierre de operaciones por inviabilidad económica y el 7 de septiembre del mismo año, el juez Felipe Consuelo Soto oficializa el concurso mercantil. El resto es historia conocida. Esta crónica nos muestra claramente la responsabilidad del gobierno federal (panista) por las acciones y omisiones cometidas durante este proceso, puesto que todo esto sucedió bajo la tutela y el auspicio de la controladora Cintra, la DGAC, la SCT y Bancomext. Por ello exigimos la recuperación de los más de 8 mil 500 empleos directos que ha costado este complot en contra de Mexicana de Aviación y de sus empleados, así como el pago inmediato de las pensiones de los sobrecargos jubilados y el fondeo del fideicomiso F/797”… Mientras, Gastón Azcárraga cómodamente promovió un amparo contra la orden de aprehensión liberada en su contra.
Twitter: @cafevega



Más allá de creer o no en que los grupos de autodefensa que operan en Michoacán son un movimiento genuino, lo único que se confirma es lo que ya se había advertido en este espacio: las divisiones, intereses y ambiciones particulares de sus líderes y el riesgo de que fueran infiltrados por la delincuencia organizada se convertirían en un polvorín que al primer chispazo iba a explotar.
El coctel se elaboró con ingredientes de alto octanaje: ciudadanos que se levantaron en armas hartos del yugo de los narcotraficantes y que, en forma paulatina, se fueron mezclando con integrantes o ex integrantes de grupos delictivos, incluso antagónicos entre sí. La Federación toleró la irrupción del movimiento y primero dijo que el cártel Jalisco nueva generación lo financiaba; luego reculó y no sólo empezó a trabajar con los alzados, sino procedió a registrarlos para que se integraran a los cuerpos rurales de seguridad.



La ciudad de México vuelve a inundarse de jazz. Su síncopa cotidiana se ha ido incrementando poco a poco. En enero, la Berklee School of Music inauguró su Berklee Latino en el Tec de Monterrey; en febrero, el festival Clazz Continental se mudó de Madrid, España, al Bosque de Chapultepec; y en febrero también el free jazz tomó por asalto y llenó el Lunario del Auditorio Nacional con Fossile 3 y FAS Trío.
Además, al circuito de clubes de jazz que navegan con regularidad en estas tierras (La Jornada 27/12/2013), eventualmente se han ido incorporando restaurantes como Cocoliche (Versalles 57, Juárez) y Centenario 107 (Centenario 107, Coyoacán). Y la nave va.




Autodefensas y descontrol
Con el telón de fondo de la detención del líder de las autodefensas de La Ruana, Hipólito Mora, acusado del homicidio de dos personas, la Policía Federal dio un plazo de 48 horas para que los hombres que siguen al ahora detenido entreguen las armas. Éstos, a su vez, han manifestado temor de que el desarme derive en agresiones de integrantes de otros grupos de civiles armados que sitiaron La Ruana el pasado lunes, encabezados por Luis Antonio Torres González, El Americano, a quien el propio Mora vincula con el cártel de Los caballeros templarios.

Denuncian manejo ilegal de juicio de amparo en Puebla
Le rogamos publicar la presente carta dirigida al ministro Juan Silva Meza:

La mentira dura hasta que la verdad aparece. Se lee en La Jornada en línea (11/3/13) que “La comisión legislativa encargada de investigar al grupo financiero Monex en relación con el proceso electoral del año 2012 anunció que los gastos no reportados de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, incluyendo las tarjetas Monex, asciende a un total de 4 mil 599 millones 947 mil 834 pesos, cuando el tope de campaña presidencial establecido por el IFE era de 336 millones 111 mil 84 pesos. ‘Por lo que el PRI y Enrique Peña Nieto rebasaron esta cantidad por 4 mil 263 millones 835 mil 750 pesos’”.

La última vez que escuché hablar a Luis Villoro fue en febrero de 2012, durante el inicio del homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez celebrado por la UNAM en la Facultad de Filosofía y Letras. Al tomar la palabra erguido en el atril, parecía un viejo profeta de cabello blanco, aún poseedor de esa mirada jovial que ningún quebranto físico logró borrar. Villoro extrajo del bolsillo una hoja con anotaciones, breves apuntes manuscritos, y de inmediato entró en materia al señalar el dilema que, según él, enfrentaba el marxismo de su reconocido Sánchez Vázquez: o se afirmaba, digámoslo así, en su aspiración de ser un pensamiento científico o prefería su condición de reflexión libertaria, cuestión que de un modo u otro ya había dado lugar a jugosas polémicas, incluyendo la más conocida en torno a la ideología y la revolución que en cierta forma resume las posiciones de ambos pensadores. Villoro, antiguo colega y amigo personal de Sánchez Vázquez, al subrayar sus diferencias con el marxismo del homenajeado mostraba a la vez su respeto y admiración al intelectual cuya obra valoraba sin demérito del ejercicio crítico que él consideraba razón de ser de la filosofía. Dicha cohe­rencia para aceptar las críticas recíprocas y disquisiciones fundadas en argumentos racionales define la obra de Villoro. Su actitud cálida, fraternal, solidaria en el plano de la vida social, se sostiene, sin duda, en el rigor teórico y académico que hizo de él un referente indispensable de la cultura moderna mexicana, una luz ética y racional visible a través de su propia evolución filosófica y política.

La televisión estadunidense ha recuperado una serie de origen británico, cuyo título en inglés es House of cards, que se traduce al español como castillo de naipes. La muy convincente actuación de Kevin Spacey y de Robin Wright nos adentra en una representación que es casi una caricatura del mundo de la baja política en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca. Es el lado oscuro de los corredores del poder en Washington, o la versión negra de la serie West Wing de los años 90, que proyectaba una imagen más que benévola y azucarada de los mismos asuntos. En ese caso, el presidente de Estados Unidos era un crisol de virtudes cívicas y humanas, guiado por la suprema misión de hacer el bien. En cambio, en Castillo de naipes, el primero senador, luego vicepresidente, Frank Underwood, que representa Spacey, es un malvado que no conoce el remordimiento. Le cobra a la vida, y al mundo, la amargura de una infancia de privaciones. Está dispuesto a pagar cualquier precio, a incurrir en toda bajeza, con tal de lograr el poder, que consiste en la capacidad de manipular a los demás, utilizarlos para lo que se necesite y descartarlos cuando han dejado de servir. Es tal su habilidad para manejar al prójimo a partir de sus debilidades, por ejemplo la vanidad o la lujuria, que puede decirse que Underwood alcanza el poder mucho antes de llegar a la Casa Blanca. Lo logra porque sabe hacer de las ambiciones de otros los escalones que lo llevan a la presidencia del país más poderoso del mundo.

Quizá la afirmación más sorprendente que haya emergido de la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China (APN), celebrada estas primeras semanas de marzo en Pekín, sea la siguiente: La demanda interna continuó siendo [en 2013] el motor principal del crecimiento. El aserto está contenido en el amplio informe entregado a la APN por la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo (CNRD) –órgano ejecutivo del Consejo de Estado para las políticas y acciones de reforma y apertura–. Se trata de uno de los tres reportes más importantes que la asamblea recibe. Los otros dos son los presentados por el jefe de gobierno, sobre la marcha general y las perspectivas inmediatas de la economía, y por el ministro de Finanzas, sobre las políticas presupuestaria y financiera (estos documentos pueden leerse en www.xinhuanet.com). Digo que la afirmación citada sorprende porque el llamado rebalanceamiento de la economía y sus consecuencias, en especial su impacto sobre la tasa de crecimiento, ha sido el asunto referido a China más intensa y acaloradamente debatido en, por lo menos, los dos últimos años.

El fallido intento de derribar por la fuerza al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha evidenciado su enorme aislamiento internacional salvo por el apoyo de Estados Unidos y Canadá. Como se puso de manifiesto hace unos días en la reunión de la OEA, únicamente el gobierno gansteril de Panamá se sumó a las dos potencias norteñas en contra de la declaración de solidaridad con Venezuela propuesta por Bolivia y acordada por 29 gobiernos latinocaribeños. Señal de los tiempos, ya la OEA no le sirve al imperialismo para legitimar sus agresiones contra los pueblos de nuestra América.

Apartir de ahora debe señalarse con fuerza que la desigualdad es económicamente ineficiente. Llevando la reflexión más allá de la discusión ética, impulsada porque la crisis económica iniciada en 2007 profundizó la desigualdad en el reparto del ingreso, luego de que los años neoliberales incrementaran notoriamente esa desigualdad, una nueva ruta abierta por el FMI advierte que las políticas redistributivas no tienen impactos negativos sobre el crecimiento. De este modo, la discusión que se ha dado en los ámbitos académicos y que ha motivado importantes protestas sociales, como el movimiento Ocupy Wall Street, ahora está ubicada en el centro de la política pública.

La obra de Beth Henley, ganadora del premio Pulitzer y otros galardones, se inscribe en el realismo que tan buenos frutos ha dado al teatro estadunidense. Hace bastante tiempo ya la vimos dirigida por Héctor Mendoza en el escenario circular del Polyforum con un reparto en el que figuraban Julieta Egurrola, Christian Bach, Margarita Sanz y Margarita Isabel. Es posible que se haya convertido en un clásico moderno como afirma Martín Acosta en el programa de mano y lo que sí se puede afirmar es que sigue siendo atractiva para el público y los teatristas, como lo confirma la cursilada de alfombra roja el día del estreno de esta versión en el Centro Cultural Helénico por donde desfilaron algunos actores de teatro y la chaviza de Televisión Azteca, esto último según se me dijo (a lo mejor la utilización de la alfombra roja se debe a las personas que invirtieron según Efiteatro, siguiendo el decreto que las exime de impuestos por una cantidad semejante a lo invertido.)

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