12/20/2014

“Los recursos pueden considerarse la medida del compromiso de los gobiernos”


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Días atrás, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer el Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, en el que analiza el cumplimiento, en nuestra región durante los últimos 20 años, de la Plataforma de Acción de Beijing, que el próximo año será revisada por la Organización de las Naciones Unidas. Allí se señala cómo muchos logros formales -en el plano normativo- se enfrenten a la dificultad de implementación de políticas públicas debido a la falta de voluntad política o los escasos recursos. “Mientras las normas aprobadas promueven el empoderamiento de las mujeres, las políticas se caracterizan por una asociación entre mujer y pobreza, mujer y pequeños emprendimientos, mujer y pequeño crédito lo que las ubica sobre todo en la esfera de las políticas sociales” señala el informe. Reproducimos a continuación la primera parte del apartado “Desafíos estratégicos en la región” del mismo y la posibilidad de descargar el informe completo.

COMUNICAR IGUALDAD- Como se ha visto, las reformas institucionales y jurídicas con enfoque de derechos favorables a las mujeres conviven con políticas económicas neutras desde el punto de vista de género orientadas principalmente a la exportación de materias primas donde las mujeres se encuentran de manera predominantemente en empleos precarios, mal remunerados y como beneficiarias de bonos, transferencias o pequeños programas de promoción a la pequeña empresa (CEPAL, 2013a). La aplicación de los compromisos derivados de la adopción de la Plataforma de Acción transcurre en el marco de políticas sociales focalizadas siendo que la Plataforma de Acción postula políticas universales.

Los informes muestran que en muchos casos las políticas aplicadas durante estos 20 años se rindieron al paradigma dominante y coexistieron avances jurídicos tributarios de derechos universales con políticas económicas extractivistas, desregulación laboral, políticas sociales focalizadas y una tolerancia social todavía demasiado alta a la cultura de la discriminación. Mientras que, por un lado, se muestran importantes avances legislativos y de participación en las políticas predominan los programas antipobreza o el fomento a la pequeña empresa siendo difícil imaginar cómo estas pueden contribuir al desarrollo nacional, a la superación de las barreras de productividad, al acceso a la innovación si, en definitiva, la fuerza laboral, potencial que se puede incorporar al desarrollo productivo está dentro de programas de factura asistencial y de baja productividad. En el anexo se puede observar que del total de programas reportados para reducir la pobreza y para mejorar la posición de las mujeres en la economía y los mercados una inmensa mayoría se refiere a programas de transferencias, capacitación a empresarias de pequeños y micro emprendimientos, programas de microcrédito y de manera muy excepcional se mencionan políticas que fortalezcan la competitividad de las mujeres emprendedoras, el acceso al crédito formal y la capacitación en áreas innovadoras, algunas de las cuales se pueden encontrar en el documento Mujeres en la economía digital: superar el umbral de la desigualdad (CEPAL, 2013b). El dilema radica en que mientras las normas aprobadas promueven el empoderamiento de las mujeres, las políticas que se destacan se caracterizan por una asociación entre mujer y pobreza, mujer y pequeños emprendimientos, mujer y pequeño crédito lo que las ubica sobre todo en la esfera de las políticas sociales y la asistencia social sin que se reporten experiencias significativas de salida al mercado laboral y al emprendimiento productivo.


Al concluir la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la coordinadora regional del Movimiento Amplio de Mujeres sintetizó el mensaje de las participantes en la Conferencia

“Recursos No palabras”. Las palabras habían tenido su lugar y aunque continuaron siendo la forma de expresión de las voces de las mujeres, en ese momento había que poner luz sobre el desafío de dotar de recursos a la implementación de la Plataforma. Las palabras han sido los medios de visibilización de las desigualdades, de construcción de nuevos derechos, de transformación de las leyes. Sin embargo, para que estas palabras cobren sentido en la vida cotidiana de todas las mujeres había que poner a disposición recursos financieros, técnicos e institucionales. En última instancia, los recursos pueden considerarse la medida del compromiso de los gobiernos, aunque ciertamente para obtener resultados deben formar parte de voluntades, procesos, alianzas y circunstancias que cuando se relacionan de una manera virtuosa permiten cambios sustantivos.



La Plataforma de Acción se adoptó en un momento en que la gran mayoría de los países salía de la crisis de la deuda, iniciaba programas de ajuste estructural y en lo social adoptaba políticas focalizadas de reducción de la pobreza que consideraban a las mujeres como un colectivo vulnerable distinto al enfoque de derechos y de reconocimiento de ellas como ciudadanas y sujetos sociales que postulaba la Plataforma de Acción. Los informes muestran, que los países han adoptado durante los últimos cinco años, políticas marcadas por un nuevo rol del Estado, caracterizado de manera creciente por nuevas formas de planificación de las políticas, incluida la descentralización y reformas a los modelos de gestión

presupuestaria (son los casos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, República Dominicana) pero que todavía persisten enfoques que privilegian un abordaje desde la mirada de la vulnerabilidad. Integrar en los sistemas nacionales de planificación nacional la perspectiva de género es un desafío expresado en varios informes que permitirá vincular el corto plazo con el largo plazo.


cepalEn general, los desafíos identificados en los informes nacionales son el resultado de procesos de aprendizaje, en unos casos basados en la experiencia nacional y en otros apoyados por la evidencia internacional comparada. El proceso de revisión es una oportunidad para reflexionar sobre los logros de los países y para identificar todo lo que falta por hacer para que el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas sea una realidad. En general, los países reiteran su compromiso con el proceso de fortalecimiento de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres en concordancia con los acuerdos internacionales de los últimos años sobre los Objetivos de desarrollo sostenible y la agenda para el desarrollo después de 2015. Acelerar su cumplimiento es un desafío fundamental. La magnitud de los desafíos identificados puede leerse como muestra de rezagos y limitaciones reconocidas por los gobiernos pero también debe interpretarse como el fruto de una acumulación de experiencia, conocimiento y fuerza política que a 20 años de Beijing muestra la creciente visibilidad, reconocimiento y aporte de las políticas de igualdad de género para el desarrollo y la autonomía de las mujeres.


Recursos sigue siendo una palabra clave porque si bien varios países informan sobre el origen y en algunos casos el incremento de los recursos estos están principalmente destinados a lainstitucionalización de los Mecanismos para la igualdad de género, para las políticas de violencia y para la implementación de políticas de género a niveles sectoriales. Son pocos los países en la región que muestran asignaciones significativas en la ley de presupuesto. Un elemento positivo, es que en los últimos 20 años, a pesar de las claras limitaciones de recursos para la igualdad de género en la región, existe la posibilidad y voluntad de algunos países de incorporar una metodología específica para reportear de manera sistemática el gasto público en género así como para asegurar su eficacia, como se señala en los informes de Costa Rica, Brasil, México, Paraguay y Puerto Rico.



Los informes de los países destacaron también la importancia de revisar el papel de la cooperación internacional en materia de igualdad de género y de instar a los países desarrollados a cumplir con los compromisos asumidos en asistencia para el desarrollo en particular en materia de igualdad de género. La Plataforma de Acción es una agenda basada en el enfoque de derechos por lo que varios países (como Argentina, Colombia o Ecuador) consideran que la región enfrenta desafíos importantes para asegurar el sostenimiento activo de la promoción de estos. El progreso en el reconocimiento de los derechos ha dado lugar a una reflexión colectiva que propone impulsar políticas para eliminar el racismo, el machismo, el sexismo o lograr la despatriarcalización (esto se señala particularmente en los informes de Bolivia, Brasil, Guyana, República Dominicana). En este sentido, en el informe de Costa Rica se señala que un cambio en la cultura política de las elites será particularmente relevante. No son pocos los casos en que los partidos políticos dominados por hombres tienden a buscar desde resquicios legales hasta la práctica del acoso y amenazas para mantener la mayoría en las listas electorales. En el informe de Bolivia se señala que el posicionamiento social y cultural de una concepción amplia de paridad, que abarque todas las esferas de la vida y apunte hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres forma parte de este reto. El entramado de creencias sociales, y religiosas que alimenta el machismo forma parte de las barreras socioculturales de discriminación contra las mujeres que se encuentran presentes en mayor o menor medida en todos los países. Algunos países —como Bolivia, Costa Rica, Guyana, República Dominicana— mencionan la influencia de fuerzas conservadoras,

religiosas y políticas que limitan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos.


Siendo el logro de la igualdad de género sobre todo un cambio cultural, los informes de los países han destacado el tema de los obstáculos y las barreras culturales como freno para el avance efectivo de los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros. Este complejo entramado de creencias sociales, naturales y religiosas que otorgan el papel predeterminado de madres a las mujeres en la sociedad ha hecho que la discriminación contra las mujeres se encuentre presente en mayor o menor medida. Al respecto, el informe de Costa Rica señala la importancia de implementar estrategias para contrarrestar la influencia de fuerzas sociales conservadoras que obstaculizan el avance de los derechos humanos de las mujeres. El informe de Guyana destaca esta problemática en una sección llamada “Negative Socio-Cultural Norms”; el informe de Bolivia introduce el concepto de “despatriarcalización” del Estado y la sociedad; y países como Antigua y Barbuda, Brasil, Chile, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Islas Caimán, Paraguay, Republica Dominicana, Suriname, Uruguay enfatizan en la necesidad de superar la primacía cultural del varón sobre la mujer y la implementación tradicional de las políticas públicas con el enfoque “jefe de familia” donde el varón es concebido como el jefe de familia y cambiar los patrones culturales misóginos que perjudican a las mujeres y permiten la aceptación cultural de la violencia contra las mujeres.

El dilema radica en la disyuntiva entre asegurar el cumplimiento de la ley o tolerar prácticas nocivas a nombre de la tradición. Varios países informan sobre dificultades en la interpretación y aplicación de las leyes. Esto ha ocurrido en casos relativos al mandato de los mecanismos para el adelanto de la mujer, las leyes de cuotas, la educación sexual y otros donde a pesar de tener un marco legislativo alineado con las convenciones internacionales de derechos humanos e inclusive constituciones abiertamente favorables a la igualdad de género, no se logran aprobar políticas, programas o recursos para el cumplimiento de los objetivos: “Una de las grandes manifestaciones de resistencias en la adopción de compromisos a favor de la igualdad se ha mostrado en la invisibilización de las diferentes problemáticas que afectan a las mujeres en sus diferentes ciclos de vida. La invisibilización se exterioriza al asumir que no se requiere de la incorporación e integración de un enfoque transversal de género a las políticas y programas del Estado, considerándose que estos puedan beneficiar (de forma neutral) a toda la población. En esta lógica, como se señala en el informe de El salvador, muchos de estos servicios han generado discriminación directa o indirecta para las mujeres”.
(…)

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