Plan B
Foto: Diego Simón Sánchez/ Cuartoscuro
Son
cinco los puntos fundamentales para entender si el caso Ayotzinapa se
podrá esclarecer algún día. Para explorarlos hace falta comprender los
avances del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cuya
presencia y actividad fue aceptada por el gobierno mexicano. Estos
hombres y mujeres con gran experiencia en casos de desaparición
forzada, crímenes de lesa humanidad y evaluación de riesgos en
contextos dictatoriales, ha tenido avances que no podemos soslayar.
Gracias a su claridad sabemos con precisión que la aciaga noche del
26 de septiembre pasado los estudiantes llegaron tiempo después de que
se terminara el evento de la presidenta del DIF, esposa del alcalde
Abarca.
Sabemos a ciencia cierta que las autoridades de Guerrero, la policía
federal y los miembros del batallón 27 del ejército estaban plenamente
informados de que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa estaban
boteando y tomando algunos autobuses.
En ningún momento, ninguna autoridad pensó que los estudiantes
estuvieran armados o haciendo cosa distinta. Los miembros de GIEI han
podido hablar con todos los familiares y testigos conocidos del ataque.
Es absolutamente indispensable esclarecer si el caso de los 43 es una
estrategia de desaparición forzada como práctica formal ante grupos
considerados potencialmente desestabilizadores, o una acción criminal
de un pequeño grupo dentro del sistema político/militar.
El primer punto, sin duda, será impedir la pulverización del
caso, es decir las investigaciones se encuentran divididas en 13 causas
penales, en 6 juzgados diferentes, y los detenidos en tres prisiones
distintas, lo cual resulta absolutamente inaceptable.
No es la primera vez que en un caso penal la investigación surge
desarticulada, fragmentada, esto se debe en gran medida a las malas
prácticas burocráticas del sistema de justicia penal, ciertamente, pero
también es resultado de decisiones políticas de gobernadores que operan
sobre las procuradurías locales y de las decisiones de la PGR con la
Segob, que al no hacerse plenamente responsable de un caso criminal,
permiten que la fragmentación aletargue el procedimiento de la
investigación, que a su vez permite la fuga de información y el robo
hormiga de evidencias. La atracción del caso en un solo juzgado,
sumando las causas y tomando en cuenta todos los delitos es
indispensable y factible. Esto no debería depender de la voluntad
política, sino de la efectividad de los órganos de administración e
impartición de justicia así como de la Secretaría de Gobernación.
Negarse a la acumulación procesal significa que desean obstruir el
esclarecimiento del caso.
El segundo, sin duda, es que se acuerde con la Secretaría de
la Defensa Nacional, el encuentro de miembros de GIEI con los soldados
del Batallón 27 para hacer entrevistas directas y buscar cabos sueltos.
Hasta ahora Sedena se ha negado a cooperar en la investigación ¿por qué
el ejército niega esta posibilidad si sus soldados, cuyos nombres ya
se conocen, no son responsables de limpieza social o desaparición
forzada, o connivencia criminal? Ciertamente sólo el presidente Peña,
como comandante en jefe de las fuerzas armadas, puede exigir al
ejército que facilite este encuentro ¿Por qué el presidente prefiere el
desgaste que el caso le genera a su gobierno antes que la elucidación?
El gobierno federal sabe que el GIEI no opera como un Ministerio
Público, su labor fundamental es facilitar la efectividad de las
investigaciones y transparentar los procedimientos como coadyuvante.
Tres: México tiene en el espacio los satélites Solidaridad 1 y 2,
Satmex 5 y 6, Quetzat 1 y Satex1, gracias a ellos y a la red satelital
con que opera en acción conjunta los Estados Unidos y nuestro país,
sumadas a la red federal de microondas operada por la Secretaría de
comunicaciones y Transportes, a las redes satelitales concesionadas por
nuestro gobierno a empresas privadas y la UNAM, tenemos la posibilidad
de obtener fotografías satelitales segundo a segundo del basurero de
Cocula y los otros nueve escenarios del crimen, lo cual resulta vital
para la investigación. Gobernación y PGR se niegan a pedir
formalmente estas fotografías indispensables para el esclarecimiento
del caso y su integración en el expediente.
Cuatro: el GIEI no ha podido entrevistar a todos los agentes de la
Policía Federal y de la Policía Ministerial que, según los
testimonios, estuvieron presentes en las escenas del crimen del día 26
de septiembre. Sus testimonios son indispensables y negarlos resulta
por demás sospechoso ¿prefieren desgastar a toda una corporación que
investigar a unos cuantos?
Quinto: Resulta ridículo que un juez haya declarado que es mejor
acusar a los sospechosos por el delito de secuestro, por tener penas
más graves que la tortura y el homicidio. La justicia no debe responder
al gusto del consumidor, sino a los hechos constitutivos del delito; en
este caso se deben investigar los siguientes crímenes: desaparición
forzada, tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de
justicia, abuso de autoridad, uno inadecuado de la fuerza, lesiones y
amenazas.
Más allá de la imaginación, de los chismes y las sospechas de todo
tipo, lo que el GIEI exige es que se haga un análisis del contexto real
y del modus operandi de los perpetradores para llevar a cabo la
estrategia de búsqueda formal. Hasta no tener certezas, los 43 jóvenes
deben ser buscados por cielo, mar y tierra. Porque un crimen que se da
por sentado sin evidencia, es fácilmente reiterado.
A todos, al gobierno y a la sociedad, nos conviene esclarecer este
caso, debemos tener evidencia absoluta de que el gobierno federal no
lleva a cabo prácticas dictatoriales de desaparición forzada, porque de
ser así, hemos de hacer todo lo posible para impedir que México caiga
en el despeñadero de la limpieza social como práctica política.
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