Los votos a favor fueron de senadores del PRI, PAN y PVEM, frente a 26 en contra del PRD, PT e independientes, y una abstención de la panista Adriana Dávila.
“Hoy muere la autonomía del Inegi”, deploró el senador panista Ernesto Ruffo Appel tras conocer los resultados de la votación, en la que, entre otros de sus correligionarios, Luisa María Calderón –hermana del expresidente Felipe Calderón– y Roberto Gil Zuarth, exsecretario del exmandatario, sufragaron a favor.
Junto con otros legisladores de oposición, dijo que la ratificación de Merodio debilitará la credibilidad y la autonomía del INEGI, instancia encargada de levantar y generar la información estadística oficial en el país.
Pablo Escudero Morales, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue el encargado de tomar la protesta de ley a la funcionaria, pese a su escasa experiencia en los sectores público y académico.
“Es un día triste para la democracia”, dice en entrevista con Apro Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que durante marzo denunció y documentó la “ilegalidad” de la designación de Merodio porque, subrayó, la candidata no reúne los requisitos planteados en la ley del Inegi.
“Es un muy mal precedente: no se respetó la legalidad, el Senado fue inconsecuente con la ilegalidad del Ejecutivo, y vemos una violación a la autonomía de los entes autónomos. Es un tema de legalidad, de falta de contrapeso y de autonomía”, abunda el economista. Y afirma: “Ha sido un nombramiento político”.
Este jueves, senadores de oposición dificultaron los esfuerzos del PRI para ratificar el nombramiento de la candidata de Peña Nieto. Por la mañana, luego de dos horas de discusión en comisiones, el panista Juan Carlos Romero Hicks frustró un primer intento de las comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo para dar luz verde a la ratificación.
En una segunda sesión, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen y lo remitió al pleno del Senado, que lo discutió durante la tarde. En tribuna, senadores del PAN, PRD y PT insistieron que Merodio no cumplía con el perfil para ocupar el cargo.
Resaltaron las incongruencias y mentiras contenidas en el currículum que el mandatario federal envió al Senado el pasado 24 de febrero, junto con su petición de ratificar a su candidata. Layda Sansores San Román, senadora por el PT, incluso tachó a Merodio de “mentirosa”.
Tras señalar que el proceso de ratificación fue irregular “de inicio a fin”, Romero Hicks declaró: “Es una síntesis del desprecio de las instituciones encabezadas por el gobierno federal actual”.
De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y académicos, el Senado ni siquiera debió debatir sobre la ratificación de Merodio, sino invalidar desde un principio su candidatura.
Estudiantes y egresados de la universidad de Harvard también expresaron este jueves su oposición al nombramiento en una carta abierta. “El propio análisis curricular elaborado por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado determinó que la Mtra. Merodio no acredita los cinco años en cargos de alto nivel, ni puede ser considerada una académica de reconocido prestigio”, aseveraron.
Para ser nombrado a la Junta de Gobierno del Inegi se requiere que el aspirante sea un “profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la geografía o la economía”, o bien “un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas” y que “haya ocupado, por lo menos durante cinco años, algún cargo de alto nivel en los sectores público o privado”.
El pasado 30 de marzo, Merodio compareció ante los senadores para defender su candidatura. Ante los cuestionamientos de algunos legisladores de oposición, la candidata de Peña aseveró que la ley no define qué es un “cargo de alto nivel”, negó cualquier conflicto de interés, resaltó su experiencia profesional y recalcó su condición de “mujer, profesionista y madre”, lo que –según ella– “significaría un importante aporte adicional a la Junta de Gobierno del Inegi”.
Como órgano superior de dirección del Inegi, la Junta de Gobierno determina la producción de información estadística, decide qué información revierte un interés nacional –y cual no debe divulgarse por motivos de seguridad nacional–, y aprueba las normativas internas y programas de trabajo del Instituto.