9/05/2017

Los periodistas pal café. . . .



La responsabilidad política de lo que está sucediendo en las cámaras del Poder Legislativo federal corresponde a una dupla de intereses compartidos: el peñismo, empecinado en colocar como fiscal general de la nación a un personaje tóxico, Raúl Cervantes Andrade, absolutamente contaminado por su relación de dependencia respecto de quien hoy ocupa Los Pinos, y el calderonismo, desesperado ante las evidencias de que su proyecto conyugal es desplazado en la misma proporción en que la actual dirigencia panista avanza en el tema del frente amplio opositor, o democrático, en cuyo abanico de posibilidades no cabe una figura como Margarita Zavala Gómez del Campo.
No hay ni puede haber otra voz de mando, que la alojada en Los Pinos, para ordenar o autorizar que el sinuoso Emilio Gamboa Patrón diera un virtual golpe político a la dirigencia de Ricardo Anaya Cortés, a quien muchos espacios mediáticos, usualmente puestos al servicio de las indicaciones gubernamentales, han ido colocando de manera concertada como el presunto culpable de los graves enredos en San Lázaro y en el Senado, en un malabarismo que trata de hacer a un lado el aspecto sustancial del conflicto (el riesgo de que haya un fiscal faccioso por nueve años) y centra sus lupas y vehemencias en el aspecto del enriquecimiento inmobiliario de la familia del citado Anaya (quien tampoco merece una exoneración en automático respecto de las acusaciones de corrupción y aprovechamiento de cargos políticos que se mencionan) y de las ambiciones presidenciales del queretano al que con sentido de historieta algunos llaman el chico maravilla.
El golpismo ejecutado por Gamboa Patrón ha llevado a una situación de alta tensión política, una suerte de crisis inducida en el partido de derecha. Pero, además de lo ominoso que resulta el ver a las fuerzas oficiales incursionar en las praderas de otras organizaciones y apoyar postulaciones (la de Ernesto Cordero) contra los lineamientos internos de esos partidos y dinamitar políticamente a sus directivos en funciones, el episodio de las cámaras confirma la identificación de propósitos y movimientos entre el peñismo y el calderonismo, entendimiento anómalo y pernicioso que ya se había advertido en 2012, cuando el entonces ocupante de Los Pinos (míster 0.56 por ciento) redujo intencionalmente la viabilidad de la siempre abatible Josefina Vázquez Mota como aspirante a la sucesión, para dejar en el centro de la arena al ex gobernador del estado de México que, ahora, pareciera devolver el favor al maniobrar para tratar de salvar a Margarita Zavala frente a su rival en curso de vencerla, el citado Anaya, quien tiene un amplio control de la estructura panista.
La señora Zavala, conforme al sabido libreto de los policías malos y los buenos, ha pretendido colocarse en el segundo nicho, censurando incluso las maniobras que llevaron a Cordero a presidir la mesa directiva del Senado pero, además, dejando ver las intenciones reales del montaje realizado: ella insiste en que ya se designe candidato presidencial y demanda la renuncia del presidente de su partido.
Los senadores panistas acusados de traición, con Ernesto Cordero a la cabeza, también se remueven en busca de eludir el fondo del asunto, el del llamado #FiscalCarnal. Señalan que no necesariamente están en favor del pase automático de Cervantes Andrade, de procurador a fiscal, aunque no precisan si votarían por éste en caso de que fuera postulado con otros aspirantes. El centro del conflicto, hay que tenerlo presente, es la caracterización política y facciosa de Cervantes Andrade, no la fórmula específica para imponerlo.
Sin embargo, la traición del calderonismo a las instancias formales de gobierno de su partido, y la obsesión por imponer a su esposa como candidata, en los tiempos por ellos decididos, se topó con la decisión tomada por la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, según lo tuiteado a las 6:46 de la tarde de ayer por el secretario de comunicación del comité nacional panista, Fernando Rodríguez Doval, respecto del registro ante el Instituto Nacional Electoral del proyecto de frente con lo que queda del Partido de la Revolución Democrática y el ambicioso Movimiento Ciudadano.
La determinación oficial del panismo, respecto del impulso del mencionado frente, coloca a los Calderón-Zavala en una situación de inviabilidad, al menos en los meses venideros, pues el curso institucional se consumirá en la exploración y construcción de alternativas que faciliten la unidad de estos aspirantes a una alianza electoral: se habla del siempre presente Juan Ramón de la Fuente; de José Woldenberg, quien por sistema declina ese tipo de invitaciones y, desde luego, del independiente Miguel Ángel Mancera y del propio Ricardo Anaya, dueño de la mayor parte de las canicas puestas a disposición de este juego.
Zavala Gómez del Campo tiene el recurso, a estas alturas poco verosímil, de asumirse como candidata independiente, ante la tardanza del PAN en definir sus postulaciones y ante el golpe a sus aspiraciones partidistas que significa el avance en el tema del frente amplio. En caso de ser expulsados del PAN, los senadores calderonistas también quedarían en condición de declararse independientes. Pero, aún así, cada vez será menos creíble y viable la postulación, a título independiente o ciudadano, de la mujer que en junio de 2015 anunció, de la mano política de Felipe Calderón, y singularizada por un rebozo morado, que buscaría la candidatura panista a la Presidencia de la República.
El aspirante a guardadespaldas transexenal, el citado Cervantes Andrade, seguía concitando un amplio rechazo ciudadano, potenciado por la revelación de que no pagó tenencia de un automóvil de lujo millonario porque fue registrado en un domicilio de interés social de Cuernavaca, donde ese impuesto no se cubre. Luego, se hizo saber
que tal maniobra había sido un error administrativo, atribuible a la agencia que vendió el costoso vehículo. ¡Hasta mañana!, Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



Foto
En su declaración patrimonial correspondiente a este año, en el portal DeclaraNet de la Secretaría de la Función Pública, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien podría convertirse en fiscal hasta el año 2026, hace dos manifestaciones insólitas: no aceptó hacer público su patrimonio y tampoco sus posibles conflictos de intereses. ¿Por qué insólitas? Porque el encargado de impartir justicia debería ser tan transparente como si viviera en una casa de cristal. Ahora que el escándalo del Ferrari se desató, Cervantes Andrade acepta que el automóvil es de su propiedad; si aparece registrado en una casa de interés social en Xochitepec, Morelos, es por un ‘‘error administrativo’’. Lo adquirió en 2011, alega, cuando no ocupaba ningún cargo en el gobierno federal, sino trabajaba en el despacho CEA-Abogados SC. Según esto, tiene residencia legal en Morelos, pero lejos de la casa de interés social, en la calle Yecapixtla, Lomas de Cocoyoc, municipio de Yautepec. ¿Será otro ‘‘error administrativo’’? Lomas de Cocoyoc es un pequeño fraccionamiento de lujo de 3 mil casas. Un Ferrari habría llamado la atención; los vecinos dicen que nunca lo han visto. El apoyo que recibió de un grupo de senadores del PAN se resquebraja. Sólo tiene, firme, al PRI… sin embargo, sus votos no son suficientes. En Los Pinos ya están buscando a otro carnal.
Senadores y diputados en crisis
Pero mientras Los Pinos da luz verde, la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados sigue en suspenso como protesta por la imposición del ‘‘fiscal carnal’’. El jefe de la bancada priísta, César Camacho Quiroz, ya desesperó. Dice que analiza recurrir al Poder Judicial. Sin embargo, no está previsto en la Constitución que la Suprema Corte tenga facultades específicas para intervenir en circunstancias como éstas. En otro escenario, senadores del PAN piden la expulsión de sus colegas Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, porque –los acusan– se vendieron a Peña Nieto. Son los votos que necesita para sacar adelante la designación del carnal. La bancada azul había acordado proponer al puesto de presidente de la directiva del Senado a Adriana Dávila y Laura Rojas, pero incurrieron en una traicion. Vendieron sus votos, dicen, a cambio de que Cordero ocupe la presidencia de la Cámara alta (bastante baja en estos días, por cierto). Cordero ganó triste celebridad cuando fue secretario de Hacienda; dijo que con 6 mil pesos al mes una familia podría vivir de lujo y hasta enviar a los chicos a colegio privado.
Socavones
El viernes esta sección publicó una carta del ingeniero petrolero Ricardo López, quien, entre otros conceptos, expresó los siguientes: ‘‘Hay algo que NO están diciendo las autoridades de Protección Civil, ni de Conagua y menos el gobierno metrobusero de Mancera. La presencia de socavones en Ciudad de México será cada vez más frecuente. La enorme cantidad de habitantes ha requerido una también enorme explotación de los acuíferos. El nivel freático (nivel del agua en el subsuelo), que antes se encontraba entre 8-12 metros, ha bajado hasta los 80 metros en algunas partes de la ciudad’’. Desafortunadamente tuvo razón. La madrugada del lunes se abrió un nuevo socavón, ahora en el cruce de Eje 8 Sur Popocatépetl y San Felipe, colonia Xoco, en la delegación Benito Juárez. El hoyo tiene 1.5 metros de diámetro. Los vecinos piden agilicen reparación, pues temen algún accidente. Un socavón más se reportó ayer lunes en la calle de Nezahualpilli y División del Norte, en la colonia Xotepingo, en Coyoacán. Ayer conversé con el ingeniero López. Me dijo que, sin ser catastrofista, la situación de riesgo para los capitalinos ya está creada desde muchos años atrás y seguirán ocurriendo los socavones.
Marcha por la salud
Este martes 5 de septiembre el grupo de vecinos que se opone al Metrobús L7, cuya ruta pasará por el Paseo de la Reforma, llevará a cabo una marcha por la salud. Recordarán que dichos autobuses utilizan diésel de ultra bajo azufre, cuyo componente ‘‘emite 80 por ciento más óxidos de nitrógeno’’. El grupo vecinal partirá a las 10 de la mañana de Reforma esquina Arquímedes bajo el lema: ‘‘El autobús de Mancera nos matará si no hacemos algo ahora’’.



Hoy debe concluir la segunda ronda de negociación y modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el equipo nacional se mantiene con la boca sellada, amparado en una cláusula de confidencialidad que ella misma impuso, de tal suerte que los mexicanos que dice representar siguen sin saber ¿qué pasó, qué trataron, qué acordaron, qué avanzaron y qué costó habrá que pagar?
Hasta ahora, y con toda la alharaca que ha cubierto tal negociación, lo único que los mexicanos han ganado con la primera y segunda rondas de negociación ha sido un espeso mutis del gobierno peñanietista que dice velar por sus intereses.
Al término de la primera ronda de negociaciones, ¿qué informó el secretario Ildefonso Guajardo? Que México tiene un plan B. ¿Y en qué consiste? Esa historia ya no la contó, de tal forma que si alguien quiere saber cómo va el numerito, pues que se aguante. Y lo mejor del caso es que tal disposición estará vigente de aquí a 2021. ¿Así o más transparentes?
La primera ronda se llevó a cabo en Washington (16-20 de agosto); la segunda en México (primero-5 de septiembre) y la tercera será en Canadá (23-27 de este mismo mes), y lo único que desde el inicio y oficialmente se ha informado es que trilateralmente se trabaja en 25 mesas para tratar temas como acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, anticorrupción y aunque usted no lo crea transparencia.
El discurso oficial –incluido el correspondiente al informe de gobierno de EPN– habla de plan B y de nada en contra del interés nacional, pero no convence a nadie, pero sí denota desesperación en la parte gubernamental, porque es previsible que el salvaje de la Casa Blanca reviente la posibilidad de acuerdo alguno a golpe de lo único que sabe hacer: imposición, violencia y chantaje. No está en los planes del gringo mantener el TLCAN y sí, en cambio, aterrizar dos acuerdos comerciales bilaterales (con Canadá rosas y flores; con México duro y a la cabeza).
Pero incluso si la negociación llegara a resultar positiva para Peña Nieto y sus empresarios, sólo sería útil para apretar aún más la concentración de la actividad exportadora nacional, en la que sobresalen los consorcios trasnacionales que son presumidos como las principales exportadoras mexicanas, que no son otras que, por ejemplo, General Motors, Daimler Chrysler, Ford Motor Company, Volkswagen, Nissan, Sony, Hewlett Packard.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado que más de 73.3 por ciento de exportaciones mexicanas son realizadas por 340 empresas que representan sólo uno por ciento de todo el mercado exportador. En México el número de empresas exportadoras disminuyó de 1.1 por ciento respecto al total de negocios en el país en 2012 a 0.7 por ciento. No obstante, el monto promedio exportado por empresa se duplicó, pasando de 5.5 millones a 10.7 millones de dólares.
La Cepal detalla que el número de empresas exportadoras y las exportaciones están altamente concentradas, y la tendencia es que se concentre aún más. En 2005, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, 37 mil 344 empresas participaban en el mercado exportador (en proporciones brutalmente desiguales, desde luego); para 2016 el número se había reducido a cerca de 34 mil, pero el ingreso asociado creció y creció, mientras el país y sus habitantes se mantienen en la lona. En el primero de los años citados las compañías realmente beneficiarias del comercio exterior sumaban 601 (no necesariamente mexicanas) y apenas representaban 0.02 por ciento del universo empresarial del país. En el segundo, sumaron 340 y significaron 0.8 por ciento de dicho universo, mismas que acaparan 73.3 por ciento de las exportaciones y del ingreso que tal actividad genera.
Como ayuda de memoria vale mencionar que los censos económicos 2014 –levantados por el Inegi– registraron que ese año existían en el país 4 millones 230 mil unidades económicas legalmente inscritas y con personal ocupado (sectores privado y público; comerciales, la mitad de ellas), 40 por ciento más que en 2003, cuando sumaron poco más de 3 millones. Y con base en ese dato se sabe que es mínima la participación de las empresas mexicanas en la actividad exportadora.
El organismo especializado de la ONU señala que entre 2002 y 2008 las firmas exportadoras de América Latina crecieron en general a una tasa más elevada que el número total de empresas y que los aumentos de la población, lo que abrió algunas esperanzas de que disminuyeran las brechas con los países desarrollados. Sin embargo, al considerar la dinámica de años recientes, esas brechas están aumentando, ya que en casi todos los países de la región ha disminuido la proporción de empresas que exportan. La zona tiene el mismo número de compañías exportadoras que España o Corea, o bien la tercera parte de las que existen en Estados Unidos y Alemania. Además, en los países desarrollados las compañías exportadoras representan entre 3 y 9 por ciento respecto de su total de empresas, pero en los países latinoamericanos la única excepción es Costa Rica, que registró 3 por ciento. En el resto de los países analizados, las exportadoras no llegan ni a un punto porcentual de todo el sector privado.
Además, 85 por ciento de dicha actividad es con Estados Unidos, amén de que México, gracias al TLCAN, se ha convertido en una República maquiladora, en donde la competitividad se basa en salarios entre 10 y 15 tantos menores a los que se pagan en Estados Unidos y Canadá, algo que ni lejanamente el gobierno peñanietista pretende alterar. De igual forma, México debe importar una cantidad creciente de productos para poder terminar los que aquí se elaboran y así exportarlos. Entonces, no parece el cuento de hadas que el gobierno insiste en vender.
Pero tranquilos, que ya viene la tercera ronda, en Canadá, y el salvaje de Donald Trump volverá a los tuitazos.



Mikel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), siempre ha sido un tipo cuidadoso como servidor público y ha dejado buena impresión en los sectores en que ha laborado.
Ahora, como mandamás del IMSS, se ha cuidado de mantener la transparencia en las licitaciones públicas. Por ejemplo, cuando en Puebla se detectó una operación dudosa en favor del Laboratorio Baxter por Doger Guerrero, delegado de la institución, Arriola no dudó en dar marcha atrás al proceso e investigar por conducto de la contraloría a este desprestigiado funcionario poblano que aspiraba a la gubernatura del estado.





En varias ciudades estadunidenses ayer hubo manifestaciones de jóvenes inmigrantes conocidos como dreamers (soñadores) cuya permanencia en suelo estadunidense se encuentra amenazada por la tentativa del presidente Donald Trump de cancelar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado durante el gobierno de Barack Obama, el cual les permite estudiar, trabajar y obtener licencia de manejo, un número de seguridad social y una tarjeta de crédito.

Piden no cerrar espacios académicos a lenguas originarias
Al cuerpo directivo de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): Pese a que el náhuatl es hablado por casi 2 millones de personas en México, la escuela referida se niega a apoyar su enseñanza en grupos con menos de 12 alumnos porque no es redituable. Lo anterior provocó la cancelación de dos grupos en la sede gestionada por la sociedad de ex alumnos de la Facultad de Ingeniería (FI) que no reúne ese mínimo de alumnos, uno de ellos, el que habría alojado la primera generación egresada de una sede externa. Esta acción supedita la enseñanza de esa lengua a las leyes del modelo economicista dominante: si no es rentable, no se enseña. ¿Por qué la UNAM sujeta al náhuatl a las reglas del mercado? Es risible que mientras la universidad maneja discursos sobre igualdad y no discriminación, en sus entrañas se tomen decisiones que coaccionan el derecho de una minoría a enseñar, aprender y hacer trascender su lengua.

La Jornada dio en el centro mismo de la diana con su nota principal del domingo pasado, al señalar la cereza en ese pastel con mucha crema y no pocos abalorios que presentó EPN el pasado sábado en Palacio Nacional. No es casual que otros diarios hayan compartido lo que era menester destacar. Nuestro periódico lo hizo de esta manera: “…hace muchos años que el país no se encontraba ante una encrucijada tan decisiva y determinante como la actual. ‘La disyuntiva es muy clara: seguir construyendo para hacer de México una de las potencias mundiales del siglo XXI o ceder a un modelo del pasado que ya ha fracasado’… ‘El futuro es incierto, pero sabemos adónde queremos llegar. El pasado es conocido y por eso sabemos qué queremos o qué debemos evitar’. El porvenir, planteó [EPN], tiene que construirse y protegerse cada día, ‘sobre todo cuando existen riesgos visibles de retroceso’”.

Aunque intervinieron en la vida pública como intelectuales desde terrenos distintos, Eduardo del Río, Rius, José Revueltas y Carlos Monsiváis compartieron en su quehacer dos elementos centrales: la crítica implacable del poder y la transformación de la conciencia.

El quinto Informe de gobierno no ofreció sorpresas, salvo que se agrupó en cinco años y no en uno, como correspondía. Sin duda, importaban las cifras y, ante ello, opté por buscar a los pueblos indígenas; los encontré convertidos en cifras asistencialistas para personas indígenas. Con algunas escuelas al cien en algunas de sus comunidades, becas, tal vez, apoyos para proyectos llamados productivos. Todo ello seguramente ayuda a la sobrevivencia de los beneficiarios, que no son todos. Nada que ver con la sistemática violación de los derechos que los pueblos han logrado con sus luchas, en relación con su autonomía, libre determinación, territorios; vaya, hasta en el derecho a la consulta. Nada que ver con los desplazamientos forzosos motivados por la violencia ni con el impacto de la política extractivista que en nombre del supuesto progreso amenaza a los pueblos indígenas.

En el siglo XVI dio comienzo un nuevo mundo. Durante 300 años. Ninguna región fue más importante para la creación de ese mundo que el Bajío, la fértil cuenca del Altiplano al noroeste de la Ciudad de México. Una frontera disputada y poco poblada cuando en 1530 el mercader otomí Fernando de Tapia fundó Querétaro, y que para el siglo XVIII era una de las regiones de mayor dinamismo del capitalismo mundial, aunque socialmente tan polarizada que en su seno se gestó una insurgencia de masas que asaltó el imperio español y se convirtió en una revolución social que ayudó a crear México, transformar América del Norte y dar un nuevo rumbo al capitalismo mundial.

No hay manera de no verlo: abajo, arriba y en medio de la pirámide social proliferan las adhesiones a la causa que representan Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. El fenómeno trasciende el ámbito tradicional de las izquierdas, las organizaciones populares y los movimientos sociales y se extiende al empresariado e incluso a las filas panistas y priístas. El hartazgo por la impunidad, la corrupción, la inseguridad y la torpeza de las camarillas neoliberales que han copado la Presidencia desde hace tres décadas ha empezado por fin a manifestarse en un proyecto de recambio político viable y real.
El texto del quinto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en el capítulo correspondiente a ciencia, tecnología e innovación, es un documento importante en casi todos sus apartados, en especial en lo que se refiere al gasto del gobierno federal en estas áreas. El propósito original del licenciado Enrique Peña Nieto desde días previos a que tomara posesión de su cargo, era que el presupuesto para ciencia y tecnología alcanzara uno por ciento del producto interno bruto (PIB), como establece la ley. Además, se fijó un plazo, pues esa meta debería alcanzarse al finalizar su administración, es decir, en 2018. Aunque el presupuesto para el próximo año todavía no se ha dado a conocer, hoy nadie piensa seriamente que este compromiso se pueda cumplir, pues, por la ocurrencia de factores externos –si se quiere ver así– más bien se ha tenido que recurrir en los dos años anteriores a ajustes que han significado la reducción en el gasto, que han frenado la tendencia de crecimiento de los recursos para estas áreas, el cual se observó al iniciarse el sexenio. En el texto del quinto Informe de gobierno dado a conocer en estos días hay varias precisiones que son ilustrativas de la evolución que ha experimentado el propósito original. Así, la certeza inicial se ha transformado en aspiración: Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de uno por ciento del PIB.

No hay comentarios.:

Publicar un comentario