Situación previsible, tratándose de un político que apostó la
construcción de su imagen a la publicidad, desde que siendo gobernador
del Estado de México se proyectó en la escena nacional… vieja historia.
Nunca, desde que los recursos destinados a la publicidad son
transparentes, se ha gastado tanto como este sexenio. Ayer, Fundar, una
organización ciudadana que lleva varios años analizando –entre otros
indicadores– los datos de la herramienta ComSoc, administrada por la
secretaría de la Función Pública, que publica los montos destinados a
publicidad, emitió su informe actualizado a junio de este año.
El balance es que, en cuatro años y medio, el gobierno gastó 37 mil
735 millones de pesos en promoción y 2016 fue el año récord, con un
gasto de 10 mil 698 millones. Eso, suponiendo que lo informado
corresponde a la realidad y sin considerar el gasto en promoción en
Internet que siguen opacos. Además, no incluye el gasto fuerte de 2017,
que inicia a finales de agosto y por el que, sólo la producción para
promover a Peña Nieto por el quinto informe, costó 60 millones como
publicó
Proceso en su edición actualmente en circulación.
Fundar, por su metodología constreñida a datos duros, no relaciona el
gasto con la baja aprobación de Peña Nieto, que es producto de
encuestas cuyos datos son volátiles. Las mediciones publicadas en días
pasados para evaluar cómo llegó al quinto informe, reflejan que sigue
debajo del 30% de aprobación. Lo que sí destaca Fundar es que no existe
forma de medir la efectividad del gasto publicitario.
Paradójicamente, el año en que más gastó en publicidad fue también en
el que Peña Nieto aseguró que no gobierna para ser popular.
Que se haya gastado tanto en la promoción del gobierno peñanietista y
que éste siga con baja aprobación es indicativo de que, sin ese gasto,
la aprobación sería prácticamente nula. Lo otro es que el gasto en
publicidad no se relaciona con la popularidad sino con el histórico
control sobre el ejercicio periodístico.
Los ejemplos de esto último son abundantes pero tres casos recientes
ilustran: el posicionado como #gobiernoespía, documentado por R3D y
otras organizaciones, con análisis del Citizen Lab de la Universidad de
Toronto; el caso Odebrecht y la presunta implicación del exdirector de
Pemex, Emilio Lozoya, revelado en
Proceso
y Aristegui Noticias por Quinto Elemento Lab y, la investigación
periodística #laestafamaestra, que desde el pasado lunes publicó Animal
Político y Mexicanos contra la Corrupción, respecto a empresas fantasma
recipiendarias de recursos por siete mil 670 millones.
La dimensión periodística de esos asuntos –entre muchos otros– es
enorme, frente al vacío que la mayoría de los medios de comunicación
hacen al respecto y que no puede leerse sólo como celo editorial o
mezquindad. Imposible disociar el silencio del gasto publicitario.
Presionado por el movimiento #yosoy132, Peña Nieto hizo tres
compromisos: un nuevo sistema de transparencia, un gran mecanismo
anticorrupción y regulación de publicidad oficial.
El primero se cumplió, pero la opacidad se impuso por la vía de las
reformas estructurales; el segundo, no logra concretarse y –sólo en
parte– provocó la crisis legislativa de estos días y, el tercero, no se
menciona ni por los partidos políticos, que en sus respectivas parcelas
de poder replican el manejo publicitario, cómplices que son, en la
perpetuación de una de las muchas precariedades de la democracia en
México como lo es el limitado ejercicio de la libertad de expresión.
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