La polémica distribución de la Cartilla moral

Bernardo Barranco

Esta semana, según Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas AC (Confraternice), se inició la distribución de 10 mil ejemplares de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, impresa por el gobierno federal para promover una transformación espiritual de la sociedad mexicana en los 7 mil templos afiliados. Dicha iniciativa ha generado los más diversos reproches entre los partidos de oposición que perciben amenazados los principios laicos del Estado mexicano. Incluso iglesias importantes se han deslindado de la iniciativa. Sin duda, Andrés Manuel López Obrador ha sido el Presidente que más se ha atrevido a hacer un uso político de las iglesias y de la religión al incluir a un sector pequeño de cristianos evangélicos como difusores de planteamientos sociales y morales del gobierno de la 4T.

Ante los cuestionamientos, en entrevista mañanera del 26 de junio, AMLO aclaró: No hay violación al Estado laico. Al preguntársele por esta estrategia, de manera tajante formuló su noción de la laicidad: Es muy importante definir qué es el Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión. En otros momentos ha reivindicado la laicidad como el ejercicio de la libertad religiosa. Libertad de creer o de no creer. Sin embargo, ha omitido la noción básica de la laicidad, formulada por Juárez, sobre la separación histórica entre el Estado y las iglesias. Este es el fundamento de toda laicidad. Está asentada claramente en el artículo 130 constitucional. Resulta paradójico dicho silencio, pues proviene de un declarado juarista. La omisión parece caprichosa, ya que dicha separación de corte liberal ha constituido la fundación del actual Estado moderno mexicano.

Regresando al pastor Farela, amigo personal del Presidente, señala que este es primer lote de ejemplares de la Cartilla moral que serán distribuidos no sólo en templos de todo el país, sino que se comprometió distribuirla en escuelas, universidades, hospitales y penales. Sin restricciones serán algunas de las atribuciones que tendrán los grupos evangélicos para promover la distribución de la cartilla. Farela también manifestó su interés proselitista al declarar: “Lo que se busca es que dentro del mensaje que ellos llevan de predicar la palabra de Dios a través de la Biblia, también ofrezcan la Cartilla moral para promover los valores morales y sociales”.

Los medios han magnificado la nota como si todos los evangélicos siguieran a Farela. Nada más alejado de la realidad, pues cada Iglesia tiene su forma propia de gobierno. La Iglesia Luz del Mundo anunció que no participará en la colocación de la cartilla, mientras explícitamente la Iglesia católica ve con desconfianza la iniciativa y se desmarca. Alfonso Miranda, secretario de la CEM, expresó que sus intereses son otros: jóvenes, clero, migrantes y protección de menores.

Ningún Presidente en los últimos sexenios había logrado convertir la fe en un activo político, como AMLO. Hemos advertido en otras entregas que el Presidente busca aprovechar la reserva ético-religiosa de las iglesias para reconstruir el tejido social. En ese sentido, la subsecretaria de Gobernación en la materia, Diana Álvarez Maury, corroboró dicha estrategia: este gobierno busca un nuevo enfoque y un replanteamiento de las relaciones con las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas. Debemos proponer y coordinar estrategias de colaboración con todos los grupos para dar seguimiento a mecanismos de consenso y acuerdos que ayuden a la cohesión social, a la prevención social del delito y la reconstrucción del tejido social para una cultura de paz. Si bien la laicidad del Estado no es coto cerrado ni inamovible, conviene que la 4T fundamente su concepción de Estado laico y su comprensión bien fundada de la laicidad. Por ahora, resaltan los hechos, se perciben actos deconstructivos y de regresión. La 4T debe fundamentar su política de Estado más que sus estrategias de gobierno.

La laicidad ha sido un fundamento que ha aportado estabilidad social y la paz entre las percepciones e identidades más diversas en el país. Consagrado en el artículo 40 de la Constitución, define a México como una República laica. Es fruto de un largo y sinuoso proceso histórico. La separación de las iglesias y el Estado ha costado dolor y sangre a la nación. Sin embargo, nada es inamovible. El Estado laico actual, no es ni anticlerical ni antirreligioso. Implica que las autoridades estatales y locales, sean municipalidades o de usos y costumbres, deben permanecer ajenas a preferencias religiosas. Mucho menos intervenir en los asuntos de la iglesias. Las autoridades públicas tienen la obligación de garantizar la libertad de culto. La libertad de creer y de no creer. Por ello el Estado afirma, en el artículo 24 constitucional, la libertad de conciencia y de convicciones éticas para que ninguna noción se coloque por encima de la otra. Si bien las iglesias han pugnado por la libre manifestación de sus creencias en el espacio público, incluso incidir en la política pública, las convicciones religiosas deben desenvolverse preferentemente en el ámbito de lo privado. Máxime si son funcionarios. Por tanto, la equidad debe ser garantizada por el Estado para que cada individuo, cada ciudadano, pueda ejercer libremente su religión y practicar sus creencias en la Iglesia que elija. Así como no ejercer ninguna convicción religiosa.

En suma, la laicidad que hemos construido a partir de los principios juaristas se basa en tres principios: libertad de conciencia y libertad de culto; separación de las instituciones públicas y las religiosas, y la igualdad de todos ante la ley, independientemente de sus creencias o convicciones.