Las risitas de Lorenzo y Edmundo

 

 Fabrizio Mejía Madrid

“La imagen que quedó de esa sesión del INE fue la de un presidente saliente, Lorenzo, con una sonrisa retadora, la extensa barbilla apuntando al vacío, mientras hablaba la representante del poder legislativo, Julieta Andrea Ramírez Padilla, y a la par que Edmundo se reía a carcajadas”.

sinembargo.mx

Edmundo Jacobo Molina ha estado en el órgano electoral mexicano desde hace 30 años, la mitad de ellos, a cargo del presupuesto millonario del IFE y el INE; ha concentrado la decisión de quién trabaja o no en las juntas distritales, quién ingresa o no al llamado Servicio Profesional. El Plan B de la reforma electoral acordado por el Congreso de la Unión, le quitó el cargo a Edmundo. La legisladora del Partido del Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, lloró por él. Edmundo se paseó por los medios de comunicación corporativos repitiendo un mismo argumento: que removerlo a él destruía la democracia, que destituirlo dejaba inservible a todo el sistema electoral mexicano, y que su despido era —oiga usted— “la ruptura del orden constitucional”. Así, el puesto de un señor ponía en riesgo a toda una institución electoral, decía Edmundo. ¿Dónde quedaba, entonces, el hecho de que una institución no es un solo hombre? ¿En qué universo paralelo, si corren a un empleado, se acaba la Constitución?

Una jueza así lo creyó y mandó restituirlo en su cargo. La jueza administrativa, Blanca Lobo, decidió que Edmundo del INE se quedara en su puesto, a pesar de haber estado ahí, de manera truculenta, en los pasados 15 años. Blanca Lobo es la jueza que ha defendido a personas por encima del interés general. Célebremente ella fue le prohibió a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, decir el nombre y poner la foto de “Alito” Moreno, el impresentable líder del PRI, en las transmisiones del Martes del Jauguar. Es la misma jueza, Blanca Lobo Domínguez, la que, en el 2011, prohibió que se exhibiera el documental “Presunto Culpable”, que denunciaba las injusticias de minsiterios públicos y jueces contra un joven al que se le fabricaron pruebas para acusarlo de homicidio. Ahora, Blanca Lobo protegió a Edmundo. Y, para celebrarlo, Lorenzo convocó a una reunión urgente del Consejo General del INE el 13 de marzo pasado. De eso trata esta columna, de lo que se dijo y de qué se reían los consejeros electorales.

La imagen que quedó de esa sesión del INE fue la de un presidente saliente, Lorenzo, con una sonrisa retadora, la extensa barbilla apuntando al vacío, mientras hablaba la representante del poder legislativo, Julieta Andrea Ramírez Padilla, y a la par que Edmundo se reía a carcajadas. La restitución en el cargo de Edmundo era “el haiga sido como haiga sido” de un órgano electoral que se ha opuesto a todo en lo que va del sexenio de López Obrador: a bajarse los salarios, a decir cuánto dinero tienen guardado en dos fideicomisos, a poner no todas las casillas en las consultas del juicio a los ex presidentes y a la revocación de mandaro, y últimamente se ha negado a precisar de cuánto será la remuneración que les pagaremos a los cuatro consejeros que ya se van —las cifras van de 1.5 a 9.5 millones de pesos, y ya se organizan loterías en todo el país para premiar a quien le atine. Esta sesión era ese “haiga sido”, es decir, demostrar fortaleza de unos funcionarios que gastan mucho, no se quieren ir, no nos dicen cómo usan los recursos públicos, y además, con toda vulgaridad, se ríen de lo que dice una representante de la mayoría en el Congreso por la que votamos, porque Julieta Ramírez no es diputada plurinominal, es de mayoría por Baja California.

Edmundo y Lorenzo se ríen en medio de escándalos de corrupción con el dinero público del orden de 542 millones en fideicomisos, de las reuniones secretas, jamás aclaradas, en casa del propio Edmundo con Alito, Marko, Chucho, y Claudio, de haber logrado llenar el Zócalo con gente que creía que les iban a confiscar su credecial de elector o que prefieren que los corruptos se gasten 95 millones en lavandería, 54 millones en actividades deportivas o 143 mil en comidas a que se los provean, por ejemplo, esos mismos recursos a los programas sociales para adultos mayores, becas a estudiantes o a la siembra de árboles. Se ríen, también, de que 9 burócratas de administración y comunicación del INE renunciaron hace unos días sin que se hayan rendido cuentas de sus gestiones a nadie. Haiga sido como haiga sido.

La sesión abrió con Lorenzo asegurando: “Los cambios legales, antidemocráticos e inconstitucionales, del así llamado Plan B ha sufrido su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán”. Así, Lorenzo, en vez de ser árbitro, encarna el freno de todo eso que “no se toca”, y sin empacho se manifiesta contra la mayoría electa en el Congreso de la Unión. Para ir contra una decisión del Congreso, Lorenzo está obligado a invocar una autoridad superior a la mayoría electa y, entonces, apela al “Estado de Derecho”, que para él significa que los diputados y senadores no pueden votar una ley. Así lo dijo: “Y es que, en efecto, hay un punto que me parece no es ocioso resaltar, los litigios relacionados con el artículo Décimo Séptimo Transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con la persona que ahora se dirige a ustedes, y su permanencia o no en un cargo público dentro de la función estatal de organizar de las elecciones; tiene que ver, en realidad, con la concepción del Estado mexicano como un Estado de Derecho, en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del estado previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento, en tanto ejes motores para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos”. Sin miedo a la exageración, da el salto cuántico, del despido de un funcionario al respeto a los derechos humanos. De Estado de Derecho a la idea de que ese mismo Estado es, como dice, “una amenaza” para los individuos. Está muy cerca, en esa concepción, del ultraderechismo de los libertarios de Donald Trump.

El propio Edmundo, en su intervención, antes de carcajearse en la cara de la mayoría legislativa, se dio cuenta del tremendo contrasentido de estar defendiendo su propio puesto como si con ello defendiera la democracia y el carácter institucional del órgano electoral que, por definición, no dependería de las personas. Entonces, Edmundo dijo: “México es un país de instituciones en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso”. Entonces, se preguntará usted, ¿por qué dijo que su despido inhabilitaba la organización de las elecciones? ¿O acaso no dijo que su remoción del cargo iba a impedir que los votos se contaran? Luego, Edmundo se fue contra la idea de sortear en la Cámara de Diputados a los nuevos consejeros. La idea es para evitar que sean, como los que ahora están, un resultado turbio de una negociación por cuotas de los partidos. Aseguró el prócer de la eternidad laboral: “Solo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos”.

Pero todavía no veíamos nada. Siguieron las palabras de Acción Nacional, cuyo representante, Víctor Hugo Sondón celebró con Edmundo: “El punto que nos ocupa tiene particular relevancia, pues implica un revés a un régimen autoritario que pretende alterar las reglas del juego democrático. Es claro que el actual gobierno instalado en su fase subversiva, busca dinamitar al INE para así convertir la elección federal del 2024, en una trifulca postelectoral, quizá del tamaño de la crisis de 1988, o peor aún, dotada de violencia y represión militar”. Wow. Aquí necesitamos tomar un respiro: al licenciado Sondón le parece subversiva una legislación electoral aprobada por mayoría en el Congreso. Sin miedo a converirse en el Profeta de los Últimos Días, Sondón ya augura un 2024 de represión militar, cuando estaba, apenas unos minutos antes, celebrando que exista un poder Judicial que otorga amparos. Pero Sondón continuó pasándose a la segunda temporada de su propio dislate. Aseguró: “Al parecer los diputados se sintieron en un régimen como el venezolano o el nicaragüense, ambos violatorios de las libertades políticas, los cuales, por cierto, son modelos admirados por el actual Presidente de la República”. Además de saber cómo se sintieron los diputados de la mayoría en el Congreso y saber a quién admira el Presidente de la República , equiparó Sondón las “libertades políticas” con el despido de Edmundo. Así, si usted lo despiden de su trabajo, al parecer, podría alegar, según Sondón, que con ello se le están suspendiendo su derecho a la libre manifestación de su profesión.

Marco Humberto Aguilar, también de Acción Nacional, dijo sin corregir ninguna de su dislexias: “Empieza a ser visible que el Plan B, es arbitrar imposición de la mayoría indolente, irresponsable e ignorante en el Congreso de la Unión, está plagada de inconstitucionalidades”. De nuevo, insulta a la mayoría más votada en el Congreso y le dice “ignorante”. Sigue el panista: “Así la juzgadora deja en claro que las mayorías parlamentarias no pueden lesionar los derechos de las personas por la simple suma de sus votos. Esa mayoría indolente que yo he denunciado cada vez que se vota una ley en el Congreso, aunque los usen para complacer los caprichos del Presidente”. El panista se confundió al final entre la “rendición de cuentas”, que es explicar y justificar al público los actos de un funcionario, con división de poderes que es el Ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin miedo al engrudo verbal dijo: “Y demuestran también, que el sistema de rendición de poderes en México funciona para contener las arbitrariedades derivadas de esa borrachera del poder”. Él, que tachó de “ignorantes” a los legisladores, cree que el poder tiene que rendirse.

Gerardo Triana, del PRI, sin miedo a la adoración de los dioses, alabó: “Aquí se llegó a decir que Edmundo Jacobo no es la democracia en México. En desagravio a dicha expresión, el PRI manifiesta que Edmundo Jacobo es un aliado, no solo de quienes estamos en esta mesa, es un aliado no sólo de quienes integran el Instituto Nacional Electoral, a lo largo y ancho del país, usted es un aliado de México y de su democracia”.

Pero, ante las lisonjas del PRI, siempre hay un perredista que la supera. Ángel Clemente Ávila, del PRD, dijo sin miedo a la desproporción: “Sin lugar a dudas, estamos el día de hoy, ante un hecho histórico en la vida política de nuestro país, hoy una resolución judicial le restituye sus derechos al Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo. Sin lugar a dudas, hoy los cientos de miles de personas que marcharon en noviembre pasado y marcharon hace unos días en la Ciudad de México y en más de 75 países, hoy están contentos: el INE no se toca”. El perredista se desorbitó cuando infló un tanto el día histórico y los 75 países, pero aún faltaba lo peor. Su inconsciente lo traicionó cuando aseguró que el INE cuidaba los fraudes electorales. Así lo dijo: “Hoy, lo recuerdo, que el PRD ha luchado por eso, porque tengamos un Instituto Nacional Autónomo, independiente, que cuente los votos y que cuide el fraude electoral”.

La legisladora por mayoría de Baja California, Julieta Andrea Ramírez Padilla, fue la que detonó las risitas de Lorenzo y Edmundo. Y fue porque precisó simplemente la verdad. Dijo: “Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE, desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que sólo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, a una y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Ah, pero cómo iban a soltar el botín de más de 17 mil millones de pesos al año, pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor Presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a nueve años, y al día de hoy usted ya lleva 11. Para tener calidad moral de tachar al Plan B de inconstitucional debieron de haberse amparado en la reforma del Pacto por México de Peña Nieto en el 2014, ésa que aprovecharon para ampliar sus periodos”.

Aquí hubo un intermedio con Ivonne Ortega del Partido del Movimiento Ciudadano que defendió los altos salarios de los consejeros, asesores, y funcionarios de las juntas, al preguntarse desorbitada: “¿Cuánto cuesta rentar el Palacio Nacional”. Después de este interludio de la inteligencia, salió al quite, siempre tan contenido y prudente, el consejero saliente, Ciro Murayama, que acabó insultando a los periodistas, cuando trató de demostrar que sí había una sentencia de la jueza Lobo, aunque los consejeros no tuvieran las copias en sus manos. Dijo: “La sentencia es pública, métase al SICE del Poder Judicial, expediente 439 y ahí lo va a ver, hasta los periodistas lo han encontrado”. Luego, simplemente dio cátedra de aritmética, cuando argumentó que, si el INE sólo tiene 9 años, cómo es posible que Edmundo lleve en su cargo 15 años o 30. Nos dejó pensativos, reflexionando sobre el gran misterio de los números.

Ya casi para terminar la sesión de metafísica, el consejero Uuk-kib Espadas simplemente se declaró anti-demócrata, cuando dijo sin miedo al autoritarismo: “No cualquier disposición de las Cámaras es un acto de soberanía”. Y ahí es a donde querían llegar los consejeros en su celebración: confundir más a la ciudadanía entre autonomía y soberanía. El INE es autónomo, pero no es soberano, como los estados de la república cuyos legisladores hacen leyes. No, el INE es sólo autónomo, es decir, puede tomar decisiones pero acotadas por el verdadero asiento de la soberanía popular que son sus representantes electos. Pero esa confusión de quienes son doctores en derecho, como son los consejeros del INE, les ha servido a últimas fechas para, por ejemplo, decidir sobre su propio presupuesto, por encima de los diputados electos de la mayoría; cabildear para que las leyes no sean aprobadas; promover manifestaciones; y hasta regañar a los ciudadanos con El Chipotle autoritario. Son los que han promovido la confusión entre una ley electoral que es básicamente presupuestaria, es decir, para que los partidos y los órganos electorales no sean los más caros del mundo, con la destrucción del voto libre. Son los mismos que promovieron la mentira de que algunos aspirantes al Consejo del INE habían obtenido los resultados de la prueba de conocimientos electorales, cuando sabemos ese proceso lo lleva a cabo un comité del INAI, la CNDH, y la Jucopo de la Cámara de Diputados, y cuando el perfil de los nuevos consejeros no se determina por un examen sino por toda una batería de entrevistas, ponderación de biografías, y logros profesionales. Pero hay mucha gente que se enreda en esas confusiones. Y de ellas, sin duda, también se ríen Lorenzo y Edmundo.

Fabrizio Mejía Madrid

Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.