Ciudad de México. A 25 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres ( Belém Do Pará), investigadoras en género declararon que ésta ha impulsado progresos relevantes en toda la región, sin embargo es necesario que sea revisada con el fin de añadir las nuevas violencias que se han desarrollado en este tiempo, como las agresiones de mujeres en el ámbito político o en el internet, y se continúe trabajando por garantizar sus Derechos Humanos.
Las investigadoras presentaron estos hallazgos en el libro “Vigencia de la Convención Belém Do Pará a 25 años. Avances y desafíos en su implementación” que tiene como propósito contribuir con la discusión y el mejoramiento de las políticas públicas contra la violencia de género a la luz de las nuevas exigencias de las mujeres.
En conferencia virtual, las investigadoras explicaron que esta Convención es resultado de la lucha feminista, en la que se reconoció que los derechos de las mujeres son Derechos Humanos y se evidenció que la violencia contra ellas está basada en las relaciones históricamente desiguales de poder entre sexos, cuestiones que los gobiernos no trataron debido a que las consideraban imposibles de nombrar.
Así lo contrastó la investigadora y coordinadora del libro, Margarita Guillé Tamayo, quien dijo que gracias a la Convención México pudo desarrollar 13 años después una Ley que describiera que los diversos tipos de violencia afectan a las mujeres dependiendo su edad, su situación económica y el lugar donde habitan.
Ella junto a las otras investigadoras recalcaron que algunos avances luego de 25 años de la Convención son: el desarrollo de los temas de trata de personas, violencia familiar, los asesinatos violentos de mujeres, poner en evidencia las obligaciones de los Estados, entre otros, pero sobre todo la armonización legislativa que se ha concentrado en aprobar normas para la protección de las mujeres víctimas de violencia.
Sin embargo, en la práctica estas normas promueven la protección del bien jurídico de la “familia”, sugieren la conciliación entre el agresor y la víctima, y las autoridades no cumplen con su obligación de sensibilizarse en perspectiva de género.
En ese sentido, dijeron, uno de los grandes desafíos es eliminar los estereotipos de género, ya que estos impactan en que las mujeres y niñas no puedan acceder a la justicia y conlleva a que sus necesidades sean consideradas como secundarias. Esto se refleja en que los presupuestos estatales para este rubro son insuficientes y no existen mecanismos de supervisión.
De acuerdo con el libro, ninguno de los Estados que firmaron esta Convención invierte ni uno por ciento para erradicar las agresiones contra las mujeres. Ante esta realidad, explicaron, aún existe una limitada comprensión sobre el concepto de violencia, pues no se reconoce que ésta no sólo ocurre en el ámbito familiar, sino también en otros como la salud, la educación, trabajo o frente a las agresiones que ejercen agentes del Estado.
De esta manera, añadieron, la mirada a futuro se fija en vigilar que en efecto los avances legislativos sancionen las acciones del agresor, de sus cómplices y de quienes obstaculizan el acceso de justicia para estos casos, anular las normas que regulan conductas discriminatorias contra las mujeres y adherir las nuevas violencias que se han identificado a la hora de poner en práctica ciertos mecanismos.
Datos del libro revelan que los marcos jurídicos no son suficientes, por lo que describe otros desafíos en los que debe trabajar el gobierno como: garantizar la recopilación de estadísticas desagregadas que nombren todos los tipos de violencia, que las penas sean proporcionales al daño físico y emocional de las víctimas, y hacer más accesibles los servicios para las mujeres indígenas, refugiadas, migrantes o con alguna discapacidad.
También, enfatiza el documento, es importante un plan para reformar la autonomía económica de las mujeres, cambiar las narrativas usadas en la publicidad, medios de comunicación y redes sociales que limitan el papel de las mujeres a un objeto y además, generar contenido que alerte que el grooming y el sexting sirven para enganchar a las mujeres y niñas para la trata de personas y la prostitución forzada.
Las investigadoras concluyeron que la Convención es vigente, pero es tarea urgente que estas nuevas realidades se sumen porque ponen en riesgo los avances en los derechos ya ganados. “Las mujeres no estamos moviendo de lugar y las violencias también”, añadió Margarita Guillé.
Por su parte, la directora de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Dominguez, Martha Patricia Patiño Fierro, invitó a que se sigan produciendo otros materiales que produzcan y compartan conocimiento “sobre la agenda que les preocupa a las organizaciones de mujeres para hacer llegar a las y los legisladores insumos que les sirvan”, finalizó.
