Las protestas de mujeres en la Ciudad de México han marcado
la pauta del debate público en este inicio de 2020. Lo que piden es
simple: vivir sin miedo. Que el Estado mexicano cumpla su
responsabilidad de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre
de violencia. ¿A quién o a quiénes les toca hacerlo?
Texto: Daniela Pastrana
Fotos: María Ruiz y Galo Cañas/Cuartoscuro
Las mujeres que protestaron el viernes frente pasado al
Palacio Nacional por la muerte de Ingrid Escamilla presentaron un pliego
petitorio –de 14 puntos– que contrasta con el decálogo presidencial que ese
mismo día dio Andrés Manuel López Obrador.
“El Estado mexicano es un Estado feminicida y omiso ante todas y cada
una de las exigencias que tenemos”, concluyeron las manifestantes.
Por su parte, el presidente aseguró que no tiene ningún problema de conciencia, porque todos los
días está atendiendo el problema de los feminicidios.
Lo cierto es que no todas las peticiones –ni siquiera la mayoría- son
competencia del ejecutivo federal. ¿Quiénes integran el Estado
feminicida al que reclaman? Aquí, un recuento de varios de los aludidos:
Revisión de todas las carpetas integradas por muerte
dolosa, homicidio y homicidio calificado de mujeres con base en el
protocolo de atención a víctimas de feminicidio y que todas sean
reclasificadas
Esta, en realidad,
es una exigencia para los ministerios públicos, que son los que categorizan los
delitos e integran las carpetas de investigación, y a los jueces, que son
quienes tienen facultades para reclasificar los delitos responder los jueces.
El poder Judicial es independiente del Ejecutivo y durante años, la sociedad
civil pugnó por la autonomía de las fiscalías, precisamente para que dejaran de
ser procuradurías dependientes del presidente (y de los gobernadores en los
estados). Ciudad
de México. 12 de agosto de 2019. Mujeres se manifestaron frente a la
Secretaría de Seguridad Pública. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.Pero la demanda llega en medio de una tormenta. Días antes del
asesinato de Ingrid Escamilla, el Fiscal General de la República,
Alejandro Gertz Manero se reunió con legisladoras en la Cámara de
Diputados para discutir una propuesta de reforma judicial que incluiría
la creación de un Código Penal Único. Entre los planteamientos esta la
intención de redefinir el tipo penal de feminicidio como agravante del
homicidio. La difusión de la propuesta, que no ha sido planteada de
manera oficial, provocó revuelo.
Gertz Manero aclaró que no pretende desaparecer el tipo sino
clarificarlo, porque el feminicidio ha tenido un aumento de 137 por
ciento en los últimos cinco años y, tras hacer un análisis, detectaron
que “en la tipicidad de ese delito había una serie de obstáculos que
consideramos que debían de superarse”.
Desde su perspectiva, el feminicidio, como está ahora, “no está lo
suficientemente claro. Con un tipo penal sumamente complicado no
ayudamos a las víctimas, tiene que ser tan claro y preciso que cuando
llegamos con los jueces no se nos vengan abajo los asuntos”.
¿Qué es lo que dice actualmente el Código Penal Federal?
Artículo 325: “Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida
a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: I. La
víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; II. A la
víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o
degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de
necrofilia; III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en
contra de la víctima; IV. Haya existido entre el activo y la víctima
una relación sentimental, afectiva o de confianza; V. Existan datos que
establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso,
acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; VI. La
víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida; VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o
exhibido en un lugar público”.
2) Disculpa pública, en las primeras planas, de cada uno
de los medios, impresos o digitales que publicaron las fotografías de
Ingrid Escamilla
Este reclamo es para los medios de comunicación, que no tuvieron
respuestas positivas frente al reclamo de la violencia de género ni con
el movimiento MeTooMX.
Sin embargo, la dirección del diario La Prensa -uno de los que
publicó las imágenes del crimen de Ingrid- asumió el compromiso de
“hacer una revisión profunda” para modificar su lenguaje y métodos de
cobertura. En un mensaje a la opinión pública y a las mujeres ofendidas,
en su primera plana del viernes 14, el rotativo expuso: “Entendemos hoy
que no ha sido suficiente y hemos entrado a un proceso de revisión más
profunda. En eso estamos”.
La Organización Editorial Mexicana (OEM), Grupo al que pertenece La
Prensa, es uno de los 100 medios y plataformas digitales que en
noviembre pasado firmaron con la Unesco el Pacto por la Eliminación de la VIolencia contra las mujeres y las Niñas.
Ese mismo viernes 14, las mujeres llegaron a las puertas de la prensa
y quemaron un vehículo; la policía las roció con un gas verde.
Finalmente, con la mediación de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, una comisión de cuatro personas fue atendida por los
representantes del medio.
3) Que se hagan cargo de la naturalización de la
violencia y toda la violencia que ejercieron contra Ingrid y contra
todas y cada una de las familias que hoy están buscando justicia para
sus asesinadas.
En este caso, la respuesta corresponde también a los
directivos de los medios que cada día definen la agenda informativa. Pero no
hay respuesta.
En
2011, 715 medios mexicanos firmaron el Acuerdo
para la Cobertura Informativa de la Violencia. Entre otras cosas, el
acuerdo buscaba proponer criterios editoriales comunes y definir criterios “para la protección de la
identidad de las víctimas de la violencia”
“Los medios tenemos la responsabilidad de actuar con
profesionalismo y de preguntarnos sobre las implicaciones potenciales que tiene
el manejo de la información”, dice el Acuerdo firmado en el Museo de
Antropología.
Pero el acuerdo fue un intento fallido de autorregulación, concluye en un estudio
el investigador Carlos Lozano Rendón, debido a la incapacidad de
identificar a los medios que violaban el acuerdo y de aplicar sanciones o
canalizar quejas y denuncias de incumplimiento.
4) Que Andrés Manuel López Obrador dé una disculpa pública con perspectiva de género, victimológica y de derechos humanos.
“Que (el presidente) no nos meta en el mismo cajón que a todos los
hombres porque la violencia que vivimos las mujeres, y eso es algo que
le tenemos que decir al señor, es diferente. No sabe por qué se creó el
Conavim”, dijeron al leer su pliego petitorio.
Se refieren a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, una institución que se creó por decreto,
en junio de 2009, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, y que sustituyó a otra comisión que sólo tenía competencia
en Ciudad Juárez.
Entre sus funciones están emitir alertas de género, elaborar
programas y formular las bases para la coordinación de autoridades,
diseñar “política integral con perspectiva de género para promover la
cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres”
Pero aunque tiene poco tiempo de vida, es un elefante que se mueve
lento. En octubre de 2019, más de 350 organizaciones de la sociedad
civil y defensoras de derechos humanos pidieron a la titular de
Gobernación y al presidente Andrés Manuel López Obrador que destituyeran
de su cargo a María Candelaria Ochoa Ávalos, a quien acusaron de
obstaculizar desde su puesto la garantía de los derechos de las mujeres
en el país.
5) Sanción a los medios de comunicación que filtraron
imágenes de Ingrid Escamilla violentando el protocolo de actuación que
establece la Ley de Atención a Víctimas.
En la víspera de una jornada de protestas por el
feminicidio de Ingrid Escamilla, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció “una
valoración exhaustiva respecto a responsabilidades y consecuencias jurídicas” de los medios que publicaron las imágenes del
crimen En un comunicado, sin precisar medios ni fechas,
las dependencia se comprometió a que el atentado contra la dignidad de la joven
no quedará impune.
“La libertad de expresión y de acceso a la información tiene
límites, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las
víctimas, especialmente de violencia de género”, agregó Segob. “El caso
de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe
ocurrir”.
La dependencia exhortó a las autoridades federales, estatales y
municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo la
seguridad pública y la procuración de justicia, “para que tomen las
medidas de protección a la cadena de custodia que ordena el Código
Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que nunca más se vuelvan a
filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos,
especialmente en los casos de feminicidio, y que se apliquen las debidas
sanciones a los servidores públicos que resulten responsables”.
Esta es la segunda vez durante el 2020 que la Secretaría que dirige Olga Sánchez Cordero emite un comunicado de este tipo. La primera fue
en enero, cuando pidió a medios y autoridades la protección de los
datos personales de los niños involucrados en el tiroteo en un colegio
de Torreón.
Hasta ahora, sin embargo, no ha habido sanciones para los medios que no cumplieron el exhorto.
6) Derogación del artículo 97, 98 y 99 y su
modificación de la legislación de la UNAM para dar condiciones a las
compañeras universitarias que están denunciando violencia sistémica,
institucional, física y personal que están viviendo en los espacios
universitarios
El miércoles 12, el Consejo Universitario modificó los
artículos 95 y 96 de la legislación universitaria. Con esta reforma se incluye
“la violencia de género como causa grave de responsabilidad aplicable a todos
los miembros de la Universidad”.
La reforma, que la máxima casa de estudios anunció como histórica, se
dio a casi cuatro meses de paros y protestas intermitentes y fijas, de
al menos 16 escuelas, facultades y preparatorias contra el acoso y
violencia sexual. También consideró que exista paridad de género en la
integración del Tribunal Universitario.
Para las paristas, sin embargo, las reformas son respuestas a medias que no resuelven la violencia estructural que hay dentro de la UNAM. Primero, porque no se ha modificado el artículo que hablaba de las sanciones y además, porque legislación no es retroactiva.
7) Atención integral, con perspectiva de género, a la
violencia de género que se está viviendo en la UNAM, en la UAM, en CCH,
UAEM, Bachilleres, Cetis, Cebetis, Chapingo y todas las demás
universidades y preparatorias, secundarias y primarias, contra niñas,
mujeres y adolescentes
Esta es, quizá la exigencia más amplia, porque implica no sólo a las
autoridades universitarias, de distintas instituciones públicas, sino a
todo el sistema educativo nacional. Facultad de Filosofía y Letras en paro / Foto: María Ruiz
8. Atención y revisión de las Fiscalías Especializadas
para la atención integral de violencia y víctimas de violencias graves y
feminicidios, que sean funcionales, que se dediquen a la integración
adecuada de los análisis de contexto caso por caso
Este reclamo corresponde a fiscalías estatales y federal. En el caso
específico de Ingrid, la responsabilidad es de la fiscalía de la ciudad
de México.
La subprocuradora de Atención a Víctimas, Nelly Montealegre, anunció
que hay seis agentes investigados por las filtraciones. Son los primeros
que actuaron en el lugar de los hechos y están adscritos a la
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía, en el área de servicios
periciales.
9. Acciones integrales para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia feminicida y todo tipo de violencia contra las
mujeres, como lo establece la Ley de acceso a una vida libre de
violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia simbólica y la
institucional que estamos viviendo.
Todo esto está establecido en la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
que fue publicada en febrero de 2007 y tiene por objetivo establecer la
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los
municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres.
La ley define el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia feminicida, a partir de la cual se tipifica el feminicidio.
La legislación ha recibido
modificaciones para mejorarse. Pero 13 años después de publicada, no parece
haber resuelto mucho el problema.
10. La no criminalización de la protesta.
“Lo que hacemos no es venir a vandalizar, es exigir vida digna para
cada una de nosotras, nuestras hijas, nuestras madres, amigas y
vecinas”.
Esta exigencia tendría que dirigirse a los medios de comunicación y políticos.
11. Funcionalidad de la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas.
Este es un reclamo para la Secretaría de Gobernación y a la Comisión
de Búsquedas: “Que se enteren que los análisis de contexto de la
desaparición forzada de una mujer y un hombre son diferentes, y así se
deben de establecer; que las comunicaciones sean con base en la
perspectiva victimológica”.
12. Derechos plenos para cada una de las mujeres y el
derecho a la vida. Nuestros derechos y nuestra certificación de
ciudadanas de tercera, cuarta o quinta, cambia dependiendo del estado o
municipo donde nos encontremos
En este caso, la competencia de homologar las leyes estatales con la federal es de los gobiernos y legisladores locales. Protesta en Palacio Nacional. /Foto: María Ruiz
13. Análisis de contexto en todos y cada uno de los casos de violencia de género.
“Para que deje de ocurrir tiene que dejar de naturalizarse y verse como un hecho aislado”.
La responsabilidad, de nuevo, recae en las fiscalías y gobiernos locales.
14. Cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en materia de violencias graves y
feminicidas.
Las salidas no son simples. Entre las múltiples recomendaciones de
organismos internacionales en materia de derechos humanos a México en la
última década, más de 200 tratan sobre la violencia contra las mujeres;
de éstas, las recomendaciones referidas a la tipificación del
feminicidio han sido particularmente debatidas a nivel jurídico y
político y se han desarrollado incluso, algunos protocolos.
La tendencia continental de tipificación de esta nueva
figura en Latinoamérica, unida a diversos factores políticos y jurídicos en
México, han llevado a “una generalizada introducción de este nuevo tipo penal
en algunas entidades federativas mexicanas en los últimos años”.
La tipificación del feminicidio en México, como en el
resto del continente, presenta una diversidad de formulaciones en cuanto a su
contenido y extensión que, en algunos casos, “resulta problemática”, concluye
en su ensayo
sobre los límites y dificultades del Estado mexicano para cumplir las
recomendacione de organismos internacionals la investigadora de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Patsiri Toledo Vázquez.
“En efecto, algunos tipos penales más que facilitar el
reconocimiento y sanción de esta forma extrema de violencia contra las mujeres,
dificultan, restringen o incluso impiden la sanción penal de tales crímenes. La
aplicación práctica de esta figura en algunas entidades federativas, asimismo,
muestra que la tipificación apenas constituye una forma de cumplimiento formal
de las recomendaciones y pone de manifiesto las dificultades que supone la
implementación de las mismas”.
El
miércoles 30, las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación y
de Seguridad Pública y de Justicia del Congreso del estado de Sinaloa
dictaminaron dos iniciativas para reformar, adicionar y derogar
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública y Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia.
Las iniciativas habían sido
presentadas por el diputado priísta César Freddy Montoya Sánchez (3 de
junio) y por el gobernador Mario López Valdez (16 de julio), con el fin
de poner en concordancia con el sistema procesal nacional al sistema de
justicia penal acusatorio que empezará a aplicarse el 15 de octubre en
la región centro norte.
Sin embargo, la inclusión del artículo
51 Bis en la Ley Orgánica de la PGJE puso en alerta a los periodistas,
pues establece restricciones al ejercicio periodístico que quebrantan
el derecho al acceso a la información consagrado en los artículos 6 y 7
de la Constitución y reducen a la discreción de un funcionario público
(el Procurador de Justicia) la obligación institucional de rendir
cuentas en asuntos de evidente interés público, como son la seguridad y
la justicia.
El cuestionado artículo establece que:
Los
medios de comunicación tendrán acceso a la información de las
investigaciones a través de los boletines de prensa que emita la unidad
de acceso a la información pública, siempre que se cumplan con los
requisitos marcados por las leyes en materia de transparencia.
En
ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso
a los lugares de los hechos, la toma de audio, video o fotografía a las
personas involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de
información relacionada con la seguridad pública o la procuración de
justicia.
Ningún funcionario de la PGJE podrá dar informes
respecto de algún asunto a los medios de comunicación sin autorización
expresa del Procurador General de Justicia del Estado o de la unidad de
acceso.
La víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico
y el imputado, a través de su defensor, son las únicas personas que
podrán tener acceso a los registros de la investigación inicial,
siempre que no se afecte el desarrollo de la misma.
Es
decir, en lugar de establecer límites a excesos y prácticas
irresponsables de las autoridades judiciales, como las presentaciones
de detenidos ante la prensa, la ley propone límites al trabajo
periodístico.
En lugar de concentrarse en la obligación de las
autoridades para garantizar el debido proceso, proteger la identidad de
las personas y preservar el lugar de los hechos, las reformas se
traducen en una prohibición general para la actividad periodística.
En
lugar de apostar por un aumento de credibilidad y confianza de las
policías, ministerios públicos y servicios periciales, la reforma
parece un intento de blindaje ante el escrutinio público del
funcionamiento y capacidad de investigación estatal.
La presión
que impulsaron los propios periodistas de Sinaloa, que dieron aviso a
organizaciones nacionales e internacionales de libertad de expresión,
provocó una reacción inmediata del gremio contra lo que en las redes
sociales se conoció como #LeyMordaza.
El jueves en la noche, la
oficina del gobierno del Estado emitió un comunicado de 5 cuartillas en
el que señala que “el gobernador del Estado, Mario López Valdez, se
pronunció a favor de que el Poder Legislativo analice, y en su caso,
modifique el contenido del dictamen de reforma (…) ante la
inconformidad y observaciones emitidas por representantes de los medios
de comunicación, particularmente al artículo 51 Bis”.
Al día
siguiente, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del
Congreso anunciaron en conferencia de prensa que el próximo 21 de
agosto se presentará una nueva iniciativa para derogar todo el texto
del 51 Bis.
El coordinador de los diputados del PAN, Francisco Solano Urías, alegó que todos tenemos “el derecho humano a equivocarnos”.
A
lo que los diputados no tienen derecho es a movilizar a un periodo
extraordinario de sesiones del Congreso –que implica el uso de recursos
públicos- para modificar una ley que, antes de ser aprobada por
unanimidad, debió haber sido leída y discutida por los legisladores,
que para eso cobran.
Peor aún, tratándose de una reforma que fue
presentada por el Ejecutivo (y que debe tener un equipo jurídico
calificado, al menos para enterarse de que la propuesta contraviene a
la Constitución del país) y que, además, entraron en vigor de manera
inmediata, pues el mismo día en que se aprobaron, por la tarde,
fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.
Con
trampas así, no podemos ser ingenuos. Como dijo Gabriel Mercado,
presidente de la asociación de periodistas 7 de Junio, al aclarar que,
pese al anuncio de derogación, los periodistas promoverán un amparo
directo que permita marcar un precedente para generar jurisprudencia y
evitar otra tentación regresiva en materia de derechos humanos:
“Tenemos que blindarnos”.
MÉXICO,
8 feb (IPS) - "No vamos a dejar de pelear hasta que haya justicia para
nuestros hijos", asegura Araceli Rodríguez, madre de un joven policía
federal de México, desaparecido con otras siete personas en el
occidental estado de Michoacán el 16 de noviembre de 2009.
Esta
madre forma parte de las decenas de miles de familiares de muertos,
desaparecidos y desplazados internos por la violencia mexicana, y
espera encontrar apoyo para hallar a su hijo, Luis Ángel León
Rodríguez, en la Ley General de Víctimas, que entra en vigor este
sábado 9.
"Si es verdad que está muerto, quiero encontrar sus cenizas.
Si es verdad que lo incineraron, quiero encontrar sus dientes. Y no voy
a descansar hasta que todos los responsables de su muerte estén en la
cárcel y su nombre esté limpio de cualquier sospecha", dijo a IPS.
Rodríguez participa desde hace dos años en el ciudadano
Movimiento Por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta
Javier Sicilia.
Han pasado 20 meses desde que el Movimiento demandó en la
norteña Ciudad Juárez una ley para atender a los deudos dejados por la
violencia en México. La ley es avalada por la oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las
Naciones Unidas y fue promulgada el 9 de enero.
Nace con un gran reto: que se ejecute y brinde resultados, coinciden unos y otros.
"Es una ley que no debió existir, porque es la consecuencia de
la no aplicación de las leyes que están hechas para la protección y la
justicia de los ciudadanos y de una guerra que nunca debió haber
sucedido", dijo Sicilia el día de su promulgación.
Desde que su hijo Juan Francisco fue asesinado, en marzo de
2011, el poeta recorrió el país y tocó las puertas del gobierno,
acompañado de cientos de víctimas y ciudadanos solidarios, que buscan
detener la política de seguridad que dejó el gobierno de Felipe
Calderón.
En diciembre de 2006, al comenzar el mandato que concluyó el 1
de diciembre pasado , Calderón declaró una guerra contra los carteles
del tráfico de drogas, militarizó la seguridad pública y dio
atribuciones extraordinarias a la policía federal, que desde entonces
sextuplicó su personal y aumentó su presupuesto de 800 a 3.000 millones
de dólares.
La estrategia dejó 60.000 personas asesinadas y 25.000
desaparecidas, según los datos oficiales, aunque las organizaciones de
la sociedad civil suman cifras muy superiores. Además, ha habido
250.000 desplazados y una cantidad incuantificable de deudos, que en la
búsqueda de justicia perdieron todo o incluso también fueron
asesinados.
En junio de 2011, en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados
Unidos, y después de recorrer 3.400 kilómetros en caravana por los
estados más violentos del país, el Movimiento propuso, por primera vez,
una ley de víctimas.
El proyecto recorrió un tortuoso camino y la ley, una vez
aprobada por el Congreso legislativo, fue vetada por Calderón. Pero su
sucesor, Enrique Peña Nieto, la promulgó en un acto solemne, donde
aseguró: "era urgente contar con un marco legal que protegiera desde ya
a las víctimas".
"Es un triunfo del Movimiento, algo que beneficiará a mucha
gente, pero para que funcione todavía va para largo" dijo a IPS otra
madre, Margarita López, cuya hija de 16 años desapareció y
presumiblemente fue asesinada en el sureño estado de Oaxaca.
El 19 de enero, López sufrió un atentado en Ciudad de México,
cuando iba a encontrarse con un equipo de forenses argentinos para
tomar muestras del ADN del esqueleto que las autoridades dicen que es
de su hija.
"Estoy cansada de pelear contra todos porque las autoridades
son parte del problema. A veces pienso en irme del país, pero si me voy
¿quién va a buscar a mi hija?", dijo.
La ley incluye la protección jurídica y psicológica,
indemnizaciones y servicios de salud, vivienda y educación, además de
un elemento fundamental para las víctimas: la declaratoria de ausencia.
Eso permitirá, por ejemplo, a abuelos tener la patria potestad
de sus nietos, mientras el Estado sigue obligado a buscar a los padres
desaparecidos, porque no se reconoce su muerte.
La norma implica una reingeniería de la aplicación de
justicia, mediante un Sistema Nacional de Víctimas, y ha sido duramente
criticada por organizaciones cercanas al expresidente Calderón, y
también por la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sus propios promotores admiten que la nueva legislación tiene
errores derivados de la urgencia, que deberá corregir el Senado este
mismo mes, para lo que tiene potestad al reglamentar la norma.
"La ley tiene que perfeccionarse, salió muy rápido porque la
prioridad era que el Estado reconozca la tragedia, pero ya estamos
haciendo las adecuaciones", dijo a IPS la recién nombrada coordinadora
de asesores en derechos humanos de la Procuraduría (fiscalía) General,
Eliana García, una promotora de la norma.
"Establece un esquema de justicia restaurativa, con cuatro
ejes: el derecho de las víctimas a la verdad, el derecho a la justicia,
la reparación integral y las garantías de no repetición. Es una ley
inédita", insistió la reconocida activista social y política de
izquierda.
Sus detractores alertan sobre su peso en el presupuesto, pues
la ley obliga al Estado a asumir los costos por daños físicos,
mentales, materiales, perjuicios morales y gastos de asistencia de las
víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos, sin importar
quién fue el victimario ni cuándo ocurrió la agresión.
Esto amplía la protección a las víctimas de la llamada "guerra sucia" de la década de los 70.
El artículo 71 establece que cuando el autor del delito no
pueda resarcir el daño, porque se fugó, murió o esté desaparecido, el
Estado, como responsable subsidiario, deberá hacerse cargo de la
reparación hasta el equivalente a 78.600 dólares.
"Fue un error dejar tan abierta la subsidiaridad
compensatoria, en las correcciones que trabajamos ya la acotamos solo
para delitos graves, que atenten contra la vida, la libertad y la
integridad física", explicó García.
También se modificará la conformación del Sistema Nacional de
Atención a Víctimas, en que la ley incorpora a casi 4.000 funcionarios
de todos los ministerios del país y de los estados, así como el
capítulo de competencias, que solo involucra al gobierno nacional.
Lo que no se aclara todavía es cómo se obligará a las
autoridades regionales y municipales a cumplir la ley, y son ellas las
más señaladas de los delitos por víctimas y familiares.
Tampoco se identifican las nuevas instancias que se harán
cargo de las víctimas atendidas actualmente por la Procuraduría Social
creada en septiembre de 2011, que será reemplazada por el nuevo
sistema.
El Movimiento de víctimas prepara ya talleres y grupos de
lectura de la ley para promoverla en los 31 estados del país. Ese fue
uno de los acuerdos de un encuentro realizado en la capital mexicana
del 25 al 27 de enero, en el que participaron también organizaciones de
Estados Unidos y Canada.
"Nos queda claro que después de la ley, todavía hay mucho por
hacer. Nos llevamos una gran agenda", dijo a IPS el activista Ted
Lewis, director del programa de derechos humanos de Global Exchange,
una de las organizaciones que financiaron la caravana que recorrió
Estados Unidos y llegó a Washington en septiembre de 2012.(FIN/2013)
MÉXICO, dic (IPS) - Obed Palagot, de 23 años, está por finalizar la carrera de
biología en
la Universidad Nacional Autónoma de México y usufrutua una
beca del
gobierno para una investigación especial. Pero ahora está
encarcelado
por protestar y sin derecho a la libertad bajo fianza.
El archivo en el Instituto Mexicano de la Juventud sobre
Palagot,
quien también es un amante del montañismo, dice que es "una
persona
responsable, comprometida, entregada en beneficio de la
naturaleza y
de sus semejantes". Colabora en una investigación con apoyo
estatal
sobre el crecimiento de la bacteria Bacillus subtilis, que
permite a
los organismos tolerar condiciones ambientales extremas.
Sin embargo, desde el 1 de este mes espera tras las rejas el
proceso
judicial por delitos penalizados hasta con 30 años de
cárcel. Fue
detenido por la policía de la Ciudad de México cuando
intentó
defender a su novia de los toqueteos de un oficial durante
la
represión a las protestas que enmarcaron la asunción
presidencial de
Enrique Peña Nieto.
En igual situación que Palagot están otros 12 detenidos ese
mismo
día, en una acción que muestra el endurecimiento de la
política de
seguridad hacia las manifestaciones populares de este
Distrito
Federal gobernado por la izquierda. Toda una paradoja,
enfatizan
expertos y dirigentes sociales.
Uno de los detenidos fue Alejandro Lugo, un mecánico vecino
de la
zona que salió con su esposa a comprar comida. Tiene 34
años, mide
1,87 metros, es robusto y usa rastas hasta la cintura. Su
madre,
Yolanda Lugo, está convencida de que fue detenido por su
aspecto.
"No tiene lógica (la acusación). Lo sacaron a golpes de un
estacionamiento", narró a IPS la mujer antes de repasar el
peregrinaje hecho junto a la esposa y la hermana del joven
para
recabar pruebas a su favor.
En los días siguientes fueron quedando en libertad gran
parte del
centenar de personas apresadas por la policía, hasta quedar
finalmente a disposición de la justicia 13 hombres y una
mujer.
Mientras, se multiplicaron en las redes sociales videos que
demuestran que ninguna de ellas había estado entre los
autores de los
destrozos.
También la Comisión de Derechos Humanos documentó
detenciones
arbitrarias y cuatro casos de tortura.
Contradicciones en la ciudad
La Ciudad de México se constituyó en un bastión de la
izquierda desde
1997, cuando ganó el primer gobierno elegido por voto
popular. Desde
entonces se han aprobado una serie de leyes de carácter
progresista e
incluyente, como el matrimonio entre personas del mismo sexo
y la
despenalización del aborto.
Es el distrito donde mejor desempeño tuvo en las elecciones
de julio
el frustrado candidato presidencial Andrés Manuel López
Obrador, del
izquierdista Partido de la Revolución Democrática. Además,
esta
ciudad fue sede del 8 al 10 de este mes de la Cumbre
Mundial de Indignados, Disidentes e Insurgentes,
organizada a
iniciativa del alcalde Marcelo Ebrard, su correligionario
que dejó el
cargo el 5 de este mes.
Sin embargo, lanzar un cóctel molotov o romper los vidrios
de un
escaparate en esta ciudad es un delito más grave que matar a
una
persona desde el 1 de noviembre.
Justo un mes antes de terminar su gestión, Ebrard envió a la
Asamblea
Legislativa una reforma al Código Penal del Distrito Federal
(la
capital mexicana) para ampliar y calificar judicialmente a
las
manifestaciones populares como delito de "ataque a la paz
pública",
que se equipara con el de terrorismo, contenido en la
legislación
nacional.
Así, la ley local sanciona con penas que van de cinco a 30
años de
prisión los "actos contra personas, cosas o servicios que
perturben
la paz pública o menoscaben la autoridad del gobierno del
Distrito
Federal". Es notable comparar que, en el mismo código, se
contempla
que un homicidio simple tiene una pena máxima de 20 años de
cárcel.
El ataque a la paz "es un tipo penal que limita derechos y
que debe
ser derogado o modificado", dijo a IPS la relatora especial
para la
Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito
Federal, Laura Salas.
"Hay otras tipificaciones que pueden encuadrarse en los
actos que
ocurrieron y en las que la sanción no es desproporcionada
con el daño
generado", apuntó.
Blindaje y tumultos
Peña Nieto, del tradicional Partido Revolucionario
Institucional, juró el cargo de
presidente el 1
de este mes ante el Congreso legislativo, cuyo edificio
estaba
blindado por un aparatoso dispositivo de seguridad.
La intención era proteger al parlamento de los estudiantes
congregados en el movimiento
#Yo soy
132, surgido en plena campaña para las elecciones del 1
de julio
en la jesuita Universidad Iberoamericana, y otros grupos
afectados
por la violencia que dejó la política de seguridad militar
del
presidente Felipe Calderón.
En el marco de las protestas en la capital y otras ciudades
se
provocaron destrozos en comercios. Durante los
enfrentamientos con la
policía resultaron heridos varios manifestantes, algunos de
gravedad.
Uno de ellos fue el un estudiante Uriel Sandoval, quien
perdió un
ojo.
Leonor Díaz escuchó en la televisión el nombre del mayor de
sus
cuatro hijos entre los heridos de las protestas. Uriel, de
22 años,
había ingresado el 20 de agosto a la carrera de ciencias
ambientales
en la Universidad de la Ciudad de México, creada en la
administración
de López Obrador para personas con muy pocos recursos
económicos.
Las horas siguientes fueron las peores de la vida de esta
mujer,
pequeña y tímida, que trabaja empacando dulces en una
fábrica de una
localidad en el central estado de San Luis Potosí. Tardó dos
días en
conseguir el dinero para trasladarse a la capital, junto con
su hija
de 17 años, mientras su esposo se quedó con los otros dos,
más
chicos. "No sabía a dónde llamar. No conocía a nadie", narró
a IPS.
Ninguna autoridad se tomó la molestia de notificar a su
familia que
el joven estaba en la Cruz Roja, ni que fue trasladado al
Hospital
General, ni que le practicaron tres cirugías por la pérdida
del ojo
derecho y la fractura de la nariz.
Uriel Sandoval salió del hospital sin poder acceder a una
copia de su
expediente médico, por lo que aún no sabe qué lo hirió.
Presume que
fue una bala de goma, aunque las autoridades niegan que se
hayan
usado, pues son ilegales en México.
"Todo fue muy rápido. Apenas iba llegando a la manifestación
cuando
sentí el golpe", dijo el joven, que demandará un castigo a
los
responsables.(FIN/2012)
TUCSON,
Estados Unidos, 17 ago (IPS) - El miedo camina por las ciudades de
Arizona. Matthiew, de 7 años, lo siente cuando su madre cruza la línea
permitida por los guardias de la cárcel informal Tent City para ser
fotografiada con un cartel de rechazo al secuestro de inmigrantes.
"No, no, no", dice el niño con pánico. Luego enmudece y se niega a responder cualquier pregunta.
"Siente miedo. Es lo que sentimos todos aquí", dijo a IPS su madre,
Estela Jiménez, con nacionalidad estadunidense y residente en la ciudad
de San Diego, en el suroccidental estado de California, desde hace 23
años y trabaja en una casa para inmigrantes deportados en la fronteriza
ciudad mexicana de Mexicali.
Jiménez participó en la protesta ante la cárcel de Maricopa
que el jueves 16 realizaron integrantes del Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad, que lidera el poeta mexicano Javier Sicilia, junto
con activistas de los derechos de las minorías de Estados Unidos.
Sicilia encabeza una caravana por Estados Unidos de víctimas
de la violencia que ha producido en México la estrategia de seguridad
militarizada durante el sexenio del conservador Felipe Calderón, con el
fin de demandar al gobierno de Barack Obama el cese del contrabando de
armas y un cambio en la política bélica contra las drogas.
El grupo comenzó su marcha el día 12 y llegará a Washington el
10 de septiembre, tras recorrer 9.400 kilómetros. Ya pasó por
California, antes de adentrarse en el estado de Arizona, donde hay
460.000 inmigrantes sin documentos y existen draconianas leyes contra
la inmigración ilegal.
Aquí, cualquier funcionario estadual puede revisar a quienes
parezcan indocumentados y es ilegal buscar trabajo si no se cuenta con
papeles legales, desde que en 2010 se aprobó la ley SB1070,
parcialmente derogada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este
año.
El racismo de Arizona se exacerba en el condado de Maricopa,
asiento de la ciudad de Phoenix, y se materializa en la figura del
alguacil Joe Arpaio, implacable perseguidor de indocumentados e
inventor de Tent City, una extensión de la cárcel del condado en la que
los prisioneros viven en tiendas de campaña, a 50 grados a la sombra en
el verano boreal.
En Tent City (Ciudad de las Carpas) los presos visten un
uniforme a rayas blancas y negras, sacado de las viejas películas
estadounidenses, y deben llevar ropa interior de color rosa. Trabajan
en cuadrillas limpiando calles o pintando paredes, con grilletes en los
pies y, a modo de broma, en lo alto de la torre de vigilancia, el
alguacil mandó poner un anuncio: "Vacancy" (hay vacantes).
Aunque sea inverosímil, es un centro para delitos menores y está ocupada primordialmente por personas inmigrantes.
En Maricopa se vive un "nuevo apartheid", dicen los activistas,
en referencia al sistema de segregación racial que prevaleció en
Sudáfrica hasta 1994, y explican que a pesar de que 38 por ciento de
los 3,5 millones de habitantes del condado son latinos, en especial
mexicanos, el control político está totalmente en manos anglosajonas.
Arpaio, de 77 años y descendiente de italianos, busca este año
su quinta reelección consecutiva, con la lucha contra la inmigración
indocumentada como su bandera.
Jiménez, como Mercedes Moreno y Micaela Saucedo, de la Casa de
Refugio Elvira, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, se unieron
el jueves 16 a la protesta de la caravana, enarbolando sus pasaportes
abiertos.
"Venimos a mostrarle a Arpaio que somos tan ciudadanas
estadounidenses como él", dijo Moreno a IPS, mientras mostraba la
fotografía de su hijo José Leonidas, desaparecido desde 1991 en Ciudad
Hidalgo, en el sureño estado mexicano de Chiapas, cuando comenzaba a
cruzar México para llegar a Estados Unidos.
La protesta en la cárcel de Maricopa no estaba incluida en el
programa original de la caravana y fue evidente la tensión de los
organizadores, ante la posibilidad de que algún participante fuera
detenido.
"Arpaio es capaz de hacerlo", confirmó a IPS el mexicano
Carlos García, residenciado en el condado desde hace 26 años,
responsable de la organización defensora de inmigrantes Puente Arizona
y varias veces detenido por manifestarse contra las leyes migratorias.
Pero Arpaio no detuvo a nadie y, por el contrario, recibió al
poeta Sicilia y a un grupo de activistas que se presentaron por
sorpresa en sus oficinas del edificio del banco Wells Fargo.
Antes de la reunión, que duró una hora y tuvo varios momentos tensos, el alguacil se aseguró de que llegara la prensa local.
"No lo voy a hacer cambiar de opinión pero le pido un trato más
humano para nuestros migrantes", le dijo el poeta. El sheriff se
ingenió para no contestar.
En Estados Unidos hay 11 millones de personas sin residencia
legal, 70 por ciento de ellas de origen latinoamericano. El gobierno de
Obama deportó a un millón de personas sin documentos.
De acuerdo con los datos de la organización Ángeles de la Frontera,
desde 1994 han muerto 10.000 personas intentando cruzar el desierto de
Arizona desde México.
"Cada año mueren 1.000 tratando de cruzar la frontera. El
flujo principal era en California, pero después de septiembre de 2011
cambió a Arizona, donde pasan las muertes más brutales", dijo a IPS el
fundador de la organización, Enrique Morones.
El activista no participó en las protestas al paso de la
caravana, porque su organización realiza un boicot al estado, por sus
leyes migratorias.
El movimiento por la paz nació en México tras el asesinato de
Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta, el 28 de marzo de 2011. Esta
caravana en Estados Unidos es la tercera marcha de largo recorrido que
protagoniza, en lo que representa la búsqueda de justicia de la
sociedad para las víctimas de la violencia.
El contraste entre los dos primeros estados que ha recorrido es enorme.
En California, donde Sicilia declaró que la política de guerra
contra las drogas humilla la segunda enmienda de la Constitución
estadounidense, el grupo de víctimas fue escuchado en la sesión del
cabildo municipal de la ciudad de Los Ángeles, y el concejal José
Huízar, nacido en México, propuso una resolución en favor de la
caravana.
"No es necesario ir a Afganistán o a Iraq para ver la magnitud
de una tragedia humana; basta con ver más allá de nuestra frontera
sur", dijo el político, antes de revelar que su familia también ha
soportado violencia en el estado mexicano de Zacatecas.
La visita ocurrió un día después de que los legisladores de
California aprobaron una resolución conjunta para pedir al gobierno
federal mayor control del tráfico de armas ilegales.
En Arizona, en cambio, la caravana llegó el día en que la
gobernadora Jan Brewer descartó aplicar en el estado la Acción
Diferida, una medida anunciada en junio por Obama para posponer por dos
años la deportación de jóvenes sin papeles que hubieran llegado a
Estados Unidos siendo niños.
Con el lema de "soñadores", los jóvenes indocumentados están
demandando tener derechos plenos. Pero en Arizona ni siquiera se
permiten clases de estudios étnicos.
En contraste con las autoridades, la caravana sí fue recibida
con emoción por integrantes de congregaciones cristianas, que
denunciaron el endurecimiento del racismo y la segregación.
"No tengamos miedo, porque el miedo paraliza. Y lo que van a
liquidar es el futuro de nuestros hijos", dijo Jonathan Peck, con su
hijo pequeño en brazos.(FIN/2012)
SAN
SALVADOR ATENCO, México, 18 jul (IPS) - Seis años atrás, la plaza de
este pueblo cercano a la capital de México fue escenario de la mayor
represión policial de este país en tres décadas.
El
gobernador del estado de México, vecino a la capital y al que pertenece
el municipio de Atenco, era Enrique Peña, quien asumirá el 1 de
diciembre la Presidencia de este país, a menos que proceda la
impugnación de los comicios presentada por la izquierda.
Los campesinos de Atenco
habían resistido en 2002 la expropiación de sus tierras para construir
un aeropuerto. Pero cuatro años después, un incidente entre vendedores
de flores y la policía desembocó en un operativo que dejó dos muertos,
207 detenidos y torturados, 26 mujeres violadas y dirigentes condenados a
penas equivalentes a prisión perpetua.
El fin de semana del 14 y 15 de julio comenzó a gestarse aquí una
articulación de organizaciones sociales, campesinas y sindicales con el
movimiento universitario que lleva dos meses batallando contra el
regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno, de
la mano de Peña.
El PRI gobernó México durante buena parte del siglo XX (1929-2000).
Interrumpido por los dos períodos presidenciales del conservador Partido
Acción Nacional, se apresta a retomar el gobierno tras los comicios del
1 de julio, plagados de denuncias compra de votos y coacción sobre los
electores más pobres y de parcialidad de los grandes medios de
comunicación a favor de Peña.
El colectivo Yo Soy 132
–que nació en mayo a partir del reclamo que hicieron estudiantes de la
Universidad Iberoamericana a Peña por la represión contra los campesinos
de Atenco– desconoció el resultado del escrutinio y emprendió una
campaña por la limpieza electoral, a través de su principal medio,
Internet.
El nombre surgió de la identificación pública que hicieron los 131
estudiantes que protestaron contra Peña, colocando videos en YouTube con
sus credenciales. A partir de ese hecho, jóvenes de otras universidades
se les unieron empleando la frase "Yo soy el 132" o #YoSoy132, la cuenta que utilizan en Twitter.
"A diferencia del movimiento por la paz
de Javier Sicilia, que tuvo también una movilización espontánea en las
redes sociales, Yo Soy 132 sí tiene como base de estrategia de lucha el
uso de estas redes", dijo a IPS la académica Claudia Benassini,
especialista en observatorios de medios de comunicación.
Con relación a los comicios, México vive dos realidades paralelas.
En los medios de comunicación tradicionales y en las cúpulas del poder
político, el proceso electoral está resuelto. En cambio, las redes
sociales viven la continua efervescencia de llamados a firmar peticiones de impugnación y a realizar manifestaciones.
"Por el momento, tenemos dos representaciones opuestas de la realidad:
las redes sociales informan de un país corrupto, incapaz de votar en
libertad, y la televisión comercial celebra el éxito de una 'jornada
ejemplar'. En esta esquizofrenia nos preguntamos adónde va a dar el
voto", sostuvo en una columna del diario Reforma el escritor Juan
Villoro.
"La forma en la que venían organizándose los movimientos sociales entró
en crisis, y ahora tenemos una nueva expresión contra el régimen en una
coyuntura electoral", dijo a IPS el estudiante Magdiel Sánchez, de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Mayra Rojo, doctoranda en historia del arte, explicó que esta forma de
lucha, que demanda desplazar lo masivo por lo colectivo virtual, no está
peleada con el acercamiento a la comunidad. "Nuestras rutinas están
ligadas a Internet y a las redes sociales. (Pero) eso no significa que
no haya un trabajo comunitario", dijo.
Se trata de una generación que creció con Internet y que no tiene una
cultura de informarse a través de medios tradicionales, como la prensa,
la televisión y la radio.
Sin embargo, la red es aún insuficiente para alcanzar al gran público.
En este país con 112 millones de habitantes, 96 por ciento de las
frecuencias para uso comercial en televisión abierta pertenecen a dos
empresas, y 80 por ciento de las frecuencias del espectro radioeléctrico
están controladas por 13 grupos empresariales.
A pesar de las intensas movilizaciones virtuales contra el candidato del
PRI en los días previos a la elección, Peña obtuvo 38,2 por ciento de
los votos, y el postulante de izquierda, Andrés Manuel López Obrador,
32,5.
La red social más usada es Facebook, con 26 millones de usuarios. Le
siguen YouTube y Twitter. Aunque las cifras de esta plataforma de
microblogs (mensajes que no pueden pasar de 140 caracteres) no son muy
precisas, los datos más recientes indican que hay alrededor de 10
millones de cuentas registradas.
Pero los técnicos aseguran que la mitad de esas cuentas de Twitter no
están activas, es decir que sus poseedores no las usan, porque no les
ven utilidad o porque solo las mantienen para cuestiones muy
específicas, como revisar dónde están desplegados los controles de
alcoholímetro en el tránsito.
De los usuarios activos, una tercera parte se concentran en la Ciudad de
México, convertida en un poderoso bastión de las fuerzas progresistas.
En la capital, el caudal electoral de López Obrador duplicó el de Peña.
En cambio, ocho de los 10 estados que más votos dieron al postulante del
PRI figuran entre los 10 distritos con más pobreza del país, adonde
casi no llega Internet.
"Hay un proceso de evolución importante", dijo a IPS el fotorreportero Heriberto Paredes, integrante del consejo editorial de Rompeviento, un canal de televisión web inaugurado este año.
"Pero no es suficiente. Si (estos manifestantes) no salen de las redes y
las computadoras, y pasan a encontrarse con la gente que sostiene este
país, el esfuerzo no va a servir", agregó Paredes, quien documentó
gráficamente en 2006 la represión en Atenco.
Para el abogado Jesús Robles Maloof, miembro del ContingenteMX, un grupo de tuiteros activistas de derechos humanos, los estudiantes están potenciando una forma nueva de movimiento social.
"La sociedad civil organizada llegó tarde al uso de Internet y de las
herramientas de 'social media' (sic), por una equivocada tendencia a
pensar que el activismo real es solamente el que está en la calle",
dijo.
La estrategia mediática "sí está siendo fundamental en este proceso,
pero no es suficiente para la dimensión de lo que se necesita", comentó
Maloof a IPS. Es un proceso lento porque en Internet hay mucha
información que no necesariamente abona a la construcción democrática,
aclaró. "La decantación a la ponderación de la información nos va a
llevar años, y para que esto llegue a otros sectores, aún más".
"Hay mucho rumor y mucha intolerancia en Internet. Los 'trending topics'
(tendencias, palabras o frases más repetidas en Twitter en un momento
dado) se crearon para promover el debate sobre un tema, pero el uso de
'bots' (programas informáticos que imitan el comportamiento de un
usuario) han dado al traste con ese debate", coincidió la académica
Benassini.
Para ella, "si se logra invalidar las elecciones, algo muy difícil, o si
se consigue abrir el espacio para nuevas concesiones de televisión, que
es lo que se ha ofrecido, sí podremos hablar de un impacto decisivo de
la movilización de los jóvenes en las redes sociales".
MÉXICO, dic (IPS) - "Nosotros debemos responder las preguntas que corresponden a nuestra época", porque somos las principales víctimas de "las políticas voraces del capitalismo", sentencia Alexis Jiménez, un etnólogo de 23 años que lleva dos meses acampando frente a la bolsa de valores en la capital mexicana.
Originario del sureño estado de Oaxaca y curtido en luchas sociales desde 2006, Jiménez participa en el movimiento pacifista encabezado por el poeta Javier Sicilia, que demanda un cambio en la estrategia de seguridad militar del gobierno mexicano del conservador Felipe Calderón.
Se juntó con otros jóvenes para sumarse el 15 de octubre al movimiento internacional de "indignados" por los efectos de las políticas económicas que prevalecen en el mundo y que han llevado a la severa crisis que afecta especialmente a los países del Norte.
"En mi casa ya me quieren desheredar por no ir en Navidad, pero tenemos que estar aquí", cuenta en una larga conversación con IPS, rodeados de ratones en una fría noche mexicana.
A este campamento, instalado en la principal avenida de la capital de México, han llegado jóvenes de corrientes de pensamiento muy diversas, como anarquistas, ecologistas, pacifistas y miembros del Movimiento de Regeneración Nacional que lidera el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.
La mayoría son estudiantes universitarios, pero también hay funcionarios del Senado, cuya sede está ubicada en las cercanías, un reportero de un diario local al que sus jefes le prohibieron salir en cualquier fotografía o entrevista, y el cocinero de un importante hotel céntrico, que pidió hacer uso de sus vacaciones para convertirse en el chef del campamento.
Pero no todos se quedan. Los indignados de la capital mexicana son una población flotante que se mueve sobre todo en redes sociales y que tiene como base dos campamentos.
Uno es el de la Bolsa Mexicana de Valores, con actividades más bien políticas y que recibe visitas de académicos reconocidos como el filósofo Enrique Dussel o Edgardo Buscaglia, consultor de la Organización de las Naciones Unidas en temas de seguridad.
El otro es el instalado en la plaza de la delegación Coyoacán, en el centro del Distrito Federal de México, que históricamente fue residencia de artistas e intelectuales. En ese lugar, las actividades son más lúdicas y han intentado desarrollar un sistema de subastas y de trueque.
"Tratamos de construir alternativas organizacionales donde el poder esté realmente entre ciudadanos", explicó a IPS el ingeniero en mecatrónica Miguel Barousse, de 26 años, en el campamento de Coyoacán. "No manejamos dinero, solo aceptamos donaciones en especie, y tratamos de mantener la limpieza y el orden dentro", apuntó.
En México hay más de siete millones de jóvenes que no realizan ninguna actividad productiva y, según datos de los ministerios de Educación y de Trabajo, 78 por ciento de ese universo son mujeres.
México aparece como el tercer país con mayor proporción de desocupados entre las personas de 15 a 29 años del total de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, detrás de Turquía y Brasil, según el estudio Education Glance 2011, presentado en septiembre por este bloque en cuyo seno están todas las economías industrializadas.
Sin embargo, el desempleo y la falta de educación no son los únicos problemas de los jóvenes mexicanos. También son los más afectados por la violencia ciudadana que cruza el país.
Reportes del oficial Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que la cantidad de asesinatos de hombres de 15 a 29 años aumentó 154 por ciento entre 2007 y 2009, mientras que los de mujeres lo hicieron 89 por ciento.
A pesar de que en esta estadística falta aún el saldo de los años más cruentos, los homicidios son ya la primera causa de muerte entre mexicanos de esa franja de edad, superando por mucho a los accidentes automovilísticos.
Por eso los jóvenes han empezado a organizarse. Unos espontáneamente, como Aldo García, estudiante de historia de 24 años, que con un grupo de amigos empezó a recorrer distintas plazas para recoger propuestas. Su método es sencillo: les da un pizarrón donde les pide que escriban una idea o propuesta, y luego le toma una foto y la sube a las redes sociales.
"Se trata de recolectar las fotos que podamos y hacer exposiciones callejeras", dijo a IPS en su paso por la capital del país, mientras tomaba lo que llamó "La Foto Roja" en el Monumento a la Revolución, donde cada sábado se reúnen jóvenes del colectivo México Toma la Calle, formado antes del 15 de octubre y que promueve acciones como las jornadas de besos y abrazos.
"Que la gente salga a la calle para convivir, no solo para consumir", definió una joven de la comisión de medios, que como todos en la comisión, pidió ser identificada con el personaje creado para los medios: Tomás Calles.
"Hay una indignación masiva, que no se expresa en movilización, una bomba de tiempo que no ha explotado, en mucho porque los medios de comunicación han sabido meterse en los oídos de la gente para atomizar los esfuerzos", dijo otro integrante del grupo.
En ese marco de movilización, el 26 y el 27 de noviembre se reunieron en esta capital decenas de universitarios, campesinos, sindicalistas y activistas de derechos humanos para definir una estrategia de acciones comunes.
El llamado Campamento de Jóvenes ante el Desastre y la Emergencia Nacional emitió entonces una declaración que plantea como prioridad el fortalecimiento de los movimientos sociales de cada región y la creación de medios de comunicación propios.
"En nuestras manos está no reproducir las prácticas y las formas que han impedido el cambio social", señalaron.
"Reconocemos como formas básicas de articulación y vinculación con las poblaciones la toma de espacios públicos que integran a la comunidad en los debates, haciendo uso de herramientas de educación popular y de arte liberador generadoras de una esperanza activa, como motor de la felicidad humana", continúa el texto.
El asesinato de dos estudiantes del sureño estado Guerrero, a manos de policías, y el hallazgo de los cuerpos de cuatro bachilleres, que habían sido reportados como desaparecidos en Jalisco, dejaron trágicamente en claro a la violencia que se enfrentan los manifestantes en este país.
"No es fácil. Estamos muy acostumbrados a seguir figuras, entonces cuesta trabajo entender un movimiento horizontal y sin líderes donde todas las decisiones se toman por consenso. Pero esto es un proceso, que esperamos que se vaya replicando", admitió Barousse en el campamento de Coyoacán.
MÉXICO, 14 dic (IPS) - Los estudiantes y campesinos mexicanos Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera Pino, de 21, participaron el lunes 12 en un bloqueo carretero para reclamar un aumento en la matrícula escolar y el presupuesto de su escuela. Al intentar desalojarlos, la policía los asesinó.
Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la autopista que va de Chilpancingo a Acapulco, en el estado sureño de Guerrero, uno de los tres más pobres del país y gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Los jóvenes se preparaban para ser maestros rurales en la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, famosa porque en ella estudiaron Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, dirigentes guerrilleros de la década de 1970. Echeverría se licenciaría en educación física y Herrera en educación primaria.
"Todo se salió del control", admitió a la prensa el jefe policial Ramón Miguel Arreola, frente a las evidencias de que policías locales y federales dispararon armas largas hacia los manifestantes. Sin embargo, nadie se hace responsable.
Las 16 escuelas normales rurales que hay en el país son un reducto del proyecto de educación socialista que impulsó en la primera mitad del siglo pasado el entonces presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940), aunque existían con anterioridad.
El primer requisito para ingresar es ser pobre. En las últimas décadas han sobrevivido a constantes recortes presupuestales y al hostigamiento de las autoridades, que ven en ellas semilleros de "revoltosos".
Loa asesinatos de los estudiantes encendieron alertas en las organizaciones campesinas y estudiantiles, pues se cometieron en medio de una oleada de homicidios de defensores de derechos humanos.
Apenas el domingo 11, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia organizó una protesta en la Ciudad de México contra los asesinatos, atentados y desapariciones de siete de sus integrantes, seis de ellos en un lapso de apenas dos semanas.
"Los defensores nos quedamos sin escudo", dijo a IPS el sociólogo Carlos Cruz Santiago, director de Cauce Ciudadano, una organización que trabaja con jóvenes en la capital del país y otras ciudades con altos índices de violencia.
En total, 11 activistas han sido asesinados desde diciembre de 2010, una cifra que no tiene precedentes en México. El ojo parece estar puesto en el movimiento pacifista convocado por Sicilia tras el asesinato de su hijo, Juan Francisco, y que busca detener la política de seguridad militar impuesta por el gobierno de Felipe Calderón.
El 28 de noviembre, Nepomuceno Moreno, un hombre que buscaba a su hijo desaparecido y que se había convertido en uno de los pilares del movimiento de víctimas, fue muerto en la capital del estado de Sonora, noroeste del país, a plena luz del día y a seis cuadras del despacho del gobernador.
Un mes atrás, Moreno había denunciado amenazas y hostigamiento de autoridades locales y pedido protección al presidente Calderón. Su muerte recordó a la sociedad mexicana la de Marisela Escobedo, quien el 16 de diciembre de 2010 cayó abatida frente a las puertas de la sede del gobierno del norteño estado de Chihuahua, cuando reclamaba justicia para su hija asesinada.
Cuatro días después de la muerte de Moreno, el viernes 2 de diciembre, Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización que busca a jóvenes desaparecidas en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez, sufrió un atentado al llegar a su casa.
Ese mismo viernes, en Ciudad de México, se halló el cuerpo de la actriz y promotora cultural Julia Marichal, quien estaba desaparecida desde el 12 de noviembre; su caso aparentemente no estaría relacionado con su activismo por la paz, si bien tampoco ha sido aclarado.
Pero en México cada tragedia supera a la anterior.
El 6 de diciembre, Eva Alarcón y Marcial Bautista, ecologistas de Guerrero viajaban a la capital en un autobús comercial que, según testigos, fue detenido dos veces: la primera en un retén militar en el que soldados preguntaron por Bautista, pero él no contestó, y la segunda, por hombres encapuchados que obligaron a los activistas a apearse.
Desde entonces están desaparecidos. Ambos habían solicitado medidas de protección por amenazas.
Ese mismo día, cuatro hombres armados emboscaron una caravana del Movimiento por la Paz que iba a presenciar una consulta popular de la comunidad nahua de Santa María Ostula, en las costas del sudoccidental estado de Michoacán, sobre el océano Pacífico.
En la caravana viajaba el comunero Trinidad de la Cruz, de 73 años, quien fue torturado ante los ojos de 12 personas –entre ellas seis periodistas– a quienes les quitaron sus teléfonos y obligaron a tomar una ruta en la que no hay paradas en las siguientes tres horas. "Nos dijeron que una camioneta negra nos iba a esperar a la mitad del camino, para vigilar que no nos desviáramos, y que si nos atrevíamos a regresar, íbamos a volar en pedazos", narró un testigo.
En junio de 2009, la comunidad indígena de Santa María Ostula recuperó más de 1.000 hectáreas de propiedad comunal que habían sido ocupadas 40 años atrás por terratenientes. Ahí edificaron un nuevo poblado, Xayakalan, que es la puerta de entrada a la región nahua y a una zona litoral codiciada por muchos para desarrollar megaproyectos carreteros, inmobiliarios, mineros y turísticos.
Además, es la zona que rodea el puerto de Lázaro Cárdenas, un punto clave para las rutas del narcotráfico. Para los indígenas, el costo ha sido alto: 28 muertos y cuatro desaparecidos en dos años.
Las 40 familias que habitan ese poblado están cercadas por grupos armados que no permiten el acceso a ninguna autoridad civil, policiaca o militar, un caso muy similar al de San Juan Copala, en el sureño estado de Oaxaca, donde otra caravana humanitaria fue emboscada en abril de 2010.
La situación es tan grave que en diciembre 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado mexicano medidas cautelares para los ejidatarios de Ostula.
En la consulta, los comuneros analizarían el "plan de pacificación" propuesto por las autoridades.
El 28 de noviembre –el mismo día que en Sonora era asesinado Moreno– autoridades de la marina de guerra, la Policía Federal y el gobierno del estado se comprometieron a proteger la caravana pacifista.
De la Cruz, líder respetado en la comunidad, había buscado refugio en un estado vecino luego de ser golpeado y amenazado de muerte el 14 de noviembre. El comunero pretendía regresar a Ostula a denunciar a sus agresores con la protección de la caravana.
Fue asesinado seis kilómetros antes, al salir de Xayakalan. Las autoridades no han aclarado por qué los policías federales que tenían la orden de proteger la caravana abandonaron la vigilancia al llegar al poblado.
El escenario para los activistas es muy oscuro. "Se rompió la burbuja de seguridad que daba la prensa. Ahora tenemos que replantear nuestras actividades", dijo a IPS uno de los testigos del crimen. (FIN/2011)
MÉXICO, 2 sep (IPS) - "¿Cómo se le hace para quitarse de encima este desasosiego, esta sensación de que todo lo que hacemos no vale para nada?", escribió en su cuenta de Facebook una periodista mexicana, luego del asesinato de dos colegas en esta capital.
La aparición de los cuerpos de Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, ambas de 48 años, conmocionó a la sociedad mexicana tanto por la brutalidad con que las mataron como por la relación laboral de la primera con la revista Contralínea, que ha sufrido un acoso permanente en los últimos años.
También porque son las primeras periodistas asesinadas en la ciudad de México desde que el gobierno del conservador Felipe Calderón le declaró la "guerra" al narcotráfico, poco después de asumir el cargo en diciembre de 2006.
"Los periodistas mexicanos estamos de luto, no sólo por este crimen sino por todos los demás cometidos contra el gremio", declaró, en una carta abierta al alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard, el colectivo "Los Queremos Vivos", que en agosto del año pasado convocó a una insólita marcha de periodistas.
A la condena se sumaron distintas asociaciones de periodistas y de mujeres, además de dirigentes de todos los partidos políticos. Pero, a diferencia de 2010 cuando la indignación por el secuestro de cuatro reporteros derivó en la manifestación gremial más grande que ha habido en México, lo que ahora prevalece es el estupor.
"Cada día, hay algo más terrible que el anterior. Todos miramos con el estómago revuelto, pensando en las personas que amamos, en el país. Tristeza y rabia. ¿Qué hacemos con esta desafortunada combinación?", dijo una locutora de radio.
La violencia en México dejó en más de cuatro años, según datos oficiales y de las organizaciones de la sociedad civil, más 40.000 personas muertas, 10.000 desaparecidas y 700.000 desplazadas de sus hogares, además de una cantidad no cuantificada de viudas, huérfanas, mutiladas y heridas.
En las últimas semanas, empero, la violencia se acercó a lugares que habían quedado al margen. Primero fue un cruce de balazos afuera de un estadio de fútbol en el norteño estado de Coahuila, durante la transmisión en vivo del partido, y luego el incendio provocado por mafiosos en un casino de la nororiental ciudad de Monterrey, que causó la muerte de 52 personas.
Ahora, el asesinato de estas dos periodistas en la ciudad de México.
Ninguna de ellas ejercía actualmente el periodismo activo. Yarce era responsable de las relaciones públicas de Contralínea y González Trápaga, quien trabajó para Televisa, estaba dedicada a un negocio privado.
Sus cuerpos fueron encontrados, sin ropa, amordazados, golpeados y con un cable alrededor del cuello, el jueves en un parque del sudoeste de la ciudad de México, pocas horas después de que sus familiares denunciaron su desaparición.
El asesinato tuvo un efecto devastador en el ánimo de los mexicanos y mexicanas.
Clemencia Correa, investigadora de la Universidad de la Ciudad de México y especialista en el manejo del miedo, aseguró que en este país se está implementando una política de terror que busca paralizar a la sociedad.
"Es muy complejo hablar de México hoy. Lo que vemos es que se está implementando una política de terror que pasa por diferentes dimensiones y que, a diferencia de antes, que había políticas de Estado contra defensores de derechos humanos o movimientos sociales, ahora están ocurriendo contra la población general y están marcados por una estructura de impunidad", explicó.
Por su parte, Verónica Martínez Solares, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del consejo directivo de la Organización Internacional para el Apoyo a Víctimas, coincidió en que las consecuencias de estos actos pueden ser devastadoras para las comunidades, porque el miedo y la desesperanza provocan una ruptura profunda en los tejidos sociales.
"La lógica del miedo es una forma de dominación y control social muy poderosa, porque alimenta la pérdida de identidad individual y social y causa parálisis, aislamiento y segregación", puntualizó.
"Y esto favorece el autoritarismo y legitima la violación de derechos humanos en nombre de la seguridad", explicó.
Esto ya comenzó a ocurrir. El 25 de agosto, una información falsa difundida en la red social Twitter desató el pánico en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México, y 22 escuelas clausuraron las clases ante el rumor de que criminales disparaban contra niños.
El origen de esa versión fue el incendio de un vehículo afuera de una escuela, que se mezcló con un enfrentamiento armado en otro lugar de la ciudad,
Un día antes, una intercambio de disparos en el exterior de una escuela de Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, dejó heridas a cuatro mujeres que esperaban a sus hijos, por lo cual el rumor en Veracruz, que se difundió en al menos 17 cuentas de Twitter, causó pánico.
Un día después, las autoridades detuvieron a dos de los que difundieron la información. Se trata de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, empleada del gobierno estatal y quien el mismo día del rumor había aclarado que la información fue falsa.
Ambos están presos, acusados de delitos de "terrorismo equiparable y sabotaje", y sujetos a un proceso penal que tiene una sanción de tres a 30 años de cárcel.
El miércoles 31 de agosto, el parlamento del sureño estado de Tabasco siguió la misma ruta y aprobó una reforma que penaliza con seis meses a dos años de cárcel a quien difunda falsas alarmas vía telefónica o redes sociales que provoquen movilización, pánico y caos social.
La organización internacional Artículo 19 asumió el lema "yo también soy twiterrorista" y declaró que "antes que atacar a twiteros, alentamos al gobernador a que respete los derechos humanos, en especial el de la libertad de expresión".
"La severa crisis de seguridad de Veracruz no se debe a expresiones en Twitter. Se debe a la incompetencia de las autoridades", agregó.
El mismo día que en Veracruz se dictaba formal prisión contra los twiteros que difundieron la versión de ataques a niños en escuelas, en la periferia de la ciudad de México un conductor baleó un bus escolar de un centro privado que transportaba a siete alumnos.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia colectiva como "el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a sí misma como miembros de un grupo, ya sea transitorio o de larga duración, contra otro grupo, sea real o imaginado con el fin de conseguir determinados objetivos políticos, económicos y sociales".
"El problema es que en México no hay aún estudios de los efectos sociales que está provocando esta violencia", dijo Martínez Solares.
Correa señaló que el discurso oficial de que hay que dirigir las condenas a los grupos criminales, y no solo al gobierno busca, confundir a la gente.
"Sería absurdo reclamarle a los criminales la justicia, porque estaríamos negando el estado de derecho", afirmó.
"La desmilitarización no es solo sacar al ejército de las calles, es desmantelar una política de terror que va a provocar mucho daño a la sociedad", concluyó.(FIN/2011)
MÉXICO, 1 nov (IPS) - "Es doloroso hacer un altar en ofrenda a un hijo fallecido", escribió en su cuenta de Twitter el mexicano Abraham Fraijo, uno de los protagonistas del movimiento ciudadano contra la violencia y la impunidad en su país surgido casi espontáneo en el marco de la celebración del Día de los Muertos.
La fotografía de Emilia, la hija de Fraijo, y la de otros 48 niños y niñas que murieron calcinados el 5 de junio de 2009 formaron el domingo un inédito altar de muertos en la columna del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Ofrendas similares se instalaron en otros cinco estados para conmemorar la tragedia y apoyar la demanda de justicia de sus padres.
"Es muy triste que a Emilia le haya tocado vivir en un país en el que el gobierno le quitó todo y en el que la clase política desprecia tanto a los ciudadanos", dijo a IPS horas más tarde su padre, con la mirada clavada en las decenas de personas que respondieron al llamado de colocar una flor o encender una vela por los niños muertos en la guardería ABC, en el norteño estado de Sonora.
Las fiestas del Día de los Muertos es una de las tradiciones más arraigadas en México, como parte de la herencia de la cultura indígena y tienen lugar cada año a fines de octubre y comienzos de noviembre, cuando culmina el ciclo anual del maíz. Coincide en parte con los católicos Días de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre.
Es cuando los mexicanos recuerdan a sus familiares y amigos muertos y les ponen coloridos altares y ofrendas, que incluyen la comida preferida de los que ya no están.
Pero este año, esa celebración se convirtió en luto para muchos. La semana previa al ritual coronó una escalada imparable de violencia con cuatro masacres de jóvenes y la represión policial a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que protestaban contra la militarización en esa localidad y el resto de la zona fronteriza con Estados Unidos.
El viernes 22 de octubre en Ciudad Juárez fueron asesinadas 14 personas que festejaban una fiesta de cumpleaños, en un hecho similar a lo ocurrido el 31 de enero en esta misma urbe. Pero estaba vez no hubo tiempo porque dos días después, en Tijuana, otra ciudad fronteriza, un grupo de desconocidos entró a un centro de rehabilitación para drogadictos y fusiló a 13 internos.
El miércoles pasado, 15 personas fueron asesinadas en un negocio de lavado de automóviles en Tepic, en el occidental estado de Nayarit, y un día después la escena se repitió con siete jóvenes comerciantes del populoso barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
La semana cerró con los disparos de policías sobre estudiantes de la UACJ. Una de esas balas le entró por la espalda a Darío Álvarez, quien quedó tendido dentro del campus, y su estado de salud es delicado, al punto de que los médicos dijeron que necesitará varias cirugías para salvarle la vida. El rector y la comunidad universitaria hicieron un fuerte reclamo al presidente de México, el conservador Felipe Calderón, quien no se ha pronunciado sobre el tema.
"Lo que hemos visto esta semana y los últimos meses es un juvenicidio, el asesinato sistemático de jóvenes", aseguró a IPS Carlos Cruz Santiago, dirigente de la no gubernamental Cauce Ciudadano.
Aunque las autoridades mexicanas responsabilizaron a la delincuencia organizada de las matanzas contra jóvenes, organizaciones de la sociedad civil calificaron el nivel de violencia en contra de este sector de la población como una "catástrofe humana" y solicitaron la intervención de agencias internacionales para detener estos ataques.
Frente a esta brutal escalada de la violencia, organizaciones que han defendido causas diversas en los últimos meses decidieron encadenar una serie de manifestaciones para demandar al gobierno un cambio de rumbo en su estrategia de seguridad.
"La idea surgió en la redes sociales por Internet. Se trata de aglutinar esfuerzos para decir ¡Ya basta! Esto no está resultando", dijo a IPS Alberto Escorcia, uno de los convocantes de las "Jornadas contra la Violencia y la Impunidad", que se identifican con la etiqueta de LutoxMéxico.
Las jornadas comenzaron con el altar para los 49 niños muertos en la guardería ABC y continuaron este lunes con un altar para los inmigrantes en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Ciudad de México).
En esta ocasión se presentó el portal 72migrantes.com en homenaje a la matanza de extranjeros indocumentados el 23 de agosto en un establecimiento rural del nororiental estado de Tamaulipas. Se trata de un singular proyecto impulsado por la periodista Alma Guillermoprieto, para crear un "altar virtual" que recuerde a esas víctimas.
A la iniciativa se sumaron escritores, académicos, fotógrafos y periodistas, quienes aportaron textos breves sobre cada una de las víctimas, incluidas las que no han sido identificadas. Los visitantes de la página podrán dejar una rosa virtual e incluso hacer una donación pues con el dinero reunido se donará a organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes.
También se instaló un altar para los periodistas muertos. Es que la comunidad está consternada por las amenazas de muerte en contra de Jorge Alejandro Medellín, a raíz de la publicación de un reportaje sobre los supuestos vínculos de un general con el narcotráfico,
Las jornadas culminan con una caminata nocturna de luto por el paseo de la Reforma y un enorme altar en la columna del Ángel de la Independencia, como conmemoración a todos los muertos del sexenio, que oficialmente suman más de 30.000.
Aunque la respuesta ha sido positiva, la participación ciudadana en estas protestas no resultó masiva, en buena medida por el asueto oficial de las conmemoraciones.
Sin embargo, desde su trinchera en la escalinata del monumento a la independencia, Abraham Fraijo no pierde el ánimo.
"Siempre que el gobierno hace algo terrible, los políticos se protegen unos a otros, pero la sociedad no y por eso se aprovechan. Pero yo creo que no todo está perdido, hay gente que está despertando, quizá no tan masivamente como quisiéramos, pero al menos no han dejado de venir. Eso para mí es una esperanza de que de verdad, algo se puede cambiar", comentó. (FIN/2010)
MÉXICO, oct (IPS) - A sus 30 años, la activista mexicana América del Valle conoce bien la soledad: durante 48 meses vivió escondida, sin contacto con amigos o familiares, y con el único objetivo de "resistir" la persecución del gobierno contra su familia.
"El exilio es un poliedro de muchas dimensiones, no hay manual para llevarlo", reflexionó ahora, en una larga entrevista con IPS, realizada durante una fiesta familiar en San Salvador Atenco, en un cuarto prestado por una prima. "Mis vecinas inmediatas eran la nostalgia, la tristeza, y una pinche (ruin) derrota que acechaba todo el tiempo", dijo.
Pero aclara que "a la derrota nunca le permití entrar. Con las otras, tenía que hacer treguas".
Ella es hija de Ignacio del Valle, líder campesino de San Salvador Atenco, un pueblo de 15.000 habitantes a 30 kilómetros al este de la capital y que en 2002 impidió la construcción sobre sus tierras de un aeropuerto internacional, para sustituir al de Ciudad de México. Hubiese sido la obra pública más ambiciosa del gobierno de Vicente Fox (2000-2006).
Absueltos
El Estado mexicano solicitó a la CIDH que no diera trámite a la demanda de las 11 mujeres que denunciaron tortura sexual, argumentando que las investigaciones fueron diligentes y las denunciantes tuvieron diversas vías y recursos legales disponibles.
Del informe estatal se desprende que hubo 21 policías consignados, pero sólo a cinco se les siguió proceso por el delito de "abuso de autoridad" (no por violencia sexual), que concluyó en abril de este año con una sentencia absolutoria.
"Hay una total impunidad en este caso. Todos los involucrados están libres y las investigaciones están detenidas", dijo la abogada Jaqueline Sáenz, del Centro PRODH.
Cuatro años después, cayó sobre Atenco la represión de fuerzas del Estado, cuando el 3 de mayo de 2006 el Frente del Pueblo en Defensa de la Tierra, encabezado por Del Valle, bloqueó accesos al poblado, como reacción a una agresión de la policía a 10 floricultores.
El saldo fue de dos jóvenes muertos --uno por un balazo y otro por el golpe de un tanque de gas lacrimógeno--, 207 personas detenidas y torturadas, incluidas ancianas y parapléjicos, decenas de casas allanadas, dirigentes sociales condenados a penas equivalentes a cadena perpetua y al menos 26 mujeres violadas, según las denuncias, en un operativo en que participaron unos 3.000 policías.
Tanto Fox, como su sucesor, el actual presidente Felipe Calderón, pertenecen al derechista Partido Acción Nacional, que en 2000 rompió la hegemonía de siete décadas del Partido Revolucionario Institucional.
La familia Del Valle fue proscrita. El padre fue encerrado en una cárcel de alta seguridad, donde están los criminales más peligrosos, y sentenciado a 112 años de prisión. César, el menor de sus hijos, estuvo preso dos años. Trinidad Martínez, su esposa, tuvo que esconderse seis meses.
Ulises, el primogénito, fue perseguido más de un año. América, quien ni siquiera estuvo en Atenco el día de la refriega, permaneció clandestina los cuatro años de batalla legal.
"Mi tarea central era resistir, no dejarme agarrar, pero eso implicó cero contacto con mis seres queridos y con nadie, desaparecer", dijo.
El día del enfrentamiento, el subcomandante Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que estaba en Ciudad de México como parte de una gira de ese grupo indigenista y rebelde por el país, llamó a sus simpatizantes en la capital a desplazarse hacia Atenco para hacer un cordón humano.
Bárbara Italia Méndez, voluntaria de una fundación que trabaja con niños que sufren violencia, acudió al llamado y, con dos compañeros de la organización, llegó al pueblo para documentar la muerte del adolescente Javier Cortés Santiago.
Al día siguiente fue detenida, golpeada, torturada (para que aclarara si era guerrillera) y violada. Durante las seis horas que duró el traslado a la cárcel, los policías fingieron varias veces que se detenían a lanzar muertos a la vía. Ella, aterrorizada, creyó que la iban a matar. Luego estuvo 15 días en la cárcel, acusada, como todos los detenidos, de secuestro equiparado y delincuencia organizada.
Cuatro años después, en un café de Ciudad de México, Méndez dio su testimonio a IPS sobre ese día y lo que siguió para las mujeres agredidas.
"Hemos vivido cosas muy feas, como presentarnos ante el Ministerio Público (fiscalía) y que nos traten como mentirosas. Nos hemos sometido a muchos peritajes y eso significa revivir lo que pasó", contó.
"La sociedad genera un estigma que va desde el 'pobrecita' hasta el 'algo estaría haciendo'. La mayoría hace como que no pasó nada, esto ocurrió mucho en mi familia y en el trabajo. Pero muchas compañeras fueron abandonadas por haber ido violadas. Las castigaron dos veces", añadió.
"En Atenco se estrenó la política de la tortura sexual como una manera de castigo en contra de las detenidas", dice el informe "La cárcel, una forma de criminación de la protesta social en México", publicado el 25 de agosto por el no gubernamental Comité Cerezo México, que documentó más de 1.300 casos de personas detenidas por motivos políticos entre 2002 y 2008.
Méndez, de 31 años, es una de las 11 mujeres que decidieron llevar su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2008.
La denuncia fue por tortura, violencia sexual y privación ilegal de libertad y las demandantes contaron con el apoyo de los no gubernamentales Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
"Terminar 2006 y los primeros meses de 2007 fue muy duro. Recibíamos llamadas (para no denunciar). Comencé a recibir psicoterapia. Me di cuenta de que estaba más afectada de lo que pensaba y tuve que cambiar mi rol en la fundación", rememoró.
El 30 de junio de este año, en una decisión considerada histórica, la Suprema Corte de Justicia determinó que en Atenco se criminalizó la protesta social y mandó liberar a los 12 dirigentes presos, entre ellos Ignacio del Valle, uno de los tres condenados como líderes de los manifestantes.
Días antes, América del Valle se había asilado en la embajada de Venezuela. Explicó que "llevaba cuatro años encerrada, sentía que estaba llegando a mi límite, y pensé: 'todavía estoy cuerda y puedo tomar decisiones'. Así que me jugué todo". Dejó la sede diplomática en julio.
La victoria jurídica fue posible gracias a una estrategia audaz y una movilización internacional que incluyó el apoyo de 11 galardonados con el Nobel de la Paz y decenas de artistas e intelectuales. La Corte Suprema fue contundente: se los condenó sin pruebas.
Sin embargo, no hay reparación del daño, ni responsables sancionados. Atenco es una herida abierta y que supura cuando América del Valle habla de las muertes, durante su ausencia, de su abuelo y un tío.
"El regreso no ha sido fácil. Ni siquiera hemos tenido un reencuentro como familia. No tengo agenda, tengo que retomar lo que pueda retomar", explicó.
A 30 kilómetros de distancia, Méndez dice que el miedo es algo con lo que se tiene que aprender a vivir.
"He intentado retomar mi vida de manera sana. Hasta hace dos años me afectaba mucho, de repente por un olor o una frase estaba de nuevo en el camión (el bus donde se cometieron las violaciones).Y me sentía culpable de lastimar a mi familia con mi denuncia", rememoró.
"Pero estoy convencida de que tenemos que difundir lo que nos ocurrió, porque no es un caso aislado. Y el trabajo que podemos hacer es de hormiga, en los espacios que nos abren, que no son muchos", precisó.(FIN/2010)
