La
principal deuda histórica que tiene el Estado mexicano con la
protección y atención a las víctimas de este país está muy lejos de
saldarse.
La debilidad institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas y la falta de voluntad política de los estados para homologar
la Ley General de Víctimas han incinerado las esperanzas que tienen los
mexicanos por alcanzar la justicia y la reparación del daño.
En este juego de deslindes de competencias y responsabilidades entre
el Gobierno Federal y los gobiernos estatales son las víctimas las que
salen con la peor parte.
El riesgo de una revictimización de las víctimas es muy grande.
Un reclamo que no se escucha
A dos años de haber entrado en vigor la Ley General de Víctimas
(LGV), existe un importante rezago en la conformación del Sistema
Nacional de Atención a Víctimas, instancia superior para atender el
principal reclamo que existe en la sociedad mexicana.
Pero la omisión principal se encuentra en los estados en la creación
de las comisiones estatales de atención a víctimas de delitos y de la
violación de sus derechos humanos.
El último reporte sobre el proceso de armonización de la Ley General
de Víctimas en las entidades federativas ofrece resultados –más que
lamentables- hirientes.
A casi un año de haberse vencido el plazo legal para aterrizar la
Ley General de Víctimas, existen 10 estados que ni siquiera han
comenzado el proceso para homologar su legislación como establece la
LGV.
Quince estados tienen a medias este proceso de armonización y 7
entidades pueden decir que cuentan con una comisión estatal de
víctimas operando, un registro y un fondo de reparación.
“La deuda con las víctimas es enorme”, reconoce Sergio Jaime Rochín
del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención
a Víctimas (CEAV), la instancia que creó el gobierno mexicano para
atender esta problemática.
“Como Estado mexicano hemos fallado a las víctimas y reconocer la
deuda histórica que tiene el Estado mexicano requiere de mucha valentía.
“El Estado debe de asumir la responsabilidad de no haber garantizado
estos derechos (la seguridad, la justicia y la verdad ) y reparar”,
refiere.
Sin recursos no hay leyes
La Ley General de Víctimas fue aprobada en el Congreso el 30 de
abril de 2012, durante el sexenio de Felipe Calderón, pero entró en
vigor hasta 8 meses después, cuando el presidente priista Enrique Peña
Nieto ordenó -en enero de 2013- desistirse de la controversia que había
presentado en su momento el mandatario panista.
La nueva legislación fue reformada en mayo de 2013.
En los artículos transitorios se otorgaba un plazo de un año –que se
vencía en mayo del 2014- para que los estados cambiaran sus leyes para
adaptarse a la LGV.
Ningún gobierno estatal cumplió dentro del tiempo legal.
El último reporte de la CEAV exhibe como los estados que ni siquiera
han comenzado el proceso de actualización de la nueva Ley a Baja
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de
México, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán.
Hay 15 estados que registran avances en la armonización, pero su
proceso está a medias: algunos tienen comisiones estatales de atención,
pero carecen de fondo de reparación.
En esta situación se encuentran los estados de Aguascalientes, Baja
California Sur, Colima, Durango, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León.
También en esta lista está Puebla, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Para la CEAV en este momento solo 7 estados son los que han cumplido con la correcta armonización de la Ley General de Víctimas.
En esta lista se encuentra Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Sinaloa.
Es decir: tienen una comisión de atención a víctimas autónoma,
operan un registro estatal y cuentan con un fondo de reparación del
daño.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV,
dice que es la falta de recursos la principal excusa que han ofrecido
los estados para no cumplir con la Ley General de Víctimas.
“Yo creo que no puedes poner como excusa la falta de recursos para
atender una deuda tan grave, tan importante para la ciudadanía y tan
sensible”, comenta el comisionado.
Sin registro de los desaparecidos
La omisión de los estados en el cumplimiento de la LGV ha impedido
la operación plena del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se
supone es la máxima instancia del gobierno mexicano para atender este
reclamo ciudadano.
Una de las principales obligaciones que tienen las comisiones
estatales de atención a víctimas son alimentar el Registro Nacional de
Víctimas y atender los casos de víctimas del delito del fuero común.
Entre los estados que no han iniciado el proceso de armonización de
la Ley General de Víctimas sobresalen los casos de Distrito Federal y
del Estado de México, que son los más grandes del país.
“Los que menos se han adaptado es curiosamente el Distrito Federal,
que es un estado pionero en atención pero que no tiene una comisión
ejecutiva, no tiene fondo y no tiene un registro de víctimas propio
donde se reúnan a las víctimas”, explica Rochín del Rincón.
“El Estado de México tampoco se ha armonizado siendo que es una de
las instituciones que tiene buena atención con un centro estatal de
víctimas”.
Entre los estados cumplidos hay casos especiales como el de Nuevo
León, que sí tienen ya instalada una comisión ejecutiva para la
Atención de Víctimas, sin embargo ésta no es autónoma y la creación del
fondo de reparación del daño está en proceso.
Es el mismo caso de los estados Tamaulipas y Durango, que ya tienen
operando comisiones sin embargo estas dependen de las procuradurías
estatales.
Existen además estados que han aprobado sus legislaciones en
homologación con la Ley General de Víctimas, pero que no han publicado
sus legislaciones.
En esta situación se encuentran entidades como Baja California Sur, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Los estados de Michoacán y Guerrero, en los últimos dos meses, aprobaron su legislación en base a una Ley Modelo de la CEAV.
Expedientes del incumplimiento
Hace 6 meses se publicó que en la CEAV no estaban conformados ni el
Fondo ni tampoco el Registro Nacional de Víctimas como lo establece la
LGV desde hace un año.
Los plazos se habían vencido y los estados habían incumplido con la
homologación aprovechando la poca fuerza institucional que tiene la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Nosotros hemos tratado dentro de nuestras facultades de señalar
públicamente el incumplimiento, pero claramente ha sido insuficiente”,
reconoce Rochín del Rincón, comisionado presidente del CEAV.
“A veces cuesta semanas para que te den una reunión, pero al final te la dan”.
Rochín del Rincón asegura no hay justificación para que los estados
no tengan sus comisiones ejecutivas estatales instaladas antes de que
concluya el primer semestre.
El presidente comisionado de la CEAV se compromete que al término
del primer semestre de este año el 80 por ciento de los estados tendrán
instalados sus comisiones de atención a víctimas.
“Este año, en este semestre, debemos de tener las comisiones ejecutivas funcionando por lo menos en un 80 por ciento”, asegura.
Los estados –de acuerdo a la LGV- le toca atender a las víctimas del
fuero común y están obligados a tener un registro de víctimas y un
fondo de reparación del daño.
La CEAV hace dos meses apenas pudo reactivar el Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral y entregó hace un mes el primer apoyo
a una víctima de la violación de sus derechos humanos.
Los derechos de las víctimas en los estados donde no han adaptado
sus leyes no están garantizados porque no pueden recurrir directamente
a la CEAV.
Esto porque los comisionados aprobaron el año pasado una resolución
que impide que las víctimas del fuero local soliciten el apoyo de la
CEAV para inscribirse en el Registro Nacional de Víctimas.
“Nosotros por nuestras competencias sólo atendemos casos de víctimas
del delito y derechos humanos del fuero federal”, dice Rochín del
Rincón.
