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12/08/2019

Encarcelan a ex juez de Nayarit por fraude a beneficiarios de Infonavit

Pedro Enríquez gozaba de libertad bajo caución
Al ex titular del Tribunal Superior de Justicia estatal también le imputan asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad


Foto
 Pedro Antonio Enríquez Soto, ex titular del TSJE, 
en una imagen tomada de su cuenta de Facebook 
en 2016. El magistrado renunció a su cargo
 hace un par de meses, cuando su periodo 
debía concluir el próximo 17 de diciembre.
Al ex juez se le acusa de asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, fraude específico y falsificación de documentos en agravio de al menos 50 mil derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), quienes a través de juicios simulados fueron despojados de sus viviendas en Nayarit, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco entre 2013 y 2018.
El pasado 9 de mayo, al cabo de casi 21 horas de audiencia, Enríquez Soto fue vinculado a proceso, sus abogados solicitaron que el proceso lo siguiera en libertad y por ello se le fijó una garantía económica de 15 millones de pesos, la cual fue cubierta y la prohibición de salir del estado.
El expediente con la causa penal 809/2019, que contiene el caso del megafraude, continuó recabando datos y acusaciones en contra del ex magistrado quien renunció a su cargo hace un par de meses cuando su periodo debía concluir el próximo 17 de diciembre.
Juicios simulados
Ese mismo mes, el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce, compareció ante el Congreso local donde explicó que del caso se tienen 40 tomos con 17 mil fojas y que dentro del proceso se han asegurado 3 millones 850 mil pesos en efectivo además de un reloj de oro y tres inmuebles en los cuales, se sospecha, se simulaban los juicios y de ahí salían los expedientes para ser firmados y pasar al despojo de la vivienda, afectación patrimonial que está tasada en más de 2 mil 50 millones de pesos.
Pedro Antonio Enríquez no es el único ex magistrado en el que ha recaído este proceso legal, Jorge Ramón Marmolejo Coronado también se encuentra en prisión preventiva desde el 30 de mayo por los mismos delitos, aunado al de cohecho, pero él está recluido en el penal federal número 4, en El Rincón, ello por garantía de su vida. Su magistratura terminó en junio pasado.
La forma en que se operaba este despojo era estar al pendiente de quién o quiénes dejaban de pagar su crédito puntualmente y caían en cartera vencida, entonces abrían todo un procedimiento para notificar al acreditado que su omisión de pago lo llevaría a perder su vivienda; sin embargo, la realidad era que nunca le notificaban al deudor y se armaba un expediente en el cual se daba a conocer que el beneficiado se había declarado en rebeldía, lo que significa que a éste no le interesaba recuperar la propiedad.
Los expedientes se armaban en céntricos edificios del municipio de Tepic y de ahí se llevaban a juzgados ubicados en Compostela y Xalisco para que fueran firmados por jueces inmersos en el fraude, quienes también fueron suspendidos y llamados a rendir cuentas ante la justicia, sólo que ellos han pedido rendir su declaración en absoluta privacidad y se supone que son quienes han ido aportando los datos necesarios en contra de los ex magistrados señalados para seguir los juicios.
La denuncia de los juicios simulados y posterior despojo de casas habitación fue hecha por el vocero del grupo ciudadano Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios quien ha dado puntual seguimiento al proceso.

Corresponsal
Periódico La Jornada

3/27/2019

La voracidad contra los sin techo


Gustavo De la Rosa
Han pasado más de 10 años de la trágica inundación, los dueños de las casas las han reconstruido y las mantienen en pie pese a la inestabilidad del terreno. Foto: El Diario de Juárez.

En 2007 una inusitada inundación en esta reseca ciudad dejó inhabitables más de 3 mil casas que se habían construido en el lecho de una laguna desecada por los propietarios del terreno para impulsar sus empresas constructoras y sus negocios productivos con Infonavit; cuando bajaron las aguas los habitantes de esas viviendas, que se refugiaron un par de semanas en albergues improvisados, regresaron a lo que había sido su hogar y reconstruyeron el barrio.
Meses después fueron informados que los fraccionamientos afectados, Palmas y Almeras, habían sido declarados inhabitables, por lo que el valor de las propiedades era cero y no podrían venderlas ni liberar las escrituras gravadas con una hipoteca pagada con los mismos recursos del Infonavit. Aun así algunos siguieron pagando su mensualidad porque la empresa nunca comunicó a los empleadores que el crédito del trabajador era prácticamente inexistente.
Desde entonces, el Infonavit ha sumado muchas de estas viviendas legalmente a su cartera como casas recuperadas y ha realizado subastas y ventas masivas de algunas de ellas por el precio ridículo de 35 mil pesos, según cuentan los habitantes de la zona. Han pasado más de 10 años de la trágica inundación, los dueños de las casas las han reconstruido y las mantienen en pie pese a la inestabilidad del terreno mientras que el Gobierno ha sido incapaz de buscar una solución a la situación jurídica que afecta a esos juarenses, en su mayoría trabajadores de maquiladora.
Pero ahora repentinamente surgieron, como venidos del infierno, abogados que dicen ser representantes de los nuevos propietarios de los fraccionamientos, y llegaron exigiéndole a los vecinos que desalojaran sus viviendas en un plazo perentorio de entre 15 días y un mes. Primero dieron amenazas y desplantes a la manera de capos de pacotilla, pero en estos últimos días la alarma en la zona ha crecido porque los juzgados civiles de Ciudad Juárez empezaron a notificar a algunos de los vecinos que en Nayarit o en Sinaloa se han abierto juicios en su contra para arrebatarles sus viviendas, y que si quieren defenderse tendrán que contratar abogados en aquellos estados, porque de alguna forma estas inmobiliarias pueden tramitar los juicios a más de mil kilómetros de distancia.
En estos casos se descubre una perversa complicidad entre las autoridades del Infonavit, los notarios públicos, y las inmobiliarias y constructoras que pueden comprar e intercambiar la propiedad de casas que no están dentro del mercado por haber sido declaradas inhabitables, y pueden acudir a los juzgados a pedir órdenes de desalojo y desposesión de las viviendas de quiénes las compraron hace 20 años y que las reconstruyeron una década después para seguir viviendo en ellas, a sabiendas que otra gran inundación volverá a expulsarlos de ellas y destruirá todos sus bienes.
Además del riesgo de que la naturaleza reclame sus pertenencias, estos juarenses ahora deben temer a los buitres de los negocios inmobiliarios que se criaron a la sombra de los créditos del Fobaproa, de las protecciones a los políticos y los hijos de millonarios, y que pueden comprar a precios de regalo créditos o juicios contra esta masa depauperada de trabajadores que algún día se emocionó al ser notificada de que había sido beneficiada con un crédito de vivienda, y ahora se encuentra a las puertas de la calle.