Hay que recordar que el 24 de diciembre del 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó sobre la existencia de más de un millón de documentos relacionados con el caso Jeffrey Epstein, por lo que, debido al volumen tardarían una semana más en terminar la divulgación; sin embargo, el primer lote expuso fotografías del presidente Donald Trump con el magnate, así como señalamientos en su contra por parte de testigos.
Esta información es crucial para revelar un caso de trata de personas con fines de explotación sexual que involucra a diversos hombres de la vida política del mundo.
Jeffrey Epstein, fue acusado de tráfico sexual en 2015; sin embargo este logró no hubiera sido posible sin la lucha de Virginia Louise Giuffre, quien no solo denunció al magnate, sino que describió su experiencia en sus memorias titulada «Nobody´s Girl» o «La chica de nadie» en español.
Virginia Giuffre, la mujer que reveló la red de tráfico sexual de Epstein y Donald Trump
Las expertas, nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lanzaron una advertencia general sobre la «violencia persistente de los sistemas de poder patriarcales» revelada por los «archivos de Epstein», que el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a hacer públicos a finales del año pasado.
Esta colección de documentos, fotografías, registros de vuelos y otros elementos relacionados con las investigaciones sobre las actividades de Jeffrey Epstein, financiero neoyorquino fallecido y acusado de haber creado esta red de trata de mujeres y niñas para su explotación sexual a nivel mundial, ha sido objeto de importantes debates jurídicos y políticos en los últimos meses, en Washington y más allá, afirmaron las expertas de la ONU.
«Estamos gravemente preocupadas por las alegaciones creíbles contenidas en los ‘documentos de Epstein’ sobre una trata sistemática de jóvenes y niñas con fines de explotación sexual, y pedimos una investigación completa y transparente», declararon la y los expertos
Señalaron que estas alegaciones implican a altos cargos políticos, personalidades públicas, diplomáticos, líderes empresariales de primer nivel y destacados académicos. Describen una trata generalizada de niñas y jóvenes a través de múltiples fronteras internacionales durante varias décadas.
Por lo que afirmaron que esta situación pone de relieve la discriminación y la violencia profundamente arraigadas inherentes a los sistemas de poder patriarcales, así como las deficiencias asociadas en materia de rendición de cuentas, subrayaron Siobhán Mullally, relatora especial sobre la trata de personas (en particular mujeres y niñas), y los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas.
Una cultura de impunidad
Las y los expertos recordaron que la trata de niños y jóvenes constituye un delito penal grave, así como una flagrante violación de los derechos humanos. Asimismo, expresaron su profunda preocupación por la respuesta «totalmente inadecuada» de los gobiernos nacionales y las fuerzas del orden.
«La incapacidad para garantizar la rendición de cuentas perpetúa una cultura de impunidad que perjudica de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas, y compromete la promesa de una protección igualitaria garantizada por el derecho internacional de los derechos humanos», señala el comunicado de los expertas independientes.
Además, la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual destruye la infancia y tiene consecuencias devastadoras a largo plazo para las víctimas, afirmaron.
Recordaron a los gobiernos su obligación de prevenir la trata, proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia, así como la existencia de recursos efectivos, incluida la concesión de reparaciones.
Apoyo a las víctimas
«Las víctimas y las sobrevivientes deben estar en el centro de toda respuesta eficaz a la trata de seres humanos, una respuesta que sea a la vez sensible al trauma y respetuosa de la igualdad de género».
«Los Estados deben garantizar asistencia médica —incluidos servicios de salud sexual y reproductiva—, apoyo psicosocial, así como medidas de reinserción social y recuperación a largo plazo».
Mientras la atención mundial prestada a este caso comienza a desvanecerse, este grupo de expertas pidieron acciones concretas, el establecimiento de responsabilidades y la adopción de medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia, así como la concesión de reparaciones, garantías de no repetición y transparencia.
«Los Estados tienen la obligación de actuar, y esta obligación no ha hecho más que retrasarse», afirmaron.
