Álvaro Delgado
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| A la derecha, Javier Tejado junto a Roberto Gil durante la Semana de la Radio y Televisión. Foto: Miguel Dimayuga |
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| A la derecha, Javier Tejado junto a Roberto Gil durante la Semana de la Radio y Televisión. Foto: Miguel Dimayuga |
| México es el tercer país de la OCDE que más caras ofrece sus telecomunicaciones |
Toda una estrategia que incluye un buen número de juegos perversos es lo que caracteriza al gobierno federal actual en prácticamente todos los terrenos, no solo el que se refiere a los policiaco, ala seguridad. Así tenemos por ejemplo el ir y venir sobre el futuro de Mexicana de Aviación, sobre la cual en una fecha señalan que incluso ya recibieron la transferencia que permite evitar la declaración definitiva de quiebra, dan incluso el nombre del interesado, revelan fechas posibles de puesta en marcha y luego salen con que nada de eso fue realidad. En tanto, los trabajadores de la línea van cediendo tiempo y con ello posibilidades no solo de retornar a su trabajo sino de recibir la liquidación que les corresponde. Otro jueguito de esta naturaleza está en la alianza Televisa-Iusacell y la acciones en contra de Telmex. Un día niegan tal fusión y ahora salen con que no hay nada definitivo.
El pretender liquidar a un monopolio como fue la intención de Televisa al intentar aliarse con Iusacell y así ingresar al campo de la telefonía supone la creación de otro, del de las televisoras que antes se negaron a darle la entrada a la telefónica en ese terreno. Los golpes propinados solo revelan la falta de políticas de estado, de gobierno que padecemos. El estudio que presentó la OCDE y sobre el cual se inconformó el magnate Carlos Slim, si bien contiene algunos renglones a los cuales deberá concedérseles las razón, esta exhibición no tuvo como objetivo marcar pautas para que las cosas cambien en ese terreno sino simplemente “presionar” para que el de ascendencia libanesa retirara sus inconformidades.
Porque no han enviado ni circulado ningún documento o estudio o análisis que nos hable de las severas críticas que tendrían que existir sobre la actuación de los Bancos extranjeros, del excesivo cobro de comisiones, de los abusos que cometen al cobrar por el manejo de una cuenta de la cual ellos disponen para hacer inversiones y préstamos que les generan utilidades que no logran obtener en los países en donde tienen instalada su casa matriz. Se puede alegar que hay competencia entre ellos cuando lo que realmente existe es una gran complicidad con el gobierno federal que no regula ninguno de los renglones de operación que deberían contemplar no solo los intereses sino la obligación de destinar un porcentaje a créditos blandos para la producción e incluso para el campo.
Tampoco se regulan los precios de los alimentos, no se cuenta con un órgano como lo era la Conasupo y se permite, amparados en el libe mercado, que se abuse de los consumidores. De un día para otro, la misma carga de cebollas o de jitomates, o de plátanos sube su precio hasta un 40 o 60 por ciento. México es un paraíso para todo aquel que busca fortunas rápidas, no hay controles, no existen precios de garantía para los productos del campo. Tampoco los hay para las prendas de vestir o para el calzado o los útiles escolares, o para la renta de inmuebles, o para las coberturas de las aseguradoras, o tabuladores para el pago de servicios médicos particulares. Sus procuradurías como la PROFECO o la de los usuarios de la banca, son elefantes blancos que demuestran su inutilidad a cada paso, en cada denuncia, por cada queja.
Así las cosas no se trata de parar, de detener la creación de más monopolios que nos tengan bajo el hipnotismo de una publicidad que muestra que solo hay dos refrescos de cola y nada más, sino de contar con políticas públicas que impidan de manera real, sin que tengan las suficientes lagunas como para que puedan penetrar quienes ambicionan este esquema, el acaparamiento de concesiones que, además, no aportan a la sociedad absolutamente nada. Telmex no cuenta con casetas telefónicas gratuitas en el exterior de los hospitales ya sea de los que corresponden a la Secretaría de Salud o a los de la Cruz Roja, que son los sitios a donde acuden familias de bajos recursos que están impedidos de gastar un mínimo de 30 pesos para adquirir una tarjeta, las televisión no destina tiempo de su programación a presentaciones culturales y menos aún educativas.
DE LOS ANTECEDENTES
No conformes con la pretensión de monopolizar televisión y telefonía en solo dos grupos, porque habrá que tener presente que a través del servicio celular ya Telcel enviaba noticias a través de UNONOTICIAS y que lo transformó en UNOTV, la cual sacó del envío hace 48 horas y regresó al nombre anterior, y en su afán de presionar a la Comisión Federal de Competencia, Azcárraga Jean completó el depósito que por mil 600 millones de dólares tenía que realizar a la empresa de Salinas Pliego violándole ordenamiento de que ninguno de los involucrados realizara operación alguna hasta que no se emitiera la resolución correspondiente.
Y es que en todo este enredo además de que participa la OCDE a quien respondió Slim señalando que se requiere de regulaciones u políticas que aseguren la competencia abierta y justa vigilada en su cumplimiento por un regulador fuerte que garantice la provisión de un servicio de calidad precios bajos, saltaron a la luz temas que van desde su uso permanente de una calculadora hasta sus gustos por los cacahuates japoneses, la coca Light y hasta la forma de andar por la oficina sin zapatos. Les faltó a los de “Etiqueta Negra”, revista peruana, marcar el apetito feroz y el gran número de tacos dorados que ingiere y que manda pedir al Sanborns que se ubica en Paseo de las Palmas, justo frente al moderno edifico que construyó para Carso.
Se habla de donativos pero no se ofrecen nunca pruebas ni nombres. También se dieron a la tarea de pedir opiniones y una de ellas, revelan, es la de Alfonso Ramírez Cuellar que de barzonista ahora se viste de líder campesino: “Slim es un cabrón que casi siempre ande en calcetines en su oficina. De traje y sin zapatos”. Se sabe ya que está operado del corazón, que le cambiaron válvulas, que se puede ganar un millón de dólares, pero que también cuenta con un “hermano incómodo”: Julián Slim Helú, de la Federal de Seguridad, compinche de Miguel Nazzar Haro., de Florentino Ventura, de Salomón Tanús, de los torturadores de la época. Don Julián presta sus servicios de asesoría en seguridad a su hermano Carlos e incluso el hijo de éste Héctor Slim Seade es el actual director de Telmex y el otro sobrino, Julián se encarta de los hoteles Calinda. Habrá que tener muy presente que esa Dirección Federal de Seguridad a la que prestaba sus servicios el hermano de don Carlos fué la cantera de narcotraficantes como Miguel Félix Gallardo, de Amado Carrillo, de Quintero, de Fonseca, de todos que encontraron en esta actividad una mina de oro.
Ya está usted enterado de estos entretelones por lo que le pregunto y me pregunto ¿sirven de algo al momento de liquidar un recibo de teléfono con tarifas y cobros excesivos o para cambiar el tono de las telenovelas y hacer algo para acabar con la incultura y la ignorancia de nuestro pueblo? Pero no podemos exigir mucho si las autoridades por las que hemos votado y votaremos se formaron dentro de ese esquema en el que la Ley solo es para los discursos y los amigos y todas las reglas, sin excepción pueden violarse porque: “buen caballero es don dinero”. ¿o no?
Sólo en México, o en cualquier dictadura del tercer mundo, se pueden ver episodios como el que vivieron los notificadores de la Comisión Federal de Competencia (CFC), quienes fueron agredidos impunemente por guardias de la empresa Iusacell, cuando fueron a dejar el documento oficial sobre la negativa del organismo regulador a autorizar la alianza entre esta empresa del grupo de TV Azteca con Televisa. Así queda plenamente probado que el duopolio televisivo se convirtió de facto en un estado dentro del Estado, que impone sus propios reglamentos y se burla del marco institucional como le viene en gana.
Las televisoras acusan a la CFC de “no promover la competencia en el mercado”, cuando es por demás obvio que ambas se han constituido en un freno inamovible que impide una elemental competencia en un mercado que controlan en su exclusivo beneficio. Esto mismo sucede con el monopolio del magnate Carlos Slim, cuyo control del mercado telefónico es casi total. Para que se viera la “imparcialidad” de la autoridad federal, a éste se le negó la participación en la televisión abierta, pero ninguno se verá afectado en sus intereses, mientras que la sociedad seguirá padeciendo las consecuencias de la monopolización de las telecomunicaciones.
¿Dónde está el libre mercado que tanto pregonan los tecnócratas? Queda de manifiesto que los hechos desmienten la falaz “teoría” con la cual gobiernos al servicio de los grandes monopolios quieren engañar a la sociedad. Tal esquema, sin embargo, no tiene futuro, porque no hay riqueza suficiente para saciar la voracidad de los monopolios, como así está demostrado en la eurozona, cuya crisis se debe en buena medida a esta manera de entender la economía.
Lo que patentiza la “guerra” entre los gigantes de las telecomunicaciones, es que con sus prácticas monopólicas están obstaculizando un elemental desarrollo del sector, de manera democrática y que favorezca una sana competencia. Ahora lo deseable y sensato sería que la autoridad competente aprovechara la coyuntura para fortalecer la capacidad regulatoria del Estado, de manera que se eviten en el futuro situaciones tan vergonzosas como la señalada líneas arriba. México está urgido de medios electrónicos que contribuyan al saneamiento del tejido social, no que aceleren su descomposición, como sucede actualmente.
Es incuestionable que la agresión a los notificadores de la CFC constituyó un delito que debiera ser castigado; sin embargo, sería mucho pedir. Lo importante es que se dio un paso importante al impedir la consolidación de un súper monopolio en el ámbito televisivo, pues esa es la finalidad de la negociación entre ambas empresas, no tanto la participación de Televisa en Iusacell. Abrir los mercados de la telefonía y de la televisión es una meta irrenunciable, si queremos que México deje atrás el subdesarrollo cultural y mediático en que nos mantienen las tres grandes empresas.
Para eso se necesita un Ejecutivo sin compromisos con éstas, con visión estratégica y capaz de no ceder a chantajes en aras de una popularidad mal entendida que a final de cuentas se revierte. Lo fundamental son los hechos, las obras concretas, la mejoría real en los niveles de vida de la población, para tener aceptación entre la ciudadanía, con más firmeza que la que pueden proporcionar miles de espots mentirosos que se diluyen en el éter al quedar en evidencia su falsedad. Aun súper expertos en comunicación de masas, como lo fue Joseph Goebbels, acaban fracasando ante las evidencias de la realidad.
Es oportuno referirse al problema de la violencia que agobia a los mexicanos. Por más espots que se transmiten en radio y televisión, con el fin de hacer creer a la ciudadanía que se está ganando la “guerra” contra el crimen organizado, las evidencias de la cotidianeidad se acaban imponiendo. Tienen mucho mayor impacto en la opinión pública palabras sensatas y ajustadas a la verdad, que las mentiras que chocan con la realidad en cuanto salen a la luz. Por eso es encomiable lo dicho por el nuevo comandante de la undécima Zona Militar con sede en Zacatecas, general de brigada Bernardo Pineda Solís.
Afirmó que el Ejército Mexicano “no tiene la solución para resolver los problemas de la inseguridad pública”. Fue categórico al puntualizar que “si nosotros queremos combatir la violencia debemos exigir que las leyes se cumplan”. Luego citó al filósofo clásico Marco Tulio Cicerón, quien dijo: “Si se combate la violencia con violencia, se va a producir anarquía o dictadura”. Así como en los medios electrónicos no hay que confundir entretenimiento con enajenación, en las fuerzas armadas no se debe pedir que combatan la violencia con más violencia, pues se desvirtúa su papel institucional, que en México ha sido de firme coadyuvante de la paz social.
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 23 ene 12 (CIMAC).- Aleida Calleja, directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), advirtió que de aprobarse la alianza entre Televisa y la empresa de telefonía celular Iusacell –propiedad de TV Azteca–, se crearía un “poder fáctico” que pasaría por encima de las instituciones del Estado y pondría en peligro la democracia del país.
De cara a la discusión mañana del pleno de la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) para definir si aprueba esa fusión, la especialista dijo a Cimacnoticias que de no impedirse se generaría una concentración mediática que tendría un impacto directo en el ejercicio de la libertad de expresión, y en la democracia misma.
“Si ya tienen un gran poder político para doblegar a las instituciones del Estado”, si esas empresas acaparan todavía mayores recursos comunicacionales, esto se potenciará, advirtió la activista.
Puso como ejemplo de un eventual efecto negativo lo ocurrido en 2006, cuando estas televisoras y medios de comunicación electrónicos intervinieron en las elecciones presidenciales para descalificar al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.
“Lo que deja ver de manera clara cómo un par de dueños de estos grupos mediáticos determinaron quién debería de salir de la competencia electoral… y quién debería quedarse imponiendo sus intereses a la mayoría de las y los mexicanos”, consideró Aleida Calleja.
Es decir, abundó, las televisoras tienen la capacidad de imponer candidatos, de parar al Congreso, de doblegar a otro tipo de instituciones que vayan en contra de sus intereses, sin importar el mexicano común y corriente. “Doblegan de tal manera a la clase política que nuestro voto ya no tiene mucho sentido”, criticó.
NEGOCIO REDONDO
La presidenta de la Amedi observó que la telefonía móvil y el internet son negocios de millones de dólares, lo que haría más poderosas económica y políticamente a ambas televisoras.
En abril de 2011 Televisa anunció la firma de un acuerdo para adquirir 50 por ciento de las acciones de Iusacell por un monto de mil 565 millones de dólares en deuda convertible, y 37.5 millones de dólares en capital. Hasta el momento ambas empresas esperan la resolución de la Cofeco, cuyo plazo vence en febrero próximo.
Calleja agregó que esta eventual fusión “es perniciosa” y atenta contra la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad, además de que es contraria al artículo 28 de la Constitución y a
la Ley Federal de Competencia Económica, ya que fomentaría prácticas anticompetitivas.
De autorizarse la alianza entre Televisa y Iusacell “lo que estaríamos viendo es el mayor acaparamiento de recursos comunicacionales en el país, ya que no sólo controlarán las plataformas de televisión abierta y por cable, sino también la voz, video y datos que hay a través de los dispositivos móviles”, indicó.
“Desde hace un buen rato ambas televisoras se han coludido para evitar la distribución de contenidos en el país, lo que se refleja de manera más clara en la televisión por cable, en la que son dominantes”, explicó.
RIESGO DE CENSURA
Aleida Calleja refirió que Televisa y TV Azteca obligan a los sistemas de cable locales y regionales a obtener la señal de televisión abierta a través de un “empaquetamiento”, que los orilla a asumir la mayor parte de los canales que tienen ambas televisoras.
Afirmó que esa práctica es violatoria de lo estándares internacionales en materia del derecho que tiene la población de acceder de manera universal y gratuita a la televisión abierta.
Más de 100 expertos en telecomunicaciones, académicos e intelectuales publicaron hoy un desplegado en diarios de circulación nacional, para demandar a la Cofeco que impida la alianza Televisa-Iusacell.
Las y los firmantes aseguraron que ambas empresas participan en el mercado de televisión abierta y telecomunicaciones y concentran el 88 por ciento de las concesiones del ramo, por lo que deberían ser competidores y no socios
“Ambas televisoras tienen 51 por ciento de todos los canales espejo de la televisión digital; acaparan 94.4 por ciento de la audiencia televisiva, se apoderan de 58 por ciento del total de la inversión publicitaria en México, y reciben cada año 30 por ciento del gasto público en comunicación social federal”, expusieron.
Advirtieron que en ningún otro país del mundo se ha visto que las empresas dominantes que compiten en el mercado de la televisión abierta se coludan para obstaculizar la entrada de nuevos competidores.
MÉXICO, D.F. (apro).- Salvo un sorpresivo viraje, que implicaría que las cosas comienzan a cambiar para bien en México, los magnates Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego podrán ufanarse a partir de este martes 24 de ser los amos absolutos de las telecomunicaciones y, sobre todo, de tener sometidas a las instituciones del Estado.
Si ya de por sí doblegan a políticos y empresarios de todo nivel, o al disidentes los aplastan o por lo menos los ignoran, el dictamen de la Comisión de Federal de Competencia (Cofeco), que hasta la noche del lunes apuntaba a convalidar la fusión Iusacel-Televisa, ratificaría que Azcárraga y Salinas Pliego pueden hacer en México lo que les venga en gana.
La decisión del pleno de la Cofeco, que sesionaría el martes 24, está precedida no sólo de una campaña de linchamiento de las dos televisoras contra el presidente de la Cofeco, Eduardo Pérez Motta, sino de una reunión de Felipe Calderón con directivos de Televisa encabezados por Azcárraga Jean, realizada el miércoles 18, en las oficinas del corporativo de San Ángel.
En esa reunión, que quiso mantenerse en el secreto y de la que la Presidencia de la República informó sólo hasta el día siguiente, Calderón habría discutido con Azcárraga el tema de la fusión de Televisa-TV Azteca y el impulso al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, que aglutina a los medios públicos y que él pretende usar para fines de propaganda en el proceso electoral en curso.
Aun cuando la Cofeco difiera la sesión, como se estimaba la víspera, todo el mundo sabe que convalidará esa fusión que fortalecerá el poderío de Azcárraga Jean y Salinas Pliego, porque aun cuando en apariencia se trata sólo de la telefonía celular, que se traduciría en una “sana” competencia con Telcel de Carlos Slim, está vinculada en realidad con el control total de la televisión abierta y de paga.
Con la validación del acuerdo Iusacel-Televisa, del que hace un año informó el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, por el que fue objeto de insultos por parte de las televisoras –que sin embargo callaron cuando se formalizó ese acuerdo en abril de este año–, del duopolio de Televisa y TV Azteca se da paso a un monopolio.
Y esto tiene enormes consecuencias no sólo en términos del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, por la oprobiosa e ilegal concentración –tan nociva como la de Telcel-Telmex–, el cobro a los usuarios al arbitrio de ellos solo aun con pésimo servicio y la proliferación de telebasura, sino en el aumento de su poder político capaz de someter y suplantar al Estado.
Hace exactamente seis años, en el contexto también del proceso electoral, Televisa y sus aliados lograron la aprobación de la ley de telecomunicaciones, que desde entonces se le conoció con el nombre de la televisora, que fue declarada inconstitucional por la Suprema corte de Justicia de la Nación tras una movilización de diversos sectores que respaldaron el recurso promovido por senadores que renegaron de sus partidos.
Entonces como ahora, prevalece un silencio de las cúpulas de todos los partidos políticos y sus precandidatos presidenciales, incluido Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 convalidó la Ley Televisa, como ahora parece hacerlo también con la pretensión monopólica de Azcárraga Jean y Salinas Pliego.
De los aspirantes panistas, Josefina Vázquez ha sido tan solícita con los empresarios de la radio y la televisión como Enrique Peña Nieto, a quien quiere imponer Televisa, pero Santiago Creel y Ernesto Cordero tampoco han asumido una posición contraria y menos lo hará este último siendo, como es, un mero apéndice de Calderón.
En 2006, cuando su coordinadora de campaña era Vázquez Mota, Calderón pactó con Televisa aprobar la ley, aunque prometió que, de ganar, traicionaría su palabra y no la promulgaría, según reveló Manuel Espino, expresidente del PAN. “El se comprometió, es la primera vez que lo digo, a que si sacábamos adelante esa ley, él no la promulgaría”, dijo al reportero, en julio del año pasado.
“¡Y yo le creí! ¡Era la palabra del candidato presidencial, carajo! ¡No era un panista equis! Era el candidato a la Presidencia de la República el que me estaba diciendo: ‘Una vez que pase esa ley en el Senado, no se promulga, me esperan para promulgarla yo y cuando llegue la hora no la promulgo, la devuelvo’”.
“–¿Ese fue el compromiso que hizo?
“–¡Así de sencillo! Y eso lo sabe Javier Corral, porque se lo platiqué cuando me dijo que por qué hicimos eso. Le dije: “Yo tenía que apoyar a mi candidato, pero no de a gratis”. Una cosa de esas que no estaba bien, yo la apoyé con la condición de que cuando fuera presidente ya él no promulgaría la ley, y la promulgó. ¿Por qué? Quién sabe qué arreglitos habrá hecho también con las televisoras. De eso deben dar cuenta Calderón y también Vázquez Mota…”
Por lo visto, por lo menos Calderón y Vázquez Mota, pretende repetirse la historia…
Apuntes
También como en 2006, Calderón quiere reactivar el contubernio que mantiene con Elba Esther Gordillo y así lo ha hecho saber a través de Ernesto Cordero, su apéndice, tras la disolución de la coalición del PRI con el Partido Nueva Alianza (Panal). La relación mafiosa de Calderón con la cacique magisterial podría robustecerse, porque nunca se ha roto, si fuera auténtica la ruptura con Peña Nieto. No es así. Es tan falsa la separación como la versión de que los “dinosaurios” priistas fueron los autores, como si no fueran tan mañosos unos como los otros. Y hasta la postulación de Rosario Robles, matraquera de Peñas, es parte de lo mismo… Por cierto, en Guerrero se libra una batalla de priistas: Rubén Figueroa hijo acusa al alcalde priista de Acapulco, Manuel Añorve, de ser “narcopresidente y narcopriista”…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y TwitTer: @alvaro_delgado
Que los poderes fácticos ejercen su poder no queda la menor duda, como nos lo prueba el duopolio televisivo con una firmeza inequívoca. En cuanto ven una leve amenaza en el firmamento a su hegemonía, ponen en marcha sus múltiples recursos e influencia para neutralizar esa posibilidad, antes de que comience a perfilarse como una realidad concreta. ¿Puede afirmarse entonces que exista en México una irrestricta libertad, cuando las reglas están claramente establecidas en la práctica por quienes tienen un control total del mercado? Obviamente, sería imposible aceptarlo.
Así lo constatamos con las presiones de que ha sido objeto, en los últimos días, el presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), Eduardo Pérez Motta, según denuncia que hizo a medios impresos. El motivo es que dicho organismo está obligado a desaprobar o autorizar la asociación entre las empresas Televisa y Iusacell, propiedad de Televisión Azteca, operación valuada en mil 600 millones de dólares, mediante la cual la empresa de Emilio Azcárraga Jean, podría participar en el negocio telefónico con un 40 por ciento del total de la empresa de la que es propietario Ricardo Salinas Pliego.
Tales presiones obedecen a que “el duopolio televisivo exige autorización de la Cofeco para ser monopolio”, como dijo Joaquín Vargas Guajardo, presidente del Grupo MVS. Si el organismo regulador autorizara las pretensiones de los señores Azcárraga y Salinas Pliego, estaría actuando en contra de sus objetivos fundamentales, pues se creó precisamente con la finalidad de evitar el surgimiento de prácticas monopólicas en el mercado. Visto el asunto con la mayor objetividad, no hay argumentos válidos que justificaran tal asociación, que apuntalaría en los hechos un monopolio televisivo disfrazado de “competencia” entre dos empresas.
La realidad muestra que lo que han hecho ambas firmas es acordar una distribución del mercado que les permita operar con beneficios mutuos. En cuanto ven riesgos en el horizonte, cierran filas firmemente para neutralizarlos, como sucedió en el año 2006, cuando el empresario Isaac Saba quiso abrir una tercera cadena televisiva en asociación con una empresa estadounidense. La guerra de ambas contra este malogrado inversionista fue total, hasta obligarlo a desistir de su intentona. Luego moriría, víctima de las consecuencias de un infortunado empujón, literalmente hablando, en un acto político, más que suficiente debido a su avanzada edad.
¿Podría entonces hablarse de democracia en una nación donde los poderes fácticos son los que realmente inclinan la balanza de las políticas públicas? Esto lo constatamos en el modo de actuar de funcionarios cuyas responsabilidades los hacen víctimas propiciatorias de quienes controlan fuertes intereses. Tal es el caso de Mony de Swaan, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), quien será citado por la Cámara de Diputados para que comparezca ante la Comisión de la Función Pública, para que aclare los contratos que por cerca de 3 millones de pesos entregó a dos amigos cercanos, por concepto de asesorías.
Desde que se hizo cargo de la Cofetel, De Swaan ha estado implicado en sospechas de malos manejos en el organismo, debido a su proclividad en favorecer a Televisa, principalmente, en una etapa fundamental para la conformación de negocios de telecomunicaciones con grandes perspectivas futuras. Sin embargo, ante la actitud laxa del Congreso, ha seguido en sus funciones sin más molestias que una que otra comparecencia, cuyos resultados son inocuos. Ahora se le cita para que “aclare” un posible tráfico de influencias, o inclusive un peculado si llegara a configurarse el delito con las pruebas correspondientes.
En el momento de escribir estas líneas no se sabía aún el fallo de la CFC. Es claro que está en juego el futuro de dicha comisión, pues en caso de autorizar la asociación que pretenden Azcárraga y Salinas Pliego, sería por demás evidente la inutilidad del organismo regulador, en cuanto que no tiene la fuerza suficiente para imponer decisiones que convengan a la sociedad. Sería muy lamentable que tal situación se hiciera efectiva, en un momento histórico muy delicado, que exige cerrar filas para frenar una más acelerada descomposición del tejido social, una más grave exclusión de las clases mayoritarias, una marcha más firme hacia la monopolización de los medios de comunicación.
Urge sentar un sano precedente, que abone en favor de la esperanza de que aún es posible salvar al país, y de manera pacífica como conviene a toda la sociedad, una vez que los poderes fácticos se quedaran sin apoyos en Los Pinos. Eso tendrá que suceder porque de otro modo no habría salvación.
