Ciudad de México. La
diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Wendy Briceño Zuloaga
presentó una iniciativa de reforma para establecer en la ley, de manera clara,
las obligaciones, atribuciones y características de los 44 Centros de Justicia
para las Mujeres (CEJUM).
Este martes, la diputada propuso ante la Cámara de Diputados,
reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
para homogenizar la estructura operativa de esos centros, creados por decreto
en 27 entidades federativas, a fin de que estén altamente capacitados para
atender a las mujeres.
En un comunicado, la diputada de Morena explicó que de acuerdo
con el Informe de Centros de Justicia para las Mujeres, realizado por la
organización Equis, Justicia para
las Mujeres, los 44 centros de los que se tiene registro hasta
2019, pueden mejorar su funcionamiento, y para ello es necesario su
homologación y establecer sus atribuciones y obligaciones en la ley.
Es de recordar que los Centros de Justicia para las Mujeres
fueron creados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en 2010; como
espacios integrales que concentran servicios interinstitucionales y
especializados de atención con perspectiva de género, para mujeres víctimas de
violencia, sus hijas e hijos.
En estos lugares se debe garantizar el acceso a la justicia a
través de servicios de atención legal, médica, psicológica, proyectos de
empoderamiento económico, espacios de ludoteca y refugio temporal.
El diagnóstico de Equis indica que estos centros dependen de
diversas instancias como Fiscalías o Subfiscalías, Secretarías de la Mujer,
Secretarías de Gobierno, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Secretaría
de Seguridad Ciudadana y muchos dependen del acceso a recursos del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública para seguir operando.
La diputada destacó la necesidad de que los Centros tengan
capacidad de interlocución con diversas secretarías y procuradurías, y que,
como órganos descentralizados, gocen de personalidad jurídica para dejar atrás
la dependencia que mantienen de origen.
Al citar las investigaciones de la sociedad civil, la
legisladora aseguró que, se desprenden datos relevantes sobre fortalezas y
áreas de oportunidad de los Centros de Justicia en temas como estructura
institucional, financiamiento, recursos, diseño operativo y servicios”,
puntualizó.
La presidenta de la Comisión de Igualdad y Género agregó: “La
atención brindada por los Centros de Justicia para las Mujeres se realizará a
través de la participación coordinada de las instancias públicas estatales cuya
competencia incida en la atención integral a mujeres, y previa firma de los
convenios correspondientes, de otras instancias del sector público federal y
municipal”, recalcó.
Con la propuesta de reforma, el Artículo 59 Bis de la Ley
General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia establecería que
estos centros son órganos descentralizados de las Fiscalías de las
entidades federativas con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía
técnica e independencia presupuestaria, cuyo objeto es coadyuvar y vincular
bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención
y atención de mujeres víctimas de violencia, o de violación de derechos
humanos, así como de sus hijas e hijos.
El mismo artículo señala que en estos Centros se deben
prestar servicios multidisciplinarios en el mismo lugar y ejecutar acciones,
con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio
pleno de los derechos de las mujeres y su incorporación a la vida productiva,
social, cultural y política en la sociedad.
Los Centros, además, deberán brindar servicios las 24 horas
todo los días del año, así como servicios de atención médica, psicológica,
asesoría jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención
infantil; servicios de trabajo social, protección de seguridad a víctima, entre
otros. La propuesta será analizada en Comisiones.
