Estudiantes desaparecidos en Guerrero
L'Anticapitaliste
Desde fines de septiembre una ola de protestas en crecimiento sacuden a
México por el asesinato primero de 6 e inmediatamente después por la
desaparición de 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero. El 8 de
octubre hubo una primera jornada de solidaridad con los estudiantes de
Ayotzinapa y se prepara una nueva jornada internacional para este 22 de
octubre.
El 26 de septiembre, en la ciudad de Iguala,
Guerrero (1), fueron atacados por la policía municipal un grupo de
estudiantes que intentaron repartir propaganda política en un acto
oficial del gobierno local. Los estudiantes fueron expulsados del acto
oficial, perseguidos por la policía y baleados, incluso atacando un
autobús con otros estudiantes de un grupo deportivo que estaban en
Iguala para una competencia de futbol. En esta agresión fueron muertos
a balazos 6 estudiantes y varios más heridos gravemente. Adicionalmente
43 estudiantes fueron detenidos por patrullas policiacas, trasladados a
un cuartel de policía de donde salieron nuevamente en camionetas de la
policía para finalmente desaparecer, desconociéndose su paradero.
Especialmente por la desaparición de los 43 estudiantes en un estado de
la República donde en los años 70 ocurrieron la mayoría de las
desapariciones de militantes de la guerrilla de aquellos años, la
respuesta estudiantil y popular ha sido inmediata y muy grande.
Es cierto que con la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada
por el anterior Presidente de México, Felipe Calderón (del Partido
Acción Nacional) y continuada por Enrique Peña Nieto (del Partido
Revolucionario Institucional) la cifra de desaparecidos creció a más de
10 mil personas convirtiéndose en una crisis de violación de derechos
humanos. Pero como parte de lo absurdo, y brutal de ese terrorismo de
Estado, la mayoría de esas personas desaparecidas eran población civil
indiscriminada, presentados como “daños colaterales” en la guerra
contra la “delincuencia organizada”. Esto los hacía diferentes a los
más de 500 casos que desde los años 70 y 80 denunciara Rosario Ibarra y
el comité “Eureka!” de madres de desaparecidos a los cuales
identificamos como “desaparecidos políticos” pues eran personas
acusadas –a veces falsamente- por el gobierno de pertenecer a
organizaciones político militares.
Con el caso de los
estudiantes de Guerrero desaparecidos se ha regresado abiertamente a la
desaparición de activistas políticos o de movimientos sociales. El
gobierno no puede ahora argumentar que se trata de “daños colaterales”
en la guerra contra el narcotráfico. La agresión fue abiertamente
dirigida contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa (2).
El gobierno primero dijo que los estudiantes habían sido víctimas del
“crimen organizado”. Después, ante la evidencia de los testimonios de
los estudiantes sobrevivientes ha admitido que fueron detenidos por la
policía municipal, pero que fueron entregados a un capo del
narcotráfico quien había ordenado asesinarlos y sepultarlos en fosas
clandestinas en el campo. Se han organizado equipos de policía y
ejército, así como de médicos forenses buscando y encontrando más de
diez fosas clandestinas donde intentan identificar restos humanos
comparando con el ADN de los familiares de los desaparecidos. Estos
familiares exigieron la presencia de médicos forenses especialistas en
estos casos, de origen argentino por no confiar en las autoridades
mexicanas.
El truco de acusar al “crimen organizado” busca
confundir y ocultar la responsabilidad del gobierno en estos crímenes.
Es evidente que los 43 estudiantes desaparecidos fueron originalmente
detenidos por la policía y trasladados en vehículos oficiales con rumbo
desconocido. No es casualidad que el grito que Rosario Ibarra y el
Comité ¡Eureka! hizo famoso en los años 70 y 80, sea el que nuevamente
se corea en las manifestaciones, especialmente por los estudiantes de
Ayotzinapa y los familiares: “¡Vivos los llevaron, vivos los
queremos!”.
Los estudiantes no fueron “levantados” por el
crimen organizado, no son víctimas de un secuestro realizado por
particulares, sino son víctimas de “desaparición forzada” que es el
concepto que la ley utiliza cuando los autores de la misma son agentes
del Estado en cualquier nivel. Por eso la ONU considera “crimen de lesa
humanidad” la desaparición forzada.
El otro elemento
relevante de la situación actual es que tanto el gobierno municipal de
Iguala, como el gobierno del estado de Guerrero, están encabezados por
el Partido de la Revolución Democrática (3) y este hecho muestra el
nivel de descomposición a que ha llegado. Enrique Peña Nieto se
convirtió en 2012 en Presidente de México gracias a un nuevo fraude
electoral. En diciembre del 2012 logró que se firmara el llamado Pacto
por México entre el PRI, el PAN y el PRD reconociendo a Peña Nieto como
presidente y comprometiéndose a apoyarlo en su programa de gobierno.
Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial del PRD tanto en
2006 como en 2012, rompió con ese partido y llamó a formar uno nuevo,
llamado MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) pero con la misma
perspectiva estratégica nacionalista con que había nacido el PRD en
1989. Especialmente durante 2013 y el primer semestre del 2014, Peña
Nieto logró imponer las más graves reformas neoliberales en el Congreso
de la Unión controlado por los partidos del Pacto por México.
La responsabilidad del PRD en la aprobación de reformas que han
cambiado radicalmente el contenido de la Constitución heredada de 1917
después de la Revolución Mexicana, en el terreno social y económico, y
en cuanto a la soberanía nacional, ahora se extiende al tema de los
derechos humanos con estos crímenes similares a los de la primera época
del PRI (la época en que la mayoría de los dirigentes cardenistas, por
cierto, todavía estaban en el PRI). El presidente municipal de Iguala
pidió licencia y actualmente está prófugo. El gobernador Ángel Aguirre
se resiste a renunciar y durante los primeros 15 días de esta crisis ha
contado con el apoyo de su partido, el PRD. En el Congreso, el PRI
también lo ha apoyado y afirma que debe seguir en su cargo y encontrar
a los estudiantes desaparecidos.
Cuando estos partidos
insisten en que el responsable de estos crímenes es la “delincuencia
organizada”, que en nada ayuda la salida de Ángel Aguirre y que no hay
que “politizar” el conflicto, seguramente es porque se dan cuenta de lo
explosivo de la situación nacional con tantos agravios contra el pueblo
y los trabajadores en donde la dinámica del movimiento de protesta y
solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa fácilmente puede
evolucionar hacia el cuestionamiento del poder, de todas las instancias
de gobierno tanto local como federal. Las protestas de los últimos días
son una clara señal. Cuando estudiantes de Ayotzinapa y maestros
protestaban en Chilpancingo, nuevamente chocaron con la policía estatal
y la respuesta de la movilización fue incendiar el Palacio de Gobierno
del estado, después el Palacio Municipal y finalmente también atacar
con piedras el Congreso local. Al día siguiente se anunció un plan del
movimiento en Guerrero de tomar más de 40 alcaldías de aquella región.
El 8 de octubre se realizó una primera jornada nacional e internacional
en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa con un éxito
impresionante por el número de ciudades donde ocurrieron estas
protestas y por la amplitud social y política, desde sectores de la
iglesia católica, organizaciones sindicales en lucha como el SME
(Sindicato Mexicano de Electricistas) hasta el EZLN (Ejército Zapatista
de Liberación Nacional) que volvió a manifestarse en las calles de San
Cristóbal, en Chiapas. Inmediatamente después se realizó un paro de
labores durante 48 horas en las principales universidades del centro
del país, relevantemente en la UNAM. Lo anterior coincidió con la
huelga general que tienen desde hace semanas los estudiantes del IPN
(Instituto Politécnico Nacional), otra institución educativa creada en
la época del general Cárdenas para que hijos de obreros y campesinos
tuvieran acceso a la educación superior y que ahora los neoliberales
quieren reformar.
La coordinación en solidaridad con los
estudiantes de Ayotzinapa ha convocado a una nueva jornada nacional e
internacional, que esperamos aún mayor que la anterior, para el
miércoles 22 de octubre reclamando la presentación con vida de los 43
desaparecidos y el castigo a los culpables.
La Organización
Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT) ha señalado que el
movimiento de protesta actual demuestra lo falso de la versión oficial
que dice que las reformas neoliberales han sido producto de un gran
consenso nacional. Lo que pasa, dice la OPT, es que la oposición real a
esas reformas no está en el Congreso, sino en las calles, carreteras y
el campo, donde hay infinidad de movimientos de resistencia hoy en día.
Lo que falta es un referente político y social que unifique las luchas
sectoriales en un movimiento político para sacar del poder a la
oligarquía neoliberal y sus instrumentos, los partidos del Pacto por
México. A construir ese polo político y social es que iniciativas
impulsadas por el SME como son la propia OPT y una Nueva Central de
Trabajadores (que ha tenido su congreso nacional este 17 y 18 de
octubre) se proponen avanzar lo más rápido posible en el seno de estas
luchas de resistencia y nuevos movimientos sociales que están rompiendo
con los partidos del sistema.
NOTAS
(1). Iguala es la tercera ciudad en importancia del estado de Guerrero
después del puerto turístico Acapulco y la capital del estado que es
Chilpancingo.
(2). En la época del Presidente Lázaro Cárdenas
(1934-40) se creó el sistema de escuelas rurales para formar maestros
de educación básica para la población rural y de zonas indígenas. Los
estudiantes de estas escuelas provienen, obviamente, del mismo medio
campesino y regresan a trabajar a esas comunidades. Bajo los sucesivos
gobiernos neoliberales el sistema de escuelas normales rurales ha
venido siendo atacado y han cerrado muchas escuelas. La escuela de
Ayotzinapa, cercano a Chilpancingo, la capital del estado, es de las
que sobreviven, donde también persiste la Federación de Estudiantes
Campesinos Socialistas de México. En la escuela de Ayotzinapa
estudiaron los principales líderes de la guerrilla rural de los años 60
y 70 como el Profesor Genaro Vázquez Rojas y el Profesor Lucio Cabañas
Barrientos.
(3). El PRD se formó en 1989 a iniciativa de
Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del General Cárdenas, después de romper con
el PRI, controlado ya por los neoliberales, para presentarse como
candidato presidencial de oposición y que sufrió el fraude electoral de
1988 en que el PRI impuso a Carlos Salinas de Gortari. En el congreso
de fundación del PRD se disolvieron la mayoría de las organizaciones de
la izquierda socialista previas, excepto el Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT).
(4). En 2009 el gobierno de Felipe
Calderón cerró la Compañía de Luz y Fuerza del Centro para avanzar en
el proceso de privatización energética y destruir al Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), organización de larga tradición de lucha,
fundada hace 100 años, cuando en diciembre de 1914, los ejércitos
campesinos de Villa y Zapata tomaron la Ciudad de México. El SME se
opuso al cierre de la Compañía de Luz y llamó a sus afiliados a no
aceptar la liquidación que el gobierno ofrecía pues implicaba renunciar
al derecho al trabajo. Después de 5 años de resistencia, poco menos de
la mitad de los afiliados al SME (más de 16 mil trabajadores) no han
aceptado la liquidación y siguen exigiendo el regreso al trabajo. Ante
el rechazo de todas las instancias del gobierno y del Estado al reclamo
del SME, sus dirigentes plantearon que su lucha ya no era solamente
laboral o gremial sino política, porque es el poder de la oligarquía
neoliberal, quien ha impuesto esas medidas privatizadoras y
antisindicales. La lucha ahora, también es política para sacar a los
neoliberales del poder y para ello no basta la organización sindical,
sino que se requiere una organización política propusieron los
dirigentes del SME. Sobre esta base se constituyó en 2011 la OPT, donde
confluyeron tanto los militantes del SME como diversas corrientes y
organizaciones de la izquierda socialista, entre ellas el PRT. Aunque
la OPT no tiene reconocimiento legal como partido político, se
construye vinculada con los movimientos y luchas sociales y en la
campaña de afiliación del 2013 presentándose como el proyecto de un
amplio partido de la clase trabajadora.
(*) Artículo publicado en francés en el semanario "L'Anticapitaliste" del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA)
