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6/04/2016

De silbatos, misoginia y acoso sexual


Hemos llegado a un punto de no retorno.

lasillarota.com
Aunque en nuestro querido país, muchas cosas tiran para el lado contrario donde debían marchar, no deja de alertarnos el giro que tomó en las redes sociales y en algunos medios impresos, el anuncio de un silbato que como parte de la Estrategia 100 días (E30/100) para poner fin al acoso sexual contra las mujeres, anunció el Jefe de Gobierno el pasado 25 de abril, en respuesta a las demandas expresadas por las capitalinas en  la marcha nacional Vivas Nos Queremos organizada por colectivos feministas diversos un día anterior.

El silbato conocido como rape whistle en países anglófonos, es una herramienta que ha sido muy útil en estrategias comunitarias para prevenir ataques sexuales contra mujeres. Se le ha utilizado en campus universitarios de Norteamérica y Nueva Zelanda, donde las violaciones y el abuso sexual contra las estudiantes están atrozmente rutinizados (Hunting Ground; Tacking campus assaults, producido por CNN en 2015) Así como en barrios de numerosas ciudades del mundo.

En las experiencias anteriores el silbato fue adoptado y puesto en operación por las propias comunidades. Y es que además de ser un recurso para las mujeres que atraviesan parajes urbanos solitarios y peligrosos, el sentido de su uso fue también provocar una respuesta comunitaria de sensibilización y corresponsabilidad respecto a estas agresiones que victimizan a las mujeres y niñas, induciendo un cambio cultural importante. No para que las mujeres se defiendan solas, como se ha dicho en las redes sociales, sino para provocar el concernimiento de la comunidad y las autoridades en su prevención y erradicación.

En este marco, la introducción de estos silbatos en la E30/100 anunciada el pasado miércoles 25, es parte de un dispositivo para aterrizar la estrategia a las comunidades vecinales y ofrecer a la ciudadanía en general, hombres y mujeres, una vía para la participación en su seguridad y en la defensa de la integridad física y los derechos de las mujeres. Es decir como un elemento complementario, integrante de la estrategia en su conjunto y no una simple ocurrencia.

La paradoja es que de haber sido colocado como un recurso para fortalecer la movilidad segura de las mujeres, por obra y gracia del albur y de la banalización sexista, se tornó en una caricatura fálica.  

El silbato se trucó en pito, con una dualidad de significados que median entre ser algo baladí: “me vale pito, o vale un pito”, es decir nada y en este sentido anularlo como propuesta. Mientras por el otro significado se lo convierte en una representación del órgano sexual masculino, con el cual se agrede diariamente a mujeres en el Metro de la ciudad. Algo así como hacer-decir que “a las mujeres que sufren acoso déseles un pito-pene” para que se calmen.

Psicoanalíticamente hablando, el instrumento “silbato” propuesto para que las mujeres alerten cuando un hombre las ataque, manosee o les exhiban su pene y las hagan observar como se masturban, fue transmutado en su significante contrario al haberlo referido al “pene”, convirtiéndolo en síntoma del machismo agresivo-sexual reprimido.  

Ese machismo que ha reculado ante el redoblaje de la vigilancia o ha resentido la separación de mujeres y hombres en el transporte público, es el mismo machismo militante de las redes que ha reaccionado con violencia y descalificación ante la decidida actitud de las mujeres que denuncian acoso; vio su oportunidad de revancha banalizando los esfuerzos realizados, aprovechando el viaje para descalificar el embate que se ha dado a los agresores día a día.

Lo mas sorprendente es que esto no sólo lo hicieron o secundaron personas de sexo masculino, tocadas por la afinidad con el falo centrismo, algunas de las cuales tienen sus redes sociales pletóricas de mensajes misóginos y violentos desde el punto de vista sexual,  sino muchísimas mujeres que parecen no tener ubicado de qué lado están en el terreno de la violencia sexual en contra de su género. Pero esto último es explicable dado el nivel de naturalización de la violencia misógina que fluye como manantial en buena parte de las expresiones y practicas de nuestra cultura popular.

La simplificación comunicativa de la medida y la sorna sexo-política mal intencionada sin embargo, pasaron de largo los esfuerzos reales que está haciendo el gobierno, como de los logros colectivos que se están dando en la CDMX en torno al tema.

Entre los esfuerzos gubernamentales hay que contar el reforzamiento de las medidas de separación y vigilancia que a lo largo de ocho años del Programa Viajemos Seguras había venido aflojándose como resultado de la rutina, los apremios y la saturación de los sistemas de transportes que movilizan más de 8 millones de personas diariamente en la Ciudad de México.

A partir del inicio de la Estrategia se han movilizado mas de 4 mil agentes del Operativo Temis Fase II,  para asegurar los accesos a los vagones y carros especiales para las mujeres, así como para la vigilancia en escaleras y pasillos, que son lugares frecuentemente elegidos por los agresores sexuales para manosear y tocar a las mujeres en diversas partes de su cuerpo. Gracias a la presencia de estas agentes de chaleco rosa, se detuvieron a 69 agresores sexuales en treinta días; es decir un  promedio  de 2.2 diarios.

El acondicionamiento de unidades, el balizamiento de espacios en las estaciones, la liberación de espacios urbanos adyacentes a las estaciones de mayor afluencia; además de la reparación de luminarias, colocación de mamparas que en conjunto contribuyen a generar mayores condiciones de seguridad para la movilidad de las mujeres en los transportes, fue también un esfuerzo conjunto de los diversos sistemas de transporte público de la ciudad. Destaco la asignación de unidades exclusivas para mujeres en el Trolebús, a lo largo de las 4 líneas más importantes en el traslado de pasajeros (Eje Central, eje 2; Eje 7 Sur, Metro Boulevard Aeropuerto) y la ampliación del transporte exclusivo para mujeres Atenea que amplió sus corridas en horas pico y extendió el servicio hasta las once de la noche en las zonas periféricas mas alejadas. 

El INMUJERES abrió un sitio web para la recepción de reportes, solicitudes de apoyo jurídico y servicios de atención y acompañamiento jurídico a víctimas, enlazado al MP virtual. Con ello se facilita la denuncia y se puede dar seguimiento a casos. La pagina cuenta con un mapa para que las personas agraviadas por acoso o abuso sexual, indiquen lugar y hora del evento, de suerte que puedan identificarse zonas de riesgo en las cuales tomar medidas de prevención situacional. El C4 por su parte incrementó las consignas de video vigilancia en los 36 Centros de Transferencia Modal y atendió 156 denuncias de acoso a través del 066. Mientras la PGJDF puso en marcha el Refugio para Víctimas de Trata y ha instalado un grupo de expertos, funcionarios y organizaciones sociales para revisar y adecuar los protocolos de investigación y atención. 

De parte de la sociedad hay también avances muy importantes a resaltar. Primeramente señalar el cambio en la respuesta social sobre el problema. Es decir la presencia de un giro fundamental en la conducta de las capitalinas frente al acoso: han pasado de la resignación, la frustración y el silencio que por décadas invisibilizaron el problema, a la indignación y la denuncia. 

Si la marcha del 24 de abril mostró el quiebre de la tácita rendición que por generaciones sostuvieron las mujeres de la capital frente al abuso sexual, expresada en menos del 8% de la denuncia de casos que arrojan encuestas como la ENDIREH;  el incremento exponencial de éstas en sólo treinta días, así como la rápida apropiación de los mecanismos puestos en marcha por E 30/100 para reportar casos, evidencian una madurez en el sentido de apropiación de sus derechos (empoderamiento) que debiéramos considerar un nuevo activo ciudadano. Hemos llegado a un punto de no retorno: las capitalinas ya no toleran el acoso sexual cotidiano y las autoridades, del signo político que sean o fueren, están obligadas a atender sus justas demandas.

Como dato, si anualizamos la denuncia de los casos que se presentaron en los primeros treinta días de la E30/100, respecto a la totalidad promedio de casos denunciados anualmente en los ocho años previos de Viajemos Seguras, que fluctuaron entre los 360 a los 270 casos, habríamos multiplicado el numero de denuncias en 83.8%  sólo en el primer mes de la Estrategia.

Otro logro social que celebrar es el interés que los medios de comunicación impresos, audiovisuales y virtuales han tomado por el tema, lo que contribuye a que la sociedad, las empresas y comunidades profesionales diversas se sensibilicen y los gobiernos se apliquen mejor a su tratamiento. A lo largo de los últimos tres meses, el INMUJERES-DF ha recibido un engrosado número de solicitudes de Información Pública para aportar datos de la violencia sexual que sufren las mujeres en los espacios públicos y el transporte, la atención, las denuncias, el presupuesto y los resultados de Viajemos Seguras. Se ha multiplicado también el interés de organismos internacionales como el Banco Mundial y el BID, en conocer mejor la experiencia acumulada en la ciudad con el proyecto mas longevo en materia de movilidad segura que se ha puesto en marcha fuera de los países europeos. Y con el ánimo de participar en nuevos emprendimientos del tipo.

El rendimiento político es que en la medida en que un asunto como este gana terreno en la sensibilidad social, su legitimidad como problema público lo coloca en la agenda de los gobernantes, sean del color político que sean y esto representa un avance para la igualdad sustantiva de las mujeres, que impactará en todo el país.

Para los 100 días finales de la Estrategia se están diseñando y valorándose diversas medidas y acciones orientadas a generar consensos y provocar cambios más de fondo: institucionales, legislativos, normativos y culturales. Se echará mano igualmente de nuevos instrumentos para fortalecer los servicios de atención a las mujeres victimizadas por el acoso y el abuso sexual. La Asamblea Legislativa de la CDMX así como el Senado de República han dado también muestras de un renovado y genuino interés por el tema por lo que al concluir el periodo de gobierno seguramente tendremos redefinido el campo y los objetivos de la política para el combate de la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México.

10/17/2014

Buscarán con Teresa Incháustegui fortalecer a Inmujeres-DF

Consejeras destacan transparencia en proceso de designación

Teresa Incháustegui Romero, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal 

Tras anunciarse el nombramiento de Teresa Incháustegui Romero, como directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), consejeras ciudadanas del mecanismo adelantaron que reforzarán el trabajo para constituir una agenda feminista a favor de las capitalinas y lograr una institución con mayor autonomía.

Ayer, en un boletín, el Gobierno del Distrito Federal informó del nombramiento conforme al artículo 67 fracción V del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal (GDF), y destacó la trayectoria feminista, académica y en el sector público de Incháustegui Romero.

La nueva directora fue designada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, de entre una terna que previamente conformó la Junta de Gobierno del instituto –conformado por representantes del gobierno central e integrantes del Consejo Consultivo–, y que incluía a las feministas Rosario Ortiz Magallón y Elsa Conde Rodríguez.

En entrevista con Cimacnoticias, la feminista y consejera ciudadana del Inmujeres-DF, Patria Jiménez, destacó que las integrantes del Consejo Consultivo lograron que activistas interesadas en el proceso de designación pudieran expresar a la Junta de Gobierno su respaldo a cualquiera de las tres candidatas.

Jiménez adelantó que las consejeras van a presionar por una agenda feminista y una institución con autonomía, y de ahí que resaltó que la nueva administración de la instancia promotora de la igualdad de género en la capital tendrá un Consejo Consultivo Ciudadano más “consolidado y plural”.

Consultada al respecto, la también consejera del Inmujeres-DF Adriana Luna Parra resaltó la transparencia del proceso de designación, y aclaró que si bien no hubo una argumentación por parte del GDF sobre la terna que se conformó y respecto a la nueva directora, en general el movimiento amplio de mujeres conocía y avalaba los perfiles presentados.

Patria Jiménez, quien también fue diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), observó que ahora es importante que Incháustegui Romero trabaje por los derechos de todas las capitalinas, incorpore a todas las mujeres a los programas sociales, e incida en la eficiencia de otras instancias que atienden a las mujeres.

Adriana Luna Parra coincidió en lo anterior y abundó que se planteará una agenda que contemple a las mujeres de todas las edades, atienda el tema de la diversidad sexual y que sea retomada por la institución.

BACHES EN EL PROCEDIMIENTO

Cabe recordar que a fines septiembre pasado en dos ocasiones se pospuso una reunión entre las consejeras del Inmujeres-DF y representantes del GDF a fin de definir la terna –procedimiento estipulado en la ley del instituto–, pero fue hasta el pasado 8 de octubre que se definió como candidatas a las feministas Rosario Ortiz Magallón, Elsa Conde Rodríguez y Teresa Incháustegui.

Como aspirantes a integrar la terna también participaron la ex diputada federal Marta Tagle y la ex funcionaria capitalina Patricia Patiño Fierro.

El proceso para la designación inició el pasado 15 de septiembre luego de que Beatriz Santamaría Monjaraz renunció al cargo por “motivos personales”, justo cuando el instituto atravesaba un conflicto laboral debido a que trabajadoras exigieron su basificación laboral, derecho a la sindicalización, y el respeto a su función como servidoras públicas.

Teresa Incháustegui fue la única que dio a conocer públicamente su interés por dirigir el Inmujeres-DF. En ese momento, feministas de la sociedad civil se pronunciaron por una elección abierta y democrática y de cara a la ciudadanía.

Integrantes del Consejo Consultivo, como Gloria Ramírez Hernández, Adriana Luna Parra y Aidé García Hernández, demandaron en su momento que una feminista comprometida fuera nombrada en el cargo.

POR LA CONSOLIDACIÓN

El Inmujeres-DF, si bien nació como tal en 2002, su antecedente data de 1998 con el Programa para la participación Equitativa de las Mujeres en el Distrito Federal.

De acuerdo con la ley que crea al Inmujeres-DF, el instituto tiene como objetivo promover, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades entre los sexos.

La ley también dice que es facultad de esta institución garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en los ámbitos público y privado, así como diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el Programa General de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de la Ciudad de México.

La nueva titular, Teresa Incháustegui Romero, es doctora en Ciencias Políticas con especialización en Política Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso-México).

Abandera por el PRD, fue diputada federal en la LXI Legislatura, desde donde impulsó la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal, dio seguimiento al presupuesto etiquetado para la igualdad y promovió acciones a favor de las mujeres desde el ámbito legislativo.

La feminista también fue fundadora del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad  de Género (CEAMEG), de la Cámara de Diputados, y ex directora de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres.

Se informó que las consejeras del Inmujeres-DF se reunirán este 28 de octubre, pero esperan un encuentro previo con la nueva directora a fin de plantearle sus preocupaciones, propuestas y definir una agenda para los próximos cuatro años.

Cimacnoticias intentó conocer la postura de Teresa Incháustegui, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.



| CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta y Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 

9/29/2014

La dictadura perfecta viva y coleante

Dictadura Perfecta mexicana, no responde sólo a los resortes y atavismos autoritarios de los poderes fácticos y cuasi-legítimos que nos gobiernan sino una especie de entramado sociopolítico que incluye y obtiene por diversas artes, el consenso de una buena parte de la ciudadanía.

lasillarota.com
En ocasión a la exhibición en salas de cine, de la más reciente película de Luis Estrada: La Dictadura Perfecta por muchos esperada y donde se retratan las relaciones de connivencia del poder y los medios en México, van las siguientes reflexiones arrancadas a pedazos en mis largos circunloquios mientras estoy atrapada en el agobiante tráfico de la ciudad de México y miro el abigarrado paisaje urbano de mi alrededor.
Recordemos que el término “Dictadura Perfecta” se lo debemos a un extranjero de amplia cultura, mirada aguda e inteligente: Mario Vargas Llosa, quien nos ofreció con esta expresión un camino abierto a la construcción de un gran concepto propio de la sociología política, explicativo de la especificidad mexicana en cuanto al funcionamiento y legitimidad del régimen político. Lo que a mi juicio todavía sigue en gran medida esperando ser retomado como tema de construcción sociológica o politológica por las y los académicos mexicanos y los mexicanólogos del todo el mundo.
Vargas Llosa lanzó esta expresión en un coloquio que organizara Octavio Paz en conjunto con Televisa (septiembre de 1990), en plena cresta de la ola del príismo reformista con Salinas de Gortari a la cabeza. Coloquio tildado como:El siglo XX: La experiencia de la libertad, en el que el propio Paz, sumado a una lista de intelectuales estelares de diversas partes del mundo, revisarían el impacto de la caída del Europa del Este y con esto, el fin de la bipolaridad política y económica mundial, “a favor –decían optimistamente-  de la democracia”.  
Justo en ese marco Vargas Llosa soltó una bomba mediática cuando espetó: “Yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja en esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo. No es la URSS. No es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México, porque México es la dictadura camuflada. Tiene las características de la dictadura: la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido. Y de un partido que es inamovible".
Una década después con la llegada del primer gobierno de la alternancia en el año 2000, un coro de voces intelectuales entonaron himnos al fin de laDictadura Perfecta con la llegada de lo que su juicio era la tersa “transición a la democracia mexicana”. En esta empresa los corifeos sumaron su fuerza a la de los panistas, nuevos detentadores del poder y de sus aliados (básicamente estos últimos los mismos de siempre) que lejos siquiera de intentar transformar las bases de la gobernabilidad del régimen, a tono con la pluralidad política que derivaba de las urnas, se solazaron en el sueño de galopar a lomo del Leviatán mexicano, gozando las mieles del poder esta vez de su lado.
Doce años después de ese Asalto a Los Pinos somos testigos de la descomposición política del régimen de gobierno a todo lo largo y ancho del país, habida cuenta la extendida corrupción de autoridades de todos los niveles; el saqueo de recursos sin medida, sin control y prácticamente impunes. Siendo atónitos testigos también de las vías inagotables que tiene “la perversidad del sistema” (Colosio dixit) capaz de trastocar y anular medidas democratizadoras como: La reelección, la rendición de cuentas, la consulta popular, la representación social a partir de órganos ciudadanizados en la forma, pero partidizados y facciosos en el fondo. Mirando el refrendo a monopolios que controlan la formación de opinión pública y la comunicación política; que crean y recrean cortinas de desinformación.
Aparatos de poder que en su operación y alcances, suscitan con seguridad la envidia de los autócratas que perviven en el mundo, no podemos más que rendirnos ante la evidencia de que la Dictadura Perfecta está viva y andando en México.
La cuestión sin embargo es que después de la salida y regreso del PRI de Los Pinos (aunque nunca dejó de gobernar la mitad de las entidades) y del arribo de gobiernos de partidos opositores al poder en diversas entidades, comenzamos a sospechar que la Dictadura Perfecta mexicana, no responde sólo a los resortes y atavismos autoritarios de los poderes fácticos y cuasi-legítimos que nos gobiernan (por aquello de la compra de votos, aún dentro del Congreso de la Unión), sino una especie de entramado sociopolítico que incluye y obtiene por diversas artes, el consenso de una buena parte de la ciudadanía.  
Es decir más a la manera weberiana que marxista, la dominación política de laDictadura Perfecta mexicana obtiene obediencia –y en ese sentido autoridad- en sus mandatos específicos, descansando en los más diversos motivos de sumisión: “desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Ya que un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad”. [1]
Mi propuesta para el análisis de esta obediencia y sus motivos de sumisión parte de la tesis de que la habituación inconsciente o el cálculo racional detrás de la convicción que gran parte de la ciudadanía mexicana parece compartir, en el sentido de que no vale la pena oponerse o confrontar las decisiones del poder, es producto de tres fuentes de legitimación.
La primera es la legitimación que deriva del bombardeo cotidiano por parte de todos los frentes del pulpo mediático, con la idea de que todos los partidos y profesionales de la política son igualmente corruptos. Ergo los políticos sólo se dividen entre los que saben y no saben gobernar. Es decir entre los que conocen o no conocen los códigos internos del poder, practican y reproducen los rituales del mismo, o los ignoran por ñoños y se los saltan y los desafían por “nacos”. Como esta fuente defiende los rituales y encomia la simulación, los rijosos, los gritones y rebeldes, no son gratos ni útiles. Gracias al esfuerzo realizado por esta fuente casi desde que apareció y tuvo poder real la oposición en México, ahora prospera en la opinión pública la propuesta de llevar a Consulta popular eliminar la representación proporcional de las minorías partidistas en las Cámaras, que ha sido una vía para fortalecer la pluralidad  política de estos espacios.
La segunda fuente es más societal y sistémica ya que está sustentada en un entramado institucional tanto público como privado, cuyas reglas de transacción despojan cotidianamente a toda la población de sus derechos. Encarna así un esquema de desincentivos a la defensa, reclamo y vigencia de los derechos, ya sea como consumidores, como pobladores, como vecinos, como estudiantes,  como transeúntes, como usuarios o trabajadores.  
Es una especie de “mano invisible” como la que suponen los economistas liberales existe y que pauta las expectativas de utilidad e interés de los actores en las transacciones económicas, modulando –dicen- a los agentes abusivos o monopólicos. En nuestro caso esta “mano invisible” estaría instalada a partir de las prácticas y normas abusivas, unilaterales, verticales, escritas y no escritas, legitimadas incluso en ocasiones contractualmente, de modo que los actores (la ciudadanía en general) han interiorizado e internalizado el abuso cotidiano en sus costos de transacción y están ya dispuestos a descontarlo.
Es decir estamos ya acostumbrados y somos hasta cierto puntos dóciles frente a la prepotencia con que empresas, servicios de transportes, oficinas públicas, funcionarios de gobiernos y toda suerte de etcéteras, nos aplican diariamente sus reglas verticales y ventajosas. Donde el tono de suficiencia y altanería con que nos tratan las y los oficiales de toda laya en ventanillas, mostradores, líneas telefónicas y otros etcéteras, no son mas que expresión de una especie de corporeización de este poder abusivo, que a ellos les toca encarnar personalmente.
Como sabemos a la hora de contratar un servicio o adquirir un bien en México hay abusos sin fin. No existen en la práctica los derechos del consumidor y los organismos dedicados a su supuesta defensa, así como otros reguladores de servicios son totalmente inocuos en este campo, ya que no se ve su mano en estas transacciones. Es el caso de los contratos por ejemplo de telefonía, de la banca, de la energía eléctrica, del agua, etcétera. Ya que a pesar de algunos de estos servicios tienen en sus contratos cláusulas con salvedades formales a favor de los usuarios y consumidores, las formulaciones suelen ser vagas y poco efectivas para ejecutarse a la hora que aparece el abuso. Y los recursos de apelación y de reclamo son lentos y farragosos y por tanto desincentivan la defensa por agregar al abuso otro costo mas de transacción. 
Pero lo mismo estaría ocurriendo en las transacciones laborales, donde el objeto de intercambio y de contrato (así sea verbal) es el trabajo. Y esto no sólo por los bajos salarios e inexistentes prestaciones que recibe la gran mayoría de las y los empleados y trabajadores, sino por los abusos y el maltrato corporal que reciben muchos y muchas de éstos, sin que haya autoridad alguna que pueda sancionarlos (ejemplos como la Mina Pasta de Conchos son sólo la puntita de ese descomunal iceberg).
De esta suerte al igual que lo que ocurre en la denuncia de delitos, desalentada por la ineficiencia de las autoridades de procuración de justicia, en las transacciones de mercado, las personas prefieren descontar el costo del abuso que agregar el costo del despido o del reclamo por la justicia, por lo que elsistema autoritario de la mano – que a esta alturas tendríamos que llamar  abusiva- sale triunfante.  
La gran pregunta que surge en este punto es sí el capitalismo de compadresque es el actor principal en este sistema de la invisible mano abusiva que se ha consolidado en México a partir de las supuestas reformas de mercado lideradas por el priísmo, es un avance complementario en la legitimación laDictadura Perfecta hacia terrenos de la societalidad, ya que ha extendido los resortes del autoritarismo, la verticalidad y el abuso a la existencia cotidiana. Acostumbrándonos, naturalizando el abuso del poder y la indefensión a un sistema de disciplinamiento y sumisión más perfecto, por cuanto la mano que mece el poder está invisibilizada en las reglas del mercado, que es un sistema de coordinación individualizado, fragmentador, que pone a cada uno de nosotros a contender aisladamente con “las fuerzas y tendencias del mercado”. Mismas que impersonalmente nos arrolla y nos mide en la lucha diaria por la sobrevivencia, a partir de nuestras dotaciones individuales.
Es decir por la escolaridad, experiencia laboral, salud física y capital social que hallamos podido acumular. Como si el Estado, sus políticas inequitativas, la corrupción de los funcionarios y gobernantes, el influyentismo y sus omisiones en las garantías a nuestros derechos, no fueran en buena medida responsables del paquete de capacidades y habilidades que traemos cada uno para contender en el mercado.     
Finalmente, la tercera pero no última fuente de legitimidad de esta Dictadura Perfecta está sin duda anclada en el sistema educativo nacional. Ya que es el sitio donde inicia el despojo y anulación de derechos y la práctica de abusos y violencia, que es parte consustancial de la socialización autoritaria mexicana.  Un educación sin contenidos cívicos ni humanistas; que despersonaliza, que adoctrina en la sumisión; que no forma el intelecto ni la curiosidad científica; un modelo educativo que internaliza la supremacía del mas fuerte y del patriarcado abusivo y retrógada que impera en el macro sistema.
[1] Weber, Los Tipos de dominación.

9/01/2014

Cerrojo al debate por el incremento salarial



El gobierno federal y los principales actores económicos del país continúan cerrados a debatir el lugar de los salarios en el modelo de desarrollo.


El lunes 1º de septiembre el calendario político mexicano abrirá paso al Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, a la Glosa del mismo en la Cámara de Diputados y a la racha más intensa de propaganda política de la que hayamos tenido memoria en lo que va del sexenio, gracias a  los cinco mil millones de pesos de los que dispone el presidente para estos menesteres.

En el sitio Web de la Presidencia, en oportunidad del Segundo informe se presumen datos sobre la actividad física y política del primer mandatario, como correr a una velocidad de 1.75 mts/minuto; muy lejos todavía de Jesse Owens  –en cuyo honor se instaura el premio que lleva su nombre  y quien recorría 91 metros en 9.4 segundos-. Muy apegada al estándar de rutinas de velocidad para corredores establecido por The Competitive Runner Handobook, pero harto diferente a lo que ocurre en la vida cotidiana de la mayoría de las y los mexicanos que son mas bien observadores que no practicantes deportivos, ya que dedican dos tercios de su tiempo a tareas de cuidado y 50% al trabajo remunerado.

El sitio destaca también el aprecio que tiene el mandatario por los jóvenes y los adultos mayores y señala el compromiso que tiene con las mujeres cuando afirma que “hacen falta muchas mas mujeres en la política del país”. Sin embargo, en el video que adelanta la campaña mediática que arrancará el día primero, no ve advierte que ese compromiso se traduzca al menos en igualdad visual, ya su figura aparece generalmente acompañada por varones, que caminan al lado del presidente o como integrantes de los foros. Las mujeres que se incluyen (tres o cuatro) son las que lo saludan en sus giras o las que acompañan a otros mandatarios. Por cierto que su señora esposa no aparece para nada en este promocional.

El tema central de la celebración gubernamental de estos primeros dos años, donde ha gastado la tercera parte de su periodo, es haber logrado “mover a México” gracias a las once reformas estructurales efectuadas. Pero no hay mucho mas cosas que celebrar aunque el tono sigue siendo de campaña, ahora de cara a la renovación de la legislatura federal en la Cámara de Diputados y a las elecciones en dieciséis estados de la república que se realizarán el año entrante. 

La oferta se traduce en proponer llevar “de la ley a la práctica” las reformas, traduciéndolas a beneficios reales y así mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos. Pero las cifras del desempeño económico del país en estos dos años y la situación estructural de precariedad e incertidumbre económica y laboral en la vida de la mayoría de los hogares mexicanos obligan a tomar con mucho escepticismo estas promesas. Sobre todo cuando el tan celebrado pragmatismo presidencial no hace tierra en los ingresos laborales ni las condiciones de trabajo de las y los mexicanos. La cerrazón al debate sobre el ingreso laboral no es un signo para confiar en mejorías y los resultados hasta ahora no son alentadores.

El Índice de Pobreza laboral ha bajado en el campo, pero ha subido en las ciudades (1.00 en 2010 a 1.18 en el segundo trimestre de 2014) El promedio nacional pasó de 1.00 en 2010 a 1.08 en 2014. Su variación porcentual subió 7.86% puntos en 2014 respecto a su nivel mas bajo en el tercer trimestre 2010. Y mientras el PIB per cápita del país es de 139 mil 230 pesos, el Ingreso Laboral per cápita es de 1 mil 398 pesos y con tendencia decreciente en 2014. La baja en este ingreso descontando la inflación de precios de la canasta básica en el último año es de 183 pesos con 70 centavos.

Es decir que en términos reales los ingresos de las y los trabajadores mexicanos que laboraban hasta el primer trimestre de 2014 habrían sumado una pérdida de 9 mil 57 millones 482 mil 624 pesos, por el aumento de los precios de los bienes incluidos en la canasta alimentaria. En esta condición destacan las entidades de Sinaloa, Nuevo León; Morelos, el Distrito Federal y el Estado de México entre los que se ha elevado el Índice de la Tendencia Laboral de Pobreza.

A pesar de que el México se ubica entre los países de mayor dinamismo en el crecimiento del PIB en lo entre los que integran la OCDE, está ubicado entre los que menos movilidad social tienen.  De acuerdo a un estudio realizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias en 2013 muestra que 48% de los hogares ubicados en el primer quintil inferior, su hogar de origen provenía de ese mismo quintil. Por el otro extremo 52% de los que se ubican en el quintil superior también tuvieron un hogar de origen del mismo nivel.La sociedad mexicana muestra altas tasas de movilidad social en los sectores medios, pero una alta persistencia en los extremos bajo y más alto.

La educación lejos de constituir una palanca para la movilidad social, debido a su deterioro está jugando mas como una ancla que como un disparador para la mayoría de la población. Además de presentarse el fenómeno conocido como inflación educativa que consiste en que los rendimientos laborales en términos de salarios y puestos de las y los trabajadores que tienen mas años de escolaridad decrecen, contrariamente a los supuestos de la teoría del capital humano que consideran que en términos de los salarios y la remuneraciones, la educación implica una mejoría.

Análisis practicados en torno a los incentivos de los empleadores mexicanos para la productividad, contratación, despido y las políticas de remuneración de la mano de obra (Martínez, Aguilera et Al, 2011, Pedrero y Valdivia 2012; De la Garza, Bensunsan y Carrillo, 2012 ) parecen coincidir en tres cuestiones:

1)La productividad de la economía mexicana de los noventas y hasta inicios de la primera década del siglo veintiuno, estuvo basada en crecimiento muy fuerte de la mano de obra no calificada  o con baja calificación, no tanto en la formación de capital.[1]

2)La escolaridad mejora el ingreso salarial y las condiciones de contratación, pero no lo suficiente, de suerte que en el largo plazo se ha producido en México una especie de desperdicio de capital humano, donde es la población con niveles de educación superior permanece parada o sin empleo por largo tiempo (se ubican entre los desocupados desalentados, según la ENOE) mientras el premio  salarial por la educación decae.[2]

3)Los incentivos que los empleadores privados y las instituciones del Estado importantes contratantes de mano están enviando a los hogares y personas, en términos de la educación son contradictorios ya que desalientan a unos y otros a invertir en educación, por lo que en un plazo de 10 a 15 años, el déficit de escolaridad y formación de la mano de obra mexicana puede ser un escollo insuperable para el incremento de la productividad. [3]

En relación a la calificación laboral respecto al la productividad tampoco hay buenas noticias para los mexicanos. Pagés y Scarpetta (2009) citados por Martínez, Aguilera et al (2012) señalan que el crecimiento de 18% de no calificados contra sólo 8% de crecimiento de los trabajadores calificados entre 1993 y 2001, significó que no fueron las mejoras en la composición de habilidades lo que contribuyó en forma importante al crecimiento de la productividad, de esos años sino el volumen de mano de obra barata.

Para fines de la década de los noventa y hasta 2011 la composición fue exactamente la contraria. La llegada de personas con educación media superior o superior fue de 72% para los primeros y de 38% para aquellos con secundaria terminada, por lo que la suma de ambas categorías representó 50% en 2001, y en 2011 a casi 75%. Sin embargo, el premio salarial no ha sido muy estimulante, como lo marca la tendencia de los salarios de 2000 a 2012 y el estudio de Pedrero y Valdivia (2011)

Por género los procesos de movilidad son desiguales y complejos ya que si bien hay mayor  movilidad entre las mujeres que entre los hombres debida a la educación, las primeras tienen mayor probabilidad de mantenerse en los estratos bajos cuando su origen se encuentra ahí ya que la incorporación de las mujeres al mercado laboral está condicionada por las características socioeconómicas. Por el contrario tienen mayores probabilidades de salir de los estratos altos que los hombres de su misma condición y sus opciones de movilidad ascendente están acotadas, por numerosas restricciones incluido el techo de cristal.

En suma si el gobierno federal y los principales actores económicos del país, continúan cerrados al debatir el lugar de los salarios en el modelo de desarrollo, además de que no tendremos muchos empleos (OCDE calcula crecimiento adicional de 1% del PIB por nuevas reformas) y con seguridad no serán bien remunerados.

[1] Según Ross (2013:81) la Tasa de acumulación de capital de la economía mexicana ha venido decreciendo desde 1980 a la fecha. De 1982 a 2012 bajo de 8% anual a menos de 4%.
[2] En 2009 49.7% de los las personas egresadas de licenciatura  estaban desempleados. 85 mil de estos era egresados de Ingeniería; 50 mil de Administración de empresas, 40 mil eran Abogados, 20 mil Comunicadores y 13 mil Pedagogos o de Ciencias de la Educación.
[3] Las señales contradictorias respecto al valor económico de la educación que han emitido las instituciones y los empleadores, se documentan con las cifras del abandono o la deserción escolar. Según la Encuesta de Educación Media Superior del ciclo escolar 2010-2011, 3.2 millones de  jóvenes de ambos sexos entre 15 y 17 años con educación básica completa no estaba asistiendo a la escuela. Secundaria. En el ciclo escolar 2010-2011 de 38 a 40 por ciento de los matriculados en el Bachillerato abandonaron la escuela. En tanto la Encuesta Nacional de la Juventud, 2005 encontró 7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban de forma remunerada

8/09/2014

El género en alerta


Violencia hacia mujeres no es nueva sino que crece día a día, como lo señala la OMS en su Informe de 2013. 


Aceptando que la violencia hacia las mujeres no es nueva,  se puede en cambio afirmar que crece día a día, como lo señala la OMS  en su Informe de 2013. En este sentido, las relaciones de género están hoy día en un marco de nuevos conflictos que se dirimen en una vieja práctica, pero que indican una señal de alerta que la sociedad en su conjunto y el Estado deben advertir, prevenir y combatir.

De acuerdo a las teorías del género (Rubín,G.1975;Scott, J.1986; Butler, J. 1990 y 1993; de Barbieri, T., 1993) el orden social que pauta tanto las relaciones de las mujeres y los hombres entre sí, como las relaciones entre mujeres y hombres, se construye como un conjunto de estructuras, usos, significados, normas, prácticas cotidianas y rituales sociales, que establecen las formas específicas que adquiere la organización social de la diferencia sexual sobre las cuales se erigen las identidades y relaciones de género en cada sociedad. Así lo que implica ser hombre o ser mujer, en un lugar y tiempo determinados está construido por roles, valores, expectativas, actitudes y apariencias que deben tener o adoptar las mujeres y los hombres para ser “apropiados” en cada sociedad.

La violencia patriarcal directa como la indirecta, visible e invisible, opera en este marco como un dispositivo de control y represión contra todo lo que amenace o ponga en riesgo dicho orden.  En esta racionalidad juegan tanto la violencia estructural a través de la reiterada segregación de las mujeres a la esfera reproductiva y doméstica; como la violencia simbólica que refrenda sus roles y funciones o los reifica, bajo modalidades menos restrictivas pero esencialmente subordinadas oex céntricas socialmente hablando. Contribuye también a esto la violencia institucional que le deniega sus plenos derechos, regateando incluso las decisiones sobre su propio cuerpo, a través de legislaciones anti- aborto.

La violencia hacia las mujeres tiene un nuevo uso instrumental. Este uso derivaría no tanto de la naturaleza y características de estos eventos casi intemporales por su larguísima presencia a lo largo de todas las sociedades, sino porque se da en un contexto de claros avances de las mujeres y en el marco de sociedades políticamente más igualitarias en las cuales se condena crecientemente el uso de la violencia hacia ellas.
Gracias a estos avances las mujeres han poblado masivamente las calles, los sitios de trabajo, las escuelas, las universidades, los centros deportivos, los parlamentos, los medios de comunicación, otrora privilegiados cotos masculinos Han modificado radicalmente sus maneras de vivir, de vestir; han poblado la noche y ganado el espacio público.

La violencia letal hacia las mujeres se presentan así en un contexto psico-social que podríamos identificar como post-liberalización o post- revolución sexual donde las mujeres han ganado creciente autonomía física y económica y cuando han logrado establecer una relación con su cuerpo, sus deseos y su sexualidad, con un claro sentido de empoderamiento y apropiación.

Se inscriben igualmente, en un etapa histórico-cultural donde los roles, rasgos, identidad, apariencia y características asignados por siglos al género masculino y femenino, han explotado literalmente en pedazos, al menos en el espaciosimbólico, por la presencia cada vez mas ubicua de identidades y corporeidades bisexuales, homosexuales, lésbicas, transgénero, transexuales, etc.  

En este orden de reflexión afirmaríamos que el incremento en la libertad física, sexual, corporal y la creciente participación económica de las mujeres, atisba un cambio psíquico-político (Touraine, 2006; Lipovetsky (1997) semejante a otros momentos o coyunturas históricas donde se han jugado las posiciones estructurales e institucionales entre mujeres y hombres. Es un momento culmen en su proceso de emancipación en los últimos doscientos años: su identificación masiva – más allá de todas la contradicciones - como sujeto con derechos propios y capacidad de autonomía a partir de conquistar  ser en sí y para sí (Beauvoir, S.1948) 

Estos cambios identitarios experimentando por las mujeres, sobre todo las más jóvenes, respecto a sus roles y expectativas personales y sociales, estilos de vida, etcétera han sido considerados por diversos autores (Touraine, 2006; Lipovetsky, 1999; Arteaga, B. 2010) como una auténtica ruptura histórica de profundas consecuencias económicas, políticas y culturales, (algunos la comparan incluso con el cambio en el sistema sexo-género originado por el descubrimiento de la agricultura, aunque en sentido contrario) ya que estaría presionando en consecuencia, transformaciones políticas entre los sexos, además de plantear desafíos económicos y del orden civilizatorio en gran escala

En efecto la salida masiva de las mujeres de su nicho estructural (el trabajo doméstico; para el autoconsumo familiar y el cuidado) hacia las actividades remuneradas, el ejercicio de profesiones, oficios y cargos diversos, que se ha producido en América Latina sobre todo a partir de la última década del siglo veinte, no solo plantea un reto político, económico y cultural de gran envergadura para las políticas públicas sino también en lo que hace al funcionamiento del mercado y la organización espacial, en términos de reconciliar las racionalidades y el funcionamiento de esferas sociales hasta ahora sólo vinculadas por la mediación del consumo como son: el trabajo y la familia.

Propulsados por los cambios que en nuestras sociedades y territorios está provocando la globalización económica estamos inmersos en un contexto de hibridación cultural (Canclini, N. 2001) también en materia de género, que mezcla formas y tendencias diversas: sexualidad adolescente, transexualidad, trangéneros, fecundación in vitro, uniones y familias entre personas del mismo sexo, en una palabra perfomatividad de la sexualidad y las identidades de género (Butler, 2002) por un lado versus militancias religiosas pro abstinencia sexual, sexualidad pro-Vida, o pro heterosexualidad normativa, iconología mediática anclada en la vida rural y en mandatos de género que apelan a “leyes de la naturaleza ancestral”.

La hipótesis central para una sociología de la violencia de género y del feminicidio sería que la brecha generada entre un modelo de género normativo centrado en la subordinación de las mujeres y la emergencia social de la figura femenina, como una figura con poder y autonomía, está presente en las diversas vertientes de las relaciones cotidianas que sostienen hombres y mujeres entre sí. Ya sea en el plano de las relaciones interpersonales, (parejas, ex parejas; en el ámbito laboral o escolar) como en el de las relaciones simbólicas y de poder que se juegan en el  espacio púbico.

Afirmamos que la violencia hacia las mujeres en general y los feminicidios en particular estarían jugando como un dispositivo de poder masculino para restablecer o mantener, simultáneamente, tanto en lo individual como en lo colectivo:  I) las posiciones de dominio varonil, entre varones, en un mundo que les resulta cada vez más incierto y peligroso; II) funcionar como un instrumento de control para contener el cambio y las transgresiones de las mujeres a los órdenes y regímenes de género, que estarían experimentando marcadas transiciones producidas por la emergencia de las mujeres en el espacio cultural-simbólico, la vida pública y el mercado de trabajo.

Aun cuando también hay que señalar que la cultura de la violencia que goza todavía por desgracia de una amplia aceptación en nuestro país. Así es corriente la violencia entre varones por razones de género (defensa de honor, prestigio, manifestación de poder, valentía etc.,  Lo mismo en el espacio público, las calles, que en lugares de trabajo, centros deportivos, que al interior de los hogares. 

En una perspectiva de veintisiete años, es decir toda una generación desde el punto de vista demográfico, la violencia feminicida en México suma 39 mil 321 mujeres de todas las edades asesinadas.  Los datos muestran también que este tipo de crímenes se mantiene constante, y no baja cuando el resto de los homicidios lo hacen, aunque si sube rápidamente cuando la violencia criminal o la violencia social se incrementan.

Hasta el año 2000, diez estados del centro y sur del país se llevaban los primeros lugares en este tipo de crímenes. Este núcleo lo conforman los estados de México, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, el Distrito Federal y Michoacán. Después de ese año, los feminicidios se extienden al norte del país destacando las entidades de Chihuahua, Baja California, Durango, Sinaloa, Sonora y Nuevo León. 

La geografía del feminicidio en México se complejiza si consideramos los municipios.  Tomando las cifras absolutas, los feminicidios parecen experimentar un proceso alterno de difusión y concentración. Entre 1985, 20 municipios concentraban 40.4% de los feminicidios. En los años noventa, cuando estos delitos se incrementan el número de municipios donde ocurren, pasa de 40 en 1990, y a 60 municipios en 1995. A partir del año 2000 y hasta 2010 solo 20 municipios -en su mayoría integrados a zonas metropolitanas- concentran 25% de los feminicidios ocurridos en  2010.

A tono con su carácter de actos de “disciplinamiento o corrección”, los feminicidios se caracterizan por el uso de formas brutales para privar de la vida. El ahorcamiento, ahogamiento, estrangulamiento, ahogamiento, son responsables de la muerte de poco más del 18% de las mujeres asesinadas entre 1985-2010. Estas categorías, así como el uso de objetos cortantes, son tres veces más frecuentes que en los asesinatos de hombres (en 20% del total de defunciones femeninas). También se advierte una proporción tres veces más elevada de utilización del envenenamiento y de las quemaduras con sustancias diversas o con fuego. Pero hay incluso muertes debidas directamente a los golpes, que no tiene la misma frecuencia entre los decesos masculinos.

Finalmente el uso de armas de fuego para privar la vida solo es causa atribuida de muerte para 30% de las mujeres, mientras que en el caso de los varones es la vía por la cual se priva al 60%. Sin embargo las formas más crueles también elevaron sus frecuencias. La muerte a golpes pasó de 8.2 a 18.7 y el ahorcamiento, el ahogamiento y la estrangulación crecieron de 8.1 a 12.4%.

El crecimiento de los feminicidios en las áreas públicas debe vincularse por su parte, como resultado de las nuevas funciones de las mujeres que participan actualmente lo mismo en actividades productivas, escolares, deportivas y otras más, en espacios públicos. Este tipo de feminicidios ocurre mayormente en áreas comerciales o de servicios, escuelas, oficinas, parques, áreas deportivas, que están concentrando dos tercios de los asesinatos de mujeres.

Finalmente, la violencia feminicida no hubiera adoptado una característica cuasi epidémica en México, sin la omisión en los deberes públicos de los diferentes gobiernos involucrados en investigarla y castigar a los responsables.

Por diversas causas, todas atingentes a las autoridades, la mayoría de  los casos de violencia hacia las mujeres, sean: Feminicidios, violación o lesiones, generalmente concluyen en la impunidad de los responsables y en la indefensión o total ausencia de garantías y derechos humanos de las víctimas. De esta suerte a la violencia que ejercen parejas, ex parejas, conocidos y familiares o, perpetradores desconocidos, hacia las mujeres, se le agrega la violencia institucional. [1] Por ello la impunidad de estas muertes es tema de preocupación ampliamente referida en casi una treintena de informes internacionales de observadores y relatores de Naciones Unidas, en materia de derechos humanos, dirigidos al Estado mexicano desde 2002.

La falta de persecución y castigo a esto delitos incentiva comportamientos similares en personas que tal vez en otros contextos de justicia, se verían desalentados a cometerlos. En este sentido la impunidad respecto a la violencia letal en contra de las mujeres, actúa como una especie de agente de contagio que facilita la comisión de feminicidios, creando incentivos para delincuentes oportunistas.

En el marco de este análisis no deja de sorprender y de indignar, la falta de sensibilidad de las autoridades responsables de detonar la Alerta de género creada por la Ley General de Acceso de la Mujeres a una vida libre de violencia (2007) que ha sido solicitada por organizaciones y familiares de las víctimas en el Estado de México, Chihuahua, Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Hidalgo y Chiapas.

*(*) El género en alerta: Es es un fragmento de un artículo de la autora publicado en la Revista Sociedade e Estado ((may-ago 2014)
[1] Conviene aquí traer a la reflexión, que la impunidad es “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, a que sean condenados a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (Naciones Unidas, 2005).  Por ello la impunidad implica en los hechos la difuminación de la función punitiva del Estado, lo que de alguna manera atenta contra su propia razón de existencia. 

7/28/2014

La infancia residual


En el mundo existe bajo la línea de pobreza más de un tercio de los 2 mil 200 millones de niños y las atrocidades que se comenten en su contra son aterradoras.


En las últimas semanas la situación de la niñez ha sido noticia internacional y nacional por tres eventos que han sacudido tanto a los medios de comunicación convencionales como a las redes sociales. Me refiero a: 1) la migración sin acompañamiento familiar de aproximadamente cincuenta y siete mil niños entre 10 y 17 años, agolpados a las puertas de la moderna Roma, con el fin de reunirse con familiares, conocidos, o ser cabeza de playa para el posterior arribo de sus padres, madres, o lo que tengan como familia.  2) Los abusos y el abandono de 200 menores de edad en el albergue La Gran Familia, de Zamora Michoacán y 3) los más de 121 niños palestinos muertos en bombardeos sobre asentamientos civiles, escuelas y hospitales de la franja de Gaza por parte del ejército israelí.  

Los tres casos son espejo de la disociación existente entre los discursos familistas, moralistas y pro-vida promovidos por asociaciones religiosas e iglesias y las proclamadas iushumanistas de gobiernos u organismos internacionales, que chocan ambas ante la realidad lacerante de la desprotección que vive la niñez,  en un mundo que tiene  bajo la línea de pobreza a más de un tercio de los 2 mil 200 millones de niños y donde las atrocidades que se comenten en su contra son aterradoras.

Los tres casos muestran la relación de la población menor de edad frente al goce efectivo de sus derechos reconocidos y ratificados por más de una veintena de estados miembros de la ONU (La Convención Internacional sobre los Derechos de la Niñez, 1989). Pero cada uno de ellos es un costado distinto de estas relaciones, que interesa aquí explorar por su significación y alcances específicos, aunque en conjunto permiten asomarnos a la verdadera faz del mundo de hoy.

Estados Unidos: de la sociedad del child-centered families a la niñez como amenaza

Primero analicemos el caso de la migración infantil que tiene en alerta a la toda la Guardia Nacional y militarizada la frontera con México, como si se tratara de Roma asediada por los bárbaros a fines del siglo IV.  Desde esta perspectiva, la ideología de la familia centrada en la niñez que había sido una de las divisas de la sociedad norteamericana, ha dado un giro importante con una gran carga racista de por medio.

La tensión valórica que ha detonado el caso de la niñez migrante va en sentido contrario al proceso de institucionalización de los derechos de la infancia desarrollado desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX -1989-, en el que Estados Unidos fue pionero.  Fue en Nueva York y con base en el derecho de los animales a no ser maltratados, que se emitió la primera sentencia en contra de una madre por maltrato infantil (1864). Posteriormente,  en el siglo XX instituciones como el Children´s Bureau (1912) Save The Children (1919) y la Declaración de Ginebra (1924) así como la Declaración de los Derechos de la Niñez (1923) serán la antesala para la institucionalización de una especie de ciudadanía universal de la niñas y los niños.

En este sentido la desproporcionada violencia de la respuesta gubernamental norteamericana ante “la amenaza de la migración infantil”, así como la omisión de la Organización de las Naciones Unidas en este asunto, debe ser leída como un punto de inflexión, un giro radical hacia un extremo no humanitario en el trato a la población infantil en condiciones de pobreza, entiéndase esto como desamparo y desesperación.
Mientras la Guardia Nacional actúa bajo la consideración de que esta miseria infantil itinerante es solo la cobertura de bandas criminales que trafican con ellos, se soslaya que este tipo de migraciones son resultado lógico y esperable de la política que los diferentes gobiernos estadounidenses han sostenido en la región desde los años 50s, cuando la zona que ocupan México y Centroamérica, fue definida como su traspatio (back yard). 

Recordemos aquí que con esa visión las diferentes administraciones norteamericanas, según su talante más o menos intervencionista, auspiciaron invasiones, dictaduras, gobiernos corruptos, guerras de extermino étnico. Prohijaron cultivos de droga, tráfico de armas, grupos paramilitares, etc., todo bajo la consigna de que eran sus hijos de puta en la región (our son of the bitch). A partir de los años noventa se signaron entre los gobiernos sendos acuerdos de libre comercio o se promovieron reformas estructurales, que permitieron a sus inversionistas y empresas, ganar mercados casi exclusivos para sus productos, ante la declinante competitividad internacional de los mismos; explotar recursos naturales y depredarlos prácticamente sin ningún control y mantener gobiernos casi completamente subordinados a sus designios. 

La miopía del racismo norteamericano, les impide visualizar así, que el desplazamiento masivo de la población latina, mexicana y centroamericana en su gran mayoría, es justamente un derivado de la destrucción de la economía campesina, del pequeño y mediano comercio, de las industrias nacionales. Que son producto residual del crecimiento económico desigual y selectivo, que ha favorecido a ciertas zonas y pequeños grupos sociales de la región, pero que ha desarticulando la base material de subsistencia y del tejido comunitario de la población excluida, que no ha tenido casi ninguna otra oportunidad que atravesar el desierto para encontrar alguna salida. Soslaya que huyen de la violencia generada por la criminalización de las drogas, el militarismo, el deterioro institucional, el establecimiento de la ley de la jungla y la debilidad del Estado de derecho, que han venido de la mano de esta desestructuración.

Olvidan también que la población migrante latina (21.2 millones) es una fuente de dividendos económicos que sostiene la declinante productividad y competitividad norteamericana, en áreas como los servicios personales, la construcción, el comercio, restaurantes, hoteles, los servicios educativos y la agricultura, con un promedio de participación entre estos sectores de 9.6%. Sin desconsiderar además que es uno de los segmentos importantes en la cotización a la seguridad social. Y que por el tamaño y la juventud de su población, es una reserva fundamental como fuente de riqueza potencial para el vecino del norte.
Llegados a este punto hay que aclarar que no es el perfil del ogro americano, del codicioso Tío Sam  el que ha cambiado.  La persecución del sueño americano que sigue atrayendo a tanta población que es un residuo social en sus países de origen, tiene aún asideros, pero su naturaleza ha cambiado radicalmente, como ha cambiado el perfil del capitalismo y la calidad de los intercambios.  

La transformación radical no solo entraña mutaciones en el orden económico, sino transfiguraciones de las formas de vida, de manera particular en el mundo del trabajo y en los modos particulares de los regímenes de poderes y de gobernabilidad (Raymundo Mier, 2013). Hoy las familias viven fracturadas por la movilidad laboral, desprotegidas por el trabajo precario y sin derechos, máxime en la condición de migrantes, enclavados en un régimen laboral marcado por la asimetría y de facto, al margen del derecho.  

El estatuto de la población y en este caso de la niñez migrante como nuevos objetos de tráfico y nuevos elementos de amenaza a la seguridad de los Estados, es el de cuerpos nómadas, población de desecho que se pelotean o remiten entre los gobiernos de la región como masas inermes, apátridas. Instaurando de este modo en conjunto, una gobernabilidad de lo residual en el sentido de no contractualidad, extraterritorialidad y condición extrajurídica.  Estamos pues ya lejos del enfoque de protección de la niñez, o las familias, a mucha distancia de las nociones de solidaridad intergeneracional e interclasista de los Estados nacionales del siglo XX, cuando el flujo del ciclo demográfico (nacimiento, desarrollo, madurez y ancianidad, muerte) estaba amparado al menos por el derecho y las instituciones democráticas.  En este sentido, en rigor, no se trata sólo este endurecimiento de una cuestión electoral, sino de un tema de la globalización, de la estructura de los intercambios inequitativos y extracontractuales que marca al capitalismo globalizado, porque ciertamente, esta mano de obra a-formal es una amenaza a las condiciones del trabajo del país receptor. Pero es igualmente producto del borramiento de fronteras para el capital libre de ataduras jurídicas, por lo que la anomalía está enclavada en el centro mismo de su funcionamiento.

México. El abandono a la niñez y la vuelta al familismo radical

El caso del albergue de Zamora es una constatación local de lo mismo, pero con otras expresiones.  México fue uno de los países concurrentes al Primer Congreso Internacional de Protección a la Infancia celebrado en París (1883) y activo promotor de las iniciativas de las resoluciones de los Congresos Internacionales de la Gota de Leche (1905, 1907 y 1911). En 1929 auspició el Comité de Damas por la Gota de Leche que es el abuelo del actual SNDIF y mantuvo de 1937 a 1964 una política pro-natalista para contrarrestar la elevada mortalidad infantil y materna, así como reponer al millón de muertos de la Revolución Mexicana. Con esa finalidad desarrolló una amplia infraestructura social de servicios a la niñez y a las madres: desayunos fríos y calientes, hospitales, centros de rehabilitación, funerarias, redes de visitadoras sociales, centros comunitarios, guarderías,, estancias juveniles etc. que hasta el año 2000, fue la red de servicios mas cercana e inmediata a enfermos, discapacitados, niñas y niños, en todo los municipios del país. Sobre todo para el sector no protegido por la seguridad social.  

La monetarización de los apoyos sociales más afín a las políticas pro-mercado y la reducción de la infraestructura social que se adopta a partir de 1994, fue quebrando el espinazo de este sistema. 

Comenzando por el Programa Progresa-Oportunidades (2000-2012) que se fundó inicialmente a partir de los recursos sustraídos al DIF ( dos mil millones de pesos del programa de desayunos escolares). A esto se agrega la privatización de la asistencia que se estableció en el gobierno de Fox: teletones, asociaciones de asistencia privada, fundaciones filantrópicas etc., que se establecieron a partir de la deducción fiscal de donativos y que hace posible que una proporción equivalente al 1% del PIB en los ingresos fiscales que las grandes empresas debían ingresar como impuesto a las arcas públicas, se dirija a sus mismos bolsillos a partir de la creación de fundaciones diversas.

No es que la filantropía privada este mal. Lo reprochable es que el Estado mexicano haya transferido o se haya vuelto omiso ante sus obligaciones con los derechos de la niñez y de las familias. Porque el giro hacia privatización de la asistencia, se tradujo en el desmantelamiento de la infraestructura de servicios públicos para el cuidado de la infancia, de la vejez y para  la rehabilitación y atención de discapacidades. En lugar de actuar conforme a las obligaciones de la Convención de los Derechos de la Niñez, ratificada por el Senado mexicano, e institucionalizar los derechos humanos de la infancia, el gobierno mexicano los trasladó al plano de la caridad de las fundaciones privadas. Adicionalmente se abandonó en el año 2000 el proyecto legislativo para regular a través de estándares de calidad, calidez y observancia de derechos humanos los servicios prestados en el sector filantrópico privado, considerando que los recursos que manejan vía deducciones de impuestos, son públicos. Por el contrario bajo el principio de estimular su crecimiento, dichos estándares quedaron bajo vigilancia de los propios patronatos y miembros fundantes de las asociaciones y fundaciones privadas.

Así el gasto erogado en la población de 0 a 15 años que representa .08% del gasto público total en 2014.  En pesos y centavos se trata de 382 mil 742 millones, 305 pesos para  atender al 28% de la población, equivalente a 33 millones 524mil 563 menores de quince años.  Es decir, 31.68 pesos diarios para cada uno. En lo que hace a la primera infancia (0-3 años) según datos de la OCDE en 2012 sólo  6% de los niños menores acudía a un centro de cuidado infantil, cuando el promedio de la OCDE es de 31%.

La falta de políticas de apoyo al cuidado de la infancia y la familia, también se trasladó a estas últimas, vía los servicios de salud ambulatoria, sobrecargando a las mujeres madres, hermanas, y abuelas del cuidado de enfermos, menores de edad y discapacitados. Justamente cuando las necesidades y la penuria económica aumentaban en los hogares y las mujeres debieron salir masivamente a trabajar por recursos complementarios.  El dato que arroja la Cuenta Satélite del Sector Salud INEGI 2008-2011) es más que elocuente respecto a esta sobrecarga, que es equivalente a 3.1% de lo producido en el sector. En otros términos, las familias mexicanas, especialmente las mujeres, contribuyen en esa proporción del PIB a los servicios de salud que debiera prestar el Estado.    

En suma la situación de desprotección a la infancia y de los adolescentes se ha agravado mientras el discurso piadoso de gobiernos, congregaciones religiosas y fundaciones continua exaltando el cuidado de la familia, la integración familiar o defienden el valor de la vida humana desde la concepción. Les importa el principio de la vida, no los niños y niñas vivos, andando y creciendo.

En este marco se puede explicar tanto el abandono en la vigilancia del Estado y los gobiernos en la tutela de los derechos de la niñez, así como la aceptación de padres, madres, abuelos a la entrega casi inventarial de sus hijos e hijas a un albergue que le ofrecía al menos la seguridad de que ahí quedarían cuidados hasta su mayoría de edad.

El genocidio en la franja de Gaza

Finalmente el tercer costado de este triángulo de la ignominia es el recuento de niños, niñas y adolescente muertos en los ataques a la población civil (colegios, hospitales) durante 13 días ininterrumpidos por parte de los bombardeos israelíes. Hasta el día de ayer sumaban 121 menores. Ochenta y cuatro de ellos eran niños y 37 niñas, entre los cinco meses y los 17 años, según los datos de UNICEF en Ginebra.  El ataque a instalaciones de UNICEF, a 100 escuelas habilitadas por la ONU y hospitales de la Cruz Roja, que en conjunto albergaban a mas de 100 mil desplazados, ha confirmado que no hay un milímetro de espacio seguro para nadie.

Se trata con toda claridad de una guerra de exterminio, en el más claro sentido de despoblar la Franja de población palestina y aún de erradicar a los miembros más pequeños para que no quede nadie que les suceda.  Lamentable estrategia, mas propia del verdugo mas cruel que la población judía haya tenido en su historia:  Adolfo Hitler, que del pueblo que se considera escogido por dios para salvar a la humanidad. Todo ello ante el silencio cómplice del gobierno norteamericano; el disimulo de la Comunidad Europea mas concentrada en investigar las razones del derribamiento del avión malayo y de la tibieza de la ONU, que solo se lamenta, sin alzar la voz.

La lógica del exterminio, de la despoblación palestina como requisito de supervivencia del régimen sionista, como en la lógica de la población infantil migrante como desecho de los países de la región centroamericana (incluyo aquí a México) o de la niñez residual, que no alcanza los recursos jurídicos y económicos del Estado para su protección, es la misma:  la destrucción como vía para establecer equilibrios, saltando las trancas de un arbitraje jurídico que restableciera los derechos de todos, mas allá de la extraterritoriedad del mundo actual