Ciudad Victoria, Tamaulipas.— Ante una historia institucional marcada por la ausencia de mujeres en los espacios de mayor poder y decisión, tres académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) solicitaron que la convocatoria para renovar en 2026 la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria sea exclusiva para mujeres.
Las docentes piden que la Asamblea Universitaria apruebe una acción afirmativa “especial, temporal, objetiva y correctiva”, limitada al proceso de elección de 2026, para garantizar que únicamente mujeres puedan registrarse como aspirantes.
La medida busca romper el techo de cristal que, desde la creación de la Facultad, ha impedido que una mujer llegue a su máximo cargo directivo, pese a la presencia mayoritaria de alumnas en el área de Ciencias Sociales y Derecho.
El documento está dirigido a Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la UAT y presidente de la Asamblea Universitaria, para que someta la petición al análisis y aprobación de ese órgano colegiado. Está fechado el 7 de septiembre de 2026 y cuenta con sello de recibido de la Secretaría General de la Universidad.
La solicitud fue suscrita por Martha Cecilia Manzano Ortiz, profesora de tiempo completo con perfil PRODEP; Kenia Garza Reyes, profesora de horario libre, y Lidda Consuelo Delgado Cortina, profesora de horario libre e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores.
De acuerdo con la reconstrucción histórica incluida en el escrito, las 12 personas que han ocupado la Dirección han sido hombres. Para las promoventes, esta ausencia absoluta de mujeres no puede explicarse únicamente como la suma de decisiones individuales, sino que constituye un indicador de desigualdad estructural.
Aunque las convocatorias anteriores permitieron formalmente la participación de mujeres, ninguna ha conseguido acceder al máximo cargo de decisión de la Facultad. Las académicas sostienen que este resultado muestra que la igualdad formal en las reglas no necesariamente garantiza una igualdad real en el acceso al poder.
La brecha también se observa al revisar la composición de la matrícula. Durante el ciclo escolar 2024-2025, el campo de Ciencias Sociales y Derecho de la UAT registró 7 mil 934 estudiantes: 4 mil 907 mujeres y 3 mil 27 hombres.
Esto significa que las mujeres representaban el 61.8 por ciento del alumnado en esa área de formación, pero continuaban sin presencia histórica en la Dirección.
Una acción afirmativa, no una designación automática
La propuesta no supondría el nombramiento directo de una mujer ni la eliminación de los criterios académicos establecidos por la Universidad. Las aspirantes tendrían que cumplir los requisitos de elegibilidad, mérito e idoneidad previstos en la normativa interna y participar en las etapas de auscultación, evaluación y elección.
La comunidad universitaria conservaría la facultad de elegir entre las candidatas registradas. La acción afirmativa solamente modificaría, por una ocasión, el universo de personas con derecho a contender, con el propósito de corregir una exclusión prolongada durante décadas.
Las promoventes solicitan al rector convocar oportunamente a una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria para resolver la petición antes de que avance el proceso de renovación.
Argumentan que la Asamblea tiene atribuciones para aprobar la medida con fundamento en el artículo 22, fracción X, del Estatuto Orgánico de la UAT, que le permite conocer y resolver los asuntos no asignados expresamente a otro órgano universitario.
De aprobarse la acción afirmativa, el Consejo Técnico de la Facultad tendría que emitir la convocatoria exclusiva para mujeres y desarrollar las distintas etapas de la elección.
Las docentes también solicitan que las autoridades universitarias preserven la materia de la petición mientras se emite una resolución. Si la convocatoria fuera publicada antes de que la Asamblea analice el planteamiento, proponen suspender temporalmente sus plazos, registros y efectos.
Además, demandan garantías reforzadas de imparcialidad, transparencia y neutralidad institucional, así como mecanismos que impidan la utilización de recursos humanos, materiales, financieros o comunicacionales de la Universidad para favorecer o perjudicar a alguna aspirante.
Un precedente judicial en Morelos
Como referente, las académicas citan el Amparo en Revisión 90/2021, relacionado con la elección de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
En ese caso, un tribunal colegiado ordenó dejar sin efectos la convocatoria impugnada y emitir otra dirigida exclusivamente a mujeres, al considerar que una competencia formalmente abierta resultaba insuficiente para corregir una desigualdad histórica y estructural.
El razonamiento fue recogido en una tesis aislada que no constituye jurisprudencia obligatoria para la UAT. Sin embargo, las promoventes consideran que tiene un valor persuasivo relevante por las similitudes entre ambos casos: universidades públicas autónomas, facultades de Derecho y Ciencias Sociales, cargos directivos unipersonales y antecedentes de falta de acceso de las mujeres a la Dirección.
La solicitud también se sustenta en la Constitución federal, la Constitución de Tamaulipas, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—, la Ley General de Educación Superior y la legislación federal y estatal en materia de igualdad y no discriminación.
Asimismo, invoca el Código de Ética y Conducta de la UAT, que reconoce las acciones afirmativas como una herramienta para promover la igualdad en el acceso a oportunidades académicas, laborales, sociales y económicas.
Para las firmantes, reservar la convocatoria de 2026 para mujeres no constituiría una concesión ni un privilegio permanente, sino una medida excepcional encaminada a garantizar la igualdad sustantiva y corregir una brecha histórica.
