El ‘error’ que confrontó de por vida a Salinas con Zedillo

 milenio.com

Jesús Rangel

Hace 25 años, entre el 19 y 20 de diciembre, se gestó el llamado error de diciembre cuando se anunció una devaluación de 15 por ciento del peso frente al dólar con un nivel de reservas monetarias bajo y un enfrentamiento entre los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León que los enemistó de por vida. En todo 1994 se registró una devaluación de 71 por ciento y las reservas cayeron de 29 mil millones de dólares (mdd) en febrero a 10 mil 457 millones el 19 de diciembre.

Robert Rubin, entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que en México se originó “la primera crisis global del siglo XXI”, resultado no solo de una decisión sino de “desequilibrios acumulados por varios años”, mientras que Michel Camdessus, como director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntó que la crisis surgió porque México “bajó la guardia y los mercados ejercieron la disciplina”.

Un total de 35 millones 419 mil mexicanos no habían nacido en 1994, pero los 90 millones 362 mil habitantes de esa época sufrieron las consecuencias de un crítico año político y económico que dejó en la ruina a miles de familias y cientos de empresas, además de causar pánico entre funcionarios de gobierno e inversionistas que a esas alturas ya no querían ni Tesobonos (ligados al dólar y a las reservas monetarias) ni Cetes.

En varias ocasiones de ese año se analizó la conveniencia de un ajuste cambiario con una ampliación de lo que se llamaba la “banda de flotación” del tipo de cambio. El lunes 19 de diciembre, en una reunión del pacto entre los sectores productivos, el secretario de Hacienda, Jaime Serra, anunció que el Banco de México (Banxico) elevaría el techo de la banda de flotación, lo que equivalía a una devaluación de 15 por ciento. En Chiapas se intensificó el activismo del EZLN y el nerviosismo aumentó, informó el Banxico al revelar que las reservas se redujeron a 10 mil 457 mdd.

Se perdieron solo 98 mdd de reserva, pero los inversionistas esperaban más: que flotara el tipo de cambio, y el 20 y 21 de diciembre atacaron las reservas que cayeron en más de 4 mil mdd. La flotación cambiaria se empezó a aplicar el 22 de diciembre.

Salinas de Gortari dice que el error fue avisar a los empresarios del cambio en la política monetaria porque favoreció la salida de capitales. Zedillo destacó que la crisis se fue gestando “durante mucho tiempo. Su naturaleza y su magnitud no pueden ser atribuidas a un solo hecho o a una determinada decisión de política económica”, y reconoció que deterioró “severamente los niveles de vida de la población y puso en riesgo mucho de lo construido con el trabajo de millones de mexicanos a lo largo de años”.

Un joven economista, Gerardo Esquivel, escribiría el 24 de febrero de 2010 que coincidía con lo dicho por Rubin, que la crisis “no fue el resultado únicamente de un mal manejo de la devaluación de diciembre (que también lo hubo), sino que se debió fundamentalmente a los desequilibrios acumulados durante años y cuya resolución fue largamente pospuesta por el gobierno de Salinas de Gortari”. Este economista es hoy subgobernador del Banxico.

La crisis provocó la caída del producto interno bruto durante 1995 en un -6.9 por ciento, mayor a la registrada por México durante la Gran Depresión de 1929 y la crisis de 1982. No hubo olvido, y en las elecciones de 1997 el PRI por primera vez en su historia perdió el control absoluto del Congreso de la Unión y en 2000 la Presidencia de la República.

En ese 1994, el primero de enero, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y el 24 de marzo se aprobó el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que se formaliza el 8 de mayo. México ya era parte de las economías del primer mundo. Nadie preveía la dimensión de la crisis por venir. Camdessus le expresó su preocupación por el tipo de cambio a Mancera en julio de 1993; el conocido economista del MIT, Rudiger Dornbusch, desde ese año habló de un peso sobrevaluado y lo reiteró en repetidas ocasiones durante 1994. Guillermo Ortiz entregó un estudio muy detallado que se entregó a Mancera y Aspe a favor de un ajuste, pero nada.

DETALLES

Pocos saben que Miguel Mancera, al frente del Banxico, hizo varias consultas con la Reserva Federal (Fed) de EU y el Departamento del Tesoro en 1994 para suscribir apoyos financieros. Alan Greenspan, presidente de la Fed, reveló el 20 de julio de 1994 en el Comité de Mercado Abierto que Mancera buscaba reactivar con el G10 y el Banco de Pagos Internacionales apoyo financiero de contingencia a corto plazo dentro del TLCAN.

En la reunión del 20 de noviembre de ese años en casa de Salinas de Gortari, donde estuvo Ernesto Zedillo y parte de su equipo como Luis Téllez y Jaime Serra, el entonces secretario de Hacienda Pedro Aspe habló por teléfono por Lloyd Bentsen, secretario del Tesoro, para pedir apoyo ante la posibilidad de que México devaluara su moneda e implementara un programa de ajuste económico y financiero fuerte días antes del cambio de gobierno.

La discusión entre los dos equipos fue muy prolongada; también se analizó el aumento de 75 puntos base en las tasas de interés de EU. Al final, Serra Puche y Téllez se fueron a las oficinas del presidente electo para trabajar en el documento de devaluación acordado. Ahí les llamó Zedillo para informarles que finalmente Salinas rechazaba la decisión. El documento que se integró no se tiraría porque se pretendía aplicarlo en enero de 1995, pero la especulación cambiaria ganó y las reservas cayeron muy fuerte en diciembre.

Serra, Téllez y Ortiz viajaron en noviembre y diciembre a Washington para hablar de los Tesobonos que rondaban 30 mil mdd, la deuda privada que era de alrededor de 20 mil millones, de las reservas monetarias que superaban apenas los 12 mil millones, del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos superior a 27 mil millones, y de que el nuevo gobierno tenía conciencia de la grave situación que le heredaban.

En esos días el propio Téllez, a petición del presidente electo Ernesto Zedillo, invitó a Pedro Aspe a ocupar la Secretaría de Relaciones Exteriores o la de Comunicaciones y Transportes; Aspe señaló que se quedaba en Hacienda o nada. Diciembre y enero fueron de intensas negociaciones dentro y fuera del país. El 11 de enero de 1995, Michel Camdessus, el titular del FMI, viajó a México en secreto para reunirse con el presidente Zedillo, y analizar opciones de apoyo financiero. Ya se hablaba del paquete por 50 mil mdd; solo Estados Unidos, por decisión del presidente Bill Clinton, otorgaría 30 mil millones a México.

ANTECEDENTES

El primero de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN pero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apagó las fanfarrias. El 14 de ese mes se conoció el secuestro de Alfredo Harp Helú, presidente del Grupo Financiero Banamex, y el 25 de enero el de Ángel Losada Moreno hijo del dueño de Grupo Gigante.

El 24 de marzo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio y Banxico anunció que por ese hecho se perdieron 10 mil 388 mdd en reservas; por la renuncia de Jorge Carpizo a la Secretaría de Gobernación bajaron dos mil 902 millones; por las denuncias del subprocurador Mario Ruiz Massieu otros 3 mil 713 millones y por la renovada hostilidad del EZLN mil 549 millones. Total: 18 mil 552 mdd por estos hechos políticos.

El primero de abril el Banxico adquiere su autonomía; el 25 de julio el nuncio apostólico Girolamo Prigione confiesa a los hermanos narcotraficantes Arellano Félix y los absuelve del asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo.

En la reunión del 11 de mayo de 1994 se entregó un informe a la junta de gobernadores de la Fed donde se afirmó que “el asesinato del candidato presidencial del partido gobernante, condujo a una mayor incertidumbre política en México y alteró gravemente los mercados financieros”, y que el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 23 por ciento.

El 20 de julio Greenspan informó que en Basilea, Suiza, gobernadores del G 10 expresaron su voluntad favorable para apoyar a México, pero que la activación de la línea de apoyo dependería exclusivamente del Banxico. Claudio Loser, el negociador del FMI con México, comentó que julio era adecuado para devaluar al peso.

CLAVES

CONSECUENCIAS

La crisis provocó la caída del producto interno bruto durante 1995 en un -6.9%, mayor a la registrada durante la Gran Depresión de 1929.

SIN OLVIDO

En las elecciones de 1997 el PRI por primera vez en su historia perdió el control absoluto del Congreso de la Unión.

ARGUMENTO

Salinas de Gortari dice que el error fue avisar a empresarios del cambio en la política monetaria, pues favoreció la salida de capitales.

RESPUESTA

Ernesto Zedillo destacó que la crisis se fue gestando “durante mucho tiempo”.

Y ADEMÁS

LEJOS DE REPETIR LA FUNESTA HISTORIA

A 25 años del inicio de una de las peores crisis del México moderno, expertos consideran que si bien la economía nacional muestra un estancamiento, estamos muy lejos de experimentar un suceso parecido, gracias a fortalezas como un tipo de cambio flotante y mayor regulación en el sistema financiero.

Otros errores del doctor Zedillo

 elfinanciero.com.mx

Pablo Hiriart

Dieciocho años después de dejar la presidencia en manos de Vicente Fox, Ernesto Zedillo nos dice que "en drogas seguí una política equivocada".

Ya que anda en plan autocrítico, el prestigiado ex presidente podría ampliar el abanico y de una vez admitir los graves errores que le costaron al país el camino ascendente que llevaba.

Varios de esos errores todavía los estamos pagando.

1.- Prostituyó por completo la procuración de justicia en el país. Ahí empezó el desastre que todavía padecemos. Su PGR pagó medio millón de dólares a un asesino para que cambiara sus declaraciones ministeriales y acusara de un crimen a los enemigos personales del presidente. Con acusaciones en falso, con testigos pagados, una bruja, torturadores y la siembra de un cadáver en la casa de quien odiaba, dio al traste con las investigaciones sobre los dos grandes crímenes políticos de finales del siglo pasado. En su sexenio florecieron los grandes cárteles de las drogas porque dedicó a la Procuraduría y organismos de inteligencia del Estado a espiar y filtrar expedientes judiciales y conversaciones telefónicas privadas. Fue el inicio del festín de las filtraciones ilegales y la erosión de la justicia.

2.- Dio al traste con la economía de un país que creció, en el sexenio previo, un promedio de 3.9 por ciento. Recibió problemas económicos, pero los convirtió en crisis por su mal manejo, o simplemente no manejo. El tipo de cambio, que estaba a tres pesos por dólar, se le disparó mucho más allá del 100 por ciento en un par de meses. Primero a siete pesos y luego a 10. ¿Estaba sobrevalorado el peso? Tal vez, según los expertos en 10 o 15 por ciento. Pónganle 20 si quieren. Y se le fue arriba del cien por su ausencia como presidente en el tema que era un experto. Las tasas de interés subieron por encima del 120 por ciento anual, y millones de mexicanos perdieron su patrimonio y las empresas quebraron. Culpó de todo a su antecesor y dividió para siempre a una generación de políticos y técnicos brillantes que, de haber seguido compacta, hoy México estaría cerca del primer mundo.

3.- Por celos hacia su antecesor, deshizo el Programa Nacional de Solidaridad y los pobres extremos subieron como la espuma. De no haber desmantelado Solidaridad, Guerrero y Michoacán no estarían como están hoy, con el tejido social roto y llenos de pandillas de asesinos que cometen las peores crueldades contra sus vecinos. De eso se trataba el programa que el presidente Zedillo destruyó: de afianzar lazos comunitarios, construir bienestar en común, afianzar la identidad de los núcleos sociales.

4.- Luego de pretender matar a Marcos a traición, instaló mesas con el EZLN en San Andrés Larráinzar y su gobierno firmó los llamados "Acuerdos de San Andrés", que daban autonomía en regiones del territorio nacional a un Ejército distinto al nuestro. Luego de haberlos firmado, se echó para atrás con los acuerdos, y van a ser un dolor de cabeza para el próximo gobierno que empieza este diciembre. Paralelamente a ello, el gobierno de Zedillo dejó hacer, dejó pasar en Chiapas. Financió a grupos paramilitares como Paz y Justicia (en Crónica publiqué un oficio por el que se ordenaba darles recursos) y su desidia para encauzar el conflicto tuvo su expresión más dramática con la masacre de indígenas en Acteal.

5.- Permitió que durante once meses la UNAM estuviera tomada por un grupúsculo de haraganes. Miles de estudiantes perdieron la carrera, algunos se fueron de braceros a Estados Unidos. Les arruinó la vida la displicencia presidencial ante un conflicto que a los pocos meses se había solucionado en cuanto a las demandas: derogar el pago de cuotas y la salida del rector Barnés. Ahí siguieron los fósiles, con la UNAM tomada porque les daba la gana, mientras miles de vocaciones se vieron truncadas y el presidente tocaba la lira en Los Pinos.

Todo lo anterior lo escribí en Crónica, durante su gobierno, que fue plenamente respetuoso de la libertad de expresión.

Juicio a expresidentes: Felipe Calderón, ¿por qué juzgarlo?

 capital21.cdmx.gob.mx

Javier Bonilla

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?, será la pregunta, aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se hará al pueblo de México el próximo 1 de agosto, donde, de manera más clara, se decidirá si se inician procesos de investigación sobre posibles crímenes realizados durante su administración, a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

¿Por qué juzgar a Felipe Calderón?

En su conferencia matutina del 22 de junio, el presidente López Obrador enlistó las razones por las que, de ganar el SÍ, se debería juzgar a los expresidentes. Sobre Felipe Calderón, refirió:

“Porque desató la guerra, declaró la guerra a la delincuencia sin atender las causas; y se llevaron a cabo masacres, había instrucciones de rematar heridos, y ahí están los datos, los niveles de letalidad en enfrentamientos”. 

Con una diferencia de apenas .62% Felipe Calderón, candidato por el PAN en 2006, llegó a la presidencia de México en medio de acusaciones de fraude que a la postre diversas publicaciones comprobarían, venciendo al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, 35.91% de los votos para el panista contra 35.29% para el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, de los partidos PRD, PT y Convergencia. 

Poco después de asumir el cargo, Felipe Calderón tomó una decisión que cambiaría la vida de millones de mexicanos y mexicanas: declararle la guerra al narcotráfico. Años después, vale la pena recordar antes de hacer el recuento estadístico de su sexenio en materia de seguridad, su secretario de seguridad durante todo el sexenio, Genaro García Luna, personaje a cargo de diseñar y planificar la guerra declarada por Calderón, sería detenido y encarcelado en Estados Unidos por los presuntos delitos de lavado de dinero y trafico de cocaína.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2006 a 2012 hubo 132 mil 65 homicidios, con una tasa inicial de 9.7 por cada 100 mil habitantes, al inicio de su sexenio, y que para 2010, a cuatro años de gobierno, ascendería a 17.9 por cada 100 mil habitantes, además de una espiral de violaciones a derechos humanos, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas que a la fecha es imposible calcular con exactitud. 

“El tamaño del problema en México es descomunal desde que se inició la guerra contra el narco”, refirió en septiembre de 2020 en entrevista con Carmen Aristegui, el ex presidente del Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Santiago Corcuera. 

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Grito de Independencia en Morelia: cuando todo estalló 

En 2018, durante las fiestas por la independencia de México celebradas en Morelia, Michoacán, estado de donde es oriundo Calderón, sicarios del cártel de La Familia Michoacana detonaron una granada en la Plaza Melchor Ocampo, sede del Palacio de Gobierno en la capital del estado, dejando ocho personas muertas y más de un centenar de heridas y heridos.

Ciudad Juárez, Chihuahua: Villas de Salvárcar

El 30 de enero de 2010, un comando armado asesinó a 15 estudiantes de bachillerato que celebraban una fiesta de cumpleaños en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 

Todo indica que los jóvenes fueron confundidos con integrantes de una banda delincuencial. El propio Felipe Calderón declaró a la ligera que los estudiantes eran miembros de la delincuencia organizada, criminalizándolos sin pruebas que comprobaran sus dichos. 

Poco después, en una visita del entonces presidente a Chihuahua, una de las mamás de las víctimas lo increpó en plena conferencia de prensa asegurando que sus hijos, Marcos y José Luis Piña, de 16 y 19 años, eran estudiantes de excelencia y no unos delincuentes como aseguraba Calderón. 

Javier y Jorge: estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por militares

Javier Arredondo y Jorge Mercado fueron baleados por militares cuando salían del campus universitario, el 19 de marzo de 2010. Tras el asesinato de los jóvenes estudiantes, los militares robaron sus identificaciones y les sembraron armas en el sitio del crimen. El gobierno de Felipe Calderón acuso que ambos eran criminales e iban armados “hasta los dientes”.

Dicha versión oficial prevaleció a pesar de las investigaciones periodísticas que revelaban la mentira gubernamental, hasta que en 2019, el gobierno del presidente López Obrador ofreció disculpas públicas a los padres de ambos. 

Masacre de San Fernando, Tamaulipas

El 24 de agosto de 2010 fueron localizados 72 cuerpos de migrantes en un rancho abandonado de San Fernando, Tamaulipas. 58 hombres y 14 mujeres fueron asesinados y asesinadas, presuntamente por sicarios del cártel de Los Zetas. 

Según el informe judicial, los y las migrantes fueron secuestrados y llevados al rancho de San Fernando, donde los obligaron a trabajar para el crimen organizado o de lo contrario los asesinarían. Al negarse, les vendaron de ojos y manos y fueron ejecutados con disparos a la cabeza y la espalda. Uno de los únicos dos sobrevivientes fingió su muerte para después arrastrarse malherido hasta un retén del ejército en la carretera 101 del estado fronterizo, donde dio aviso del crimen perpetuado 24 horas antes. 

Casino Royale, Monterrey

Miembros de la delincuencia organizada rociaron con gasolina el Casino Royale, en Monterrey Nuevo Léon, el 25 de agosto de 2011, provocando la muerte de 52 personas que se encontraban en el interior. 

Según una base de datos del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2011, se presentaron más de 36 mil sucesos acreditadles del narcotráfico. 68 masacres en total a lo largo y ancho del país, pero principalmente en los estados del norte. 

Actualmente Felipe Calderón busca mantenerse activo en la vida pública de México. Primero intentó formar su propio partido, México Libre, junto con su esposa Margarita Zavala, hoy diputada federal electa por el distrito 10 de la Ciudad de México,  pero no reunió el apoyo popular suficiente para ello. 

Entre sus propuestas, aboga por eliminar las becas a estudiantes así como los apoyos a aquellos que no tienen empleo y terminaron sus estudios, mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para destinar esos recursos a replicar su estrategia de seguridad. Contrario a la estrategia actual, Calderón se ha dicho partidario de enfrentar al crimen organizado con armas, tal como hizo de 2006 a 2012, con resultados desastrosos para el país. 

“Métanle a seguridad lo que se merece. Los 150 mil millones de pesos que están tirando en los ‘ninis’ y los jóvenes estos, ‘Construyendo el Futuro’ (…) Esa lana debió de haberse ido para construir policías confiables y eficaces”, dijo el expresidente en una entrevista con Javier Risco  en agosto de 2019. 

En manos de la Suprema Corte, justicia para millones o gracia para cinco expresidentes

 NANCY FLORES / @NANCY_CONTRA

Durante la próxima votación sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana para juzgar a los expresidentes de México, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen la oportunidad histórica de generar un espacio de justicia para millones de mexicanos –en especial para aquellos que han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos o de sus seres queridos a manos de agentes del Estado o con aquiescencia de éstos–; o, por el contrario, beneficiar a los cinco presuntos criminales (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) que saquearon al país y ordenaron o permitieron atrocidades como Acteal, El Charco, San Salvador Atenco, Ayotzinapa, San Fernando…

Por ello esperemos que el sentido del voto de 10 ministros –el onceavo, Luis María Aguilar, ya reveló su inclinación por defender a los probables delincuentes de cuello blanco y criminales de lesa humanidad– se base no sólo en la interpretación de la Constitución –siempre manipulable desde el punto de vista de los intereses que realmente representan esos ministros y no necesariamente objetiva y apegada a derecho–, sino, sobre todo, de la imperiosa necesidad de la sociedad de acceder a la justicia.

En el caso de Luis María Aguilar, pues queda claro qué intereses representa desde su máximo encargo judicial luego de que presentara un proyecto contrario al sentir de las mayorías, argumentando que “defiende” los derechos humanos de todos los mexicanos. Pero su proyecto es, a todas luces, una interpretación a modo para salvaguardar, primero, a quien lo convirtió en uno de los ministros mejor pagados del mundo (Calderón Hinojosa) y, después, a la camarilla a la que pertenece (encabezada por Salinas de Gortari y que incluye a Peña Nieto).

No es fácil que la Corte deje atrás su vergonzoso pasado, que incluye decenas de resoluciones contrarias al interés general, pero es un momento crucial en la historia del país y los ministros están obligados a reconocerlo y actuar en consecuencia.

Al analizar la constitucionalidad de la consulta, los ministros deberán tener en cuenta los profundos e irreparables daños que ha sufrido la nación a manos de esos cinco expresidentes, en especial en los temas de violaciones graves a los derechos humanos y el saqueo rapaz del presupuesto público.

Los crímenes más atroces de Ernesto Zedillo

Entre los crímenes más atroces que deberán ponderar los ministros de la Corte antes de decidir su voto están los acontecidos en el gobierno de Zedillo:

La masacre de Aguas Blancas. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “la mañana del 28 de junio de 1995 algunos miembros de la recién formada Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) se dirigieron a Coyuca de Benítez [Guerrero] con el propósito de pedir el cumplimiento de las promesas de ayuda para los cultivadores de café. Los campesinos iban en dos camiones de carga: el primero fue detenido en El Vado por un grupo de policías y agentes judiciales del estado. Los hicieron descender y, con golpes, los obligaron a acostarse en el suelo a esperar. Cuando llegó el segundo vehículo el procedimiento se repitió, pero justo antes de concluirlo, los policías y agentes judiciales dispararon contra los indefensos campesinos durante casi 20 minutos. Estaban a tres kilómetros del poblado de Aguas Blancas. En esta emboscada, 17 campesinos fueron asesinados; 14 heridos. Dos elementos policiacos también resultaron lesionados, con heridas corto-contundentes producidas por arma blanca” [https://bit.ly/2S1njLb].

Para el 25 de febrero de 1996, indica la información de la CNDH, se difundió en un programa de televisión un video sin editar de esa operación en Aguas Blancas, “probándose plenamente la naturaleza dolosa de la operación, con todos los agravantes de premeditación, alevosía, ventaja y traición”.

El 28 de junio de 1995, la CNDH emitió la recomendación 104/95, que acreditó que se violaron los derechos humanos de 17 personas pertenecientes a la OCSS, quienes resultaron muertas (cuando menos una en maniobras de ejecución sumaria) de manera intencional por la Policía Judicial Estatal y la Policía Motorizada. Por lo que recomendó disponer lo necesario a fin de llevar a cabo una adecuada reestructuración de los cuerpos policiacos y de seguridad pública del estado, con objeto de ajustarlos estrictamente a lo dispuesto en la Constitución para el cumplimiento eficaz de su labor de perseguir delitos y dar seguridad a los gobernados y sus bienes.

“A la fecha, sólo están detenidos por este crimen algunos policías y mandos medios. La justicia no ha alcanzado a quienes dieron las órdenes desde el gobierno, porque el entonces gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, es compadre de quien fuera presidente de la República, Ernesto Zedillo: se presume que lo encubrió.”

Masacre de Acteal

La organización indígena Las Abejas expone que la escalada del conflicto entre el gobierno federal de Ernesto Zedillo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional provocó la masacre de Acteal: “el 22 de diciembre de 1997, un grupo de tsotsiles equipados con armas de grueso calibre dispararan en contra de 45 personas Abejas (18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; siete hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; cuatro niños entre los 2 y los 15 años de edad) e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes”.

La organización agrega que “las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias. Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del Estado mexicano.

“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y del gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el expresidente de la República, Ernesto Zedillo, o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune” [https://bit.ly/3kSmqRt ].

Las Abejas denuncian que el Ejecutivo federal ordenó que en Chiapas se desplegara una estrategia contrainsurgente o “guerra de baja intensidad”, que incluyó el entrenamiento de grupos armados al interior de las comunidades para hacer el “trabajo sucio”: ataques simulados como conflictos intra o inter comunitarios. Con base en información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas , la organización señala que “a partir de 1995 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio la estrategia fue implementada en el Norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de ‘laboratorio de operaciones’ […]. Es a partir de 1996, debido entre otras cosas a la creación del municipio autónomo de Polhó y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a Los Altos”.

La masacre de El Charco

“En la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano rodearon la escuela primaria ‘Caritino Maldonado’, en la cual se encontraban dormidos varios indígenas, quienes participaban en una asamblea para tratar asuntos relacionados con proyectos productivos para sus comunidades. Según los sobrevivientes, el Ejército federal rodeó el lugar e irrumpió disparando y lanzando dos granadas de fragmentación, lo que provocó 11 muertos y cinco heridos que quedaron detenidos junto con otras 22 personas, quienes fueron trasladadas (contrariamente a lo que establece el derecho) a las instalaciones de la Novena Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, lugar donde fueron retenidas y sometidas a tortura por dos días. Entre las personas se encontraban cinco menores de edad, quienes el 9 de junio fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo, exceptuando un menor que se encontraba herido y permaneció en el hospital naval durante un mes”, refiere un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos [https://bit.ly/3cyNFO1].

La Limeddh refiere que “al lugar de los hechos se impidió la entrada de periodistas y de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos hasta después de 2 días; tiempo en el cual las autoridades se encargaron de borrar todas las evidencias de los hechos”.

Agrega que el 11 de junio de ese mismo año fueron liberados 16 de los detenidos, ya que el delegado de la Procuraduría General de la República en Guerrero, Javier Lomelí, “no encontró elementos para procesarlos”. E indica que, posteriormente, ese funcionario “fue separado de su cargo, al parecer, debido a que ordenó la liberación de las 20 personas, incluyendo a cuatro menores que se encontraban en el Tutelar. Fue sustituido por Samuel Hernández Alba, quien al revisar el expediente enviado por mandos militares solicitó nuevamente 17 órdenes de reaprehensión, mismas que giró la jueza del Segundo Distrito de lo Penal, Xóchitl Guido Guzmán”.

Los otros crímenes

Otras grandes deudas del priísta Zedillo con los mexicanos tienen que ver con hecho presuntamente corruptos, como convertir en deuda pública las deudas privadas (como el rescate de los bancos con el Fobaproa, o de las carreteras con el FARAC) y continuar con el saqueo de los bienes públicos, como la privatización de los Ferrocarriles Nacionales. En próximas entregas repasaremos los crímenes de Fox, Calderón y Peña.

El rey emérito Juan Carlos cobró 4.2 mde por mediar en compra de terrenos en México

Madrid. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, cobró alrededor de 4.2 millones de euros (105 millones de pesos) por mediar en una operación inmobiliaria en Playa del Carmen, a mediados de la década de los 90, en la que participó la multinacional de la construcción OHL. El pago se realizó a una empresa fantasma en 2009, creada por el ex monarca y ubicada en un paraíso fiscal.

El primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, declaró a la fiscalía suiza que la operación ocurrió a mediados de los 90, entre las presidencias de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. 

Fue la época en que la multinacional española invirtió en el caribe mexicano, primero con la construcción del complejo turístico Ciudad Mayakoba y después con la absorción de las empresas Huarte y Obrascón, en una operación impulsada por el entonces presidente y fundador de OHL, Juan Miguel Villar Mir, hoy fuera del cargo y acusado ante múltiples tribunales por corrupción. Entre dichos cargos está el del pago de comisiones ilegales al rey Juan Carlos para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca.

El portal de Internet español OK Diario informó que Orleans declaró ante la fiscalía: A mediados de los años 90 tuve conocimiento de unos terrenos destinados a la venta en México, para ser más exactos en Playa del Carmen. Estas tierras pertenecían a una empresa caribeña, esencialmente mexicana.

El fiscal suizo Yves Bertossa, quien interrogó a Orleans, es el hijo de Bernard Bertossa, el fiscal que investigó las cuentas ilegales de Raúl Salinas de Gortari y de su entonces esposa, Paulina Castañón.

Los tribunales suizos realizan una investigación más amplía para esclarecer las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito, quien pretende evadir al fisco y a la justicia tras cobrar varios cientos de millones de euros por sus mediaciones con otros gobiernos para conseguir contratos públicos a empresas españolas, entre ellas la multinacional OHL, presidida por el mexicano Luis Amodio.

El Congreso de los Diputados volvió a rechazar crear una comisión investigadora como exigen grupos de oposición, sobre todo independentistas y nacionalistas, además de Unidas Podemos, que actualmente es socio de gobierno del PSOE, que se opone a la medida.

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada