Las ONG reivindican importancia de su labor ante postura de AMLO

Después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador criticó a las organizaciones civiles del país y anunció no darles recursos económicos, más de 300 colectivos y expertos elaboraron un manifiesto en el que reivindican la importancia de su labor y avisan que empezarán un proceso de construcción de consensos para actuar en conjunto.

En el comunicado –que cuenta con el apoyo de organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Serapaz y activistas como Miguel Concha y Michael Chamberlin– los firmantes externaron su preocupación por la ríspida relación entre el Presidente y los grupos de la sociedad civil.

Los colectivos recalcaron el trabajo que han realizado durante años en los más diversos temas y acontecimientos, como la promoción de los derechos humanos, la paz en Chiapas, la democracia sindical, la observación electoral, la aceptación de la diversidad, la protección del medio ambiente y la promoción de actividades productivas, entre otros.

Recordaron que han apelado a los convenios internacionales de derechos humanos firmados por México cuando ha habido necesidad de enfrentar a poderes económicos y políticos coludidos, y esperan que la rispidez en la relación del actual gobierno con las organizaciones de la sociedad civil no lleve a las autoridades a evitar el cumplimiento de dichos pactos.

Todo lo anterior lo hemos realizado desde hace décadas, la mayoría de las veces sin recursos públicos, sin detentar cargos de representación popular, hablando con los partidos y las autoridades sin convertirnos en sus clientelas, indicaron los colectivos.

Por eso, enfatizaron que descalificar a las organizaciones de la sociedad y afirmar que la mayoría son conservadoras, cercanas a los consorcios empresariales y que no están en la izquierda, revela un poco creíble desconocimiento de la realidad nacional o el ánimo de asumirse como exclusivo representante de los intereses populares, lo que por otro lado no siempre se demuestra en la práctica gubernamental, ni en sus alianzas, ni en la integración del gobierno.

Aunque los colectivos y especialistas firmantes del documento defendieron el derecho de las organizaciones civiles a recibir financiamiento gubernamental, al mismo tiempo subrayaron que la discusión fundamental sobre el papel de la sociedad civil en la vida pública del país no es sobre el dinero, sino sobre la concepción de democracia y sobre el ejercicio irrestricto de los derechos humanos.

Agregaron que puede haber colaboración entre un gobierno que pretenda hacer cambios de fondo y organismos que impulsan la organización social para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos, siempre que su punto de partida sea el diálogo y reconocimiento mutuo.

La democracia, aseveraron los firmantes del comunicado, requiere de contrapesos políticos y sociales. No puede contraponerse al pueblo y a la sociedad civil, ésta surge cuando aquél se organiza para exigir sus derechos. Como organizaciones de la sociedad civil, también somos pueblo consciente de sus derechos.

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sociedad civil organizada

Gerardo Fernández Casanovagerdez777@gmail.com

Sean bienvenidas todas las formas en que la población pueda organizarse para participar en los asuntos públicos, sean de la llamada sociedad civil o, preferentemente, del pueblo en general. Es útil que los especialistas de temas concretos puedan dialogar entre sí para generar recomendaciones respecto de su especialidad, más útil es también la organización de la población en la promoción y defensa de sus intereses legítimos. Este es un ingrediente indispensable de la democracia por la que siempre hemos luchado. Por su parte el gobierno republicano y democrático hace bien en propiciar un gobierno abierto y transparente, que escucha con respeto a las organizaciones y norma sus criterios en sus recomendaciones

         Hasta ahí todo es miel sobre hojuelas. Donde las cosas se tuercen y dan lugar a conflicto, es cuando las organizaciones se arrogan el derecho a gobernar y pretenden que su visión especializada reemplace a la visión holística de la política; que monten en cólera si sus recomendaciones no son cabalmente integradas a las decisiones de gobierno. En tal ánimo, las dichas organizaciones tendrían que hacer política de manera formal, no encubierta, y exponerse al escrutinio del voto. Incluso podrían intentar una federación de organizaciones que abarquen el universo de las especialidades para así competir electoralmente. Estoy absolutamente cierto de que su primera dificultad estará en la correcta ponderación entre las especialidades para la integración del todo de un país; si con honestidad logran brincar esa tranca serían una excelente opción electoral; sería un acto de magia insólito.

         Gobernar no significa aplicar una suma de conocimientos especializados, sino acomodar en el tiempo, el espacio y los intereses los actos que determinan la conducción de un país, especialmente en una democracia que pretenda gobernar para el beneficio de todos. Cabe, por ejemplo, decir que por el bien de todos primero hay que atender a los pobres, lo que implica una priorización por la que otros intereses legítimos deberán esperar turno para ser atendidos; el asunto es, obviamente, tema de serias contradicciones que sólo la magia de la política honesta puede acomodar y conciliar.

         Hay muchos ejemplos de esto. Uno es el de la Guardia Nacional, en el que los especialistas exigen (que no recomiendan) que sea de carácter estrictamente civil y rechazan cualquier tinte militar. Tienen razón en su recomendación; es perfectamente válida en una circunstancia ideal de paz social y de razonable seguridad. El problema es que vivimos en el infierno de todo lo contrario, que para su corrección requiere de medidas de tipo extraordinario y urgente que el político tendrá que aplicar, con militares y marinos, sin desoír las advertencias y tomando las debidas precauciones para evitar efectos adversos. Finalmente la responsabilidad total recae en el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por tanto, deberán serle otorgadas todas las facultades.

         Hay otro caso grave: el conflicto entre las culturas y las demandas de la población. Esta reclama empleo y bienestar, de los cuales carece la enorme mayoría, muy determinada por una cultura de consumo, criticable, pero real y vigente. En contrapartida se ubican las formas culturales de los pueblos originales y, en mayor grado, los especialistas en materia de conservación de la naturaleza que, con toda razón, advierten sobre el grave deterioro en que se encuentra. Intentar el cambio cultural es cosa de educación y de mucho tiempo, generaciones tal vez, en tanto que el hartazgo por la injusticia es cosa de hoy. Es responsabilidad del político atender ambos aspectos, pero tiene que priorizar y acomodar los plazos entre lo urgente y lo deseable. La prioridad de abrir condiciones de bienestar en el país obliga a proyectos de desarrollo como el medio idóneo en el presente, sin caer en un desarrollismo depredador. Se ocupa capacidad política y compromiso patriótico para transcurrir en esta cuerda floja y creo que por ese camino anda la cuarta transformación.

         A todo esto hay que agregar los embates de una oposición enana de partidos y de organizaciones patronales incapaces de entender lo sucedido en la pasada elección, agazapados en los prolegómenos de un proyecto golpista con técnica Huan Guai Do.

López Obrador, los empresarios y la lucha por la sociedad civil

Mauro Jarquín Ramírez*

Hace algunos días se renovó el liderazgo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En dicho acto, el Presidente de la República e integrantes de su gabinete convergieron con grandes empresarios y organizaciones de la sociedad civil cercanas al mundo corporativo. Los primeros, arduos críticos del populismo. Los segundos, señalados días atrás por López Obrador como representantes del conservadurismo. Sin duda, la presencia de AMLO conllevó un gran trabajo de la Oficina de la Presidencia, desde donde Alfonso Romo se ha dado a la tarea de concertar los intereses del llamado gran capital con el proyecto lopezobradorista. El Presidente no asistió únicamente en calidad de invitado. Fue él quien tomó protesta a Carlos Salazar Lomelín. Con ello, se hizo explícita la apertura de un nuevo ciclo de relación entre capital y gobierno, el cual podría resumirse en lo dicho por el propio Salazar cuando afirmó: “el estadista debe lograr equilibrio en economía y sociedad para que las demandas sociales no desborden las posibilidades de la economía…”. Los hombres de negocios buscan en el bono democrático de López Obrador la legitimidad de cualquier política de contención a aquella protesta que cuestione los fundamentos actuales de la distribución de bienes sociales. En tanto, el Presidente busca en el respaldo empresarial la garantía de inversión necesaria para fortalecer el mercado interno y lograr sus metas en infraestructura y megaproyectos. Una relación mutuamente benéfica.

El capital busca tener una política exitosa en el sexenio y para ello debe lograr dos cosas: un trato directo favorable con el gobierno y una ocupación efectiva de los espacios representativos de la sociedad civil que legitime sus propuestas. La relación directa parece garantizada, pero no así su representatividad en la sociedad civil organizada, mirada cuando menos con recelo por parte del Presidente, tal como ha sido constatado en sus recientes declaraciones.

Según el mandatario, la representación de la sociedad civil ha sido bandera de poderosos intereses conservadores. En efecto, ciertos grupos se han apoyado en las desigualdades económicas y sociales para reproducir también las disparidades políticas existentes, de las cuales resultan fortalecidos. Esto se ha visto claramente con respecto al deba-te educativo, donde las propuestas de la sociedad han sido acaparadas por un pequeño grupo de OSC financiadas por multimillonarios que se han autoproclamado representantes sociales y amos y señores de la vida profesional del magisterio.

Cabe mencionar que el interés empresarial por el liderazgo en la sociedad civil no es algo nuevo, se remonta a principios de los 80, cuando la estatización bancaria generó un nuevo discurso basado en la contraposición entre sociedad civil y poder público. Con ello, los empresarios iniciaron una campaña de vertebración de la sociedad que consistía en incentivar la formación de asociaciones cívicas desde el sector privado y dedicarlas a actividades culturales y educativas con la finalidad de crear un interés común entre los trabajadores y el éxito empresarial. Con la llegada de Claudio X. González a la presidencia del CCE en 1985. y el impulso a dicha vertebración por parte de Lorenzo Servitje, los hombres de negocios fortalecieron paulatinamente su presencia en los debates y propuestas en el seno de la sociedad civil, construyendo un doble frente de operación política: el corporativo, mediante sus cámaras empresariales y el ciudadano, a través de sus organizaciones en la sociedad civil. Esto ha sido desarrollado con éxito por las generaciones empresariales actuales, que se han dedicado a profundizar su ideología con las organizaciones sociales dirigidas y apoyadas por ellos, como Mexicanos Primero (Daniel Servijte y Claudio X. González) o el Instituto de Fomento e Investigación Educativa (Marinela Servitje), quienes a menudo se ostentan, con éxito, como representantes de la sociedad en su conjunto. La apropiación de la sociedad civil, tal como ha dicho el Presidente, no es una ficción.

Sin embargo, a pesar de que sus señalamientos han sido correctos, pareciera que el principal problema para López Obrador no es la naturaleza conservadora de ciertos sectores de la sociedad civil organizada. Al Presidente no le agradan las OSC porque no acepta la existencia de intermediarios en su relación con el pueblo (expresada, por ejemplo, en consultas sumamente cuestionables). No le agrada que existan voces que desde la sociedad civil cuestionen su proyecto desde cualquier posición del espectro ideológico. Es por eso que de un plumazo condenó a esa diversidad de más de 32 mil OSC, entre las que se encuentran asociaciones de izquierda, a la sombra conservadora, es decir, al bando de la reacción. Lo anterior es preocupante porque mientras la derecha encuentra en la sociedad civil un espacio más de disputa política, para una cantidad ingente de ciudadanos de izquierda ese es su espacio inmediato de organización. Mientras los poderosos tienen sus cámaras empresariales para presionar al gobierno con desinversión o salida de capitales, los ciudadanos de a pie tienen en las lógicas asociativas de la sociedad civil la vía para construir exigencias cívicas y evidenciar omisiones gubernamentales. En aras del control, el Presidente ha optado por botar el agua sucia con todo y niño.

A pesar de todo, estamos ante una gran oportunidad para la izquierda de reivindicar a la sociedad civil como espacio de lucha. La sociedad civil empresarial se fortaleció con el paso de los años por el fomento y reconocimiento presidencial. Ahora que AMLO le ha mostrado cuando menos desdén, es tiempo de recuperar su sentido popular.

*Politólogo

Twitter: MaurroJarquin 

Peligran apoyos a grupos civiles por falta de reglas del Indesol

Desde hace por lo menos 18 años, cuando surgió el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el gobierno federal ha otorgado apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil mediante el programa de Coinversión Social. Al cierre de 2018 avaló 3 mil 28 proyectos de agrupaciones y les otorgó 262 millones de pesos. Para este año no está considerado aún, ya que carece de reglas de operación y los 84 millones asignado en el presupuesto de egresos son para gastos de operación y generales, no hay subsidios.

La Secretaría de Bienestar ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria las reglas de operación del programa el 18 de febrero, pero tres días después las dio de baja con el argumento de que están en un nuevo proceso de análisis y revisión.

Se trata de apoyos del gobierno federal a pequeñas organizaciones que trabajan en colonias, barrios y localidades en rubros de atención a migrantes, salud, cohesión social, entre otros asuntos básicos.

En total hay 12 mil 873 organizaciones de la sociedad civil registradas por Indesol, pero se han apoyado a mil 214.

El año pasado, en Mexicali, por ejemplo, en el Mezquital se autorizó con 249 mil pesos el proyecto de otorgar elementos motivacionales para la inclusión de niños vulnerables y a la agrupación Mujeres en victoria hoy se le dieron 234 mil pesos para mejorar las condiciones de vida de 15 mujeres solteras en talleres de corte y confección.

A la agrupación Health frontier in Tijuana se le autorizaron 350 mil pesos para el proyecto Mejorar la salud, calidad de vida y disminuir la discriminación de población transgénero.

A la Posada Esperanza se le dieron 333 mil pesos para brindar un espacio integral de calidad, fomento y seguridad al voluntariado nacional y extranjero que trabaja en el bienestar social de familias de escasos recursos de colonias de esa ciudad.

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 4 de marzo de 2019, p. 5