Las mujeres y su lucha en defensa del ambiente

Iván Restrepo

Hace cuatro años en su casa asesinaron a balazos a Berta Cáceres. Tenía 44 años. Durante una década encabezó en Honduras la lucha contra la empresa Desarrollos Energéticos, empeñada en construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, sagrado para la cultura lenca. La noticia del crimen dio la vuelta al mundo y obligó a las autoridades hondureñas a investigar a los asesinos intelectuales y materiales. Un alto ejecutivo de dicha empresa, Roberto Castillo, fue arrestado por participar en la planeación del crimen. Otros 10 implicados fueron detenidos, entre ellos integrantes del ejército. Un equipo internacional de abogados afirmó que el asesinato de Cáceres lo planearon durante meses y que involucraba a empleados de la compañía, personal de su seguridad y agentes del Estado.

Berta era maestra y en 2015 fue galardonada con el Premio Medioambiental Goldman. Durante su vida recibió numerosas amenazas y protestó contra los asesinatos de otros luchadores sociales. En julio de 2017, la empresa anunció que como gesto de buena voluntad suspendía la construcción de la represa. Los ejecutivos de más alto rango de la hidroeléctrica son miembros de la poderosa familia Atala Zablah, ligada al gobierno y las finanzas internacionales. Ello explica por qué sólo siete sicarios fueron condenados por el crimen. Los peces gordos, siguen libres. Honduras es el país más mortífero en el planeta para activistas ambientales. Le siguen Brasil, Filipinas y Colombia. El año que mataron a Berta, asesinaron a dos integrantes de su asociación y a otros 11.

Casi 10 por ciento de las víctimas por causas ambientales son mujeres, en especial indígenas. Son las más vulnerables a la violencia que patrocinan los intereses económicos coludidos con la clase dirigente en América Latina, Asia, África y Oceanía. El número de asesinadas crece cada año y los que movieron las manos criminales gozan de impunidad en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, Emilsen Manyoma, en Colombia, quien defendió los derechos de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros; en Filipinas, y también por minería, Leonela Tapdasan; y en Guatemala, Laura Vásquez. Es común calificar a muchas defensoras del ambiente como terroristas. Sólo luchan pacíficamente por la integridad de las tierras donde viven.

Es lo que sucede en Brasil, donde sicarios al servicio de los consorcios agroexportadores, mineros, hidráulicos y madereros, actúan impunemente en la Amazonia. La última década fueron asesinados unos 300 defensores medioambientales; en la mayoría de las veces se trató de indígenas, entre ellos decenas de mujeres. Apenas 14 casos fueron juzgados. El asedio se agravó con la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Las mujeres han logrado trascender fronteras por defender la naturaleza: la inglesa Ingrid Newkirk, fundadora de Personas para el Trato Ético de los Animales. Dian Foosey, cuyo trabajo en Ruanda y Congo en pro de los gorilas de montaña se plasmó en la película Gorilas en la niebla. La Nobel de la Paz Wangari Maathai, impulsora de la reforestación en Kenia y de puestos de trabajo para las mujeres. La hindú Vandana Shiva, defensora de la biodiversidad y la bioética. Jane Goodall, estudiosa de los chimpancés en Tanzania. La canadiense Sheila Watt-Cloutier, defensora del pueblo Inuit y el Ártico. O la costarricense Xinia Herrera, por conservar la biodiversidad de su país.

En México las mujeres destacan en la formación de los primeros grupos ecologistas, desde Baja California hasta la Península de Yucatán. Las autoridades al servicio de los intereses empresariales las han combatido y, con frecuencia, descalifican sus luchas por el agua limpia y los bosques; por denunciar los daños que causa la minería y la ocupación caótica de la franja litoral. Las matan, como a Betty Cariño, Juventina Villa y Fabiola Osorio. Fundamentales para conservar la biodiversidad y la seguridad alimentaria, las mujeres que viven en el medio rural de México padecen una profunda desigualdad y son víctimas del patriarcado tradicional. Ellas requieren apoyo prioritario. No lo olvidemos hoy y siempre.

Violencia medioambiental amenaza a indígenas bolivianas

De la mano de la minería viene la migración, dicen

Originaria de la provincia de Poopó en el departamento de Oruru, en Bolivia, Margarita Quino Aramayo es una adulta mayor que ante la inminente extinción del lago Poopó –el segundo más grande de aquel país luego del Titicaca– se alió con sus compañeras para crear la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, un proyecto para visibilizar lo que llama “violencia ambiental”.

 

“Como mujeres indígenas nos comparamos con la madre tierra porque es fértil, da frutos; nosotras también damos fruto a la vida y como a la madre tierra no hay quien la defienda porque no tiene voz, no sabe cómo defender sus derechos, nosotras –las mujeres– nos hemos puesto a defenderla”, aseguró la indígena boliviana Margarita Quino Aramayo.

 

A sus 65 años, recién cumplidos el pasado 17 de septiembre, Margarita es una mujer con facilidad de palabra. “Mientras me quede vida tengo que seguir peleando. El gobierno piensa en el momento, no piensa en el futuro. Queremos dejar un ambiente sano porque mañana tal vez nos juzguen nuestros hijos, nuestros nietos, por no haber peleado”, dice en entrevista con Cimacnoticias. 

 

Madre de tres hijos y abuela de cuatro nietos, Margarita viajó en septiembre a Brasil para participar en el XIII Foro Internacional de la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID) donde habló de la defensa de la tierra, repartió folletos para explicar qué es la "violencia medioambiental contra la mujer" y de paso vender artesanías, actividad que sirve para recaudar fondos para su causa.

 

“Nosotras estamos visibilizando la violencia medioambiental contra la mujer que era invisible hasta hace unos 3 años. Ni nosotras sabíamos que estaban violando nuestros derechos”, explicó.

 

Las bolivianas de Oruru empezaron a forjar la idea de crear una red de defensoras de la tierra luego de que gente de otra comunidad afectada por la minera las invitó a participar en un taller sobre extractivismo. Tras ese encuentro, el 15 de noviembre de 2013, las comunidades de Oruro, La Paz y Potosí, decidieron tejer su propia red de solidaridad.

 

Ahora Margarita es coordinadora de la Red y desde su cargo como vocera se ha dedicado a hacer incidencia, “estamos visibilizando la violencia medioambiental que es la violación de todos los derechos hacia la madre tierra, nosotras como mujeres indígenas nos comparamos con la madre tierra porque la madre tierra es fértil, da frutos, nosotras también damos fruto a la vida”.

 

La Red comenzó con tres comunidades y ahora tiene más de doce y unas 90 líderes. Con apenas 3 años de lucha pareciera que las bolivianas tienen todo en contra, y es que el 28 de mayo de 2014 el gobierno de aquel país promulgó la Ley 535 de Minería y Metalurgia que significó un revés a todo el discurso de las indígenas. “Ellos nos arrinconan mediante leyes. La Ley minera tiene 27 artículos en contra de los indígenas originarios”.

 

Desde el punto de vista de Margarita Quino, lo peor de esta norma es la criminalización de la protesta porque quienes se opongan a los proyectos mineros pueden ser acusados de delitos penales y pasar hasta 8 años en prisión, “ahí ya nos mandaron un mensaje: las defensoras de la madre tierra pueden estar haciendo maletas e irse. Nosotras somos ancestras, vivimos de nuestras comunidades y nadie nos expulsará de nuestro territorio”.

 

Además recalca: “El gobierno dice que todo lo de encima de la tierra es de los indígenas pero debajo de ella es del gobierno y dispondrá toda la riqueza natural que hay debajo de la tierra, entonces ¿en qué quedamos? Nos están despojando de nuestras tierras. El gobierno solamente piensa en lo económico y con la nueva ley van a explorar y entrar a trabajar donde sea”.

 

No obstante ella y sus compañeras aseguran que seguirán denunciando la devastación; y es que el lago Poopó era una cuenca donde había gran biodiversidad, donde habitaba la comunidad indígena de los urus, quienes vivían de la pesca y de la caza.

 

“Ahora están migrando a otros países, y está desapareciendo esa etnia que era ancestralmente  cultural de Oruru”, lamenta la mujer.

De la mano de la minería muchas veces llega también la migración porque la gente debe irse para sobrevivir.

 

Sobre esta salida forzosa hacia las ciudades Margarita comenta, “nosotras nos sentimos muy amargadas, queremos retornar a nuestras comunidades porque esa ha sido nuestra vida, hemos vivido de la tierra, arraigadas a nuestras ancestras”.

 

Para lograr que nadie tenga que abandonar su lugar de origen la Red quiere que se reconozca la violencia medioambiental como un fenómeno que afecta el derecho de las mujeres a tener una  vida digna porque al contaminar el agua, usar químicos y extraer minerales, se deja infértil la tierra, les quita su medio de trabajo y les perjudica la salud.

 

CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.-