Agua convenida

Iván Restrepo

El norte del estado de Chihuahua vive ahora un gran problema por el cumplimiento que nuestro país debe dar al tratado firmado en 1944 con Estados Unidos, en el cual se fija la distribución de las aguas internacionales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, Texas, al Golfo de México. En el documento citado se afirma que daríamos a nuestro socio comercial agua de la cuenca del río Bravo, mientras él nos la cedería del Colorado. Cabe señalar que recibimos más de cuatro veces la cantidad de agua que aportamos al vecino del norte. En octubre de 2017 la Comisión Internacional de Límites y Aguas firmó un acuerdo, vigente hasta 2026, por el cual se actualizó el tratado, comprometiéndose México a pagar con agua a Estados Unidos su apoyo por más de 23 millones de dólares para el revestimiento de canales, vasos reguladores, mejoramiento del sistema de riego, creación de humedales, entre otras obras, en Mexicali, Baja California.

El del agua es hoy tema muy candente por ser vital para la existencia humana y cada vez más valioso y escaso debido al crecimiento de la población, las actividades económicas y el cambio climático. Sin embargo, ambos países han cumplido con la parte que les corresponde aun en los años en que México ha tardado en enviar el agua convenida.

Este año el asunto se complicó. En febrero un grupo de agricultores trató de impedir el trasvase de líquido de la presa La Boquilla, en Chihuahua, a Estados Unidos. Exigían claridad de las autoridades sobre el volumen de líquido existente en la entidad y lo que les tocaba para sus labores agropecuarias. El presidente López Obrador aseguró entonces que su administración cumpliría con lo pactado por haber suficiente líquido para entregar lo que le corresponde al vecino del norte y para los usuarios locales. Y solicitó a los agricultores no dejarse manipular, pues hay gente de Morena, PRI y PAN, involucrada en la protesta, pues ya se acercan las elecciones y quieren presumir con sombrero ajeno. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que los agricultores inconformes recibirían el agua asignada para el ciclo agrícola de este año y la tienen garantizada para el próximo. Lo reiteró la semana pasada.

Esa manipulación política se concretó este mes con las marchas, enfrentamientos con la fuerza pública y la ocupación violenta de La Boquilla, donde ocasionaron daños a su infraestructura. Los inconformes cuentan con abierto apoyo del llamado Frente Nacional Anti-AMLO, donde militan funcionarios estales y municipales en activo; algunos que lo fueron y gozan de bien ganada mala fama de corruptos. A ellos se suman legisladores federales del PAN, parte del Congreso estatal y, con su desi­dia, el actual mandatario, panista que suele culpar de los problemas de Chihuahua al gobierno federal. Asegura, por ejemplo, que el actual se debe a la corrupción imperante en la Conagua, sin ofrecer prueba de ello.

En cambio, los que alientan la oposición al trasvase ocultan el meollo del problema: en Chihuahua existen suficientes recursos hídricos para las actividades económicas. Provienen del manto freático y de sus cuencas hidrográficas. Pero están mal utilizados y/o acaparados por quienes tienen allí el poder político y económico. Ello, en perjuicio de miles de campesinos pobres. Hay, además, venta de derechos de agua y aprovechamiento ilegal del acuífero. Ejemplos notables de lo anterior son el clan LeBarón, la comunidad menonita y Altos Hornos de México. A la par, las presas tienen menos capacidad de almacenamiento por el azolve proveniente de la erosión que deja la tala de los bosques de la entidad.

Lo que ahora sucede en Chihuahua se repite en el resto de la frontera norte y en otras partes del país donde existen grandes obras hidráulicas para irrigar millones de hectáreas: la privatización del líquido por los intereses agroindustriales y mineros en perjucio de millones de pequeños productores. Para evitar que siga la privatización de un bien público, urge el tantas veces postergado nuevo marco jurídico que garantice el cumplimiento constitucional del derecho al agua y que sea un bien social.

López Obrador aseguró el viernes que se cumplirá la entrega de la cuota de agua, pues no hacerlo llevaría a revisar el tratado y México saldría perdiendo. El gobernador de Texas exige que se haga pronto. Es lo urgente para que Trump no tome el asunto del trasvase para ganar votos en el sur racista.

Ir más allá de la prohibición del glifosato

Iván Restrepo

Pocos días antes de dejar su cargo como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo puso en la agenda ciudadana, gubernamental y legislativa la necesidad de revisar el uso de decenas de fórmulas químicas en el sector agrario que hacen daño a la salud pública y al entorno. Es un problema que centros de investigación, reconocidos especialistas y grupos de la sociedad civil plantean desde hace décadas y que las autoridades no han atendido.

Al parecer, los actuales mandos en Salud, Medio Ambiente, comercio y Agricultura, conjuntamente revisan la lista de agroquímicos que se aplican en el país a fin de retirar los más peligrosos y, a mediano plazo, establecer el control biológico e integrado de plagas que afectan a la agricultura. Un primer paso muy importante es eliminar del mercado al glifosato, con tan mala fama por sus negativos efectos en la población y los recursos naturales.

El ejemplo más documentado de los graves daños que ocasiona proviene de las grandes plantaciones de soya en Argentina y Brasil. Cabe señalar que quien promueve dicha fórmula, la trasnacional Monsanto (ahora propiedad de la firma alemana Bayer), es la misma que elabora las semillas transgénicas de soya, diseñadas para ser tolerantes a dicho herbicida y no para mejorar la calidad del cultivo.

El glifosato también puede afectar la salud de quienes consumen diversos alimentos de gran demanda en los que se han encontrado sus residuos. En el más reciente número de La Jornada Ecológica (https://ecologica.jornada.com.mx) dedicado a dicho herbicida, los investigadores Jaime Rendón von Osten, de la Universidad de Campeche, y Beatriz Torres Beristáin, de la Veracruzana, mencionan la presencia de residuos de glifosato en alimentos industrializados y botanas a base de maíz. En miel de abeja de Campeche y de Misantla y Coatepec, Veracruz; en los ríos Coatán y Cahoacán, de Chiapas, y en el agua subterránea de la misma región. Igualmente rencontró en los drenes y ríos del Valle de Culiacán; en la costa de Yucatán y en Tulum, Quintana Roo; en el agua de la laguna de Términos y de los ríos Champotón y Candelaria; en los pozos que surten de líquido las ciudades de Campeche y Mérida y a siete comunidades del municipio de Hopelchén, Campeche. En éste aparece hasta en el agua para consumo humano que se vende en garrafones. Y eso que está purificada.

Además de ser el principal productor de miel de Campeche, Hopelchén lo es de soya transgénica. Para cultivarla se aplica intensamente glifosato. Torres Beristáin advierte que en México no existe normativa que establezca los límites de glifosato para agua subterránea y potable. Así, la contaminación queda impune.

Como está probado en regiones de Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos, los más afectados son los trabajadores agrícolas y las familias que viven cerca de donde se aplica el glifosato. En México se carece de estudios puntuales sobre sus efectos nocivos en la salud de las personas. Pero cabe señalar que en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, lo clasificó como genotóxico, carcinogénico para animales y probablemente también para humanos.

Varias investigaciones realizadas en nuestro país muestran, por ejemplo, que la mayoría de los niños y adolescentes estudiados en las comunidades de Ahuacapán y Agua Caliente, Jalisco, tenían residuos del herbicida en orina. Igual la de los agricultores y pescadores de Hopelchén.

La doctora Lilia América Albert nos recuerda que en la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, el gobierno de México firmó la Agenda XXI. Como parte de ella se aprobó el Principio de Precaución, el cual refiere que cuando exista la amenaza de daño grave o irreversible, la falta de pruebas científicas definitivas no debe usarse como justificación para posponer las medidas encaminadas a evitar la degradación ambiental y a proteger los ecosistemas.

Este principio sirve para controlar las sustancias peligrosas y evitar que causen daño a la población y al medio ambiente. Al fin, después de muchos años México hace efectivo dicho principio precautorio al prohibir la importación y uso futuro de glifosato.

Ahora urge aprobar una ley de sustancias químicas que regule la enorme cantidad de fórmulas tóxicas que nos imponen desde hace 70 años los intereses trasnacionales.

¡Aguas!: evitar los errores del pasado

Iván Restrepo

En un desayuno celebrado en Los Pinos con el entonces presidente José López Portillo para tratar problemas del sector agropecuario, uno de los asistentes se quejó de los males que causaban los huracanes. El ingeniero Francisco Merino Rábago, secretario de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráhulicos, le explicó que los huracanes que llegaban por las costas del Pacífico, el Golfo y el Caribe, traían abundante agua para las 20 millones de hectáreas de agricultura de temporal. Además, llenaban las grandes obras hidráulicas para irrigar otras 7 millones.

Merino Rábago, cuya vida profesional estuvo ligada al sector agroecuario, añadió muchos otros beneficios, pero también dijo que muy buena parte de los daños que casionaban los huracanes en el campo y las ciudades se debían a la falta de planeación de la obra pública, a la deforestación; a permitir asentamientos humanos en los bordes de las cuencas hidrografícas o en áreas muy frágiles.

Si traigo a colación nuevamente el agua como tema del que me ocupé el lunes pasado, es porque, un día antes, Gabriel Zaid refirió en el diario Reforma algunos de los absurdos que distinguen al país en el manejo de tan vital recurso, y que también he referido en múltiples ocasiones. Zaid nos recuerda que la lluvia ha sido vista como una bendición por los grupos humanos. Refiere que los mayas, aztecas, zapotecas, olmecas, construyeron obras para beneficiarse de ella. Y ofrece con datos muy precisos un diagnóstico nada alentador sobre el manejo del agua en el país.

La mayor parte de la de lluvia no se capta a través de diversos sistemas tecnológicos en los centros urbanos y el campo; no se reutiliza para ciertas actividades; el servicio está subsidiado y sobrexplotados los más de 600 mantos acuíferos. En la cuenca de México se extrae del subsuelo mucho más líquido del que se le inyecta, lo que expone más la infraestructura urbana a los efectos de los sismos. En fin.

Marco Antonio Alcázar, que sabe del tema porque coordinó el Plan Chontalpa en Tabasco, urge a terminar con el subsidio al consumo de agua. Vive en Coyoacán y paga 100 pesos bimestrales por ella. Otro lector me indica que en el edificio de seis departamentos donde vive junto con otras 25 personas (Prolongación del Eje Lázaro Cárdenas) pagan al bimestre 15 pesos per cápita. En la colonia Condesa, el consumo alto se subsidia con 45 por ciento del valor real del servicio. Mientras, en Iztapalapa, escasea el agua y se abastecen con garrafones de 20 litros que cuestan 35 pesos. O por medio de pipas que cobran mil 500. Como en las escuelas y las oficinas públicas, hos­pitales y otros lugares el agua no es potable, la gente la adquiere en botellas que cuestan entre 10 y 15 pesos el litro.

Agreguemos el desperdicio de una tercera parte del agua que se inyecta a la red de distribución en, por ejemplo, las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara; los problemas técnicos y económicos de traerla de otras cuencas, como Lerma y Cutzamala; el mal uso que hacen de ella en muchos hogares y negocios; el que la más de la tercera parte de los 2 millones de viviendas de la capital del país no tengan medidor, y en decenas de miles que sí lo tienen, no funcionan.

En 1950 el secretario de Recursos Hidráulicos era don Eduardo Chávez y pugnó por establecer en la cuenca de México pozos de absorción del agua de lluvia para recargar el acuífero, en esa época ya sobrexplotado. En varios periódicos lo tildaron de loco. En tiempos del regente Manuel Camacho, se informó que de 10 pesos que costaba llevar agua a los hogares, en promedio apenas pagaban dos. Para mejorar la red de distribución y abastecer a miles de hogares que no recibían agua, se planteó la conveniencia de eliminar el subsidio y desalentar su mal uso con tarifas elevadas. La propuesta se desechó por no convenir políticamente.

Hoy lo políticamente correcto debe ser aprovechar al máximo el agua que traen los huracanes y la de las cuencas hidrográficas. Utilizarla racionalmente en el campo, la industria y las ciudades. Terminar con el desbarajuste institucional que existe en torno a tan vital elemento con una ley general de aguas que responda a las necesidades actuales y futuras del país. Y que se cumpla. ¿Acaso el actual gobierno y el Poder Legislativo no prometieron evitar los errores del pasado? ¿Que todo sería diferente y en bien de México? ¿Tan pronto lo olvidaron?

Creciente demanda hídrica y acuíferos sobrexplotados

Ivan Restrepo

Con más de 300 cuencas hidrográficas y mantos acuíferos igualmente abundantes, México enfrenta cada año más escasez de agua para las actividades económicas y el consumo humano. Esas cuencas están casi en su totalidad contaminadas por desechos diversos y los acuíferos sobrexplotados. El problema se agudiza por el aumento de la temperatura debido al cambio climático, el crecimiento de la población, el mal uso y la privatización del vital elemento.

Los ejemplos abundan. La semana pasada el Presidente de la República refirió que la zona oriente de la cuenca de México donde estaría el nuevo aeropuerto internacional se hunde 50 centímetros al año. Se quedó corto. Hay otras cercanas (Chalco, Xochimilco) que lo hacen todavía más y su origen es conocido: la mancha de asfalto avanza incontenible sobre las áreas verdes o agrícolas que servían para la recarga del acuífero, sobrexplotado desde hace décadas. Cada día el agua se obtiene a mayor profundidad y, en algunos casos, contaminada. En Milpa Alta, dos terceras partes de las viviendas no reciben el agua por la red de distribución, mientras, entre 2000 y 2015, aumentaron casi 90 por ciento los asentamientos irregulares, especialmente en Álvaro Obregón y Tláhuac, que poseen áreas de reserva.

También se descubre que empresas inmobiliarias edifican sus desarrollos habitacionales sin tener garantizado el suministro de líquido para quienes fincaron allí su hogar. Es el caso de Ópalo Residencial, en la alcaldía Gustavo A. Madero, construido por el Grupo Star, propiedad de Genovio Stern Skromni, Rubén Stern Izigzon y Daniel Zaga Menum, dueños de otras empresas inmobiliarias y con influencia en las cámaras de la construcción citadina. Gracias a la corrupción, ahora el más de un centenar de familias que adquirieron departamentos ofrecidos por Grupo Star tienen problemas hipotecarios y falta de agua. En otras alcaldías existen desarrollos inmobiliarios que no cumplen con las normas establecidas en cuanto a dotación del líquido, drenaje y tamaño.

En el resto del país la urbanización a costa del agua y el bosque está a la orden del día. Como en Ixtapan de la Sal, estado de México. El señor José Remus me informa del peligro que se cierne sobre los manantiales descubiertos por la familia San Román hace décadas y que dieron vida al turismo de ese lugar, con clima excelente todo el año.

Esas aguas provienen del Nevado de Toluca, y tienen tres salidas en el pueblo: el parque acuático popular, con albercas de lodo curativo; el spa de tinas romanas, para nivel socioeconómico alto, y el balneario municipal en el centro de Ixtapan.

Unos cientos de metros al sur, rumbo a Taxco, Guerrero, se construyó el fraccionamiento Rancho San Diego, para clase alta, con jardines y spa. No usa aguas termales. Tampoco el hotel Westin de gran lujo.

Hay nuevos fraccionamientos, uno propiedad de Enrique Peña Nieto. Todos ellos se autorizaron sin considerar el impacto sobre el recurso del agua y la ocupación territorrial de Ixtapan de la Sal.

Otros problemas relacionados con el agua: el acuífero y los ríos Nazas y Aguanaval que surten de líquido a los habitantes y las actividades económicas de los nueve municipios de Coahuila y Durango que conforman la región de La Laguna, están sobrexplotados y el manto acuífero contaminado con arsénico.

El gobierno federal acaba de anunciar que resolverá ese problema. Pero en cambio continúa en Chihuahua la oposición a enviar a Estados Unidos el agua comprometida con base en el acuerdo firmado en 1944 para disponer el agua binacional. Esa oposición expresa una realidad: en la frontera común, falta cada vez más el líquido, mientras aumenta la población y la industria que lo demandan. Y todo ello sin hacer realidad la anunciada política de desarrollo territorial urbano y rural sustentable.

Otro ejemplo es la cuenca Chapala-Santiago. Un estudio de Juan M. Durán y Alicia Torres R., de la Universidad de Guadalajara, advierten sobre el riesgo de una crisis ambiental por la pérdida de recursos hídricos requeridos para el crecimiento económico y la calidad de vida de los habitantes de Jalisco. Advierten cómo el lago de Chapala significó la mitad de la superficie lacustre de México y hoy sufre por la contaminación del agua, la pérdida de humedales, el crecimiento sin control de los asentamientos humanos y las actividades económicas. ¿Chapala convertido en unas décadas más en un pantano?

Ante lo que sucede, se hace más urgente aprobar un nuevo andamiaje legal que garantice proteger y utilizar racionalmente un recurso vital y que pertenece a la nación.

Monte Albán, en grave peligro

Iván Restrepo

La Jornada: 

Este año la ciudad de Oaxaca no celebró la tradicional Gelaguetza, expresión musical y dancística del estado con mayor diversidad cultural y biológica. Sin embargo, es noticia en todos los medios de comunicación del país y los principales del exterior. El motivo: el Congreso local prohibió la venta de productos chatarra a los menores de cinco años. Un duro golpe a las poderosas empresas que elaboran lo mismo refrescos que diversos productos (gansitos, chocorroles, papitas) que ocasionan obesidad, diabetes y problemas cardiovasculares, enfermedades que afectan al país. La reacción de los poderosos empresarios que elaboran tales productos no se hizo esperar. Pero la medida tuvo una aprobación ciudadana tan generalizada que ya otras entidades, como Tabasco, legislaron al respecto y la Ciudad de México promete hacerlo pronto.

A esta buena iniciativa debía sumarse en Oaxaca otra relacionada con uno de sus patrimonios más importantes: la zona arqueológica de Monte Albán. Fue en 1931 cuando don Alfonso Caso inició los trabajos de exploración en dicha zona. Abarcaba 426 hectáreas y fue declarada por la Unesco en 1987 patrimonio cultural de la humanidad, junto con el Centro Histórico citadino.

Seis años después, el gobierno federal fijó en 2 mil 78 hectáreas el polígono para protegerla. Luego, en los años 2000 y 2002, el estatal aprobó normas con la misma finalidad y realizar tareas de reforestación en sus alrededores.

Sin embargo, los habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán exigieron la reposición o indemnización por 426 hectáreas incluidas en el decreto federal de 1993. Alegaron que son de su propiedad y que violan los derechos agrarios de ejidatarios, comuneros, de pequeños propietarios y colonos asentados en dicha ­extensión.

Denunciaron, de paso, que durante el mandato del gobernador Diódoro Carrasco se quiso realizar el proyectoMonte Albán Siglo XXly con ello privatizar áreas para inversionistas nacionales y extranjeros.

Hace dos años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), anunció la expropiación de predios para proteger la zona arqueológica, adquiriendo casi 140 hectáreas ubicadas en Santa Cruz Xoxocotlán. El propósito: evitar la presencia de actividades ajenas a las labores de conservación, preservación e investigación. Y, algo fundamental: frenar el crecimiento anárquico de la mancha urbana de la ciudad a costa del polígono de protección de Monte Albán.

En noviembre pasado se desató la violencia entre los grupos que se han ido apoderando de terrenos dentro del citado polígono. Hubo un muerto y varios heridos, y ningún culpable de lo ocurrido. Gabino Cué, gobernador del estado, anunció entonces que el INAH colocaría una barda de protección para evitar la expansión de la mancha urbana hacia el sitio arqueológico. No se ha construido y sigue la apertura de accesos y la lotificación y venta de terrenos en la zona, ocasionando daño y pérdida de un patrimonio cultural único. Con el agravante de que las instancias federales, que por ley deben proteger los vestigios arqueológicos, no intervienen para evitar lo peor.

Dichas autoridades, igual que las estatales y las locales de los cuatro municipios incluidos en el polígono de la zona arqueológica, conocen los mecanismos para invadir y vender allí lotes a quienes no tienen dónde edificar su vivienda. Sus promotores: comisariados ejidales y comunales, así comolíderesy organizaciones vinculadas con grupos políticos locales.

Monte Albán es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica y está en peligro. Salvaguardarlo exige la intervención decidida y coordinada de las diversas instancias gubernamentales.

Una forma de lograr tal propósito es hacer realidad el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, así como el estatal y el de los cuatro municipios involucrados en el ­polígono.

Se rompería así la política de validar y regularizar la invasión de los terrenos que rodean el núcleo central del sitio arqueológico. Un patrimonio de la humanidad que tanto defendió Francisco Toledo. Hoy lo hace José Luis Bustamante del Valle, su amigo cercano y gran conocedor de los problemas antes referidos. Sería imperdonable que las autoridades no preservaran la cordillera donde luce esplendorosa la gran plaza de Monte Albán y las construcciones prehispánicas que la rodean.

Mi pésima relación con el glifosato

Iván Restrepo

La Jornada: 

Tengo una pésima relación con el glifosato y con quienes lo elaboran, distribuyen y promueven en el mundo. Data de hace un cuarto de siglo, al ser una de las personas a quienes organismos internacionales encargaron estudiar los efectos de tal compuesto en los sembradíos de mariguana que los capos de la droga de Colombia establecieron a partir de 1970 en la reserva natural Sierra Nevada de Santa Marta, la única montaña intertropical con nieves perpetuas. Se levanta desde el nivel del mar hasta 5 mil 800 metros. Ahí nacen 16 ríos y más de 100 riachuelos que sirven para irrigar miles de hectáreas agrícolas y abastecer de agua a las ciudades costeras. En esa sierra viven pueblos indígenas milenarios, como los arhuacos, kogui y malayos.

El Inderena, responsable en Colombia de cuidar los recursos naturales, mostró su desacuerdo con las fumigaciones en todo el país al lado de científicos, grupos sociales y destacados políticos. Pero se impuso la estrategia química trazada por Estados Unidos para acabar con las siembras de mariguana y coca. Las conclusiones de nuestro informe coincidieron con las de otros estudios sobre los efectos nocivos del glifosato en la salud, en especial de los indígenas; por contaminar agua y tierra y matar fauna y flora. Además, las fumigaciones se realizaban sin las mínimas medidas recomendadas por Monsanto, su fabricante, para evitardaños mayores.

Durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos se prohibió su aspersión ante los evidentes daños que causaba. Pero su sucesor, Iván Duque, delfín del ultraconservador ex presidente Álvaro Uribe, propone utilizarlo de nuevo ante el fracaso de los programas para sustituir cultivos ilícitos. Olvida Duque que el problema de éstos es social, económico y político y que los más perjudicados son los 100 mil campesinos e indígenas cultivadores de coca, que ven afectados sus cultivos básicos para su alimentación y padecen daños en su salud y el medio ambiente en que viven.

En México y en otras partes de América también me he encontrado con el glifosato. En Argentina y Brasil, por ejemplo, por las muertes y daños a la salud de pobladores de zonas donde se cultiva soya transgénica de Monsanto. En Centroamérica, en las plantaciones de caña de azúcar. En nuestro país, la mala relación comenzó durante los estudios de campo que realicé para el libro Los plaguicidas en México, publicado en 1991 por la editorial Océano, de don Andrés León Quintanar, y reditado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando la presidió el doctor Jorge Carpizo. En varios artículos en La Jornada he detallado la complicidad de las autoridades sanitarias, agrícolas y del medio ambiente con ese compuesto y con el arsenal químico que se utiliza en México en la agricultura desde hace décadas. El glifosato también se aplicó en 1994 para diezmar el lirio acuático en la presa Endhó. Se quiso hacer lo mismo en el lago de Chapala. Lo impidieron los ambientalistas de Jalisco.

Los males que ocasiona ese compuesto están bien documentados por la doctora Lilia A. Albert y la maestra Alma Delia Viveros. En sus más recientes libros sobre los riesgos de los plaguicidas para el ambiente y la salud muestran cómo en México las autoridades alientan el uso de más de 180 altamente peligrosos. También lo documentan las publicaciones de la Red de Acción contra los Plaguicidas (Rapam), los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología y de más de 20 universidades.

Hace poco, el Presidente de la República estuvo en tierra de los yaquis. Creo oportuno recordar que en 1989 Mónica García y María Mercedes Meza, investigadoras del Instituto Tecnológico de Sonora, estudiaron a 40 madres de pueblo yaqui y encontraron en sus organismos altos niveles de plaguicidas. Además, sus hijos recién nacidos traían en su sangre nueve diferentes. Ese número aumentó cuando fueron alimentados con leche materna, contaminada por plaguicidas. Eso no sucedió con las que no lo hicieron.

Tan terrible realidad se suma a muchas más en el país con muertes por cáncer y otras enfermedades. Por fortuna, a diferencia de sus antecesores, el titular del Medio Ambiente federal, Víctor Toledo, se niega a ser cómplice de las poderosas empresas fabricantes y comercializadoras de agroquímicos y transgénicos. En un país de leyes, está haciendo realidad las normas constitucionales de garantizar el derecho a la salud y a disfrutar de un ambiente sano. Es lo que deben hacer los demás funcionarios.

CDMX: perspectiva de diálogo plural

Iván Restrepo

Sorprendió el nombramiento de don Alfonso Suárez del Real como titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Era responsable de la cultura y había enfrentado con relativo éxito los problemas que ocasiona la pandemia a un sector que no tiene suficiente apoyo de las instancias oficiales, pese a su importancia social. Para los habitantes de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa, es buena noticia tener a Suárez del Real en tan importante cargo, pues abre la posibilidad de resolver los problemas que en ellas existen. En muy buena parte fruto de los intereses inmobiliarios y negocios que funcionan violando la legislación vigente; de las bandas criminales; la corrupción de servidores públicos; la descoordinación entre las instancias gubernamentales y la falta de una legislación adecuada.

Tanto en su breve estancia como delegado en Cuauhtémoc y luego como legislador, atendió las quejas de los vecinos. No siempre con buen resultado por causas ajenas a su voluntad. Ahora grupos vecinales de esas colonias esperan establecer con él un diálogo plural a fin de solucionar los problemas más urgentes. Uno de ellos es el del uso del suelo. Por corrupción, se han concedido licencias para construir edificios de departamentos, afectando el entorno vecinal y los servicios públicos, como el agua. Otro problema es el de los inmuebles que dañó el sismo de 2017. La administración citadina logra avances en reconstruir los que tienen remedio, pero muchos otros quedaron inservibles. Algunos fueron derribados y otros están en espera de serlo. Los edificios de departamentos y las casas contiguas a los inmuebles afectados por el sismo se venden o alquilan, pero nadie quiere vivir allí por el peligro que representan. Y los antiguos remodelados o están en construcción, o no tienen comprador por la crisis económica. Hoy las colonias que las últimas dos décadas atrajeron a tantos nuevos inquilinos y donde se establecieron los más diversos comercios,tienen por doquier letreros dese vendeose renta. Un fruto más de la falta de un ordenamiento territorial adecuado y la especulación del suelo urbano.

Un segundo problema es el ambulantaje. No el más grave, pero creció desmesuradamente por el desempleo. A los sitios tradicionales de venta de tortas, tamales, sopes, tacos, chilaquiles, atole, pan dulce y antojitos diversos, se sumaron los últimos meses más de 50 puestos callejeros. La mayoría traslada sus productos en bicicletas y triciclos adaptados para ofrecer sus productos. Otros lo hacen en viejos autos o camionetas. Los puestos callejeros funcionan especialmente durante el día. Algunos utilizan carbón para calentar sus guisos; otros gas y luz eléctrica que obtienen ilegalmente. No pagan impuestos ni observan las medidas de protección contra el Covid-19.

Los vecinos aceptan la presencia de estos ambulantes temporales ante la necesidad que tienen de obtener ingresos. En cambio, es unánime la opinión de remover los puestos fijos de lámina que han proliferado en los últimos años. Suman más de 50, no guardan las mínimas reglas de salubridad y perjudican a los negocios legalmente establecidos que los padecen a sus puertas. Una muestra de esa invasión es la remodelada avenida Insurgentes Sur, esquina con las calles de Chiapas, Coahuila, Campeche, Aguascalientes, Chilpancingo, Tlaxcala, Manzanillo, Tuxpan, Sonora, San Luis Potosí y Baja California. Otros 10 funcionan en Tabasco, Valladolid, Colima y Fernando Montes de Oca.

La negligencia y/o complicidad de las autoridades con este tipo de negocios fue evidente al intentar colocar uno de ellos en la avenida Alfonso Reyes, esquina con Ensenada. Lo evitaron los vecinos. Todo indica que esos puestos los controlan unas cuantas personas con apoyo de funcionarios de la ciudad.

Ahora el reto es reactivar la vida social, económica y el empleo en la Roma, Hipódromo y Condesa. Ya no son atractivas para comprar o alquilar un departamento pagando sumas elevadas. O establecer negocios si decenas cerraron y otros apenas logran subsistir. Por todo ello es necesario garantizar que sus habitantes y las actividades comerciales convivan en la mayor armonía posible con base en un andamiaje legal que evite la especulación y el uso indebido del suelo. También la corrupción. Una tarea que requiere la participación activa de los vecinos (muchos de ellos indiferentes ante lo que sucede) al lado de las instancias gubernamentales y el Poder Legislativo local.

Intereses económicos y salud pública

Iván Restrepo

El lunes pasado publiqué datos sobre cómo la industria refresquera se apodera del agua de la nación. El mismo día, la Asociación de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas publicaron en nuestro diario a página entera un texto donde condenan “las lamentables declaraciones del subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien calificó a nuestros productos como ‘veneno embotellado’”. Consideran inaudito que un funcionario promotor de la salud estigmatice a una industria que cumple a cabalidad con todas las normas y regulaciones en México. Y en descargo de que los refrescos embotellados causen obesidad y sobrepeso, la asociación alega que la evidencia científica muestra que esos dos males tienen diversas causas, como los hábitos alimentarios, falta de actividad física y el entorno social.

Están en su derecho de defender sus intereses. En Estados Unidos, por ejemplo, casi un centenar de organizaciones de salud, que luchan contra la obesidad, recibieron patrocinios de Coca-Cola y ­PepsiCo a fin de mejorar su imagen, demostrar que el aporte de esas bebidas a la obesidad y la diabetes es marginal y presionar contra 29 proyectos de ley de salud pública para reducir el consumo de refrescos o mejorar la nutrición. En México Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé Kellogg’s, Unilever y Kraft, entre otros, son negocios multimillonarios que han gozado del apoyo de políticos y funcionarios.

Imposible ignorar los daños que causan en la población del país los refrescos y la comida chatarra: más de 70 por ciento de los adultos, 35 por ciento de los adolescentes y 10 por ciento de los niños menores de cinco años padecen sobrepeso y obesidad. Aumentan los trastornos graves vinculados a estos males. La comorbilidad por obesidad se relaciona con la muerte de 170 mil mexicanos al año. Por enfermedades cardiovasculares, más de 113 mil, y la mitad eran obesas. La diabetes mellitus, nuestra segunda causa de muerte con alrededor de 100 mil personas anualmente, 80 por ciento se vincula con la obesidad; por tumores malignos fallecen 73 mil personas al año, de las cuales 41 por ciento eran obesas. Todo ello es fruto del abandono de la dieta tradicional y el mayor consumo de botanas saladas y dulces, cereales en caja, barritas, golosinas, bebidas deportivas, jugos de frutas y néctares, tés y café embotellados, salsas, pastas untables y comidas ultra-procesadas. México es el mayor consumidor de productos ultra- procesados en América Latina, con 215 kilogramos al año por persona.

No es López-Gatell el único que señala a los fabricantes de refrescos como origen de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han insistido numerosas veces en la urgencia de fijar mayores impuestos (por lo menos 20 por ciento) a las bebidas azucaradas a fin de ayudar a reducir su consumo y, así, el reinado de la obesidad y la diabetes. A la par los gobiernos tendrían recursos para atender a quienes enferman por consumir productos que hacen daño. Las últimas cuatro décadas se incrementó en México el gasto gubernamental para curarlos.

Una de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la comunidad internacional de naciones, es reducir la mortalidad por las enfermedades no transmisibles, como la diabetes. La mayor parte de las muertes asociadas a ellas ocurre en los países de ingresos bajos o medios. Alcanzar esa meta requiere abordar el problema integralmente. Comenzando por dotar de agua potable a la población, mejorar el etiquetado y control de la publicidad de los productos que enferman; facilitar el acceso a alimentos y bebidas saludables, además de facilitar y promover la lactancia materna.

En México, tanto por las recomendaciones de los organismos internacionales de salud, como por la participación activa de grupos sociales (destacadamente El Poder del Consumidor), a paso lento se toman medidas para enfrentar el problema que crean los refrescos y la comida chatarra, como establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, prohibir su venta en las escuelas y reglamentar la publicidad de alimentos y bebidas que hacen daño. Existe desde 2013 una Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, con el defecto de que en ella los empresarios dejaron sentir su poder.

Como demuestra la pandemia de Codiv-19, la estrategia está lejos de dar los frutos deseados. Es hora de actualizarla y llevarla a feliz término. Más que los intereses económicos poderosos y con cabilderos en el Congreso y los medios de comunicación, está la salud pública.

Un negro futuro en desertificación y sequía

La Jornada

Iván Restrepo

Los últimos 20 años, todos los reportes de los organismos internacionales que analizan los asuntos relacionados con el clima, mencionan que la sequía y la desertificación afectarán severamente a México. Igual afirman los centros de investigacion y los expertos más reconocidos del país, como Carlos Gay, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y agregan que por el cambio climático, la situación será más extrema y afectará a casi la mitad del territorio nacional. Especialmente al norte y centro del país, donde se ubican los núcleos urbanos más densamente poblados que, junto con la agricultura y la industria, son los que mayor requieren agua.

No se equivocaron los que a tiempo advirtieron del avance de la desertificación y la sequía. Los últimos 10 años dichos fenómenos se expandieron por el territorio nacional, afectando cosechas y falta de agua en las ciudades y el campo. Durante el sexenio de Felipe Calderón se reconoció que 19 estados padecían por falta del líquido, especialmente en la zona norte y el centro del país. Deasesino silencioso, calificaron las autoridades en 2011 a la sequía al afectar a más de 2 millones de familias. Calderón sostuvo que en los registros de siete décadas no había datos de un año tan seco como ése, mientras la oposición calificó al mandatario defalta de sensibilidadpor no atender adecuadamente el problema, lo cual llevó a la pérdida ese año de 80 por ciento de la producción de frijol y la mitad de la cosecha de maíz y trigo.

Durante el sexenio de Enrique Peña sucedió lo mismo: muchos estudios oficiales y académicos sobre la desertificación y la sequía y pocas acciones para revertir sus efectos. En lo que va del siglo, hemos perdido millones de hectáreas de bosques (fábricas naturales de agua) y la disponibilidad del líquido básico para la vida se ha reducido en 6 por ciento, mientras la demanda aumenta por el crecimiento poblacional.

En tanto, se hace mal uso del agua disponible en las áreas de riego y en los centros urbanos, además de que en muchos de ellos el servicio de llevarla a las viviendas está subsidiado, como en la Ciudad de México, lo que lleva a que no se utilice racionalmente. Y con el agravante de que mientras ciertas zonas la tienen en abundancia y la desperdician, en otras, como Iztapalapa, escasea en extremo y, cuando la hay, es de mala calidad.

En otros casos, el agua se concesiona ventajosamente a trasnacionales culpables de que tengamos altos índices de obesidad y diabetes. Uno muy comentado recientemente es el de la Coca-Cola Femsa en su planta de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Dispone de suficiente líquido para elaborar sus bebidas que atentan contra la salud, mientras la población carece de él. Agreguemos la afectación económica en las familias mexicanas, que emplean 10 por ciento de sus ingresos en la adquisición de refrescos elaborados con agua propiedad de la nación.

Otro ejemplo reciente se tiene en Baja California. El actual gobernador comenzó hace un mes el combate contra las empresas que llamóaguachicoleras, con altas deudas por el servicio que reciben y gozaron durante lustros de impunidad, como el consorcio que tiene bajo conesión el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Debía 32.5 millones de pesos. Ya pagó pero debe construir una planta para el tratamiento de las aguas negras, pues van a dar a Imperial Beach, California.

Un negocio trasnacional, KenMex, en Mexicali, adeudaba 34 millones al organismo operador del agua. Ya pagó. Otras 85 empresas tienen adeudos y serán obligados a saldarlos. En Tijuana se detectaron 634 empresas aguachicoleras. Deben casi mil 500 millones de pesos y ya se recuperó más de una tercera parte de ese monto. Una de ellas es el Hipódromo Agua Caliente, propiedad de Jorge Hank. Tiene concesión para sacar líquido de tres pozos y por descargas residuales adeuda más de 36 millones de pesos. Agreguemos, con adeudos millonarios, a Home Depot, Pepsico, hoteles diversos, Unitech Foam, Parque Industrial Girasoles, Springs Windows Fashions, Inmobiliaria Flecha Amarilla y Kamimex.

Con adeudos millonarios hay también poderosas empresas en otras entidades. Han gozado de protección de funcionarios corruptos de diverso nivel. La actual administración prometió programas para garantizar el uso racional del agua. Es hora de hacerlos realidad.

El embarazo de adolescentes

La Jornada

Iván Restrepo

Varias organizaciones públicas y privadas de Uruguay acordaron en 2003 dedicar el día 26 de septiembre a reflexionar sobre un problema muy grave y poco atendido: el embarazo de adolescentes. A la iniciativa se sumaron luego numerosos países y hoy abundan los estudios sobre las consecuencias síquicas, sociales, sanitarias y físicas que padecen las jóvenes, sus hijos y sus familias.

Aunque del problema se ocupan varias instancias oficiales en cada país y los organismos internacionales de la salud, la educación y los derechos humanos, la realidad es alarmante en dicho campo: alrededor de 10 por ciento de los bebés que nacen en el mundo provienen de mujeres cuya edad oscila entre los 13 y los 19 años. Buena parte de esas jóvenes madres pertenecen a familias de escasos recursos. Se estima que otros 3 millones recurren al aborto y no pocas mueren o quedan estériles por recurrir a procedimientos inseguros.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en la necesidad de que cada país adopte políticas para reducir esos embarazos y los matrimonios de quienes no cumplen 18 años. Deben incluir no penalizar el aborto de adolescentes, el uso de preservativos y programas educativos y sociales dirigidos especialmente a los segmentos más pobres. Y considerar el tema dentro de los derechos humanos.

En México atiende el problema el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Gipea), de la Secretaría de Gobernación. Desde el año pasado ese grupo ha mejorado su radio de acción. El reto es gigantesco, pues el país cuenta con más de 22 millones de adolescentes cuya edad fluctúa entre 10 y 19 años. Según cifras oficiales, en 2015 nacieron 11 mil niñas y niños cuyas madres tenían entre 10 y 14 años y pudieron ser víctimas de violencia sexual. En 2018, por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, fueron casi 71 los nacimientos. Por ello, entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazo en adolescentes. También ese sitio en América Latina en violencia sexual, relaciones sin protección o matrimonios forzados.

Los datos anteriores muestran cómo no bastan las campañas de las instancias oficiales sobre educación sexual y uso de métodos anticonceptivos en los sistemas escolar y de salud pública, por ejemplo. A ellas se han opuesto las iglesias y grupos ultraconservadores. También ha fallado el entorno familiar donde las jóvenes sufren discriminación. En varias entidades de la República el problema es agudo, como en Guerrero, Coahuila, Chiapas, Durango, Zacatecas, Michoacán, Puebla y Tlaxcala. Y ninguna dedica recursos suficientes para evitarlo y reducir sus efectos.

De disminuir todo lo posible el embarazo de niñas y adolescentes se ocupan también organizaciones de la sociedad civil. Una es Canales de Ayuda, fundación creada por don Fernando Canales y su familia, con 50 años trabajando en Chiapas a través del hospital San Carlos, en Altamirano. Atiende mayoritariamente a población indígena de ese municipio y de Ocosingo, Oxchuc y Sitalá (www.canalesdeayuda.org.mx). El personal médico y de servicio se comunica con los pacientes en sus lenguas nativas, respetando su cosmovisión, tradiciones y costumbres. Ha sido exitosa su labor para reducir la tuberculosis.

Ahora tiene otro proyecto en la mira dentro de su programa Ciencia al Servicio de la Salud, para ayudar a las comunidades indígenas con alta incidencia de embarazo adolescente. Lo coordina con el Instituto Nacional de Perinatología (Inper). En dicha entidad el embarazo de madres adolescentes supera la media nacional. En 2018, hubo 23 mil 696 nacimientos en mujeres menores de 18 años. Y 60 por ciento se localizó en poblaciones con situación socioeconómica baja.

El proyecto cubriría a una población cercana a 365 mil habitantes y descansa en tres pilares: prevenir los embarazos con programas modernos y eficaces dirigidos a los adolescentes y a sus familias; atender debidamente a las mujeres que van a dar a luz y a los recién nacidos. Y dar respaldo a las madres adolescentes y a sus hijos de tal forma que no sean víctimas de discriminación social y familiar. Darle vida al proyecto de Canales de Ayuda requiere recursos y personal capacitado. Ello puede subsanarse con apoyo de los sectores público y privado. Se aprovecharía así la infraestructura y la experiencia que la fundación tiene en Chiapas y permitiría hacer más con menos.

México va de mal en peor en deforestación

La Jornada

Iván Restrepo

El 26 de mayo, cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sufrieron graves heridas y fueron despojados de su armamento al ser atacados con piedras y palos por talamontes y unos 40 habitantes del Ajusco. La agresión tuvo lugar durante un operativo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el cual se confiscó una camioneta con 3.5 toneladas de madera. Los atacantes recuperaron la camioneta y la madera.

La Guardia Nacional y equipo antimotines rescataron a los policías y los llevaron al hospital. Uno, Juan Prisciliano, murió por los golpes recibidos. Las autoridades citadinas dijeron que la muerte de Juan, las heridas ocasionadas a los otros agentes y el delito de talar en área natural protegida, no quedarían impunes. Los responsables siguen libres.

Tres meses antes, se realizó un operativo contra quienes diezman la riqueza forestal en el Ajusco. Se localizaron 24 aserraderos, pero no detuvieron a ninguno de los delincuentes. Habitantes de las comunidades Santo Tomás y San Miguel han denunciado numerosas ocasiones la tala ilegal por grupos criminales y las amenazas que reciben de ellos. También diezman el bosque en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, se ha referido múltiples veces a la importancia de las áreas forestales de la ciudad para la recarga del acuífero y como pulmón verde. Menciona el abandono de las anteriores administraciones al reducir los recursos destinados a ejidatarios y comuneros para que cuiden el bosque. También padecen por la tala ilegal las entidades vecinas: Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo y estado de México.

La impunidad que cobija a los talamontes se extiende por el resto del país. En Chihuahua los cárteles de Sinaloa y Juárez luchan por controlar un nuevo negocio: la deforestación y amenazan a las comunidades indígenas que buscan conservarlo. En Michoacán se pierde bosque para establecer huertas de aguacate. Agreguemos la destrucción de selva tropical en Veracruz, Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Se trata de un grave problema con datos muy desalentadores: México perdió en los primeros 17 años de este siglo poco más de 3 millones de hectáreas de bosques (en promedio 175 mil cada año), 6 por ciento de su territorio forestal. Ello ocurrió mientras el gobierno federal y los organismos internacionales vinculados al ambiente y al calentamiento global advierten que los bosques son fundamentales para absorber los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono; por ser fábricas naturales de agua y hábitat de una enorme biodiversidad: mamíferos, aves, reptiles, anfibios. Además, casi una tercera parte de la fauna que habita en nuestros bosques y selvas solamente existe en México.

Uno de los programas más importantes de la actual administración busca reforestar masivamente el país. Incluye árboles frutales y especies nativas en el sureste. Urgente hacerlo realidad, pues el año pasado se perdieron más de 300 mil hectáreas vía la tala ilegal, la expansión de las áreas ganaderas y agrícolas, a lo cual se suman los incendios. Mas parece que lo prometido está lejos de cumplirse y un ejemplo lo tenemos en Oaxaca.

Se trata de la entidad con mayor biodiversidad del país, pero anualmente pierde unas 20 mil hectáreas por cambio de uso de suelo, incendios, plagas, tala clandestina. Además, 1.6 millones de hectáreas están degradadas y 18 por ciento de su territorio requiere reforestación. Pero las instancias públicas no han invertido lo suficiente para revertir la situación. De los 47 viveros que había quedan 11. La Fundación que preside Alfredo Harp ofreció al gobierno local compartir lo que hace en la materia: un peso la fundación y otro el estado.

No tuvo respuesta, por lo que prosigue por su cuenta el establecimiento de viveros y la reforestación, como en Chimalapas (tesoro en biodiversidad) y el Istmo. Igualmente en áreas afectadas por los incendios y la gran demanda de madera para la reconstrucción de lo que dejaron los sismos de 2017. La Fundación Harp tiene 11 viveros en seis regiones de Oaxaca y este año entregará 5 millones de arbolitos para siembra a los grupos sociales de las regiones más afectadas por la tala. ¿Y lo prometido por la 4T?

La batalla por la salud y el interés empresarial

Iván Restrepo

Cuando el 15 de mayo pasado leí la noticia, pensé que los periódicos adelantaban la celebración del Día de los Inocentes por el coronavirus. O que era un chiste muy regiomontano para burlarse de uno de los líderes empresariales más ricos e influyentes del país. Según los medios, Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueño de las tiendas Oxxo, pidió un descuento de la renta a propietarios de los locales donde operan. De 25 a 50 por ciento, entre abril y septiembre. El motivo: la clientela se redujo 25 por ciento y tuvieron que cerrar turnos y hasta tiendas debido a la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

Quizá con esa petición busque el poderoso empresario hacer que otros paguen los 8 mil 790 millones de pesos que Femsa debía al fisco y que cubrió hace un mes. O para reunir los miles de millones que promete invertir en la campaña para sacar del poder al actual Presidente de la República. De ello dio cuenta el jueves pasado Abraham Nuncio en nuestro diario.

Copia del sistema establecido en Estados Unidos y que semeja pequeños súper, Oxxo tiene en el país casi 20 mil tiendas. Entre enero y marzo de este año se abrieron al público tres cada día, en promedio. Ésa y otras cadenas deconvenienciaocasionaron el cierre de muchos negocios familiares que eran parte de la vida de pueblos y barrios. En esas tiendas se pueden pagar varios servicios públicos, los de televisión por cable, impuestos, colegiaturas y tarjetas de crédito, así como realizar depósitos bancarios, entre otros, previo pago extra por la clientela. Lo único gratis es la recarga de los celulares. Cabe añadir que funcionan con horarios extendidos y que no han cerrado a causa de la pandemia.

Femsa es también accionista mayor de uno de los conglomerados más nocivos para la salud pública: la Coca-Cola. Ocupa el primer lugar en el mundo en ventas de ese producto. México sobresale como el segundo consumidor, sólo superado por Estados Unidos. Las tiendas Oxxo, 7-Eleven o K, promocionan destacadamente la Coca-Cola y otros productos chatarra que ocasionan severos daños, como la obesidad y la diabetes.

Para evitar el consumo de refrescos embotellados, el gobierno federal prometió dotar de agua potable a las escuelas. No ha cumplido. En los casos que el vital líquido llega potable por la red de distribución, pierde su calidad por el mal estado de cisternas y tanques de almacenamiento. Tampoco ninguna universidad pública o privada dispone de agua potable.

En las comunidades más aisladas y en casi todas las ciudades del país se le remplaza por los refrescos de cola y otros productos nocivos. La gente los consume gracias a una enorme y engañosa publicidad. Como resultado, México ocupa el primer lugar en América Latina en obesos y diabéticos. En esos dos males, disputamos con Estados Unidos el nada honroso primer lugar.

Y con el coronavirus, aparecen la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y el tabaquismo como factores que agravan la situación de quienes portan el virus. Además, según informes del sector salud, casi la mitad de quienes padecen los tres primeros males ignoran su situación. Mientras buena parte del gasto en servicios médicos del Estado se dedica a la atención de quienes cargan con esos males.

Tarde, pero al fin, desde octubre pasado existe en México una legislación que obliga a las compañías que elaboran alimentos y bebidas, que en muchos casos son chatarra, a incluir en los empaques información clara sobre su contenido calórico, grasas, sodio y otros compuestos. Una medida en vigor desde hace lustros en muchos países y que se logró gracias a los grupos ciudadanos que defienden el derecho de los consumidores a saber el contenido real de lo que adquieren para su alimentación. En México fue una batalla que libraron exitosamente grupos locales. Los empresarios intentaron evitar que entrara en vigor, alegando perder millones por el nuevo empaquetado.

La pandemia que azota al mundo mostró las carencias que hay en los sistemas nacionales de salud pública. Y la necesidad de redoblar esfuerzos para que la población se alimente bien. En el caso de México, con los productos tradicionales que conforman la canasta básica: maíz, frijol, calabaza, chile y otros alimentos que no hacen daño. Y con agua potable, no con refrescos embotellados. Es una batalla que la ciudadanía y las instancias oficiales deben dar contra poderosos e influyentes intereses empresariales.

Violencia e impunidad de los anarcos

La Jornada

Iván Restrepo

El 3 de septiembre pasado un grupo de encapuchados vandalizó el edificio de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México,UNAM. Luego, el 14 de noviembre, unos 50 encapuchados rompieron vidrios de varios edificios de Ciudad Universitaria, incendiaron el frente del de rectoría, al que lanzaron objetos. Dentro del edificio plasmaron con aerosol:Asesinos,AcosadoresyFuera Graue, el rector. Ello ocurrió luego de una protesta, principalmente de mujeres, contra el acoso sexual en los diferentes planteles. Las autoridades de la UNAM prometieron denunciar los hechos ante la instancia correspondiente. Igual otros cometidos en instalaciones ubicadas fuera de Ciudad Universitaria.

El pasado 26 de septiembre, encapuchados a los que se les identifica comoanarcos, se unieron a una marcha pacífica para recordar los cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Losanarcosvandalizaron la Puerta Mariana del Palacio Nacional. Integrantes de Ejército que custodiaban el recinto, se resguardaron en el mismo. Responder la agresión habría causado una tragedia. También dañaron negocios y edificios públicos en Paseo de la Reforma, avenidas Juárez y Madero. Arrojaron cohetones y rompieron cristales de la Secretaría de Bienestar. La policía no intervino para evitar los desmanes, pero dijo tener identificados a los encapuchados.

En la marcha del 24 de noviembre por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un pequeño grupo de mujeres destruyó mobiliario urbano y de varios negocios en el centro de la ciudad. Los daños pudieron ser mayores, pero se evitaron gracias a la presencia de más de 2 mil 500 mujeres policías.

La marcha celebrada el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer fue multitudinaria. Pero tuvo su nota negra: un pequeño grupo pintó fachadas y causó destrozos en avenida Juárez; tiraron vallas de protección de monumentos, destrozaron los vidrios de los parabuses, casetas telefónicas y mobiliario urbano. Además, estallaron una bomba molotov frente a Palacio Nacional; las llamas alcanzarona varias mujeres, entre ellas a una reportera de El Universal. La policía no intervino para evitar los desmanes. Tampoco detuvo a ninguna rijosa.

El lunes pasado las imágenes del vandalismo cometido poranarcosen el centro de la ciudad dieron nuevamente la vuelta al mundo. Tanto por los daños causados en el mobiliario urbano, monumentos y edificios históricos, sucursales bancarias y otros negocios, como por el saqueo de comercios. No marchaban en protesta por la agresión que suelen cometer los policías en México y otras partes del mundo. Ni en apoyo del movimiento antirracista que por doquier cosecha solidaridad. Simplemente se dedicaron a destruir lo que encontraban a su paso; a agredir reporteros y a personas que les reclamaban su violencia. Y, además, a burlarse de los agentes del orden ubicados en sitios emblemáticos para defenderlos de la destrucción.

Tras el recorrido, losanarcosse dispersaron en medio de la impunidad total. No fueron bien recibidas las explicaciones que dio la jefa de Gobierno para justificar la pasividad de los uniformados. En ocasiones, grupos ultra buscan la intervención de la fuerza pública para luego denunciarla por violar los derechos humanos y utilizar métodos violentos contra los manifestantes. En esa trampa, por fortuna, no han caído las instancias de seguridad citadinas.

Pero el lunes pasado, y con tantos antecedentes sobre cómo actúan losanarcos, la policía bien pudo establecer un protocolo de protección para evitar la violencia y destrucción que ocasionaban y detenerlos. No lo hizo porque sus mandos ordenaron no intervenir. Esto desató el malestar entre varios integrantes de la fuerza pública, mudos testigos de lo que sucedía. Y como en ocasiones anteriores, las autoridades pidieron a los dueños de los negocios afectados levantar las denuncias correspondientes. ¿Quién pagará los 100 millones de pesos que perdieron?

Se supone que la policía capitalina cuenta con un aparato de inteligencia para detectar y neutralizar a los que tomaron ya la ciudad como su coto de violencia y, en su caso, quien o quienes los patrocinan. De tenerlo, ha fallado dejando a la ciudadanía en manos de un pequeño y peligroso grupo. ¿Hasta cuándo?

La pandemia y otros problemas en el litoral mexicano

Iván Restrepo

El coronavirus causa en el Caribe mexicano más daños que los huracanes. Esa región es el principal destino turístico del país y América Latina. Cuenta con más de 110 mil cuartos de hotel en Cancún y en la Riviera Maya, los 120 kilómetros que hay entre dicha ciudad y Tulum. Millones de viajeros procedentes de numerosos países llegan vía el aeropuerto de Cancún, el segundo más importante de México. También arriban a Quintana Roo decenas de miles de mexicanos que igualmente aprovechan la belleza del paisaje y la herencia cultural que existe en la península de Yucatán: Chichén Itzá, Tulum, Cobá, Uxmal, Calakmul, entre otros sitios ­emblemáticos.

Los litorales del Pacífico igualmente sufren por la pandemia: Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo, Puerto Vallarta, la costa de Nayarit, Mazatlán, Los Cabos, La Paz y otros lugares del golfo de California; Huatulco y Puerto Escondido, en Oaxaca. Decenas de miles de personas están desempleadas. Los más afectados por la falta de trabajo son los migrantes de Chiapas y Guerrero, por ejemplo, que se ocupan como albañiles en los complejos hoteleros y los condominios de lujo en construcción en los polos turísticos. La reactivación del sector no será pronto. Miguel Torruco, secretario de Turismo, sostiene que serán los viajeros mexicanos los que primero la hagan, pues los del exterior llegarán en diciembre. Es este mes y hasta principios de mayo la temporada de más visitantes. Le sigue julio y agosto por las vacaciones escolares en México y otras partes del mundo.

La pandemia obligará a cambiar el modelo actual de turismo. Así lo prevén las líneas aéreas, los sistemas de control en los aeropuertos y en los hoteles y demás servicios ligados a esa importante actividad. En el caso de México, es el mejor momento para terminar con el crecimiento anárquico que impera en las áreas costeras. Comenzando por buscar la consolidación y el crecimiento sostenible de los principales polos turísticos, así como de los nuevos desarrollos hoteleros y de vivienda de alto nivel económico en, por ejemplo, Jalisco y Nayarit.

Es un problema que ahora reconoce el Fondo Nacional de Turismo ­(Fonatur), responsable de la ocupación anárquica del litoral por el gran capital ligado al turismo. En febrero pasado, Rogelio Jiménez Pons, titular de esa dependencia, dijo que solicitó al ayuntamiento de Cancún no autorizar nuevas construcciones, pues complicarían el abasto de los servicios públicos en esa ciudad. Agregó que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales revisaría la densidad de construcciones en la zona turística en la cual se pretende edificar dos complejos hoteleros muy cuestionados: Grand Island y Rivera Cancún, a los que se oponen numerosos grupos de la sociedad local y del país.

También es oportunidad para terminar con la privatización de las playas, a cargo de hoteles, casas y condominios lujosos. En febrero pasado, la policía turística de Playa del Carmen detuvo y vejó a dos jóvenes por sentarse en la playa del negocio Mamita’s Beach Club. La protesta ciudadana fue tal que llegó a la propia Cámara de Diputados, la cual condenó el hecho y reiteró la no privatización de los lugares públicos del litoral.

Por su parte, el gobierno federal ­reiteró el libre acceso y tránsito por las playas del país.

Y más urgente es revisar la actual legislación sobre la Zona Marítima Federal Terrestre, los 20 metros que van tierra adentro desde donde rompen las olas del mar. En numerosas ocasiones he alertado sobre la necesidad de ampliarla, ante los efectos del calentamiento global que incluye al planeta azul, cuya temperatura aumenta. Y como resultado, las olas penetran cada vez más en tierra firme. Por eso, y por los cambios de corrientes marinas, Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen y otros lugares del principal polo turístico nacional perdieron sus playas. Se gastaron decenas de millones de pesos en crear playas artificiales. Pronto se las llevaron las olas, que siguen avanzando tierra adentro, lo cual también es visible en el sur de Tabasco.

La tormenta tropical Cristóbal, que recién azotó Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, es un aviso más de la necesidad de ampliar dicha zona marítima. Una tarea pendiente por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Sería imperdonable que en el gobierno de la 4T y con un Congreso con mayoría del partido Morena y sus aliados no se hiciera. Y casi se me olvida: Cristóbal inundó terrenos donde se construye Dos Bocas, refinería emblema de la actual administración. También ocurrió lo mismo, pero en mayor medida, en octubre pasado.

Los marginados de las energías limpias

Iván Restrepo

El 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por el que se busca garantizar la eficiencia, calidad confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Por dicho acuerdo se suspendieron las pruebas preoperativas de las centrales fotovoltaicas y eólicas privadas. Y quedó sin efecto la autorización para establecer nuevas. El motivo: disminución del consumo eléctrico debido al coronavirus y porque la generación intermitente de las centrales eléctricas eólicas y fotovoltaicas privadas afectan la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

La reacción no se hizo esperar por parte de los inversionistas afectados, las agrupaciones empresariales, los embajadores de Canadá y la Unión Europea, siete gobernadores del norte del país, ambientalistas y expertos en el tema. Alegan que esa medida frena la futura inversión privada en energías limpias (más de 7 mil millones de dólares), se dejan de crear miles de empleos, la posibilidad de generar energía a menor precio y se privilegia a las centrales de combustibles fósiles. Además, no contó con el análisis de impacto regulatorio dela Comisión de Mejora Regulatoria. César Hernández, titular de esta dependencia, renunció a su cargo cuando se publicó en el DOF el acuerdo. Contra éste 23 empresas de energía limpia lograron el amparo de la justicia y podrán iniciar sus trabajos.

Desde frentes oficiales se respondió a los críticos. El presidente López Obrador recordó que corresponde a la nación la planeación y control del sistema eléctrico y el servicio público de transmisión y distribución; que en el pasado se otorgó a particulares la mitad de dicho sistema mediante contratos leoninos, sucios marginando del mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Pemex; que los funcionarios que los aprobaron fueron retribuidos después con cargos en los consorcios privados.

Manuel Bartlett, el muy polémico director de la CFE, dijo haber presentado recursos ante la Comisión Reguladora de Energía, a fin de terminar la simulación y el fraude en que incurren las generadoras privadas, como Iberdrola, Enel, American Light, Acciona, Interge Soluciones, Tractebel, Bravos Generación. Afirma que no pagan el transporte de luz. Y que cometen ilícito al presentar como socias a empresas que son sus clientes, como Grupo Salinas, Oxxo, Walmart, Soriana, Nissan, Cemex, Liverpool, Peñoles, Kimberly Clark, Movistar y Cinépolis. Reveló que el anterior director, Enrique Ochoa Reza (luego presidente del PRI), le dijo al dejar su cargo que se necesitaba invertir 100 mil millones de pesos en la red nacional a fin de darle cabida a la iniciativa privada. Bartlett se dice partidario de las energías limpias, pero sin subsidio público ni en perjuicio de la CFE.

Sobre esto último, la CFE reveló que al amparo de un entramado legal establecido en los sexenios anteriores, las empresas energéticas privadas y algunas sociedades ficticias se benefician millonariamente, al no pagar por usar las líneas de transmisión de la CFE vía tarifas subsidiadas. Esto cuesta cada año a la paraestatal 45 mil millones de pesos. Los empresarios aseguran que sí pagan, pero la Auditoría Superior de la Federación sostiene que los precios de adquisición de las energías privadas por la CFE son desfavorables para la paraestatal.

Mientras Carlos Salazar Lomelí, polémico líder del Consejo Coordinador Empresarial, asegura que el conflicto entre el gobierno y los negocios de energía limpia se podría haber arreglado alrededor de una mesa de gente... ya no digo inteligente, razonablemente inteligente, se ignora la opinión de las comunidades afectadas en sus tierras por los más de 300 parques eólicos y solares existentes. Indígenas y ejidatarios llevan tres lustros denunciando los daños que le ocasionan al ambiente y a su entorno socioeconómico. La inmensa mayoría de las veces no fueron consultados para establecerlos, y con incumplidas promesas de apoyo económico, cedieron sus tierras para instalar los complejos energéticos.

Los desprotegidos del campo están, como en muchos rubros, ausentes cuando se toman decisiones que los afectan. Si el lema de la actual administración es primero los pobres, debe demostrarlo con las nuevas reglas que establecerá en el campo de la energía renovable.

Energías limpias para bien de la nación

Iván Restrepo

En las últimas semanas se comprobó cuánta razón tenían los especialistas que hace 40 años pedían al gobierno apoyo para impulsar en México las energías limpias. Entendían que los hidrocarburos y las hidroeléctricas cubrirían por largo tiempo la demanda de energéticos. Pero los primeros se agotarían y afectaban al ambiente y la salud pública. Y los enormes embalses de las hidroeléctricas se azolvaban con la tierra de la erosión de las cuencas hidrográficas.

Como expuse el lunes pasado, a fines de 1979 la comunidad científica solicitó apoyo oficial para ahondar en sus proyectos de energías renovables. Lo hizo vía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Habían demostrado, por ejemplo, que eran la mejor solución para casi una cuarta parte de la población del país, carente de electricidad en sus hogares y labores agropecuarias. También, ser ventajosa para las ciudades y la industria.

A la primera reunión celebrada sobre el tema en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco (1977), asistieron especialistas de universidades públicas y privadas, del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el más importante en dicha materia, y de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP). Un año después, hubo otra más trascendente convocada por el Centro de Ecodesarrollo (Cocodes) y el IIE. Se realizó en la sede de este último, ubicada en Palmira, estado de Morelos. Asistieron 100 especialistas de 30 instituciones de investigación de México y el exterior.

Las conclusiones de ambas reuniones mostraron que México tiene todas las condiciones para establecer energías alternas, comenzando por la solar, pues el país se ubica dentro del cinturón de insolación anual máxima del planeta. Igual en cuanto al viento y cientos de corrientes de agua para producir energía a pequeña escala y sin dañar el ambiente. Y biogás en miles de comunidades pequeñas, aprovechando la biomasa, abundante pero desaprovechada.

Los especialistas de los institutos de Ingeniería, Geofísica, de Materiales y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Centro de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional; las universidades Autónoma Metropolitana y de Michoacán; el Tecnológico de Monterrey, la SAHOP, varias organizaciones de la sociedad civil y el IIE exhibieron los diseños ya probados en campo para aprovechar la radiación solar, el viento, las pequeñas corrientes de agua; para obtener biogás. Virtualmente todos tenían en cuenta los logros alcanzados en otros países. En el libro La energía solar en México, los antropólogos Alfonso Castellanos y Margarita Escobedo expusieron la situación y perspectivas de las energías limpias en el territorio nacional.

En esa publicación los especialistas concuerdan en que el Estado debía impulsar y regular la producción de esas energías, sin descartar la intervención de la iniciativa privada. Mas los últimos tres sexenios se hizo lo contrario: entregarlas (en especial la solar y eólica) a trasnacionales con innumerables apoyos y contratos no pocas veces fruto de la corrupción. A la par se desmantelaba la Comisión Federal de Electricidad, convirtiéndola en compradora de la energía de las trasnacionales y grupos privados locales.

De colofón: enriquecimiento de sus directivos y contratistas. Algunos de quienes favorecieron a las trasnacionales, al dejar sus cargos se convirtieron en sus consejeros. Como el ex presidente Felipe Calderón, en Avangrid, filial de la española Iberdrola, principal productora privada de electricidad en México con plantas de ciclos combinados, cogeneración, eólicos y solares. Georgina Kessel, secretaria de Energía en el sexenio de Calderón, también terminó cobrando en Iberdrola. Antes presidió la Comisión Reguladora de Energía. ¿Pago por favores recibidos?

Para terminar con esas irregularidades, el gobierno federal recién publicó un acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. Pero lo hizo con gran torpeza, dando a entender su desinterés por las energías renovables, paralizar obras en construcción e incumplir acuerdos internacionales de protección al ­ambiente.

Pronto rectificó. Ahora urge conocer las medidas para impulsar dichas energías en bien de la nación, y especialmente de las comunidades agrarias donde se ubican, por ejemplo, los parques solares y eólicos del sector privado.

Energías renovables: oportunidad perdida

La Jornada

Iván Restrepo

En octubre de 1979, como director del Centro de Ecodesarrollo (Cecodes), visité en su despacho al licenciado Miguel de la Madrid, secretario de Programación y Presupuesto. La cita fue posible gracias al ingeniero Fernando Hiriart, funcionario de reconocido prestigio, luego de explicarle el interés de un amplio grupo de investigadores por establecer un programa nacional de energías renovables (solar, eólica, marina, geotérmica, de biomasa) y convertirlas en alternativas al uso del petróleo y sus derivados.

El ingeniero Hiriart había escuchado con interés mis planteamientos, pues beneficiarían a miles de pueblos muy pequeños y dispersos en el territorio nacional, igualmente a fin de contar con sistemas tecnológicos nacionales en dicho campo y no depender de proveedores extranjeros. Por ejemplo, de los países europeos donde empresas apoyadas por el sector público fabricaban modelos para generarlas. Aunque él era partidario de obtenerla vía grandes hidroeléctricas, los hidrocarburos y/o las centrales nucleares, no descartaba, a futuro, las fuentes no contaminantes.

Quien después sería presidente de la República atendió con amabilidad mis argumentos en pro del mencionado plan y por estar a cargo de instituciones prestigiosas. Me sugirió que lo coordinara el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuyo director era el doctor Edmundo Flores. Sería la instancia para solicitar los recursos para los trabajos de investigación.

Informé de lo anterior al doctor Flores, mi amigo desde los años 60 y excelente profesor de Economía Agrícola en la UNAM. Me pidió que elaborara la propuesta para lograr el apoyo financiero del gobierno.

Así lo hice con la participación de especialistas de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Eléctricas y grupos sociales con experiencia en el manejo de energías alternas. En la propuesta se destacaba que no tenían energía eléctrica unas 80 mil localidades con poblaciones menores a 500 habitantes cada una. Suministrarles dicho servicio era muy costoso por mal comunicadas y alejadas de las líneas de distribución. La inmensa mayoría tenían el carbón y la leña como energéticos, lo que causaba severos daños al ambiente por la deforestación y a la salud de las familias por las partículas y el humo frutos de la cocción de alimentos. Las más afectadas eran las mujeres, según estudios del Instituto Nacional de la Nutrición.

Además, en la mayor parte de esas comunidades rurales se requería aumentar las cosechas y conservarlas, en especial de maíz, frijol y calabaza, a la par que satisfacer sus necesidades sociales. Se estimaba que por fallas en el secado de las cosechas de maíz para consumo futuro se perdían al año 1.5 millones de toneladas, equivalentes a 15 por ciento de la producción nacional.

Para brindar energía no convencional en el medio rural y también en las ciudades, había en el país instituciones de investigación con diseños técnica y socialmente adaptables a demandas específicas. En el caso del medio rural, la ventaja era que en él había una larga tradición de trabajo comunal. Esos diseños –algunos ya probados en campo– aprovechaban las energías no convencionales, mas no existía apoyo suficiente para perfeccionarlos y hacerlos accesibles.

Todo indicaba que tendríamos éxito en la propuesta hecha a través del Conacyt. No fue así. El doctor Flores me informó que el gobierno federal tenía un programa de energías alternas. Y uno solar apoyado por el gobierno alemán. Lo dirigía un personaje que cuando visitaba al presidente de la República de entonces, lo dejaba con la boca abierta largo tiempo. No por su sapiencia. Era su dentista. Y como cereza del pastel, el desafío mayor de México era administrar la riqueza que nos proporcionaban los yacimientos de petróleo descubiertos en la Sonda de Campeche.

El director del Conacyt no compartió del todo esa postura y apoyó las reuniones para que la comunidad científica intercambiara experiencias sobre energías no convencionales. Pero México perdió la oportunidad de ser punto de referencia en esa materia, hoy en poder de trasnacionales. Optó por el petróleo, sus derivados y el carbón. Los frutos negativos están a la vista. Escribiré sobre eso el lunes próximo.