3/21/2008

La Prensa desde México en Viernes Santo...


PORTADAS EL UNIVERSAL: EN VILO, ELECCIÓN DEL LÍDER EN PRD EXCÉLSIOR: VENDÍAN CURSO DE LAS FARC MILENIO: VE NÚÑEZ ACTOS DELICTIVOS EN ELECCIÓN DEL PRD LA JORNADA: HAY UNA “PROFUNDA CRISIS” EN EL PRD, ADVIERTE ARTURO NÚÑEZ LA CRÓNICA: ELECCION VA HACIA EL TRIFE, ADMITE ÁRBITRO DEL PRD
Por unafuente.com
EL UNIVERSAL:
EN VILO, ELECCIÓN DE LÍDER EN PRDEl proceso para renovar la dirigencia nacional del PRD se encuentra en vilo por el nivel al que llegaron las prácticas irregulares registradas el domingo y días posteriores. El presidente de la Comisión Técnica Electoral del partido, Arturo Núñez, reconoció “lamentablemente” que el registro de comportamientos indebidos crece cada vez más. El funcionario informó que cuentan con indicios de que en algunos estados hubo manos externas metidas en el proceso. VER NOTA COMPLETA


EXCÉLSIOR: VENDÍAN CURSO DE LAS FARCEstudiantes del Núcleo Mexicano de Apoyo a las FARC que fallecieron en Ecuador, el pasado primero de marzo en un ataque del ejército colombiano, promovían un documental sobre el entrenamiento que recibe una joven en un campamento de ese grupo guerrillero, en Colombia, y que tiene semejanzas con lo que ellos mismos vivieron. VER NOTA COMPLETA


MILENIO:VE NÚÑEZ ACTOS DELICTIVOS EN ELECCIÓN DEL PRDEl árbitro de la contienda interna del PRD, Arturo Núñez, advirtió que en la recta final del proceso “lamentablemente cada vez hay más comportamientos indebidos”. “Es una vergüenza para el PRD que haya militantes que incurran en ese tipo de acciones, aunque también tenemos indicios de que hay metidas manos externas. “Eso no exime que haya militantes perredistas que se presten a esas prácticas y conductas indebidas (…) que ya no son competencia de la autoridad electoral del PRD ni de la autoridad constitucional, sino del Ministerio Público”, agregó. VER NOTA COMPLETA


LA JORNADA:HAY UNA “PROFUNDA CRISIS” EN EL PRD, ADVIERTE ARTURO NÚÑEZEl senador Arturo Núñez admitió que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) “está en una profunda crisis” y consideró que la elección para dirigente nacional “es prueba clarísima de ello”. Núñez, quien forma parte del Comité Técnico Electoral (CTE), evaluó que es urgente que el PRD revise todo su sistema de convivencia interna, y afirmó que al menos un gobernador priísta tuvo injerencia en el proceso, aunque no quiso señalar directamente quién. VER NOTA COMPLETA


LA CRÓNICA:ELECCIÓN VA HACIA EL TRIFE, ADMITE ÁRBITRO DEL PRDEl presidente del Comité Técnico Electoral del PRD, Arturo Núñez, acusó que el proceso para renovar la dirigencia nacional del sol azteca “es una vergüenza” y advirtió que la elección va camino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde -sostuvo- “nosotros no vamos a defender lo que no se puede defender”. VER NOTA COMPLETA




La Jornada


Familiares de jóvenes muertos en Ecuador exigen un pronunciamiento de Calderón
■ Critican silencio de Presidente y legisladores ante la agresión de Colombia a los connacionales
Georgina Saldierna y Triunfo Elizalde

Familiares de los cuatro mexicanos fallecidos en Ecuador durante un bombardeo a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) demandaron ayer al gobierno de Felipe Calderón que se pronuncie sobre la muerte de estos jóvenes, “ya sea en favor o en contra, pero que declare públicamente su posición sobre este crimen cometido por la administración de Álvaro Uribe”.
Indignados, criticaron que la mayoría de los medios de comunicación de México han tratado de criminalizar a los estudiantes y de hacerlos pasar como guerrilleros o violentos, cuando en realidad se trataba de alumnos de excelencia.
Recién llegados de Quito con las urnas que contienen las cenizas de los connacionales, Marcelo y Jorge Franco, Álvaro González, Rita del Castillo, Javier Velázquez y Ana María Ramírez, familiares de Fernando Franco, Juan González y Verónica Natalia Velázquez, dieron ayer una conferencia de prensa en la que consideraron que el gobierno mexicano no ha querido pronunciarse sobre el tema porque no quiere comprometerse.
El argumento que ha utilizado para no fijar su postura es que carece de información oficial y que no tiene pruebas de lo que sucedió en el campamento atacado por el ejército colombiano, explicaron.
Para que las autoridades mexicanas dejen de lado tal posición, informaron que el pasado 13 de marzo enviaron al presidente Felipe Calderón una carta en la que le exigen que condene el asesinato de los universitarios, quienes fueron víctimas inocentes.
En la misiva señalan que la obligación del Estado mexicano es respetar y hacer respetar el derecho a la vida, como especifica la Constitución, no importa dónde se encuentren sus ciudadanos.
Los familiares de los universitarios llegaron alrededor de las 13:30 horas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el vuelo 072 de Avianca, procedente de Bogotá, Colombia. Parientes y amigos de los estudiantes los esperaban en una de las salidas internacionales.
Ataviados de blanco, portaban palomas de cartón con listones que llevaban los nombres de cada uno de los jóvenes que murieron en la región de Sucumbíos. Junto a ellos estaba el director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ambrosio Velasco, quien acudió para manifestar el respaldo de la institución.
Además de ellos, decenas de camarógrafos, fotógrafos y reporteros aguardaron la llegada de los familiares, quienes tras ser detenidos de manera inexplicable por autoridades de sanidad, asomaron por la sala internacional. De inmediato buscaron acercarse a los representantes de los medios de comunicación, pero la desorganización derivó en un forcejeo entre reporteros, los elementos de seguridad y los recién llegados.
Entre los empujones, un camarógrafo de TvCable recibió un golpe en la frente que le provocó un ligero sangrado. Molestos, los jóvenes que también esperaban empezaron a gritar: ¡fuera prensa!, ¡fuera prensa! La promesa de que más tarde se realizaría una conferencia hizo que los ánimos se calmaran.
En dicha conferencia, los familiares de los cuatro connacionales manifestaron tristeza no sólo por el fallecimiento de sus hijos y hermanos, sino también porque ningún legislador o personaje de la vida pública ha querido referirse a un tema tan espinoso como el asesinato de los universitarios a manos de tropas colombianas.
Resaltaron que sólo eran estudiantes que acudieron a un congreso y realizaban una investigación; reiteraron que tenían pocas horas de haber llegado al campamento de la FARC y que una prueba de que no militaban en el grupo guerrillero es que sus cadáveres fueron encontrados con vestimenta de civil. En este contexto, se presentó una fotografía de Lucía Morett al momento de ser encontrada por los militares ecuatorianos. En la placa luce pants y una camiseta azul.
Marcelo Franco, padre de Fernando, criticó agriamente a quienes han tratado de criminalizar a los universitarios; en especial se refirió a Jorge Castañeda, quien puntualizó que los jóvenes sabían a dónde iban y con quiénes iban y, por tanto, se debía aceptar las consecuencias de su presencia en el campamento.
Dijo que cuando “este seudo intelectual se retrataba con los altos jefes de la izquierda y de la guerrilla, no era un guerrillero o un terrorista. Pero ahora, como es un servil, critica a nuestros hijos”, puntualizó. Advirtió que no quedará impune el crimen cometido contra los universitarios, y como si el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, estuviera presente, agregó: te las vas a ver con todo el pueblo de México, porque lo que hiciste fue un crimen. No te vamos a perdonar. La lucha apenas empieza.
Al Ejecutivo mexicano le dijo que es cómplice por no pronunciarse contra la muerte de los estudiantes, y resaltó que su actuación será juzgada por la historia.
En la rueda de prensa donde destacaron las urnas con las cenizas de los universitarios, se dio a conocer que este viernes llegarán los familiares de Soren Ulises Ávila, y la próxima semana se realizarán movilizaciones en la UNAM y frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores.


Los emos, blanco del conservadurismo
La campaña de linchamiento se fomenta incluso desde el poder, afirman estudiosos
Rosa Elvira Vargas y Emir Olivares


Las recientes agresiones físicas y verbales –en sus lugares de reunión y estudio, a través del Internet o en la calle– contra los jóvenes que se identifican como parte del movimiento emo, trascienden la habitual rivalidad de quienes conforman las numerosas expresiones de las llamadas subculturas urbanas, que se identifican por una amplia gama de preferencias musicales y modas.
Para estudiosos de los fenómenos juveniles, la violencia hacia los emos es resultado de un conservadurismo violento, fomentado incluso desde el poder, ante la falta de expectativas laborales y educativas.
“Los emos, querámoslo o no, son una nueva generación, pero no creo que sean los anarco-punk ni los darkis quienes los agreden. Lo que veo es una connotación muy conservadora, el objetivo deliberado es dividirlos, porque no les pueden ofrecer expectativas de futuro”, plantea Ignacio Pineda, coordinador del Foro Cultural Alicia, espacio de convergencia de numerosos grupos juveniles.
Emo proviene del vocablo anglo emotion, y quienes ahí se ubican aseguran ser depresivos, melancólicos y bipolares. Surgen a partir de alguna música de los años 80 a la que definen como una ramificación del hardcore y hacen suyo el llamado punk-rock, que es menos duro que el de los anarquistas reivindicados como tales.
Hace cuatro años surgió un nuevo estilo emo, “que nada tiene que ver con el de los años 80. El actual es un rollo más comercial que empezó con clasemedieros, pero se ha popularizado”, dice Pineda.
Pero ante todo, puntualiza que “nada justifica la violencia contra estos chavos”.
Édgar Morín, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que a diferencia de otros grupos de jóvenes, los emos aún no realizan producción cultural. “Es un estilo juvenil que se caracteriza por una estética con mezclas de lo punk y lo dark, pero que al final son reapropiaciones de movimientos que se generaron en otro país”.
Tanto los emos como quienes a diario conviven con todas las corrientes juveniles, afirman que la violencia proviene de pousers, esto es, gente que se dice punks o darketos, pero que al final “son pose” y sólo están en esos movimientos por moda.
“El odio en México contra los emos significa un crecimiento del conservadurismo. La violencia entre diversos grupos juveniles no es nueva, siempre ha existido, pero ahora se ha vuelto masiva. Esta campaña es peligrosa y puede crecer y seguirse por ejemplo contra los negros, los gays, las mujeres... Al gobierno le conviene tener más jóvenes divididos que críticos y demandantes”, señala Pineda.
Y Morín subraya que los niveles de frustración e ira están creciendo en el país y “de repente se busca no quién me la hizo, sino quién la pague. En América Latina hay casi 30 millones de jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar ni trabajar, y su lógica, más por considerarlo sobrevivencia que crimen, se inclina hacia el narcomenudeo, la piratería o el contrabando. Mientras el Estado no empiece a solucionar el problema del empleo y la educación habrá más conflictos”.
El antropólogo coincide que la violencia juvenil no es nueva, e inclusive se da más entre las porras de equipos de futbol. Sin embargo lo nuevo es llamar a una campaña de linchamiento contra los emo a través de sitios como Internet. “Es algo así como violencia organizada; ya no son las banditas que se madrean como en la época de los Panchitos en los 70”.
Subraya que en la sociedad mexicana, obsesionada con la apariencia, racista y de doble moral, las agresiones contra los emo “son sólo un reflejo de la intolerancia que se agudizó con el pasado proceso electoral”. Además, en un mundo violento ser emotivo no es bien visto porque “aquí sólo sobreviven los fuertes”.
El estilo emo es andrógino: pantalones oscuros entallados, camisetas y sudaderas de colores llamativos como rosa o morado; pueden usar hasta dos cinturones. De las presillas les cuelgan cadenas y pequeños muñecos de peluche. Usan el cabello en forma de crepe. Se infringen cortes con navajas y se dicen incomprendidos.


Astillero
Julio Hernández López Fax: 5605-2099 •
juliohdz@jornada.com.mx
■ Anular
■ Cada vez peor, el proceso del PRD
■ Sostenerlo acrecienta costos
■ El colmo: recurrir al TEPJF

Pasmados, sin reflejos políticos a la altura de su crisis, el PRD y los dos principales aspirantes a presidirlo se niegan a aceptar que el proceso electoral interno se derrumbó y que entre más se tarden en declarar la quiebra más costos institucionales y personales habrán de pagar. Incluso, en el colmo de la impericia política, y dado que los contendientes Encinas y Ortega se aferran a la posibilidad de ser beneficiados con un triunfo pírrico, y que el aparato institucional perredista parece incapaz de anular las mencionadas elecciones internas, se anuncia por parte de Nueva Izquierda, y del árbitro de origen salinista, Arturo Nugalde, la posibilidad de que sea el manliofílico tribunal electoral federal el ente que tome la decisión final sobre el cochinero del sol azteca que cada día añade impensados episodios de delincuencia organizada básica (asaltos a autobuses donde se transportaría papelería electoral; robo descontonero, al estilo de los raterillos en los mercados, de maletas o portafolios con documentos comprometedores; vehículos transportadores de valores electorales que son custodiados por escoltas en prevención de atracos…).
Así como Juan Carlos Mouriño es un muerto político que pretende dárselas de vivo, la elección perredista de dirigente nacional es un proceso de funeraria política aunque sus administradores pretendan aparentar que hay fases pendientes y desenlaces por llegar. Ni Encinas ni Ortega podrán ejercer la dirigencia formal del PRD en condiciones que les permitan desarrollar sus programas y convicciones. Sólo les quedaría, en un acto supremo de engaño colectivo, llegar a los tradicionales arreglos y repartos que están en la base de la mercantilización histórica del perredismo.
Por lo demás, el tal proceso electoral interno ha reportado las peores consecuencias para el PRD: el Tribunal del Santo Oficio Televisivo ha condenado a la hoguera a los perredistas peleoneros y transas (con dedicatoria posdatada a los cercos y bloqueos en defensa del petróleo) y se ha instalado con toda intención el argumento de convalidación del fraude electoral de 2006 al tachar a un partido sabidamente antidemocrático, e infiltrado por el calderonismo, de vicios y aberraciones que según eso descalificarían las acusaciones de fraude presidencial que, en realidad, han sido sostenidas no por el mencionado PRD sino por un movimiento social amplio, marcadamente ajeno a la vida interna del perredismo, que ha avanzado y se ha sostenido a pesar de ese partido y en contra de algunos de sus dirigentes, coordinadores o funcionarios cooptados. Lo vivido hasta ahora ha dado armas a los adversarios de la izquierda para ridiculizar su actual vía crucis electoral, al contrastarlo con las acusaciones estridentes de 2006. Ya se bendijeron las encuestas de opinión, los conteos rápidos, los resultados preliminares, las caídas del sistema, las negativas al voto por voto y, ahora, porque los candidatos no declinan ni el PRD anula el proceso, se legitimará la actuación del tribunal electoral que con otros integrantes, pero las mismas mañas y sumisión, acabará anulando el proceso electoral perredista o instalando una irónica presidencia partidista de 0.56 o porcentajes parecidos.
Astillas
Emma Maldonado dice que “algunas veces estoy de acuerdo contigo y en otras no, sobre todo cuando atacas a AMLO, y no tanto porque no tengas razón, que la mayor parte de las veces estás en lo cierto. Pero, dime, con tantos ‘columnistas pensantes’, ¿qué necesidad hay de que tú también lo ataques? (…) Pero en realidad te escribía para comentarte acerca de la carta de Avelar. ¿No sentiste que la piel se te enchinaba al leer sus comentarios? Acertados o no, es lo que nos ha pasado a lo largo del tiempo, ¿no? Las peores corruptelas exhibidas y luego… no pasa nada”… Álvaro Aldama y Luebbert propone leer “la correspondencia de los hermanos Serdán en los momentos que precedieron la Revolución que costó al país el cinco por ciento de su población, más el crecimiento. En una carta, Aquiles Serdán comentaba que muchos pensaban que los mexicanos no teníamos valor para cambiar las cosas (palabras más, palabras menos), y ya ve lo que ocurrió. Vamos a cambiar las cosas, y no necesariamente sacrificando nuevamente al cinco por ciento de nuestra población”… Saúl Díaz comenta, desde el sureste del país, que “el lamentable proceso que vive la izquierda hoy hace pensar que si los chuchos con sus porquerías se hacen del control del PRD, que espero que no, lo mejor para el presidente legítimo sería aconsejar a la facción perdedora formar otro partido de izquierda joven, y que se someta a un proceso más democrático, dejando al PRD en el lugar que quiere tomar, el de palero. Todavía hay tiempo para un nuevo partido, que probablemente uniría a la gente cansada y decepcionada del papel de alcahuetes del PRD”… Hugo Valencia, desde Coatzacoalcos, critica las posturas “de conformismo ante lo que sucede en México, de actitud ‘responsable’ para tener una vida social complaciente”, pues lo que se pretende así es aplicar la tesis de que “si no puedes con tu enemigo, no te desgastes en combatirlo, mejor únete a él y vive tranquilo, aunque sin dignidad, al cabo que ésta tiene valor pragmático y es perfectamente olvidable”… Francisco Lizárraga Ochoa señala, desde Mexicali, que “el movimiento que encabeza López Obrador debe atreverse a marchar separado y distante del aparato burocrático que ha rebasado todas las expectativas de descrédito con sus comicios internos. Si AMLO quiere mantener viva la llama de la esperanza, hasta concretar un nuevo partido que sea eje de las luchas sociales y electorales, tiene que distanciarse de quienes asumieron la misión de impedir el desarrollo político del perredismo. Éste, como está, no tiene remedio. Y padece una enfermedad contagiosa, porque acá, en Baja California, los famosos chuchos juegan a ‘cogobernar’ con el PAN, y en cada acción documentan cínicamente sus corruptelas”… Y, mientras se recuerda en estos momentos difíciles a don Benito Juárez y entra la primavera, con su carga de alegría y fuerza, incluso para el combate cívico, ¡feliz fin de semana!


Exigen a Uribe entregar a 11 detenidos y evitar otro caso de desaparición forzada
El Comando Sur de EU dirigió la ofensiva colombiana en Ecuador, afirman las FARC

■ Rechazan que se haya encontrado una computadora de Reyes; “el bombardeo pulverizó todo”
Afp, Dpa y Pl

Caracas, 20 de marzo. El Comando Sur de Estados Unidos estuvo al frente de la operación contrainsurgente de las tropas colombianas contra el campamento rebelde en territorio ecuatoriano, ataque en el que murió el comandante Raúl Reyes, aseguraron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Calificaron de “chantaje” de Colombia el despliegue informativo contra los gobiernos de Ecuador y Venezuela, al descartar la veracidad del supuesto hallazgo de una computadora de Reyes porque, consideraron, “ni con blindaje especial hubiese podido resistir el bombardeo que pulverizó todo a su alrededor”.
En un comunicado difundido por la agencia ABN, con fecha del 14 de marzo, la dirigencia rebelde subrayó que con la operación de los estadunidenses y “sus subalternos colombianos”, Washington “está buscando cualquier pretexto para agredir a Venezuela y así robar el petróleo que no ha podido sustraer de Irak”.
La guerrilla, que insiste en la búsqueda de un acuerdo nacional que conduzca a la paz, exigió al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, que presente a 11 detenidos que reconoció tener en su poder ante su par ecuatoriano Rafael Correa, y evitar otro caso de desaparición forzada.
En otro comunicado, el grupo atribuyó a “infiltrados del ejército” el asesinato en la madrugada del 7 de marzo del comandante Iván Ríos, y dijo que el hecho de cortarle la mano derecha para presentarla como “trofeo” refleja la degradación de la guerra, según la macabra exigencia de los mandos militares de la “motosierra”, en alusión a múltiples denuncias de que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia emplean motosierras para asesinar a sus víctimas.
De su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, calificó de improcedente el reclamo de Colombia de “legítima defensa” para invadir Ecuador el primero de marzo. América Latina, dijo, respaldó a Ecuador para evitar violaciones a la soberanía de cualquier país.
En tanto, Colombia negó que una llamada telefónica de un emisario francés a Raúl Reyes, interceptada por la inteligencia, condujera a localizar y dar muerte al número dos de las FARC, como denunció ayer la senadora Piedad Córdoba.


México SA
Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mxcfv@prodigy.net.mx
■ Ni Bolivia ni Venezuela se “hicieron acompañar” por trasnacionales


El gobierno de Hugo Chávez ganó la primera partida legal a la Exxon Mobil, la cual recurrió a tribunales de terceros países que nada tienen que ver con sus negocios en Venezuela ni con la justicia de la nación sudamericana, para “recuperar utilidades” a todas luces inexistentes, de tal suerte que con esa resolución favorable se sienta un precedente en contra de las siempre ambiciosas cuan insaciables trasnacionales.
A la Exxon le disgustó que, en una decisión soberana, el gobierno venezolano cancelara su participación en varios proyectos relacionados con la explotación de hidrocarburos en la Franja del Orinoco, el “tesoro” de aquella nación. Originalmente la trasnacional, junto con otras de su talante (las estadunidenses Chevron Corporation y Conoco Phillips; la británica BP-PLC; la francesa Total y la noruega Statoil) obtuvieron de gobiernos anteriores en la década de los 90, en dicha zona productora, beneficios que constituían un verdadero atraco para los intereses de la nación sudamericana, pues a los consorcios se les permitía el pago de regalías al Estado de sólo uno por ciento de lo obtenido. Y eso si lo llegaban a pagar. Ahora deben pagar más de 33 por ciento por ese mismo concepto.
Hugo Chávez denunció tales convenios petroleros en mayo de 2007, los echó para atrás y retomó el control estatal en la Faja del Orinoco, una región con uno de los mayores depósitos de hidrocarburo del mundo, con cerca de 236 mil millones de barriles. Los convenios con las trasnacionales citadas fueron cancelados; todas negociaron y aceptaron los términos fijados por el gobierno venezolano, convirtiéndose así en socios minoritarios. Sólo Exxon Mobil y Conoco Phillips dijeron que no y amenazaron con recurrir a los “tribunales internacionales” en “países amigos” para resolver a su favor esta supuesta controversia.
Así, la Exxon fue la primera en moverse y a principios de febrero pasado obtuvo “varias órdenes judiciales internacionales para congelar hasta 12 mil millones de dólares en activos de Petróleos de Venezuela (la estatal PDVSA) en todo el mundo”, es decir, los dineros “reclamados por “lucro cesante” (utilidades proyectadas, pero no cosechadas). Tales mandatos fueron obsequiados por tribunales del Reino Unido, Holanda y las Antillas Holandesas, países y juzgados que nada tienen que ver con la relación comercial entre el gobierno venezolano y la trasnacional.
Poco más de un mes después, un juez de la Alta Corte de Justicia de Londres canceló la referida orden judicial por no tener jurisdicción ni competencia en el litigio promovido por Exxon, cerrando así el caso, no sin antes subrayar que la pretensión de la trasnacional estadunidense “no corresponde a la realidad”. Pendiente queda la resolución de “tribunales amigos” de Holanda y las Antillas Holandesas, pero sin duda el paso definitivo se dará en el seno del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial donde se dirimen demandas de esta naturaleza, mayoritariamente favorables a los consorcios privados.
Como lo comentamos en este espacio cuando se conoció que tres tribunales ajenos al conflicto obsequiaron las citadas “órdenes judiciales”, Exxon (que en 2007 obtuvo 40 mil millones de dólares en utilidades netas) exigió al gobierno venezolano una “indemnización” de 12 mil millones de dólares, por un negocio en el que invirtió 750 millones, monto 16 veces inferior al ahora reclamado ante la justicia de terceros países (ya sólo quedan dos).
Ante la decisión del gobierno venezolano de cancelar los contratos otorgados en la década de los 90, Exxon Mobil de inmediato recurrió al CIADI, un supuesto “árbitro” en las “controversias” entre gobiernos y empresas de este tipo, dependiente del siempre “amigable” Banco Mundial, controlado por Estados Unidos, para que le “devolvieran” el negocio o cuando menos PDVSA le pagara su “indemnización”, que estimó en 12 mil millones de dólares, cuando sus inversiones no superaron los 750 millones en la Faja Petrolífera del Orinoco.
La CIADI es un organismo que difícilmente falla favorablemente a los intereses de una nación. Por el contrario, su historial es rico en “acuerdos” que benefician a las trasnacionales (éstas han ganado 230 de 232 casos presentados), por mucho que sus exigencias sean verdaderamente descabelladas. De estos resolutivos Argentina los ha padecido todos, producto de la política privatizadora de Carlos Menem en los 90) y Bolivia no se queda atrás, porque al gobierno de Evo Morales le heredaron “reclamos” por “indemnización” como la estadunidense Bechtel Corporation, un consorcio que exigía una “compensación” por “lucro cesante” de 25 millones de dólares, con ganas de llegar a 100 millones, no obstante que su inversión real para el proyecto de agua en Cochabamba no superó el medio millón de dólares. Pero el gobierno de Evo no se doblegó y la trasnacional se quedó con las ganas de atracar a los bolivianos. Finalmente vendió en dos dólares todas sus acciones al gobierno del país sudamericano y el caso fue cerrado, y Bolivia dejó de ser miembro de la CIADI.
En este contexto, Exxon Mobil exige al gobierno venezolano una “indemnización” por 12 mil millones de dólares que en la “lógica” descrita se traduciría así: 750 millones por sus inversiones al momento de cancelar la concesión en la Franja del Orinoco, y 11 mil 250 millones por “lucro cesante”, es decir las utilidades que la trasnacional proyectó para los siguientes 20 años. Un asalto, por donde quiera verse.
Y en este nítido espejo deben reflejarse aquellos que buscan “hacerse acompañar” (Reyes Heroles, el junior, dixit) por trasnacionales en la aventura privatizadora del calderonismo.
Las rebanadas del pastel
Chin… ya no es negocio, hay que privatizarlo: “el precio de la mezcla mexicana de exportación reportó este miércoles 19 la caída más representativa del año” (de 91.51 a 86.71 dólares), difunden, alarmados, los medios oficiales. Qué miedo, hay que deshacerse del oro negro, porque la ganancia por barril ya es de sólo 82 dólares.


Víctor M. Quintana S.
La lucha de Armando Villarreal Martha
Pocas horas antes del asesinato de Armando Villarreal Martha hubo gran presencia y retenes de la policía federal en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua; pocas horas después, las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomenzaron a desconectar la corriente de muchos pozos agrícolas de ese municipio y del vecino Buenaventura. Que nadie se sorprenda, pues, de la leyenda garabateada en las decenas de tractores que acompañaron el multitudinario cortejo fúnebre el domingo 16: “Gobierno asesino”.
Los agricultores implacables a la hora de reconectar pozos, tomar instalaciones de la CFE y quemar tractores, ahora deambulan enfrente de la funeraria con la rabia contenida y los ojos llorosos. “El gobierno bien sabía que no podía someterlo”, “Era otro Pancho Villa, era un loco que a nada le tenía miedo”, comentan. Al rato, con la misma rabia se expresan de las tarifas eléctricas y del precio de los fertilizantes que en tres años se ha disparado de poco más de 3 mil a 8 mil pesos la tonelada.
La energía para el campo fue el centro de la lucha de Armando Villarreal desde 2001. Nadie comprendió y manejó mejor que él, entre todos los activistas rurales, el problema de este insumo estratégico para los pocos agricultores viables que ha dejado la política agropecuaria neoliberal: la energía eléctrica para riego agrícola, los combustibles, los fertilizantes, fueron temas recurrentes en sus ágiles y sorprendentes recorridos no sólo en la vastedad chihuahuense, sino hasta el centro y el sur del país, mismos que dieron origen a la organización Agrodinámica Nacional.
Gracias a su lucha, la Cámara de Diputados, ya presionada también por el movimiento El campo no aguanta más, aprobó desde noviembre de 2002 la famosa y nunca aplicada Ley de Energía para el Campo.
Cuando esta ley fue aprobada, Armando purgaba una condena de 18 meses en Ciudad Juárez, acusado de motín, lo que lo convirtió en el primer preso político del régimen foxista.
Ahora que se habla tanto de reforma energética, Villarreal fue quien más insistió en que el encarecimiento de los fertilizantes es consecuencia directa del cierre de plantas productoras de los mismos por parte de Pemex, como las plantas de Cosoleacaque y Camargo. Para él no se trata solamente de defender el petróleo, sino reconstruir la capacidad de la nación para producir agroquímicos: no hay soberanía alimentaria sin soberanía energética.
Las bases sociales de los movimientos que Armando dirigió no eran los típicos campesinos temporaleros: en su mayoría eran los agricultores de riego que alguna vez estuvieron capitalizados y que se debaten por seguir siendo viables en el contexto del libre comercio y las políticas neoliberales. Los que todavía dependen de la agricultura para la mayoría de su ingreso familiar. De ahí su gran disposición a la lucha y combatividad, que Villarreal supo captar muy bien y dirigir mejor.
En varios aspectos Armando discordó del grueso del movimiento campesino, al menos en Chihuahua: favoreció y demandó el cultivo de transgénicos; consideraba que no era tan importante demandar la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino hacer rentable al campo: defendió a productores que agotan los mantos acuíferos; entre sus representados en la lucha por tarifas justas de la CFE había algunos productores muy ricos, que, oportunistamente se colgaban del movimiento; no quiso unirse y acordar con los organizadores de la campaña Sin maíz no hay país…
Sin embargo, a la hora de la solidaridad, ahí estuvo Armando siempre, por encima de diferencias y rencillas. Hará un año en estos días que un dirigente del Frente Democrático Campesino fue encarcelado y se libraron órdenes de aprehensión contra otros cuatro. Al otro día, Villarreal bloqueó con tractores varias calles de Chihuahua para exigir su liberación.
Como toda persona, Armando tuvo sus claroscuros, pero en la percepción de los agricultores chihuahuenses, guanajuatenses, laguneros, zacatecanos que dirigió y de todos los que compartieron sus luchas, hay varias verdades: 1. Armando Villarreal fue un líder irreductible ante el gobierno, 2. Todas las luchas que encabezó fueron justas, 3. El gobierno le temía, pues en cualquier momento podía optar por métodos más radicales y mucha gente lo iba a seguir, 4. Armando representaba un dolor continuo de cabeza para el gobierno por su radicalismo en el fondo y en la forma. Por todo esto, el propio gobierno resulta para los campesinos el principal sospechoso del asesinato, al menos hasta que no aclare con satisfacción el crimen y castigue a los verdaderos responsables.
Estos días de bíblicos ventarrones no es el polvo lo que más recorre las llanuras chihuahuenses, es la demanda de justicia para Armando Villlarreal y la certeza de que no ha muerto, pues su lucha está más viva que nunca.


AGENCIA INFORMATIVA PULSAR

- PANORAMA DEL DIA - 2008-03-19


PERÚ-PROTESTA
Grupos campesinos continuarán con medidas contra Ley de la Selva
Manuel Contreras, representante del Frente de Defensa de la provincia de Chanchamayo, en la región peruana de Junín, aseguró que la población de la selva amazónica continuará con su rechazo a la llamada Ley de la Selva.
Audios disponibles:
Manuel Contreras. Representante del Frente de Defensa de la provincia de Chanchamayo. - 40 seg. (637 Kb.)
Rómulo Coronado. Presidente del Frente de Defensa de Ucayali. - 31 seg. (487 Kb.)
Notas relacionadas:
(07/03/2008)
Loreto rechaza "Ley de la Selva" en Perú

ARGENTINA-MAPUCHE
Desalojan comunidad mapuche en el sur de Argentina
La policía de la provincia argentina de Neuquén inició este miércoles el desalojo de la comunidad mapuche Paichil Antrio en la localidad de Villa La Angostura. La medida judicial desconoce la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena.

Audios disponibles:
Víctor, representante de la comunidad Paichil Antriao, durante el desalojo. - 2 min. 42 seg. (2,47 Kb.)


CHILE-DICTADURA
Justicia chilena condena a 24 ex carabineros por crímenes durante dictadura
La Corte de Apelaciones de Chile condenó este miércoles a veinticuatro ex carabineros por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura pinochetista. Fueron condenados por la masacre de 31 campesinos en Osorno, sur del país.


BRASIL–TRABAJO
Fiscales rescatan a 25 trabajadores en condiciones de esclavitud en Brasil
La fiscalización del Ministerio de Trabajo de Brasil rescató recientemente a 25 trabajadores que vivían en condiciones de esclavitud en el estado sureño Río Grande do Sul.


Titulares del 19 de marzo de 2007
Títulos de los principales diarios de Latinoamérica.
http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=12373


MÉXICO

Miles de personas se congregaron en el Zócalo capitalino para escuchar el discurso de Andrés Manuel López Obrador en defensa de la soberanía petroleraEl Universal: Calderón pide debatir la reforma energéticaReforma: Alista AMLO cerco al Poder LegislativoLa Jornada: Paros y cercos en defensa del petróleo: AMLOLa Crónica: Cárdenas pide diálogo para resolver reforma energética


VENEZUELA

El Superior Tribunal de Londres rechazó la solicitud de la empresa estadounidense de congelar preventivamente 12 mil millones de dólares de activos de la estatal Petróleos de Venezuelaabn: Pdvsa derrota al imperialismo en juicio de LondresEl Nacional: Juez británico anula la congelación de activos de Pdvsa2001: Gobierno venezolano pedirá a Exxon compensación por daños y perjuicios


PARAGUAY

El principal candidato opositor, Fernando Lugo, sospecha sobre la aparición de un nuevo grupo guerrillero al que lo vinculan directamente con su fórmula presidencialLa Nación: La Alianza cree que colorados manipulan a Carmen Villalba Última Hora: Luguismo levanta sospechas sobre Carmen Villalba y la ANR


BOLIVIA

La Asamblea Provisional Autonómica de Tarija aprobó el texto del Estatuto Autonómico que, el próximo 22 de junio de 2008 será sometido a un referéndum
El Diario: Tarija aprobó su estatuto y fijó fecha para referéndumLa Prensa: Tarija aprueba sus estatutos y un senador plantea la federalización


ARGENTINA

Sigue el paro del campo contra el anuncio de la suba en las retenciones al sectorClarín: No ingresaron animales a Liniers y se define hasta cuándo sigue el paro del campoLa Nación: Sin ingresos en Liniers, comenzó un nuevo día de paro en el campoPágina 12: “Los sojeros ganan más ahora que en diciembre”Infobae: Aseguran que el campo se niega a negociar


GUATEMALA

El vicepresidente Rafael Espada confirmó la versión de la Procuraduría de Derechos Humanos que sostiene que la muerte del campesino Mario Caal, fue a causa de golpesLa Hora: PDH supone muerte extrajudicialEl Periódico: Oficina del PDH y Gobernación sostienen versiones encontradas (PÚLSAR)



3/20/2008

A DEFENDER NUESTRO PETROLEO ...




Por unafuente.com
ENCUESTA TELEFÓNICA GEA-ISA SOBRE UNA POSIBLE REFORMA ENERGÉTICA.

Spots de PEMEX. FUENTE: YOUTUBE.
FUENTES:PEMEX GEA EL UNIVERSAL MILENIO LA JORNADA
Según un artículo de Ricardo Alemán en EL UNIVERSAL, los últimos días el debate sobre la reforma energética y la privatización de Pemex han sonado de masiado, vale recordar que cuando empezó la discusión sobre la reforma energética —hace casi dos meses— se dijo que el asunto había partido de un falso debate: el de la supuesta privatización de Pemex. Desde entonces y hasta hoy, nadie conoce una iniciativa sobre la supuesta o real entrega a manos privadas de la paraestatal más importante de México. Y esto por la razón elemental de que no existe una propuesta clara y contundente que pretenda privatizar Pemex. Más aún, si se habla así, en abstracto, de “privatizar Pemex”, no se está diciendo más que una soberana tontería, porque lo importante para los grandes tiburones internacionales no es la empresa petrolera, sino el petróleo. En todo caso, se debiera hablar de la privatización de los sistemas de exploración, explotación y extracción del hidrocarburo. Pero la mentira de que se pretende privatizar Pemex se ha repetido sin pudor al extremo de que para sectores amplios de la población se ha convertido en una verdad de a kilo. El Presidente, como todos saben, propuso un debate “abierto, objetivo y sereno” sobre las alternativas para sanear Pemex y al mismo tiempo impulsar la extracción de petróleo en aguas profundas. Bien, pero resulta que por otro lado, impulsó una agresiva campaña mediática —a un costo económico altísimo— sobre la supuesta urgencia de correr por el tesoro que nos espera en aguas profundas del golfo de México. Pero Calderón nunca nos dice con claridad cuál es su propuesta. Calderón se empeña en la reforma energética no porque ésta se traduzca en una mayor eficacia de su gobierno, sino porque quiere pasar a la historia al amparo del petróleo mexicano. Sin duda que es urgente la reforma a Pemex, pero tanto Calderón como Obrador quieren lucir en el pecho “la medalla” que los podría convertir en los modernos Lázaro Cárdenas, publica Ricardo Alemán para EL UNIVERSAL.


PRI y PAN NO DESCARTAN BLINDAR SAN LÁZARO ANTE AMAGO DE AMLOAnte la amenaza de Andrés Manuel López Obrador de cercar a la Cámara de Diputados y el Senado de la República, como un acto de resistencia a la reforma energética, legisladores advirtieron que la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta (PRD), tiene la facultad de pedir el auxilio de la fuerza pública para resguardar el recinto legislativo de San Lázaro, informa EL UNIVERSAL. Cristian Castaño (PAN), vicepresidente de la Cámara de Diputados, no descartó la implementación de un cinturón de seguridad en la periferia de San Lázaro para que los legisladores puedan trabajar, pues la ley marca que la presidencia de la Mesa Directiva debe velar por el fuero y la actividad de cada diputado. El vocero del PRI en San Lázaro, Enrique Benítez, pidió que ante las amenazas de López Obrador y la debilidad del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el presidente Felipe Calderón debe evitar el envío de una iniciativa de reforma energética, pues no avanzará en el Congreso. El panista Castaño criticó la actitud de López Obrador y aseguró que si hay alguien que exalta la violencia es el tabasqueño. Sobre la posibilidad de una reforma energética, dijo que la administración de Calderón sólo ha aportado información a la sociedad para que en un momento dado se tome una decisión. Benítez también acusó a López Obrador de usar fechas como la conmemoración de la expropiación petrolera para lanzar amenazas y consignas, con base en algo que no existe. Aseguró que al PRI le preocupa la “intolerancia” e “insensibilidad” del tabasqueño, pues hace creer que el PRI y el PAN están en alianza para privatizar Pemex, indica EL UNIVERSAL.

La Reforma Energética, entrevista con Cuauhtémoc Cárdenas. FUENTE: YOUTUBE.


DISPUESTO PRI A DISCUTIR REFORMA ENERGÉTICA CON CALDERÓNEl Partido Revolucionario Institucional reiteró que están dispuestos a un diálogo sereno y objetivo como lo plantea el presidente Felipe Calderón para discutir la reforma energética, pero antes tendrá que enviar su propuesta y diagnóstico en esa materia,
dice MILENIO. El secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Samuel Aguilar, precisó que el gobierno federal tendría que enviar su propuesta de reforma energética para que pueda darse este diálogo al que emplazó el Ejecutivo federal. En entrevista, estimó que hasta ahora todo indica que hay un enfoque muy limitado en la administración federal en este tema, que no hay una propuesta integral o que no tienen el valor de presentar la iniciativa. El también diputado federal priista estimó que la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, ha soslayado al Congreso de la Unión porque, a su decir, sólo se ha reunido a hurtadillas con los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y que ha enviado un diagnóstico al Senado sobre el tema energético, añade MILENIO.

CALDERÓN APUESTA AL ALBAZO LEGISLATIVO PARA ABRIR PEMEX A LA IP: BARLTLETTEl llamado de Felipe Calderón a un supuesto debate abierto y sereno “es parte del doble y cínico discurso” que ha manejado siempre, porque ni siquiera ha presentado su proyecto de reforma para abrir Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado y apuesta al albazo legislativo y a “los arreglos en lo oscurito” con los coordinadores parlamentarios del PRI en el Congreso, advirtió Manuel Bartlett Díaz,
señala LA JORNADA. Conocedor del tema, ya que en la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado –en la anterior legislatura– analizó los proyectos de reforma eléctrica y petrolera, Bartlett advirtió que la autonomía de gestión que se pretende para Pemex es la misma que se aplicó a Petróleos de Venezuela para dominarla, y a Petrobras para privatizarla. El problema, recalcó, es que Calderón aceptó de inmediato la presión de las trasnacionales petroleras que pretenden explotar en aguas profundas del Golfo de México, cuando Pemex confirma que hay 30 mil millones de barriles de crudo en aguas someras. “¿Por qué entonces ir ahora a aguas profundas, donde cada plataforma costará 150 millones de dólares y habrá que dar a las empresas extranjeras 50 por ciento del petróleo extraído?, preguntó, publica LA JORNADA.

Coparmex, reforma energética. FUENTE: YOUTUBE.
QUITAN CASI 18 MIL MDP A PEMEX EN EXPLORACIÓNEl gobierno federal autorizó reducir 17 mil 795 millones de pesos el presupuesto asignado a Pemex Exploración y Producción (PEP), área encargada de buscar y extraer petróleo y gas del subsuelo, por lo que este año sólo podrá ejercer 82 mil 951 millones de pesos,
reporta EL UNIVERSAL. Información de Hacienda detalla que de dicha cantidad, 6 mil 744 millones de pesos fueron reasignados a organismos subsidiarios y áreas administrativas. De estos recursos se determinó que 4 mil 60 millones de pesos fueran sólo para oficinas centrales. Ello significa que el aparato burocrático y administrativo absorbió 42.5% de las reasignaciones y de los ingresos excedentes, destaca EL UNIVERSAL.

Mujeres al frente de movilizaciones contra la privatización del petróleo


Convoca Movimiento de Resistencia Civil Pacifica
Mujeres al frente de movilizaciones contra la privatización del petróleo

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 19 marzo 08 (CIMAC).- Serán las mujeres quienes estarán al frente de las movilizaciones convocadas por el Movimiento de Resistencia Civil Pacifica, que dirige el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, para manifestarse en contra de la “privatización” del petróleo, en caso de que se lleve a cabo la reforma energética propuesta por el gobierno federal

En cada comité, asamblea y toma de carreteras, las mujeres de México encabezaremos la defensa por el petróleo y el paro nacional patriótico, afirmó Claudia Sheinbaum, Secretaria de Patrimonio del autoproclamado gobierno legítimo, encabezado por López Obrador, en el mitin que se llevó a cabo ayer por la tarde en el zócalo de la Ciudad de México, al final de la manifestación convocada por el Frente Amplio Progresista, donde participan militantes de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia.

Al conmemorarse el 70 aniversario de la expropiación petrolera en México, a la movilización asistieron mujeres de todas las edades, con las demandas de mejores condiciones laborales, sociales y la defensa del patrimonio nacional.

Con la consigna “¡la Patria no se vende, la patria se defiende!” manifestaron su descontento con las políticas actuales del gobierno federal “porque no velan por sus derechos”, como lo señaló Guillermina Sánchez Valle, integrante del Comité de Resistencia Creativa de la Convención Nacional Democrática (CND).

Guillermina Sánchez, se dio cita en el zócalo capitalino, junto con miles de mexicanas y mexicanos, porque para ella la resistencia civil pacifica es la manera en que puede movilizarse para mejorar sus condiciones de vida, especialmente las laborales. “Trabajó hasta 10 horas seguidas sin tener aunque sea 15 minutos para comer, pero uno se aguanta por un sueldo magro”, dijo.

La integrante de la CND, quien, señaló que acudió a la convocatoria de López Obrador en defensa del patrimonio nacional, trabaja para una organización civil de derechos humanos llamada Defensoras y Coalición, donde sus garantías laborales “son pasadas por alto”, sin embargo, a sus 44 años es difícil que alguien la contrate para trabajar en otra cosa.

“No hay oportunidades para una mujer, en nuestro país una mujer mayor de 40 años como yo, ya es inútil”, lamentó.

Para Guillermina las políticas públicas a favor de las mujeres, “sólo cumplen con los estándares no hay un verdadero trabajo con la mujer, la única forma de cambiar las cosas es resistir, porque ni los diputados, ni senadores trabajan por nosotras”.

De igual forma la economista, Rosa María Pérez Cerón, quien tiene 28 años trabajando para la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señaló que los derechos laborales de las mujeres son violentados por los funcionarios de alto nivel, quienes sólo se ocupan de sus intereses particulares.

Con ellas, coincidió la promotora cultural y narradora oral escénica, de 55 años, Eduviges Santander, quien considera que el clero, los políticos y empresarios “no defienden los derechos de las mujeres, sólo se defienden a ellos mismos y a un pequeño grupo”.

Durante el mitin Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a las y los mexicanos para sumarse a una resistencia pacífica contra la “privatización” del petróleo y convocó a una movilización el próximo martes 24 de marzo en el zócalo capitalino, como punto de partida para enfrentar la iniciativa de reforma energética, que en breve, dijo, entregará el Ejecutivo federal al Congreso.

Asimismo, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta”, que puede acarrear inestabilidad política y social, aseveró.

A la convocatoria asistieron la senadora Rosario Ibarra, Alejandro Encinas, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, Leonel Cota Montaño, entre otros líderes del Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Convergencia.

08/GCJ/CV

Mujeres víctimas de violación a DESC podrían acceder a la justicia

Con Protocolo para Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Por Ma. Guadalupe Gómez Quintana

México DF, 20 marzo 08 (CIMAC).- Organizaciones no gubernamentales del mundo insisten en promover la adopción de un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), que permitiría a las mujeres y hombres víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales, que no pueden o no tienen la posibilidad de protección a nivel doméstico, presentar quejas ante las Naciones Unidas.

En las Naciones Unidas un Grupo de Trabajo se reúne desde 2006 para discutir la posibilidad del Protocolo, del cual existe un borrador y continuarán su discusión en su próximo periodo de sesiones, en el mes de abril.

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala Amnistía Internacional, hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua.

Que las mujeres indígenas no tengan acceso a la educación primaria o que reciban atención médica inequitativa son ejemplo de la violación a estos derechos. También lo es la violación al derecho al agua que han denunciado las mujeres mazahuas.

De igual forma, la falta de acceso a información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, viola el derecho a la salud. Y el trabajo discriminatorio (donde se maltrate o excluya a las mujeres embarazadas) o forzado (como el trabajo sexual) significa también la violación a los derechos económicos, sociales y culturales. Además del derecho a la alimentación.

Desde los años 50, Naciones Unidas contempla dos grupos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la distinción entre ambas categorías no reviste un carácter absoluto, los límites entre ambos no son claros.

Para los primeros, existe un órgano de supervisión: el Comité de Derechos Humanos, y se adopta al mismo tiempo que su Protocolo Facultativo, que contempla un sistema de quejas individuales en caso de violación a los derechos contemplados en el mismo.

Pero para los derechos económicos, sociales y culturales no se creó ningún órgano de control del cumplimiento del mismo y sólo se limita a asignar al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) las funciones de supervisión previstas en el artículo 16.3 PIDESC.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, actual órgano de supervisión o vigilancia del PIDESC no fue establecido sino hasta 1985. Y su protocolo se debate con lentitud, ante la reticencia de algunos Estados.

De esta forma, si una persona ha sido torturada o su derecho a la libertad de expresión ha sido vulnerado, es posible que presente una “comunicación” o queja ante un órgano de supervisión de Naciones Unidas, dice la Coalición Internacional de ONG por un Protocolo Facultativo. Sin embargo, si la persona sufre un desalojo forzoso arbitrario, o no tiene acceso a los servicios de salud, por ejemplo no existe ninguna oportunidad para recurrir ante un mecanismo internacional.

Así, señala la Coalición Internacional de ONG en su página Web, un Protocolo hará posible, además de presentar quejas individuales, seguir desarrollando el contenido normativo de estos derechos y dará una guía que permita a los tribunales domésticos protegerlos a nivel nacional.

HISTORIA DEL PROTOCOLO

La idea del protocolo surgió desde 1990. En 1996, el Comité DESC finalizó un borrador de protocolo facultativo que fue presentado a la CIDH en 1997 y distribuido a los gobiernos y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para que transmitieran sus comentarios.

En 2001, la Comisión nombró un experto independiente encargado de examinarla cuestión de un proyecto de protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quien presentó su primer informe en 2002.

Se decidió investigar más el alcance y la naturaleza de las obligaciones estatales, la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y la cuestión de la conveniencia y viabilidad de un mecanismo encargado de examinar las denuncias con arreglo al Pacto y la cuestión de la complementariedad entre los distintos mecanismos.

LA COALICIÓN

Y mientras se realiza la próxima reunión del Grupo de Trabajo, en abril de este año, las organizaciones continúan en campaña para promoverlo, coordinadas por la Coalición Internacional de ONG por un Protocolo Facultativo al Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” (o la Coalición por un PF-PIDESC) .

Confluyen en la Coalición organizaciones nacionales, regionales e internacionales, individuos, movimientos sociales y comunidades de base. La dirige un Comité de Gestión, integrado por Amnistía Internacional (AI), Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE), ESCR-Net, FoodFirst Information and Action Network, International Commission of Jurists (ICJ), Geneva
International Federation of Human Rights Leagues (FIDH), International Women’s Rights Action Watch Asia-Pacific (IWRAW Asia-Pacific), Inter-American Platform of Human Rights, Democracy and Development (PIDHDD).

Además, Bruce Porter (Canadá) y Magdalena Sepúlveda (Chile), aportan su capacidad personal como miembros individuales del Comité de Gestión.

El Protocolo Facultativo --señala la Coalición en un comunicado recientemente difundido en México por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)-- representa un paso crucial de la comunidad internacional en pos de cumplir con los compromisos asumidos en la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, relacionados con el tratamiento igualitario de los derechos humanos y la corrección del desequilibrio existente entre los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales, en el año del sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Consideramos, dice, que el Protocolo Facultativo del Pacto, una vez adoptado y aplicado, entre otras cosas, apoyará y fortalecerá la creciente jurisprudencia referida a los derechos económicos, sociales y culturales de todo el mundo, y enviará una señal a los tribunales nacionales y demás órganos pertinentes en el sentido de que dichos derechos, como derechos humanos, deben ser sometidos al escrutinio judicial.

EN FAVOR Y EN CONTRA

En las sesiones de trabajo, los países que conforman el Grupo
Regional de América Latina y el Caribe, entre ellos México, apoyan el Protocolo, así como los países de África.

Sin embargo, señala Magdalena Sepúlveda Carmona, abogada, integrante de la Coalición de ONG, el delegado de Egipto ha manifestado su oposición al protocolo. Mientras que en el grupo de países de Asia, pareciera “existir una falta de interés en el tema, puesto que su participación en las sesiones ha sido limitada, con excepción de la delegada de Irán que también ha hecho público su rechazo al protocolo”.

Del grupo de países de Europa del Este, Asia Central, y Rusia, se han destacado los delegados de este último país, al manifestar un significativo apoyo al protocolo. En lo que respecta al Grupo Occidental y Otros, su apoyo al protocolo ha sido débil y dentro de éste existe una clara división de fuerzas, señala Sepúlveda.

Las intervenciones de algunos delegados de países Europeos, como Finlandia y Portugal, han demostrado un consistente y fuerte apoyo al Protocolo, sin embargo otros han hecho evidente su escepticismo (Noruega y República Checa) y otros su rechazo (Polonia y Reino Unido). Asimismo, países como Estados Unidos, Canadá y Australia, son fuertes oponentes al Pacto, explica la especialista.

Frente a este panorama de tendencias tan diversas, considera Sepúlveda “se hace muy difícil el logro de un consenso a favor del Protocolo facultativo al PIDESC”.

De ahí el llamado que hacen la Coalición a otras organizaciones del mundo para que, en sus propios países, realicen trabajo de cabildeo para la aprobación del borrador del Protocolo.

Hacen énfasis en éste, pues consideran que otro tipo de propuestas, como una suerte de “menús” u opciones para que los Estados adopten las medidas que más les convengan, sería nocivo para la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, señalan las ONG, temas como el alcance del Protocolo Facultativo, la admisibilidad de comunicaciones y el estándar de revisión de los méritos continúan siendo debatidos.

Un Protocolo Facultativo que adopte el enfoque “a la carta”, conforme al cual los Estados podrían elegir entre los derechos del Pacto, probablemente tendría un efecto negativo sobre la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, dicen.

Y explican que “un conjunto creciente de jurisprudencia nacional y regional muestra claramente que las violaciones de todos los derechos económicos y sociales pueden ser justiciables, demostrando el valor práctico de asegurar la supervisión judicial de estos derechos”.

Por tanto, la adopción de un enfoque basado en un “menú” para las reparaciones de violaciones de los derechos humanos también sentaría un precedente regresivo que podría repetirse en cualquier instrumento internacional futuro, advierten.

También les preocupan los intentos de algunas delegaciones por establecer un límite elevado para la admisibilidad de reclamos o un estándar de revisión que dificultaría mucho más que las víctimas sean escuchadas y obtengan reparaciones.

Las propuestas para limitar los reclamos admisibles a aquellos en los que el autor aduzca que las víctimas han sufrido una “desventaja considerable”, para imponer limitaciones y condiciones severas bajo las cuales se podría imponer una medida cautelar, y para hacer referencia a un “margen de apreciación/discreción” que tendrían los Estados, no se basan en el PIDESC o en ningún otro tratado de derechos humanos de la ONU.

El riesgo es que se reinterprete y limite el concepto de las obligaciones establecidas por el Pacto y se impongan obstáculos onerosos para las víctimas que busquen acceder a la justicia por medio del Protocolo Facultativo, que es un instrumento procesal. El Protocolo, insisten, no debería establecer un nivel menor de protección que aquel acordado a los derechos protegidos bajo otros tratados de derechos humanos de la ONU.

Esperamos, finaliza el comunicado difundido por Cencos, poder celebrar el 60o aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con la adopción de un Protocolo Facultativo que represente un importante paso adelante en pos de asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de todos los derechos humanos.

08/GG/CV

EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC

20-03-2008
Fuentes militares confirman que EEUU utilizó la base de Manta en Ecuador para el ataque al campamento de las FARC
Kintto Lucas
IPS


Fuentes militares y diplomáticas vinculan la Base Aérea de Manta, operada por Estados Unidos en territorio ecuatoriano, con el ataque al campamento de la guerrilla colombiana de las FARC en el que murió "Raúl Reyes".
La base, situada unos 230 kilómetros al sudoeste de Quito, en una ciudad portuaria sobre el océano Pacífico, fue cedida en 1999 y por 10 años a la Fuerza Aérea de Estados Unidos para utilizarla en actividades contra el narcotráfico en el noroeste de América del Sur. Un alto oficial militar ecuatoriano, que pidió no divulgar su nombre, aseguró a IPS que "una buena parte de los mandos" tienen "la convicción de que Estados Unidos fue cómplice del ataque" lanzado el 1 de marzo en territorio de Ecuador contra el campamento que las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) tenían muy cerca de la frontera colombiana. "Desde el año 2000, cuando se inició el Plan Colombia, se consolidó una alianza estratégica de Estados Unidos y Colombia, primero para combatir a la insurgencia y luego para involucrar a los países vecinos en esa guerra. Lo que ocurre hoy es una consecuencia de aquello", aseguró el militar. El Plan Colombia es ejecutado por Bogotá para combatir a la insurgencia y el tráfico de drogas, con apoyo y financiación de Estados Unidos. Para el ministro de Defensa de Ecuador, Wellington Sandoval, se debe investigar si la base de Manta fue utilizada para el ataque y, según el convenio firmado por Washington y Quito, corresponde a las Fuerzas Armadas ecuatorianas realizar esa auditoría.

El convenio entre Ecuador y Estados Unidos establece que las instalaciones de Manta sólo pueden destinarse al control antinarcóticos. Sandoval aclaró que no podía divulgar ningún detalle hasta que esa investigación se llevara a cabo. Pero la fuente militar aseguró a IPS que se deben "ubicar sobre todo los vuelos salidos de la base durante los veinte días anteriores al bombardeo, quiénes iban a bordo, sus rutas y qué investigaban, y complementarlo con otras indagaciones y antecedentes". El jueves 13, la canciller ecuatoriana María Isabel Salvador dijo que había sostenido "una conversación con la embajadora (estadounidense) Linda Jewell, y nos ha asegurado que los aviones allí presentes no han tenido ningún involucramiento" en el ataque. Pero la fuente militar aseguró que "la tecnología utilizada, primero para detectar el blanco, o sea el campamento, y luego para atacarlo, es de Estados Unidos". El ministro Sandoval ha dicho que en el bombardeo se emplearon "equipos que no tenemos las fuerzas armadas latinoamericanas". "Arrojaron más o menos cinco ‘smart bombs’ (bombas inteligentes)" utilizadas por Estados Unidos en la guerra del Golfo (1991) "con una precisión impresionante" y un margen de error de un metro "de noche, en aviones a gran velocidad", agregó. La fuente militar consultada por IPS dijo que "un ataque con bombas 'smart' exige que los pilotos tengan experiencia en ese tipo de operativos, y quienes la tienen son los norteamericanos (estadounidenses). Por eso creo que ellos hicieron el trabajo y luego le dijeron a los colombianos 'ahora vayan a buscar los cuerpos', entonces aparecieron los helicópteros y las tropas colombianas" en el lugar, sostuvo. La versión oficial del gobierno de Colombia, reseñada por una comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que visitó ambos países, afirma que se emplearon 10 bombas "convencionales", lanzadas desde cinco aviones Super Tucano, de fabricación brasileña, y desde tres A-37, estadounidenses.

Los A-37 "lanzaron bombas guiadas por GPS (Sistema de Posicionamiento Global, satelital)" y los "cinco Super Tucano disponen de medios tecnológicos suficientes para lanzar bombas a objetivos con un margen de error de cinco metros", indica el informe de la OEA. De acuerdo con las fuentes de IPS, el papel estadounidense podría ser incluso mayor en el episodio que acabó con la vida de Reyes, miembro del secretariado de las FARC, y de otras 24 personas y que llevó a la ruptura de relaciones entre Quito y Bogotá. La fuente militar dijo a IPS que los pilotos que condujeron el bombardeo en la provincia ecuatoriana y amazónica de Sucumbíos "eran estadounidenses, posiblemente de la empresa DynCorp", proveedora de equipamiento bélico y mercenarios, que tiene contratos en el marco del Plan Colombia. Esas aeronaves salieron de la Base Aérea de Tres Esquinas, en el sureño departamento colombiano de Caquetá, dijo el oficial. "Los aviones utilizados para fumigar las plantaciones de coca o para atacar a la guerrilla son pilotados por militares norteamericanos en servicio o al servicio de empresas como DynCorp", aseguró el militar. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo el sábado que su gobierno no permitirá "que afecte suelo patrio ningún soldado extranjero, sea regular o irregular. Por eso en el 2009 las bases extranjeras se terminarán". El convenio sobre Manta finalizará el 12 de noviembre de 2009, pero la presencia de militares estadounidenses en esa base y puerto ecuatorianos puede prolongarse un año más, hasta 2010. "Luego del periodo inicial de diez (10) años, cualquiera de las partes podrá denunciar este acuerdo mediante notificación escrita a la otra parte. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de notificación", establece el convenio. Una comisión de la Asamblea Constituyente de Ecuador aprobó el lunes el capítulo sobre soberanía territorial de la futura carta magna.

Uno de sus artículos afirma que "Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas de seguridad extranjeras". Si Ecuador quiere poner fin a la cesión de Manta debería denunciar el convenio ahora, dijeron a IPS fuentes diplomáticas. Podrían alegarse "muchas causas: la participación directa o indirecta (de fuerzas estadounidenses de Manta) en el bombardeo, la negligencia por no haber detectado con su tecnología el campamento de las FARC, primero, y el ataque, después, y, en caso de haberlo hecho, por no haber informado a las autoridades del país socio, que es Ecuador", alegaron las fuentes. Otra razón en la que podría fundarse la denuncia ecuatoriana es el apoyo directo prestado por el Comando Sur de Estados Unidos, del cual depende Manta, a las Fuerzas Armadas de Colombia. El jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis, dijo el 6 de este mes ante el Comité de los Servicios Armados del Senado de su país que estaba monitoreando el movimiento de tropas ecuatorianas y venezolanas hacia la frontera con Colombia. "Con el continuo apoyo de Estados Unidos, Colombia está a punto de ganar la paz y hacer irreversibles sus exitosos avances contra el terrorismo", dijo y aseguró que esa guerrilla "ha sido reducida ahora a unos 9.000 combatientes, de los 17.500 que eran en 2002". Stavridis visitó Colombia en febrero. En julio de 2001, el coronel retirado Fausto Cobo, ex director de la Escuela de Guerra del ejército ecuatoriano, había dicho a IPS que "Manta, para el propósito del Plan Colombia", es un "portaaviones en tierra de Estados Unidos". Hasta abril de ese año, cuando empezaron los trabajos para ampliar la pista de Manta, un promedio de 100 efectivos participaban en hasta tres misiones diarias utilizando el avión espía F3. Una fuente diplomática de Estados Unidos anunció entonces al diario británico The Financial Times que para octubre se sumarían 200 efectivos más y otros tantos en los meses subsiguientes.

Luego de la ampliación, se comenzaron a utilizar aviones más grandes y sofisticados para misiones de reconocimiento. Manta es una de las cuatro "ubicaciones de operaciones de avance", junto con Curaçao, Aruba y El Salvador, que forman la red estadounidense de bases antidrogas en América Latina y el Caribe. En agosto de 2006, el diario Expreso de Guayaquil informó que pilotos colombianos operaban en conjunto con pilotos ecuatorianos en vuelos desde la base de Manta. El comandante del escuadrón de aviones Awacs (Sistema Aéreo de Alerta y Control, por su sigla en inglés) de Manta, Rich Boyd, aseguró al periódico que un oficial colombiano pilotaba una de esas aeronaves. Según Boyd, cuando se volaba sobre Ecuador, el colombiano se retiraba de la cabina de tripulación para no acceder a información confidencial de este país. De modo análogo, cuando se sobrevolaba territorio de Colombia, el ecuatoriano era quien se apartaba, con igual propósito. De acuerdo con Boyd, de los 27 aviones Awacs que poseía Estados Unidos, tres estaban en Manta. Cada aparato cuesta 1.000 millones de dólares, casi el doble del presupuesto de la Fuerza Aérea ecuatoriana en 2005.
El militar estadounidense explicó que mediante esta aeronave se pueden monitorear todas las conversaciones de radio y señales de radar en un radio de 321,8 kilómetros.
Semanas antes de esa denuncia, el entonces comandante estadounidense de la base de Manta, Javier Delucca, aseguró que esa instalación es clave para el Plan Colombia, con lo que dio a entender que Ecuador estaba involucrado en actividades antiguerrilleras en el vecino país.

El costo que imponen a las FARC-EP las iniciativas humanitarias unilaterales


James Petras
Rebelión
Traducido por S. Seguí

El ataque desencadenado por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, con tropas y misiles, que violó la soberanía territorial de Ecuador, estuvo muy cerca de desencadenar una guerra regional con Ecuador y Venezuela. Durante una entrevista que tuve con el presidente Hugo Chávez en el momento de esta belicosa acción, éste me confirmó la gravedad de la doctrina de guerra preventiva y de intervención extraterritorial que practica Uribe, y calificó al gobierno colombiano como el Israel de América Latina. Antes, durante su programa dominical Aló, Presidente, en el que participé como invitado, hizo su anuncio del envío de fuerzas de tierra, mar y aire a la frontera venezolana con Colombia.


El ataque transfronterizo ordenado por Uribe tenía por objeto calibrar la voluntad política de Ecuador y Venezuela para responder a una agresión militar, así como comprobar el buen funcionamiento de un sistema de ataque dirigido por satélite y coordinado por Estado Unidos. No cabe duda de que Uribe tenía también en mente el sabotaje de la inminente liberación humanitaria de la prisionera de las FARC, Ingrid Betancourt, que estaba siendo negociada por el ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, el ministro del Interior de Ecuador, Gustavo Larrea, y la Cruz Roja colombiana, y especialmente del presidente Hugo Chávez. Kouchner, Larrea y Chávez estaban en contacto directo con el líder de las FARC Raúl Reyes, quien, junto a otras 23 personas, combatientes y no combatientes de varias nacionalidades, fueron asesinadas en el citado ataque coordinado entre Uribe y Estados Unidos contra Ecuador. La intervención del presidente colombiano iba en parte dirigida a negar la importancia de las gestiones diplomáticas que Chávez estaba realizando en la liberación de los prisioneros de las FARC, en contraste con el fracaso de los esfuerzos militares de Uribe de liberar los prisioneros.


Raúl Reyes estaba legitimado como interlocutor en estas negociaciones tanto por los gobiernos europeos como los latinoamericanos, así como por la Cruz Roja. Si las negociaciones hubieran llegado a buen fin con la liberación de los prisioneros, es probable que los mismos organismos gubernamentales y humanitarios hubieran presionado a Uribe para que iniciara negociaciones de paz y realizara un intercambio generalizado de prisioneros, lo que es contrario a las políticas de Bush y Uribe de continuar la guerra, los asesinatos políticos y la política de tierra calcinada.


Lo que estaba en juego con la violación de la soberanía de Ecuador y el asesinato de 24 guerrilleros de las FARC y visitantes mexicanos era, nada menos, toda la estrategia militar antiinsurreccional desarrollada por Uribe desde su llegada al poder en 2002.


Uribe estaba claramente dispuesto a correr el riesgo de exponerse a lo que luego sucedió: la censura y la sanción de la Organización de Estados Americanos, y la ruptura temporal de relaciones diplomáticas con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y era así porque podía contar con el respaldo de Washington, que, en secreto –e ilegalmente–, participó en el ataque e inmediatamente lo aplaudió. Este aspecto tenía para él más valor que el sabotaje de la cooperación con los países latinoamericanos y Francia. Colombia sigue siendo el escudo militar avanzado de Washington en América Latina y, en particular, el más importante instrumento político-militar para desestabilizar y derrocar el gobierno anti imperialista de Hugo Chávez. Clinton y Bush invirtieron más de 6.000 millones de dólares en ayuda militar a Colombia en los últimos siete años, que incluyen el estacionamiento de 1.500 asesores militares y fuerzas especiales estadounidenses, docenas de comandos y formadores israelíes, financiación para 2.000 combatientes mercenarios y más de 10.000 efectivos paramilitares que operan en estrecha colaboración con las Fuerzas Armadas de Colombia, compuestas de 200.000 hombres.


A pesar de éstas y otras consideraciones internacionales que han influido en la acción bélica extraterritorial de Uribe, soy de la opinión de que el factor principal de este ataque al campamento de las FARC en Ecuador ha sido el deseo de decapitar, debilitar y aislar al movimiento guerrillero más poderoso de América Latina y más decidido antagonista de las políticas neoliberales represivas de Washington y Bogotá. Los líderes políticos internacionales, entre otros, líderes progresistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Rafael Correa, que han pedido el final de la lucha armada, parecen pasar por alto las experiencias de los recientes esfuerzos de la guerrilla para desmilitarizar la lucha, con tres iniciativas de paz (1984-1990, 1999-2001y 2007-2008), y también el alto costo para las FARC en términos de asesinatos de sus líderes, activistas y simpatizantes. A mediados de la década de 1980, muchos líderes de la guerrilla se sumaron al proceso electoral y formaron un partido político (Unión Patriótica.) La cifra de asesinatos de sus cargos electos, a escala nacional y local, líderes, congresistas y tres candidatos presidenciales, además de sus miembros alcanzó la cifra de 5.000 muertos.


Tras esta experiencia, las FARC volvieron a la lucha guerrillera en el campo. Diez años más tarde, las FARC estuvieron de acuerdo en negociar con el presidente –en esos momentos Andrés Pastrana— en una zona desmilitarizada. Las FARC celebraron asambleas abiertas, debatieron alternativas políticas de reformas sociales y políticas destinadas a democratizar el Estado, y discutieron sobre las formas privada y pública de propiedad de los sectores económicos estratégicos, con diversos sectores de la sociedad civil. Más tarde, el presidente Pastrana, bajo las presiones de los presidentes Clinton y Bush, rompió las negociaciones y envió a las fuerzas armadas a capturar a los equipos negociadores de alto nivel de las FARC. A pesar de la ayuda y asesoría estadounidense, las fuerzas armadas colombianas no consiguieron capturar a los líderes de las FARC, pero sentaron las bases de la política de tierra calcinada desarrollada luego por el presidente Uribe.
En 2007-2008, las FARC propusieron negociar una liberación mutua de prisioneros políticos en una zona desmilitarizada segura dentro del territorio colombiano. Uribe rechazó la propuesta. El presidente Chávez participó en las negociaciones como mediador.


El gobierno francés y otros instaron al presidente Chávez a que demostrase con pruebas que los prisioneros de las FARC estaban vivos, lo que esta organización aceptó. Los tres emisarios que Chávez envió fueron interceptados y permanecen detenidos por los militares colombianos en condiciones penosas. No obstante, las FARC siguieron adelante con la petición de Chávez e intentaron trasladar el primer grupo de prisioneros entregado a los enviados venezolanos y la Cruz Roja, pero fueron atacados por aire por el ejército colombiano, lo que abortó la liberación de los rehenes. Una vez más, más tarde y con riesgos crecientes, consiguieron liberar al primer grupo de prisioneros. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Bernard Kouchner, y el presidente Chávez solicitaron a continuación la liberación de Ingrid Betancourt, ciudadana francesa y colombiana, y ex candidata presidencial.


La operación fue saboteada cuando Uribe, con ayuda estadounidense de alto nivel, lanzó una gran ofensiva militar en todo el país, con un programa global de monitoreo que permitió localizar las comunicaciones entre Reyes, Chávez, Kouchner, Larrea y la Cruz Roja.
Fue una misión de alto riesgo la asumida por Raúl Reyes, como mando de más alto nivel implicado en la negociación y coordinación de la liberación de prisioneros, y que condujo a su asesinato. Una serie de presiones externas en favor de la liberación unilateral de prisioneros hicieron que las FARC redujeran su nivel de seguridad. El resultado fue la pérdida de líderes, negociadores, simpatizantes y militantes, sin con ello conseguir la liberación de ninguno de los 500 prisioneros de las FARC que se hallan en prisiones colombianas. Todo el énfasis de Sarkozy, Chávez, Correa y otros estaba puesto en las concesiones unilaterales de las FARC, como si los miembros de éstas que están siendo torturados y agonizan en las cárceles de Uribe no entrasen en cuenta por razones humanitarias.


La posterior cumbre [del Grupo de Río] celebrada en la República Dominicana durante el fin de semana de 8 y 9 de marzo condujo a la condena de la violación por parte de Colombia de la soberanía territorial de Ecuador, pero el gobierno de Uribe, responsable de la invasión, no fue mencionado ni oficialmente sancionado. Además, no se hizo ningún tipo de mención –y mucho menos se mostró ningún tipo de respeto– por la muerte de Raúl Reyes, que ofreció su vida en aras de un intercambio humanitario. Si la reunión en sí misma fue una decepcionante respuesta a una tragedia, el epílogo fue una farsa: un sonriente Uribe atravesó la sala de reuniones y ofreció su mano junto a unas apresuradas excusas a Correa y Chávez, al tiempo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega abrazaba al asesino presidente de Colombia.


Con ese gesto vil y cínico, Uribe transformó las denuncias y la movilización militar de la semana anterior por parte de Chávez y Correa en una ópera bufa. La reconciliación posterior a la reunión dio la impresión de que la oposición de éstos mandatarios al ataque transfronterizo y al asesinato a sangre fría de Reyes era un simple teatro político, un mal presagio para el futuro si, como es probable, Uribe repite sus ataques al otro lado de la frontera a mayor escala.


¿Se tomarán en serio el pueblo y las fuerzas armadas de Venezuela y Ecuador otra llamada a la movilización como ésta?


Menos de una semana después de la reunión de reconciliación de Santo Domingo, Chávez y Uribe renovaron un anterior acuerdo militar dirigido a cooperar contra “grupos violentos, cualesquiera que fueran su origen.” Es obvio que Chávez espera que al disociar a Venezuela de toda sospecha de facilitar apoyo moral a las FARC, Uribe pondrá fin al importante flujo de infiltraciones paramilitares a Venezuela y a la desestabilización del país.


En otras palabras, las razones de Estado tendrían preferencia ante la solidaridad con las FARC. Lo que sin embargo Chávez debería tener en cuenta es que Uribe no va a cumplir su parte del trato debido a sus vínculos con Washington y la insistencia de éste en la desestabilización del gobierno de Chávez por todos los medios posibles, incluso mediante la infiltración continuada de Venezuela por fuerzas paramilitares colombianas.


Uribe fue capaz de pedir perdón a Correa y Chávez porque el propósito real de su ataque militar era el de destruir la cúpula de las FARC, de cualquier modo y en cualquier lugar, momento y circunstancia posibles, incluso en medio de negociaciones internacionales. Ya mucho antes de la llegada de Chávez y Correa al poder, Washington había puesto un precio de cinco millones de dólares a las cabezas de cada uno de los miembros de la dirección de las FARC. El objetivo primero de Washington en este asunto es la destrucción de las FARC, tal como atestiguan su ayuda militar (6.000 millones de dólares en siete años), el tamaño y la amplitud de su misión de asesoría militar (1.500 especialistas estadounidenses) y la larga duración de su participación en actividades anti insurgentes en Colombia (45 años).


Washington y sus secuaces colombianos estaban dispuestos a asumir el previsible descontento de Correa y Chávez, y la leve reprimenda que iba a recibir por el asesinato del segundo comandante de las FARC. La razón es clara: son las FARC y no los líderes regionales quienes tienen gran influencia en una tercera parte del campo colombiano, es la capacidad político-militar de las FARC la que tiene trabado a un tercio de las fuerzas armadas colombianas e impide que Colombia participe en una acción militar de envergadura contra Chávez a instancias de Washington. Uribe y Washington han presionado a Correa para que corte la mayor parte de las líneas de abastecimiento de las FARC y los campamentos de seguridad de la frontera entre Ecuador y Colombia. Correa asegura que ha destruido 11 campamentos de las FARC y detenido a 11 guerrilleros.


Por su parte, la Guardia Nacional Venezolana ha hecho la vista gorda a la persecución militar transfronteriza colombiana de activistas de las FARC entre los campesinos refugiados que se hallan en campamentos en la frontera entre Venezuela y Colombia. La presión de Uribe y Washington ha obligado a Chávez a negar públicamente todo apoyo a las FARC, sus métodos y su estrategia. Las FARC están aisladas internacionalmente –el Ministerio de Asuntos Exteriores cubano declaró que la fingida reconciliación de Santo Domingo era una gran victoria de la paz— y diplomáticamente, aunque siguen contando con un importante apoyo en el interior del país, en las provincias y el campo de Colombia.


Junto a la neutralización del apoyo exterior o de la simpatía hacia las FARC, el gobierno de Uribe lanzó una serie de ataques sangrientos y amenazas contra todas las fuerzas progresistas y de izquierda, antes durante e inmediatamente después de la reunión de Santo Domingo. En los días siguientes a la marcha Contra los crímenes del Estado de 6 de marzo de 2008, en la que participaron 200.000 personas, cientos de organizadores y activistas fueron amenazados, atacados, seguidos, interrogados y acusados por Uribe por su apoyo a las FARC –una etiqueta proporcionada por el Gobierno—, tras lo cual se produjo el asesinato a manos de los escuadrones de la muerte del principal líder de la marcha y de cuatro portavoces de derechos humanos.


Inmediatamente tras esa manifestación masiva, el principal sindicato colombiano, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) informó de varios asesinatos y agresiones entre otros al secretario del sindicato de empleados bancarios, un líder del sindicato de docentes, el secretario de la sección de enseñanza de la CUT y un investigador de un instituto de pedagogía.
En resumidas cuentas, se cuentan 5.000 sindicalistas muertos, dos millones de campesinos expulsados por la fuerza de sus tierras, y éstas robadas por las fuerzas paramilitares de Uribe y los terratenientes. Algunos jefes de escuadrones de la muerte arrepentidos han confesado públicamente que los paramilitares financian y controlan más de un tercio de los diputados elegidos al Congreso que apoyan a Uribe. En la actualidad, 30 de éstos están siendo juzgados por asociación con los batallones de la muerte paramilitares. Asimismo, se ha demostrado que varios de los más cercanos colaboradores de Uribe en el Gobierno tienen vínculos familiares con los escuadrones de la muerte, y dos de ellos se han visto obligados a dimitir.


A pesar de la pésima reputación de Uribe, especialmente en América Latina, éste, con el apoyo de Washington, ha montado una criminal máquina de matar compuesta por 200.000 militares, 30.000 policías, varios miles de asesinos encuadrados en escuadrones de la muerte, y más de un millón de fanatizados colombianos de clases medias y altas que propugnan la liquidación de las FARC, es decir la eliminación de las organizaciones populares independientes de la sociedad civil. Más que cualquier otro de sus antecesores oligarcas a la cabeza del Gobierno, Uribe está próximo a los dictadores fascistas que combinan el terror estatal con la movilización de masas.


La oposición política y los movimientos sociales de Colombia son masivos, comprometidos y vulnerables. Están expuestos a la intimidación cotidiana y al asesinato gangsteril. Por medio del terror y la propaganda masiva, Uribe ha podido imponer su ley hasta hoy sobre la oposición de la clase trabajadora, y atraerse el apoyo de las clases medias. No obstante, ha fracasado en derrotar, destruir o desarticular las FARC, su oposición más consecuente. Cada año, desde su llegada al poder, Uribe se ha comprometido a liquidar a los terroristas mediante peinados militares masivos de regiones enteras del país. Decenas de miles de campesinos de las regiones con presencia de las FARC han sido torturados, vejados, asesinados y expulsados de sus hogares. Cada una de las ofensivas militares de Uribe ha sido un fracaso, pero él en ningún momento admite lo que algunos de sus generales y asesores estadounidenses sostienen: las FARC no pueden ser aniquiladas militarmente, y llegará el momento en que el Gobierno deba negociar.


Los fracasos de Uribe y la persistente presencia de las FARC se han convertido en una obsesión psicótica: todas las limitaciones territoriales, legales e internacionales han sido hechas añicos. En una oscilación emocional que va de la euforia a la histeria, Uribe califica de apoyos de las FARC a todo tipo de crítico, sea colombiano o internacional. En cuanto a Ecuador y Venezuela, ha prometido no invadir sus territorios “a menos que las circunstancias lo exijan.” He ahí su reconciliación.
El periodo de intercambios humanitarios ha acabado y las FARC no pueden ni van a acceder a las peticiones de amigos bien intencionados, especialmente cuando con ello ponen en peligro toda la organización y el liderazgo de su organización. Aceptemos que las intenciones de Chávez eran correctas. Su petición de que se procediera a la liberación mutua de prisioneros podría haber tenido sentido si hubiera estado tratando un político burgués sensible a los líderes y las organizaciones internacionales, y deseoso de crearse una imagen favorable ante la opinión pública mundial. Pero fue muy inocente por parte de Chávez pensar que un político psicótico conocido por sus antecedentes de aniquilación de la oposición iba a descubrir súbitamente las virtudes de la negociación y los intercambios humanitarios.


No cabe duda de que las FARC comprenden mejor que sus amigos andinos y caribeños, por su propia y dura experiencia y las amargas lecciones aprendidas, que la lucha armada puede no ser el método deseado, pero es el único modo realista de hacer frente a un brutal régimen fascista.


El asesinato de Raúl Reyes por parte de Uribe no tuvo que ver con las iniciativas de Chávez o la soberanía de Ecuador o la cautividad de Ingrid Betancourt, tuvo que ver con Raúl Reyes, un revolucionario consecuente de toda la vida y líder de las FARC. El miedo a la guerra ha desaparecido, las diferencias han sido camufladas y los líderes han vuelto a sus palacios presidenciales, pero Raúl Reyes no ha sido olvidado, al menos no en el campo colombiano o en los corazones de sus campesinos.
S. Seguí pertenece a los colectivos de Rebelión y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor y la fuente.

El PRD es una basura, pero no tan asquerosa como PAN, PRI y radio/TV


Pedro Echeverría V.

1. El presidente ilegítimo, así como la clase política y los poderosos empresarios mexicanos están llenos de gozo por los problemas que han surgido al concluir los comicios internos en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Han puesto todo para evitar que el candidato lópezobradorista, Alejandro Encinas, gane la contienda por la presidencia nacional del PRD y, por el contrario, han apoyado abiertamente al candidato negociador, Jesús Ortega, porque es quien “puede frenar el radicalismo de López Obrador”. Otra vez vuelve a ser AMLO el enemigo de los inversionistas mexicanos y extranjeros que quieren quedarse con el petróleo. Ante el terror que despierta entre la clase capitalista la continuidad de la lucha de la Convención Nacional Democrática (CND) encabezada y acaudillada por El Peje, no es difícil que esa clase política empresarial busque eliminarlo para que la entrega del petróleo a los inversionistas sea cumplida.

2. El PRD, aunque es un partido con una decena de grupos de dirigentes arribistas denominados “tribus”, en realidad son dos las posiciones predominantes: la encabezada por López Obrador que, aunque electoral, ha adoptado el camino de la movilización de masas, y la llamada Nueva Izquierda (“los chuchos”) que domina entre legisladores, gobernadores y comités ejecutivos perredistas cuyas políticas son esencialmente negociadoras y clientelistas. Mientras la clase política y empresarial, encabezada por el gobierno de Felipe Calderón, se ha dedicado a combatir a AMLO, han buscado al mismo tiempo (por todos los medios) apoyar a todas aquellas corrientes al interior del PRD que se oponen al “radicalismo” del político tabasqueño. Por eso los comicios del pasado domingo y sus resultados aún no claros, serán fundamentales para decidir por uno u otro rumbo. Aunque los cambios en el PRD no serán radicales pueden ser el inicio de nuevas políticas.

3. El PRD, como partido electorero dirigido por un centenar de políticos “de la izquierda amaestrada”, que durante 18 años, y más, han ocupado de manera ininterrumpida cargos de diputados, senadores y directivos del mismo PRD, es un partido funesto; pero comparado con los partidos derechistas PAN y PRI, partidos que han desfalcado el presupuesto nacional y que con sus políticas han logrado que la riqueza se concentre en menos manos mientras el 60 por ciento de la población vive en la pobreza y la miseria, el PRD es una “blanca palomita”. Si el PRD sigue por ese camino de aislarse del movimiento social, de conquistar votos y cargos haciendo a un lado los principios y la ética, y de negociar tras bambalinas con el Estado, en pocos años el PRD será exactamente igual al PAN y al PRI. López Obrador, aunque sigue pensando solamente en lo electoral y en la legalidad al servicio del poder, ha buscado un PRD menos corrupto.

4. Es una posición sectaria pensar que el lopezobradorismo es más de lo mismo. Quizá el PRD esté acercándose más rápidamente al PAN y al PRI, pero el de López Obrador (a pesar de que en un futuro puede convertirse de movimiento en un partido burgués más) también puede abrir el camino para crear un gran movimiento de izquierda que supere el electoralismo para adoptar posiciones junto al movimiento social. Si AMLO hubiera llegado a la Presidencia de la República las cosas no iban a cambiar de manera radical de la noche a la mañana, pero habrían espacios más amplios para que los indígenas, campesinos, obreros y sector popular estuvieran en las calles presionando para evitar que los poderosos sectores empresariales y de derecha siguieran imponiendo sus políticas. Quizá no hubiéramos evitado represiones contra las luchas de los trabajadores, pero incluso la situación de América Latina se hubiera fortalecido contra el imperialismo.

5. El enemigo principal de Calderón, del PRI, de los empresarios y los medios de información sigue siendo López Obrador. Durante más de un año se ha dedicado a recorrer los municipios del país y, a pesar de que aún no amarra bien sus fuerzas, sus diarias denuncias contra el presidente ilegítimo y la clase política dominante, lo han mantenido como el único liderazgo de oposición electoral y política. Los medios de información, encabezados por Televisa, TV Azteca y Radio Fórmula, han bloqueado totalmente a AMLO; no sólo eso, han dedicado todo el tiempo para calumniarlo poniéndolo como un provocador. Si bien la presencia del movimiento de la APPO, la CNTE, los obreros del Diálogo Nacional, los mineros y de los zapatistas del EZLN han demostrado tener una gran presencia con sus movilizaciones, la CND (aunque todavía no se aleja de las posiciones de la socialdemocracia) parece ser la que más preocupa al poder.

6. En estas elecciones internas no es lo mismo un triunfo de Alejandro Encinas a la victoria de Jesús Ortega. Con base en publicaciones y declaraciones de los grupos contendientes, podría demostrarse que con Encinas se fortalecerían algunas posiciones de izquierda, pero sobretodo el movimiento de la CND. Los funestos medios de información arreciarían sus campañas de calumnias contra AMLO, pero también contra el PRD. Por el contrario, con el fortalecimiento de la corriente Nueva Izquierda se impulsarían los procesos de negociación que podrían llevar al reconocimiento del gobierno de Felipe Calderón. La radio y la TV lanzarían las campanas al vuelo y exigirían mayor represión contra los “grupos radicales”. Aunque los orteguistas digan ahora que no, la realidad es que tanto por la protesta contra el cardenal Rivera y las recientes en la Torre de PEMEX, los orteguistas exigieron castigo, expulsiones y cárcel para aquellos jóvenes que protestaron.

7. ¿Con qué autoridad puede echarse todo a la basura si no hacemos esfuerzos por reflexionar o participar de alguna manera proponiendo o discutiendo la política de izquierda adecuada en cada momento? Resultaría muy fácil decir que todo está absolutamente mal y retirarnos a descansar o a hacer negocios personales. Impulsemos una mayor participación en los análisis buscando caminos para fortalecer todos los movimientos de izquierda. Aún no podemos descartar todo pensando en que sólo nosotros tenemos la razón. No puede decirse la última palabra porque cada movimiento de izquierda avanza poco a poco por diversos caminos. De lo que sí debemos estar muy claros es que la derecha priísta y panista es nuestra enemiga porque siempre ha defendido los intereses de los sectores poderosos y con ellos no cabe alianza alguna. Pero las contradicciones en el seno de la izquierda deben discutirse con profundidad para logar la mayor unidad posible.

pedroe@cablered.net.mx

Colombia y la intermediación internacional


Carlos Montemayor
La Jornada
20/MAR/08
Colombia y la intermediación internacional

Los movimientos guerrilleros como las FARC de Colombia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, el Frente Sandinista de Nicaragua, Los Tupamaros de Uruguay, la URNG de Guatemala, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o el Ejército Popular Revolucionario de México, no han surgido por capricho. Son procesos sociales complejos que se originan en muchos pliegues de la injusticia humana, política, económica o militar. No es conveniente reducir estos procesos sociales a un simplismo utilitario, idealista o condenatorio, porque tal simplismo agrava las respuestas y estrategias políticas y militares y esto retrasa las soluciones.

Cuando son prolongados y de dimensión relevante, se resuelven estos procesos complejos de manera diversa: con el triunfo de los insurrectos, con negociación política, con leyes de amnistía o con intermediación internacional. Si los gobiernos optan por la masacre y no por la negociación, no sólo cubren de sangre y de oprobio a los pueblos, sino a continentes enteros. La comunidad internacional reclama aún las masacres en Chile, Argentina, el Congo, Kosovo o Liberia, pongamos por caso, y en México aún no se superan moral ni políticamente la matanza de Tlatelolco de 1968 ni las atrocidades de la guerra sucia de los años 70 y 80.

Por otra parte, después de transcurridas muchas décadas del triunfo de los partisanos italianos que combatieron contra el fascismo y la ocupación nazi, de la revolución de Mao Tse Tung, de la resistencia campesina de Vietnam, de la guerrilla libertaria de Argelia o de la revolución cubana, sería ingenuo, sigue siendo ingenuo, confundir el simplismo de las ideologías con la realidad social compleja de la guerra, la represión o la invasión militar de una región o de un país entero.

Los intereses económicos y políticos de las guerras, de los bloqueos económicos o militares, de la represión, de las masacres, de los genocidios, de las invasiones territoriales, impiden atender con objetividad los canales humanos y sociales que la violencia agiganta.

El interés económico y militar del invasor condena de inmediato al puñado de campesinos o a los contingentes sociales que se oponen a ser invadidos o masacrados. Así ocurrió ayer en Vietnam, en India o en China; así ocurre ahora en Palestina, en Irak, en Afganistán, en Pakistán, en Chechenia. Se reclama con razón la memoria del holocausto judío y del genocidio de Kosovo; falta añadir, también con razón, ahora con retraso, los genocidios de armenios, de palestinos, de kurdos, y los que se preparan en el incierto mañana.

Por otra parte, la intermediación internacional ha sido esencial en muchos casos y de diversas maneras, no siempre de forma positiva, sino también negativa: para invadir un territorio o para evitar invasiones; para atacar un país con o sin causa justa; para justificar las guerras o para evitarlas. Es paradigmático hoy el caso de la administración de George W. Bush: el gobierno de Estados Unidos reconoce oficialmente que no había nexos entre el gobierno de Saddam Hussein y la organización de Al Qaeda; le falta reconocer oficialmente que las armas de destrucción masiva que le imputaban falsamente a Hussein eran el recuerdo de las que el propio gobierno estadunidense le entregó para la guerra contra Irán y que él usó para atacar también a la población kurda.

En este contexto, la intervención del gobierno actual de Estados Unidos como sinónimo de participación o intermediación internacional es cuestionable, por no decir ampliamente peligrosa, en ciertas partes del mundo, de manera particular en Medio Oriente y en nuestro continente. La intermediación internacional, insisto, ha sido esencial en el caso de la guerrilla en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Argelia, China, Sudáfrica, incluso Chiapas. Pero hoy el gobierno colombiano ha pretendido actuar con tanta o más impunidad que los gobiernos de Israel, Estados Unidos o Rusia en las masacres de Palestina, Irak, Afganistán o Chechenia. El Plan Colombia está poniendo en riesgo a ese país y a gran parte de la región andina y amazónica.

Recordemos que en la cuarta Conferencia Ministerial de Defensa de las Américas, celebrada el año 2006 en Manaos, Brasil, el entonces subsecretario estadunidense de Defensa, James Bodner, fuera de agenda se propuso lograr el apoyo de todos los ministros de Defensa de la región al Plan Colombia. Como el plan es susceptible de múltiples lecturas militares, financieras y políticas, fue lógica la resistencia de los representantes de Brasil y Venezuela, en primer término, y después de Panamá, Perú y Bolivia. La reacción de Bodner fue, sin embargo, preocupante: expresó que el Plan Colombia se aplicaría “con o sin la solidaridad internacional”. Es claro que Bodner llamaba solidaridad internacional solamente a la docilidad y sometimiento de la región.

El gobierno del presidente Uribe, por plegarse a Estados Unidos con el Plan Colombia, está confundiendo la solución y el territorio de su lucha, se aleja del continente y de la cordura internacional. Con la inminencia del Plan Mérida en México, mal haríamos en querer intermediar en el conflicto. Mal haríamos en considerar ingenuamente a este nuevo plan como una cooperación en buena lid y de buena vecindad. ¿Buena vecindad con un muro de oprobio desde Tijuana hasta el río Bravo, como lo fue el viejo Muro de Berlín o lo es el nuevo de Israel contra el pueblo palestino?