A 73 años de la expropiación petrolera, Pemex se encuentra bajo el control de la iniciativa privada, sobre todo extranjera. Esquemas velados de privatización –arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones– desmantelan la paraestatal, que ya no es dueña de plataformas, equipos de perforación ni buquestanque. Mientras la deuda total por 665 mil millones de pesos compromete poco menos de la mitad de sus activos, la importación de petrolíferos supera los 690 mil millones sólo en lo que va del gobierno de Calderón. El sistema de refinerías de México, otrora petroeconomía, opera a menos del 50 por ciento de su capacidad
Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no es dueña de 47 plataformas que operan costa afuera en los estados sureños de Campeche y Tabasco. Cinco sexenios neoliberales han bastado para desmantelar la más importante paraestatal, que aún aporta una tercera parte de los ingresos fiscales del país. Expertos consultados coinciden: en forma deliberada, la empresa y sus subsidiarias fueron “destruidas” para favorecer intereses extranjeros.
A 73 años de la expropiación petrolera, impulsada por Lázaro Cárdenas del Río, la iniciativa privada controla todos los procesos de la paraestatal, incluso los considerados estratégicos, como la exploración y explotación de los hidrocarburos. Ello, a través de esquemas velados de privatización que violan la Constitución mexicana: arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales y subrogaciones.
Los contratos de arrendamiento y servicios son los que han permitido a la filial Pemex Exploración y Producción (PEP), por ejemplo, ceder el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, revela la respuesta a la solicitud de información 185700001610 hecha por Contralínea.
De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad, sus informes –entregados a este semanario vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– omiten incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares.
El ingeniero Felipe Ocampo, jubilado de Pemex y perito en petróleo y petroquímica, explica que la privatización de la paraestatal se dio a partir de “una decisión política y un rumbo que marcaron las presidencias neoliberales de la República; desde el tiempo de Miguel de la Madrid –ejemplifica– ya no se construyeron refinerías”.
Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 –el 60.3 por ciento– sean propiedad de trasnacionales, descubre PEP en su respuesta a la solicitud de información 1857500001710 de este semanario.
Desde mediados de 2007, PEP también privatizó sus ductos como resultado de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos ubicados en Veracruz y Tabasco.
“Siempre ha sido innecesaria la participación de las empresas privadas, nacionales y trasnacionales en las áreas estratégicas. Pemex, de muchos años atrás, con sus propios recursos y su propia ingeniería y técnicos, había logrado lo que muchos países latinoamericanos no conseguían: ser una industria puntera”, señala Didier Marquina, secretario general del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos.
Lo que ocurre ahora en esa empresa estatal es distinto. Una muestra: en el primer año de gestión de Felipe Calderón, la petrolera mexicana cayó del sexto al onceavo lugar en el listado de las mayores firmas petroleras del mundo. Todavía no recupera su antiguo lugar.
Más aún, la privatización avanza. En Pemex Refinación, los privados también manejan áreas sustantivas. La filial ha cedido al mercado, por ejemplo, el transporte marítimo de hidrocarburos y el sistema nacional de ductos. En el primer caso, el 12 de abril de 2007, el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó “la adquisición de 10 embarcaciones por arrendamiento financiero y el arrendamiento puro de hasta nueve embarcaciones más”.
Así, la estrategia para renovar la flotilla –por medio de unidades rentadas– abandonó el esquema de la propiedad del Estado sobre los bienes, vigente en esa área hasta el sexenio de Vicente Fox.
Subrogaciones y contratos integrales
El Corporativo que dirige Juan José Suárez Coppel no escapa a los modelos privatizadores. Tal es el caso de la subrogación de los servicios médicos, contratados y administrados por siete coordinaciones médicas de zona (Mazatlán, Monterrey, Tampico, Villahermosa, Guadalajara, Veracruz y Distrito Federal), con 17 sedes y 92 localidades a cargo de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, y por 35 unidades médicas de Pemex (20 hospitales, tres clínicas y 12 consultorios), para proporcionar servicios integrales de salud a los trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos.
La subsidiaria PEP también echa mano de las subrogaciones para el transporte aéreo en helicópteros del personal operativo y para carga, en las regiones Norte y Sur, en las sedes de México y Villahermosa y en el resto del país.
Jorge Fuentes, coordinador general del Frente Nacional Petrolero, explica que en la paraestatal han prevalecido los intereses de Estados Unidos por encima de los nacionales. “Hay que exigir respeto a lo que es de todos los mexicanos, y que se salvaguarde el artículo 27 de la Constitución; de no ser así, hay que reexpropiar la industria y el sindicato petrolero”.
Pero ni el artículo 27 constitucional ni la propiedad del Estado se respetan en Pemex. Los contratos integrales, que recién anunció la administración de Suárez Coppel, permitirán a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Mientras Pemex entrega a las corporaciones el control total del petróleo mexicano, éstas recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.
“La actual intentona de concesionar bloques del territorio nacional para que empresas extranjeras (o nacionales) exploren y exploten petróleo es contraria a la ley y a la Constitución”, indica el investigador Fabio Barbosa Cano, experto en reservas de petróleo y gas.
Para el maestro en historia de México, “el Partido Acción Nacional surgió para combatir la Constitución y, décadas más tarde, los neoliberales del Revolucionario Institucional (Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) coincidieron con ese partido, porque la Constitución era un obstáculo para sus reformas”.
Didier Marquina, quien también acusa ilegalidad en esos contratos, explica los riesgos: “Las compañías extranjeras le reportarán a Pemex sus resultados. La paraestatal no va a tener recursos técnicos ni personal para hacer los peritajes o las evaluaciones que comprueben si se exploró o si se extrajo la cantidad correcta de producto, si se produjo el gas o el crudo o el aceite que dicen los privados que produjeron.
“Vamos a estar en un escenario igual al de antes de 1938: las compañías extranjeras, con el pretexto de que no extraían el suficiente petróleo, pagaban pocos impuestos. Sin embargo, grandes cantidades de crudo salieron de la zona de la Huasteca que no fueron reportadas al gobierno mexicano. Eso va a ocurrir, porque ¿quién los va a supervisar si Pemex no va a tener capacidad técnica? Por eso están corriendo a su personal. Desde un escritorio no se pueden llevar las cuentas. La supervisión tiene que ser en el campo directamente. Pemex lleva todas las de perder, mientras las compañías se van a llevar todas las ganancias y, además, compartirán la renta de la producción. Siempre van a ganar los privados y siempre va a perder Pemex.”
La Cuenca de Burgos, la zona gasera más importante de México concesionada a trasnacionales en 2003 por medio de los contratos de servicios múltiples, es el más evidente fracaso de los esquemas de privatización, refiere Marquina. Según el líder sindical, la zona ha sido prácticamente abandonada por las empresas.
El ingeniero Felipe Ocampo da otro ejemplo del fracaso de la privatización. “En los tiempos de Zedillo se privatizó totalmente la petroquímica. Qué nos dijeron entonces: que México se iba a volver una potencia, que los privados eran la quinta maravilla. Antes de Miguel de la Madrid se inauguraban de dos a tres plantas nuevas por mes. A partir de entonces, ya no se construyó ningún proyecto, se cancelaron algunos que había en ejecución y sólo se terminaron los que estaban demasiado avanzados. Produjimos alrededor de 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos; actualmente, producimos menos de la cuarta parte”.
Agrega que, “en la petroquímica, por ley, los privados pueden invertir al ciento por ciento. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los precios de las materias primas son muy altos y, como no les dieron un precio más bajo con el Proyecto Fénix, pues no se hizo. Ahora parece que se los quieren dar. El colmo del cinismo sería que Pemex le venda a precios más abajo a los privados que los que les da a Pemex Petroquímica”.
Por ello, Ocampo señala que “el de la petroquímica es el ejemplo más contundente de que los privados no van a hacer nada por México, porque ellos benefician a la industria de sus países; no son su propia competencia.”
Deuda e importación de petrolíferos
Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que “cada avance del proceso privatizador se ha apoyado en derrotas de las luchas sociales y en la destrucción de las organizaciones y partidos del pueblo. Es decir, en modificar la correlación de fuerzas sociales”.
La cifra es menor a la señalada por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006: 2 billones 177 mil 209 millones 836 mil pesos. Ese monto habría constituido la deuda pública contratada por Petróleos Mexicanos en los mercados de capital del país y del extranjero, relacionada con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
El monto, dado a conocer a principios de 2008, incluía los financiamientos privados (1 billón 752 mil 119 millones 310 mil pesos) y el costo financiero estimado para 2030 (425 mil 90 millones 525 mil pesos). Sin embargo, en su reporte financiero al cuarto trimestre de 2010, la paraestatal sólo reconoce como deuda total el 31 por ciento.
Los 665 mil millones de pesos que admite adeudar también son menores respecto del gasto de la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos, que supera los 690 mil millones de pesos tan sólo en lo que va del actual gobierno.
De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, mientras que en 2008, 2009 y 2010 sumaron más de 180 mil millones de pesos por año.
La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra –que se perfila como la última que se construiría en el país–, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación, reporta Pemex.
El ingeniero Felipe Ocampo explica que, desde la expropiación y hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, México tuvo una autosuficiencia en producción de gasolinas y en todos los derivados del petróleo; pero que, a partir de entonces, ya no se construyeron refinerías. “Pues claro que tenemos que importar [los productos petrolíferos]. Pero ¿por qué antes sí podíamos construir refinerías y ahora no? ¿Nos volvimos idiotas los ingenieros o qué? Fue una decisión política”.
Información de la propia paraestatal confirma que ninguna de las seis refinerías de su Sistema Nacional opera al ciento por ciento de su capacidad. “En el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento”, reconoce la empresa (Contralínea 212). Jorge Fuentes apunta que el fracaso es “peor”. “Las refinerías no operan siquiera al 50 por ciento de su capacidad”.
Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de la Coalición Petrolera Independiente, AC, dice que “este 18 de marzo no hay nada que festejar: el 80 por ciento de nuestra industria está privatizada por el monopolio orquestado por Carlos Salinas de Gortari. Pemex tiene dueño con nombre y apellido”.
Agrega que es el pueblo de México el que tiene que luchar para terminar con la corrupción que ha permitido la venta de la industria, “ya que los tres poderes de nuestro país fueron rebasados por grandes dictadores”.
La última ofensiva
Los planes privatizadores de la cúpula en el poder incluyen el cese de 5 mil técnicos y profesionistas. Ésta sería la ofensiva final contra la empresa, considera Didier Marquina, pues con ello Pemex perdería su capacidad técnica.
“Necesitamos que dejen de sacar a los técnicos que aún quedan con experiencia, que Pemex detenga los planes que tiene para echar a la calle a 5 mil profesionistas de probada experiencia. No es posible que digan que no se tiene capacidad técnica por falta de personal y, al mismo tiempo, los estén mandando a la calle.”
Marquina explica que la ofensiva se da, sobre todo, porque son los técnicos y los profesionistas quienes se han opuesto a tomar medidas en contra de los intereses económicos, financieros y técnicos de la empresa, en contra de su desarrollo y expansión.
Señala que Pemex vive una situación muy crítica, sobre todo porque la administración de Suárez Coppel se niega a platicar con el recién reconocido Sindicato que representa. “Nuestros ingenieros, en todas las áreas de Pemex, están siendo expuestos a fuertes jornadas laborales. Han reducido la plantilla de trabajadores técnicos y, al hacerlo, los que quedan tienen que cubrir dos o tres jornadas; ya no descansan los días que deben. Al incrementarse la fatiga de los ingenieros de turno, de proceso, de línea, de campo, de plataformas, e incluso los trabajadores de las áreas médicas, pues su rendimiento se merma, se pone en riesgo grave al personal y los procesos: ocurren fugas, explosiones. Hacemos un llamado urgente a Pemex para que reanude las pláticas con el Sindicato y resolvamos esta situación. Nosotros estamos dispuestos a colaborar”.
Revertir la privatización
Para el investigador Fabio Barbosa, “la ofensiva privatizadora en Pemex sí puede revertirse en el futuro, porque éste no está escrito. Pero debemos reconocer que en el caso del petróleo ahora hay condiciones diferentes: la dotación geológica ya está muy disminuida. Aunque en este país sólo quedan unos 150 campos pequeños pendientes de explotar, unos 12 ‘importantes’ (con más de 100 millones de barriles de reservas) y unos cuatro gigantes, por esa pequeña dotación el imperio y sus cómplices internos están dispuestos a continuar la militarización, a desatar políticas genocidas de despoblamiento en el Sureste y de envenenamiento de las aguas superficiales y subterráneas en vastas áreas, como Chicontepec, Veracruz. Todo ello establece condiciones inéditas y más difíciles”.
Por eso, añade, “las comunidades tendrán que librar batallas por su sobrevivencia. Todos los estudios prospectivos indican que la población humana en zonas petroleras, como las ubicadas en los municipios ribereños de Tabasco, está condenada a desaparecer o emigrar, porque esos territorios estarán sumergidos bajo las aguas en las próximas décadas. En Chiapas ya se desarrollan políticas muy parecidas a las de las ‘reservaciones’ indias en Estados Unidos. En suma, el petróleo se está agotando, pero todavía en las próximas dos o tres décadas seguirá siendo un factor importante”.
Las investigaciones periodísticas publicadas en el número 84 (agosto de 2007) por este semanario documentaron ampliamente las irregularidades en los procesos de licitación para simular el concurso, que en realidad estaba dirigido para que los dos consorcios citados ganaran los contratos. Lo que generó, incluso, que el senador Graco Ramírez Garrido presentara una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra del entonces director de la petrolera, Jesús Reyes Heroles; del titular de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Arnoldo Morales Gil; y de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel. Contralínea documentó que los contratos se entregaron sin tener autorizaciones presupuestales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“La situación de transparencia en Petróleos Mexicanos [Pemex], la paraestatal más importante de nuestro país, es un buen reflejo de la prevalencia de la transparencia simuladora que estamos viviendo en el resto de la administración pública federal, de esa transparencia de aparador”, afirma la doctora Irma Eréndira Sandoval, especialista en transparencia y rendición de cuentas.
