12/18/2007

FECAL apoya incondicional al GOBIERNO TERRORISTA DE EU




México, en apoyo incondioncional a EEUU

que es el mayor terrorista y traficante de armas

Pedro Echeverría V.

Rebelión

1. ¿Qué hace México aliado o al servicio de los gobiernos yanquis, impulsando el TLC, el Plan Puebla Panamá, el ALCA, el ASPAN y ahora el Plan México? Simplemente apoyando al gobierno más terrorista del mundo porque su dependencia política y económica es gigantesca. A pesar de estar a punto de festejar el bicentenario de su independencia, México nunca ha podido cortar sus cadenas de esclavitud, primero con los países de Europa y, desde el siglo XX, con el poderoso imperio norteamericano. Pero además, no sólo no se busca autonomía o independencia del país, sino que nuestro endeudamiento crece, las inversiones gringas se multiplican y la supervisión yanqui es más grande. México, junto a Colombia y Perú son (en estos momentos en que América Latina empieza a crecer una importante oposición) los países en que sus gobernantes están dispuestos a arrodillarse esperando cualquier orden de Bush para demostrar obediencia.

2. Escribe el estadounidense James Petras, uno de los más brillantes analistas del mundo: “ El mayor traficante de armas de la región es el USSOUTHCOM (Comando del Sur del Pentágono a cargo de las autoridades estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe) y no los carteles de la droga. Los segundos mayores traficantes son los aliados militares de Washington, con el equipamiento en particular de los grupos paramilitares. Los terceros mayores traficantes son los carteles de la droga que trabajan con el ejército y la policía. Las guerrillas en Colombia carecen del armamento pesado que tienen las fuerzas armadas, no tienen ni siquiera sistemas portátiles de armas para defensa aérea. El tráfico de armas que realizan los insurgentes es una actividad mínima en comparación con la que realizan el USSOUTHCOM y sus aliados militares. Además, EEUU y el Ejército trafican con armas para proteger el orden socioeconómico existente y aterrorizar a la población, mientras que los insurgentes, sus armas livianas y sus misiles "caseros" están diseñados para derribar ese orden y defender al campesinado”.

3. En México (como en la mayoría de países del mundo) para tapar la delincuencia internacional del gobierno norteamericano, irrumpen los medios de información propagando la desinformación mediante la tergiversación de las noticias. Las más poderosas agencias periodísticas de radio y televisión, así como el cine, al servicio de las agencias estadounidenses, difunden una interpretación maniquea para engañar a la población.




Estos medios mueven el pensamiento y la atención de la gente hacia donde les interesa, bloqueando la mayoría de las veces lo que es realmente importante. Por eso esconden los acuerdos que firman los EEUU con los gobiernos dependientes mientras los pueblos siguen confiando en que no hay cosas ocultas. ¿Se puede dejar de pensar acaso de que todo el programa privatizador de Felipe Calderón es un compromiso firmado por anteriores gobiernos con los EEUU y sectores privados mexicanos?

4. El Plan México, acordado por los presidentes de EEUU y México el martes 13 de marzo de 2007 en una enorme hacienda yucateca (propiedad de un gran banquero multimillonario) a unos 25 kilómetros de Mérida, fue firmado en el mismo instante en que un millar de soldados disfrazados de policías irrumpieron en la Plaza Principal de la ciudad de Mérida para reprimir una manifestación de estudiantes y profesores que habíamos realizado una larga marcha del barrio de Santa Ana, al Monumento a la Bandera y a la Plaza Principal.




El pretexto para reprimir con brutalidad y encarcelar por más de un mes a 48 compañeros estudiantes inocentes, fue la ruptura de una puerta, de un jarrón y dos vidrios en el palacio municipal por personas enmascaradas (¿policías?) desconocidas que se infiltraron en esos momentos en la protesta. Pero hubo absoluta coincidencia: Mientras Bush y Calderón firmaban, se apresaba a los estudiantes.

5. Sin tener idea de los compromisos adquiridos aquella noche por el gobierno de Felipe Calderón con Bush, ahora nos hemos enterado de una llamada “Iniciativa Mérida” que no es otra cosa que un Plan México, idéntico al Plan Colombia, de características esencialmente militares: que busca cuidar la frontera de los EEUU y combatir los que llama el gobierno yanqui “terrorismo”. Durante los días 12,13 y 14 de marzo los cientos de militares del Estado Mayor Presidencial mexicano y los brutales militares yanquis del Pentágono gringo establecieron un semi Estado de sitio en todos los lugares que iba a tocar Bush, sin embargo desde semanas antes habían comenzado a establecer una molesta e intimidante vigilancia. Los que participamos en las cuatro marchas de protesta y repudio no nos imaginamos que en aquella hacienda (Temozón Norte) se estaban dando los últimos toques de un bárbaro acuerdo represivo y fascista.

6. En el Plan México, que se contempló desde marzo de 2005 y se inició en enero pasado, participan distintas instancias del gobierno estadounidense (los departamentos de Estado y de Justicia, la Secretaría de Seguridad Interna, el Pentágono, la CIA, la FBI, la agencia antidrogas DEA) y el Congreso. También, por parte del gobierno mexicano: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina de Guerra, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Por fin el plan fue afinado en marzo pasado, durante la visita del presidente Bush a Mérida, y en mayo funcionarios mexicanos del área de seguridad se reunieron en Washington con la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y fijaron los términos de un memorando de entendimiento, que contendría objetivos, metas, mecanismos y recursos. Permanecimos en la oscuridad y sin protestar.

7. Pero no solo eso ignorábamos, tampoco supimos que ese acuerdo de Plan México se había comenzado a preparar exactamente dos años antes entre los tres presidentes firmantes del ASPAN. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte fue propuesta y fundada en Waco, Texas el 25 de marzo de 2005 por el presidente de los EEUU, con la incondicional aprobación de los gobiernos de Canadá y México.

Sus objetivos fueron totalmente imperiales:

a) Aumentar la productividad;

b) Reducir los costos del comercio y los costos de transacción y

c) Responsabilidad con nuestro medio ambiente;

d) creación de una oferta de alimentos facilitando a la vez el comercio de productos agrícolas; y la protección en contra de enfermedades.

En cuanto a seguridad:

a) Desarrollar un enfoque común en materia de seguridad para proteger a América del Norte (AN), destacando las acciones para:

b) Proteger a la región de AN,

c) Prevenir y responder a amenazas dentro de la región de AN.

8. El ASPAN ha sido determinante en la estrategia represiva que se ha trazado en México. El gobierno de Calderón simplemente está cumpliendo con los compromisos firmados con el gobierno de Bush, llevándolos hasta las últimas consecuencias.

Esa “Alianza para la Seguridad…” va ha seguir siendo la base de “protección y de respuesta a las amenazas contra América del Norte”.

En el ASPAN se encuentra todo el proceso de privatización y de defensa irrestricta al capital internacional.

** ¿Cómo Bush y Calderón iban permitir que 800 jóvenes manifestantes de Mérida pudieran interrumpir un plan modelo para asegurar el control de México y más tarde de América Latina?

** ¿Qué sabíamos del ASPAN y los ineludibles compromisos firmados por el gobierno de Fox con lo poderosos intereses yanquis?

** ¿De qué terrorismo y narcotráfico hablan si entre esos mismos gobernantes están los jefes?


La Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda al Gobierno Mexicano por ineficiente e indiferente



Es la primera ocasión en que esa instancia

analiza los asesinatos de mujeres

en Ciudad Juárez



07/LGL/GG/CV


La Corte Interamericana de Derechos Humanos demanda al Estado mexicano por tres casos de feminicidio


Sara Lovera
SEMlac


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió presentar una demanda contra el Estado Mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los casos de tres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.Se trata del primer caso ante la Corte Interamericana por la violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez que se presenta ante este tribunal internacional, informó a SEMlac la abogada Karla Michel, quien desde hace cinco años promueve la justicia para una de las víctimas.


Michel explicó que, con esta demanda, las familias de tres asesinadas en el caso conocido como “Campo Algodonero” tendrán la posibilidad de acreditar, ante esta instancia internacional, las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno Mexicano en relación con el feminicidio, por no cumplir sus recomendaciones.La demanda contra México fue interpuesta el pasado 4 de noviembre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en San José, Costa Rica.


Será la primera ocasión en que esa instancia analice un caso de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, donde -según cifras oficiales- más de 352 mujeres fueron ultimaas en los últimos 14 años y también, por vez primera, examinará un caso cuyo tema central es la violencia de género, explicó la abogada Michel, actual asesora en violencia de género del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, capital de la República Mexicana.Precisó que la CIDH actúa y recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando los Estados, como México, hacen caso omiso de las recomendaciones que ha establecido previamente en un informe de fondo. Hizo notar que México aceptó la competencia de la Corte Interamericana en 1998.


La demanda se refiere a casos que fueron presentados por separado, pero que están relacionados, por tratarse de la desaparición y el homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, dos de ellas menores de edad, entre septiembre y noviembre de 2001.La CIDH tomó en cuenta, de acuerdo con el documento de aceptación del que tiene copia SEMlac, que el caso se basa en la denegación de justicia por parte del Estado mexicano, la falta de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y el conocimiento de las autoridades estatales de la existencia en Chihuahua de un patrón de violencia contra mujeres y niñas.En Ciudad Juárez, las primeras denuncias de feminicidio se formularon en 1993, por lo que la CIDH, que ha recibido múltiples informes y ha dado seguimiento al caso “Campo Algodonero”, sustanció la falta de respuesta de las autoridades frente a estos asesinatos y desapariciones, por lo que considera negligencia en la investigación de los homicidios.El documento añade que tampoco se ha realizado la reparación adecuada en favor de sus familiares.


Al resumir los hechos, Michel señaló que, el 6 de marzo de 2002, la CIDH recibió tres denuncias por la responsabilidad internacional de México ante las irregularidades en la investigación de lo sucedido a Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monarrez, desaparecidas en 2001 y halladas asesinadas a principios de noviembre de ese año.Esmeralda y Laura Berenice tenían 15 y 17 años, respectivamente, cuando ocurrieron los hechos.


Los peticionarios argumentan que las autoridades gubernamentales "no han hecho todo lo que podían hacer para esclarecer la muerte" de las tres jovencitas y "dar una explicación clara y verídica sobre esta violación" de derechos.Indican, asimismo, que "la ineficacia en las investigaciones demuestra la poca voluntad del Gobierno para esclarecer estos crímenes y prevenirlos".Tras declaraciones y la creación de instancias y programas en Ciudad Juárez, las autoridades alegan que han "redoblado esfuerzos" para agotar todas las hipótesis que conlleven “a localizar y comprobar la probable responsabilidad" de los autores, y consideran que las investigaciones "han sido eficientes" en la medida en que varias personas están cumpliendo penas.También afirman que "en ningún momento se ha minimizado la problemática que viven las mujeres en Ciudad Juárez".


Los hechosLos días 6 y 7 de noviembre de 2001 fueron encontrados ocho cuerpos en el terreno conocido como “campo algodonero”, en Ciudad Juárez. La Procuraduría General de Justicia en Ciudad Juárez inició la investigación por los delitos de homicidio y violación. Fueron detenidos Víctor J. García Uribe (El Cerillo) y Gustavo González Meza (La Foca), a partir de declaraciones autoinculpatorias y las de una supuesta testigo.La identidad de las víctimas también fue establecida a partir de las “confesiones” y vestigios en el lugar. Una de ellas fue presentada como Esmeralda Herrera Monreal, reportada como desaparecida el 29 de octubre del mismo año.


Durante la investigación previa, los peritos oficiales solamente realizaron la necropsia de ley, que consistió en una descripción del estado del cuerpo de cada una de las víctimas, sin abundar en su identidad ni el modo y causa de las muertes.En forma irregular, los dictámenes en antropología forense, criminalística y genética forense, destinados a corroborar la identidad de las víctimas y las causas de muerte, se fueron agregando a la causa penal, cuando cinco días después del hallazgo las autoridades ministeriales ya habían asignado una identidad a cada víctima.Al comparecer por vez primera ante un juez, ambos inculpados denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente por los policías judiciales y otros funcionarios de la Procuraduría, para firmar confesiones en las que reconocían a las víctimas. A Víctor y Gustavo les fueron tomadas fotografías poco después de la tortura, en las que aparecen las lesiones provocadas.


No obstante, el juicio siguió su curso. El 8 de febrero de 2002, Gustavo González murió en prisión después de una operación por hernia inguinal y en condiciones aún no aclaradas. Anteriormente, su abogado fue asesinado por agentes de la policía judicial, quienes “justificaron” los hechos, señalando que lo habían confundido con un delincuente fugitivo.Los familiares de las víctimas en ningún momento fueron tomados en cuenta por las autoridades en las investigaciones, ni en el proceso penal. La madre de Esmeralda, como otras madres de víctimas, no vio el cuerpo de su hija.El 13 de octubre 2004, después de cuatro años de proceso, Víctor Javier García Uribe fue condenado a 50 años de cárcel.


El caso fue informado a diversos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que documentaron y se pronunciaron en varias ocasiones sobre las múltiples irregularidades y violaciones cometidas.Declaraciones públicas de fiscales y peritos que intervinieron en la investigación dan cuenta de que fueron obligados, por órdenes del Procurador, a “armar” el expediente y fabricar culpables, para evitar la presión social.


De acuerdo con esos testimonios, los nombres fueron puestos en cada uno de los cuerpos encontrados, a partir de una lista de jóvenes recién desaparecidas, de manera que las fechas de desaparición coincidieran con el estado de los cuerpos, no por deducción científica.El 14 de julio 2005, el tribunal de apelación decretó absolver a Víctor Javier García por falta de elementos en su contra, lo que implicó la reapertura de las investigaciones. Para la madre de Esmeralda (y otras madres en el caso), significó confirmar que los hechos siguen impunes, dudar nuevamente de la identidad de los cuerpos presentados y ratificar que la actuación de las autoridades había sido un montaje intencional e interesado.


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Producto de la violación a los derechos humanos de las mujeres


Militares


violencia feminicida


Por Lourdes Godínez Leal

México, DF, 17 dic 07 (CIMAC).- Por una supuesta lucha contra el narcotráfico, este año varias entidades del país se convirtieron en “cuarteles del Ejército”, donde las mujeres han sido víctimas de la violencia feminicida ejercida por militares.

Este tipo de violencia feminicida, explica Marcela Lagarde, es “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado”.

Está “conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”, agrega la feminista.

Esta violencia prevaleció, durante 2006 y 2007, en Coahuila, Veracruz y Michoacán.

Para Lagarde, el caso más emblemático de violencia feminicida, reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue el de Ernestina Ascencio Rosario, en Veracruz, presuntamente violada y asesinada por militares en febrero de este año.

“Ernestina era mujer, indígena y mayor, fue abusada, se le lastimó y maltrató, fue violada a grado tal que al segundo día después de la agresión murió a consecuencia no de una gastritis, sino del maltrato brutal del cual fue objeto por parte de militares”, señala.

Para Lagarde “el abuso de poderes por parte de funcionarios del Estado y del propio Felipe Calderón, así como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se convirtió en Ministerio Público”, le dieron a este caso múltiples formas de violencia.

No ha sido el único, se sumó a la larga lista de mujeres violadas en México por militares, denunciados desde la década de los 90.
En julio de 2006, 14 mujeres fueron violadas por 13 soldados en la zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, de los cuales, al año siguiente, sólo tres fueron sentenciados por un juez civil. En mayo de 2007, 4 menores de edad fueron violadas en los municipios de Nocupétaro y Carácuaro, Michoacán.

“Todas ellas son sobrevivientes de violencia feminicida porque quedaron en riesgo de perder la vida, hubo un poder total sobre ellas y se ejerció violencia directa en su contra”, sostiene Lagarde.

VÍA ERRADA DE JUSTICIA

Este año, el interés de los medios de comunicación se centró en la lucha contra el narcotráfico, las elecciones en 14 estados de la República y la reforma electoral, por lo cual la visita de Amnistía Internacional (AI) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), dos de los organismos defensores de los derechos más importantes en el ámbito internacional, pasaron inadvertidas al parecer para Felipe Calderón.

AI y Cejil manifestaron preocupación por la creciente militarización en el país y la violación a los derechos humanos, condenaron la violación sexual contra mujeres ejercida por soldados y que los casos fueran “investigados” por el fuero militar, no civil, porque ello garantizaba la impunidad.

Opinión contraria a la expresada por la CNDH en sus recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre pasado por los casos de Michoacán, Castaños y Zongolica, ésta última emitida siete meses después de los hechos y seis después de que Calderón decretó la muerte por “gastritis” de la señora Ascencio.

Las “recomendaciones” de la CNDH a la Sedena fueron calificadas como “una cortina de humo” y recomendaciones Light para legitimar la existencia de la Comisión, por el General Brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, preso en 1993 por denunciar violación de derechos humanos en el Ejército

“A Calderón no le conviene que haya señalamientos directos sobre el Ejército porque deslegitima su actuación en la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo el militar a Cimacnoticias.

Gallardo es pesimista sobre las recomendaciones, pues recuerda que aún en los casos “más oscuros” en donde el Ejército ha estado implicado, como la ejecución de 7 judiciales en 1991 o la guerra sucia, cuyos personajes han sido identificado con nombre, apellidos y cargos, “hubo recomendaciones de la CNDH y no pasó nada”.

LA IMPUNIDAD TIENE PERMISO

Protegido por el poder político, el Ejército ha sido históricamente “intocable”. La diferencia hoy, opina Gallardo, es que tiene una participación activa en tareas que no le competen: seguridad pública y lucha contra el narcotráfico. “Estamos viendo un abuso de las Fuerzas Armadas por parte de Calderón, quien en una decisión unilateral saca al Ejército del cuartel”.

La impunidad empieza desde que los militares deambulan por las comunidades indígenas violando los derechos humanos de mujeres, hombres e infancia sin que haya una autoridad que los sancione, porque quienes incurren en estos delitos son juzgados en tribunales militares por “faltas a la disciplina militar”, no por las violaciones sexuales contra mujeres, precisó Gallardo.

“El Ejército calcula costos y no pasa nada si pone a disposición del ámbito civil a 20 personas, porque negocian y salen procesadas dos o tres, como ocurrió en Castaños y volvemos a lo mismo, a la impunidad absoluta”, opinó.

Gallardo afirmó que corresponde al Ministerio Público Militar y no a la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigar los delitos sexuales cometidos por militares, por lo que las recomendaciones de la CNDH no tienen peso alguno para una institución como la Sedena.

Asimismo, Soraya Long, directora de Cejil, criticó durante su reciente visita a México que los tribunales militares no tengan autonomía, pues son nombrados directamente por el Presidente y entonces no hay independencia sino vinculación política.

Gallardo afirma que el Secretario de la Defensa “da línea” sobre quién es culpable o inocente: “Tiene la facultad de modificar alguna opinión del MP (procurador militar) que se supone es un abogado, pero el Secretario le puede decir este señor es culpable o es inocente”.

Por eso conviene reformar artículos de la Constitución referentes a las Fuerzas Armadas y a las facultades del Presidente. Sobre ello existen al menos tres iniciativas, congeladas en el Congreso de la Unión.

07/LGL/GG/CV


Ministra Sánchez defraudó confianza de mujeres
Protección a la integridad de Lydia Cacho, exigen feministas



Por Hypatia Velasco Ramírez

México DF, 17 dic 07 (CIMAC).- Luego de la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, organizaciones feministas exigieron esta mañana la protección absoluta a la integridad de la periodista y que se profundice e investigue a fondo la pederastia y la redes de complicidad a todos los niveles en nuestro país.

Así mismo exigieron, en conferencia de prensa y tras un debate entre feministas, que las y los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Armando Valls Hernández, Margarita Beatriz Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Olga Sánchez Cordero y Mariano Azuela Güitrón presenten de inmediato su renuncia y que se democratice la selección de miembros de la SCJN.

En ese sentido lamentaron el voto de la ministra Olga Sánchez Cordero y aseguraron que merece especial repudio “por la confianza que equivocadamente algunos sectores del feminismo le habían otorgado”.

La resolución de la SCJN ha generado el descontento de la sociedad civil que fue provocado no “sólo por lo impopular de la decisión o por la ignorancia del pueblo, como lo manifestó la ministra Margarita Luna Ramos”, sino porque ha dejado en estado de indefensión a la niñez mexicana, explicó Inés González, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas, como parte del manifiesto resultado del debate.

Y aseguró que la decisión de la SCJN no es una manifestación de “justicia moderna”, según lo refirió el ministro presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sino un acto de complicidad e impunidad que en otros países ha provocado el encarcelamiento de mandatarios.

Lo importante del dictamen, en el que también se determinó no investigar la existencia de redes de pederastia, era enviar un mensaje claro de lo que no se puede tolerar en la sociedad mexicana: la pederastia y la violación cínica y descarnada de los derechos humanos de ninguna persona protegida por las leyes vigente en el país, indicó González.

Además, el dictamen también tenía que ver con el atajo a la impunidad, la importancia a las instituciones y la visión de Estado de los gobernantes como factores para fortalecer el avance democrático del país.

Es así como la decisión de la SCJN, donde se establece que no existe violación a las garantías individuales de Lydia Cacho, se suma a los pendientes por resolver respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres en México, como la incursión policíaca de San Salvador Atenco y Oaxaca y la intervención militar en Castaños, Coahuila, y el caso de Zongolica, Veracruz.

Así como la falta de aplicación de la ley y el rezago en la armonización legislativa “que favorece la impunidad y la violación a los derechos humanos”, por lo que para eliminar el estado de indefensión en que ha quedado la sociedad ante esta decisión, la SCJN debe cumplir con su cometido, establecido en la Constitución mexicana.

Al respecto, Magdalena García Hernández aseguró que ante esa indefensión es necesaria la movilización social pues, además, “las y los periodistas están sujetos a un estado de indefensión mucho mayor”.

ACUDIRÁN A REDES INTERNACIONALES

Por ello, para continuar manifestándose en contra de la resolución emitida por la SCJN, diversas organizaciones feministas acudirán a redes internacionales que están a favor de promover actividades de denuncia y modificación de la situación que prevalece en el Poder Judicial.

Estas redes, explicó, han puesto en manos de las organizaciones feministas una serie de mecanismos y de posibilidades de participación en reuniones internacionales de diversos tipos para así visibilizar aún más el caso.

Y aseguró que en el ámbito internacional, las y los expertos en materia de reforma judicial están “pasmados” por la decisión emitida por la SCJN y por ello han ofrecido su ayuda y solidaridad en este caso.

Al respecto, la feminista Adriana Luna Parra acotó que este caso ha movido la solidaridad e indignación de todos los sectores de la sociedad debido a la protección a la pederastia que se ha manifestado “de manera cínica” con esta decisión.

Sobre la renuncia de la doctora Alicia Elena Pérez Duarte a la titularidad de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim) Magdalena García Hernández aseguró que es un “acto de congruencia”.

Explicó que haberle retirado a la Fevim el caso de Lydia Cacho, pues en un principio las investigaciones se estaban llevando a cabo a la par de la SCJN, no daba “buenas señales sobre el asunto”.

Por ello se sumo a la declaración de la ex fiscal en la que argumenta que no podía ser parte del actual Poder Judicial pues de quedarse en la Fiscalía, dijo García Hernández, podría haberse confundido como un contubernio que de ninguna manera Pérez Duarte quiso que sucediera.

Las organizaciones que se solidarización esta mañana son la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, la Red de Mujeres Sindicalistas, La Red de Trabajadoras de la Educación y la Vicepresidencia de Género de la Unión Nacional de Trabajadores.

18 de diciembre: Día Internacional del Inmigrante y las Acciones Sindicales


Rebanadas de Realidad - UITA, 18/12/07.-


El 18 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores/as Migratorios y de sus Familiares. La Convención de los Trabajadores/as Migratorios entró en vigor en el año 2003, convirtiéndose en un tratado internacional obligatorio. Se la considera como uno de los instrumentos básicos de los derechos humanos. No obstante, a la fecha sólo ha sido ratificada por 37 estados miembros de la ONU –entre ellos, ninguno de los principales países receptores de inmigrantes y ningún miembro de la OCDE, el club de las naciones ricas que se valen de la mano de obra migratoria barata.


La Convención de los Trabajadores/as Migratorios permanece siendo un secreto bien guardado, por buenas razones. Los países que ratifican la Convención se comprometen a defender la plena diversidad de los derechos humanos y las libertades que los/as trabajadores migratorios usufructúan bajo el derecho internacional, incluyendo (Artículo 26) el derecho a afiliarse libremente a un sindicato a fin de defender sus intereses. Si se respetasen los términos de la Convención, los estados deberían actuar contra los abusos y la explotación incontrolada que son el destino de muchos –de hecho, de la mayoría– de los trabajadores/as migratorios.


Las Naciones Unidas estiman que existen más de 191 millones de inmigrantes internacionales, la mitad de los cuales son trabajadores/as migratorios. La producción mundial –incluyendo a los sectores de la UITA– descansa sobre sus espaldas. La agricultura, los hoteles y restaurantes, así como muchas ramas de elaboración de alimentos, se derrumbarían sin su aporte. A pesar de la existencia de un tratado internacional que enuncia sus derechos, los trabajadores/as migratorios son no obstante traficados, discriminados, obligados a trabajar bajo condiciones arriesgadas y extenuantes, encerrados en viviendas aisladas, insalubres y peligrosas, esclavizados como trabajadores/as domésticos, arrestados e internados periódicamente en centros de detención colectivos antes de ser repatriados por la fuerza.

En algunos de los países más ricos del mundo, los trabajadores/as agrícolas, que son predominantemente de carácter migratorio, permanecen completamente fuera del marco legal de las relaciones laborales y de la seguridad social.


En Estados Unidos,
los propietarios de capital riesgo/inversión de la cadena de comida rápida Burger King – la segunda cadena de restaurantes del mundo – procuran destruir un acuerdo que contemplaría que los cultivadores pagaran un centavo de dólar extra por cada canasta de tomates recogidos por parte de 20.000 peones migratorios de Florida.

Estos trabajadores/as, quienes ya ganan salarios de pobreza, acaban de experimentar una reducción de un 40 por ciento en sus jornales.
El tratamiento de los trabajadores/as migratorios constituye un indicador básico de la aplicación y el cumplimiento de las normas de derechos humanos por todos y cada uno de los estados. Para los sindicatos en el ámbito internacional, el nivel de organización sindical de la fuerza laboral migratoria debe ser considerado como un indicador clave del vigor total del movimiento laboral, su poder negociador y su capacidad para la movilización.
En diciembre del 2000, las Naciones Unidas declararon el 18 de diciembre como el Día Internacional del Inmigrante. Las organizaciones sindicales deben celebrar esta jornada reclamando a sus gobiernos que ratifiquen finalmente la Convención, pero no necesitan esperar a la ratificación para actuar.


En muchas partes del mundo, las organizaciones sindicales cada vez son más activas en la organización de los inmigrantes, conscientes que su propio futuro depende en gran medida de su éxito en organizar a todos los trabajadores/as, inmigrantes o nativos, documentados o indocumentados.
En Corea, el centro nacional KCTU ha respaldado al Sindicato de trabajadores migratorios en su lucha por los derechos y el reconocimiento legal. Tres de los dirigentes de ese sindicato han sido recién
deportados por la fuerza. La sección T&G de United en el RU ha puesto en marcha una movilización nacional en favor de la igualdad de tratamiento para los trabajadores/as temporarios y de agencias de empleos en la industria cárnica, la mayor parte de los cuales son inmigrantes (más información aquí).


Al igual que los miles de obreros de la construcción de Dubai que recientemente organizaron reiteradas huelgas masivas como reacción a las condiciones degradantes e inhumanas, los trabajadores/as migratorios han liderado o participado activamente en algunas de las luchas laborales más importantes de los últimos años. A nivel internacional, las organizaciones sindicales pueden celebrar el 18 de diciembre, el Día Internacional del Inmigrante, mediante su apoyo a estas luchas, a la vez que intensificando sus esfuerzos para organizar al creciente número de trabajadores/as migratorios en sus países sede. De ello depende nuestro futuro común.


Quitará ley empleos a 500 mil inmigrantes sin papeles
17 Diciembre 2007


de Cd. Juárez
Randal C. ArchiboldThe New York Times News Service Phoenix—


Una nueva ley en Arizona contra el empleo de inmigrantes indocumentados ha sacudido negocios, espantado trabajadores, encantado a defensores de controles más estrictos de inmigración y agregado tensiones en un estado que tiene conflictos por por quienes pertenecen aquí y quienes no.Y esto es antes de que la ley entre en vigor el 1 de enero.


Funcionarios estatales buscan detener la inmigración ilegal acabando con la oferta de trabajos por medio de la ley, con la cual se amenaza con suspender la licencia de funcionamiento de cualquier empleador que a sabiendas contrate un inmigrante sin documentos. La medida dejaría sin empleo a 500 mil personas que tienen ese estatus.Es un ejemplo de veintenas de leyes estatales y municipales cuya intención es hacerle frente a la inmigración con la creencia de que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detenerla. Sin embargo, la versión arizoniana está entre las más rudas y podría poner a prueba la capacidad estatal para tomar medidas enérgicas contra innumerables negocios que han dependido de los trabajadores indocumentados.Phoenix— Arizona representa un laboratorio asombroso.


Su población de inmigrantes sin papales –estimada en 500 mil personas– está entre las más elevadas y de crecimiento más rápido en el país, y ese tipo de trabajadores representan hasta el 12% de la fuerza de trabajo, en su mayor parte en empleos que requieren poca capacitación en los servicios, la construcción y la jardinería, de acuerdo con una investigación de la Universidad Estatal de Arizona.Negocios y grupos de derechos de los inmigrantes presentaron recusaciones jurídicas a la ley, firmadas en julio por la gobernadora demócrata Janet Napolitano, en la que afirman que con ella se estaría usurpando la autoridad federal, conduciendo a la elaboración de perfiles raciales, y que en ocasiones se basan en expedientes gubernamentales poco precisos. Un juez federal considerará el martes una orden temporal de restricción a fin de la ley que no entre en vigor; el juez desestimó otra recusación la semana pasada.No obstante, negocios y grupos de inmigrantes dicen que ya han sufridoo algunos de los efectos de la ley.


Los defensores de los inmigrantes sostienen que, como mínimo, cientos de personas no autorizadas para trabajar han abandonado el estado o han sido despedidas. Algunos distritos escolares han atribuido en parte a la ley el descenso en la matrícula. Aunque la caída en los precios de la vivienda y factores económicos por la temporada dificulta identificar con exactitud qué tanto es atribuible a la nueva ley, trabajadores sin papeles dicen que los empleadores están revisando los documentos y están menos inclinados a contratarlos.“Un día, empezaron a pedirle documentos a todo el mundo, y despidieron a los que no los tenían, como yo”, dijo Luis Baltazar, un mexicano que trabajaba para una compañía de pavimentación hasta hace unas semanas y solicitaba empleo en un salón donde se ofrece trabajo por día en esta ciudad. (Randal C. Archibold/The New York Times News Service)


Grupos que representan los 150 mil negocios con licencia dijeron que la redacción de la ley es vaga y ha provocado confusión sobre si se aplica a todos los empleados o sólo los contratados a partir de que la ley entre en vigor el 1 de enero; hay consenso en cuanto a esto último. Como resultado, han batallado para compilar y revisar documentos, y está surgiendo una industria artesanal de sanciones, foros sobre derecho y consultorías. (Randal C. Archibold/The New York Times News Service)El infierno de María, una inmigrante mexicanaRegresó de su país para morir en un incendio forestal en la zona fronterizaJorge Morales Almadajorge.morales@laopinion.com03 de diciembre de 2007VISTA.— María Guadalupe Beltrán había ido a México a enterrar a su papá y cuando regresó a Estados Unidos encontró su infierno.


Las llamas de un incendio forestal en la región de Tecate rodearon el camino por donde cruzaba la frontera de manera indocumentada.


Desfigurada en la cama del Hospital para Quemados de la Universidad de California en San Diego (UCSD) su esposo, Felipe Mercado, apenas la reconoció por las uñas de los pies.


"De la cara no la reconocí, pero le descubrieron los pies… eran los mismos deditos de ella… luego el brazo…". Don Felipe no alcanza a terminar la frase que el llanto le corta.


- ¿Qué tenía en el brazo?


"Era ella…, era ella".


En la sala de un modesto departamento de renta en esta ciudad, al norte del condado de San Diego, el señor Mercado suelta su tristeza en cada lágrima.
Desesperado por no tener trabajo y con la angustia de que ya se le han juntado dos meses de renta, don Felipe y sus cuatro hijos sobreviven con las donaciones de vecinos que le dan de 5 a 10 dólares y latas de comida.


"No sé si me van a correr de aquí, debo el mes pasado, este mes ya se me va a juntar", comenta este hombre que ha cumplido ya cinco semanas sin poder trabajar.


Felipe Mercado y María Guadalupe Beltrán emigraron hace 10 años de un marginado pueblito del Estado de México.


"Nos venimos a Estados Unidos con el mismo propósito de todos, de venir a hacer algo aquí, de juntar dinero para hacer una pequeña casa y poder regresar allá", dice el señor Mercado.


Desde entonces don Felipe y su esposa se habían dedicado a la venta de tamales y champurrado, algo que les generaba ingresos de entre 40 y 50 dólares diarios. Pero ahora ya no ha podido trabajar, se ha quedado al cuidado de sus cuatro hijos.


María Guadalupe había ido a México al funeral de su padre, a quien ya no volvió a ver con vida desde que dejó su pueblo.


"Yo le decía que no se fuera, porque regresar era muy difícil, me dijo que la apoyara, le decía que lo pensara que mejor le enviábamos dinero a su mamá, pero que no fuera a México, pero ella se sentía muy mal, porque tenía 10 años sin ver a su papá", recuerda don Felipe.


El 21 de octubre, después de velar a su padre y alargar su estancia porque su madre enfermó, María Guadalupe contactó en Tijuana al coyote que la cruzaría por la región montañosa de Tecate. Pero el camino fue infernal. Un incendio se propagó rápidamente por esa zona alcanzando con sus llamas al grupo de migrantes que ese día se aventuraba en el cruce.


"Cuando se fue me dijo que cuidara de sus hijos, que iba a regresar pronto… Me dio un beso y todavía le agarré la mano, le dije que no fuera".


Un día antes de que María Guadalupe decidiera cruzar la frontera, había hablado con su esposo por teléfono para decirle que pronto estarían de nuevo juntos. Pero don Felipe ya no volvió a saber de ella, hasta que cuatro días después le informaron que en un hospital estaba un grupo de migrantes que resultaron quemados.


"Era un presentimiento que yo tenía, viví 10 años con ella, era mi otra mitad", dice el afligido esposo. "De repente me daba una sensación de pensar mucho en ella, no sé si le pasa que de repente se acuerda mucho de alguien, es porque algo está pasando, es como un aviso, como que Dios te manda un aviso".
Su esposa era una de las víctimas. Inconsciente, pero aún con vida, María Guadalupe luchó por su vida 16 días más, hasta que el 6 de noviembre pasado le llegó el último suspiro.


Una pared del departamento ha sido arreglada con varias fotografías de la familia al lado de dos cuadros de la Vírgen de Guadalupe. Don Felipe las ve y de nuevo las lágrimas le brotan. No la puede olvidar, como tampoco sus hijos, que a diario le preguntan cuándo regresara su mamá.



"Yo les digo que su mamá está en el cielo, que cuando quieran hablar con ella que miren al cielo, que ella los va a escuchar desde arriba, los va a mirar desde arriba".


Al lado de la Virgen de Guadalupe y las fotografías familiares, hay un árbol de Navidad que le regalaron unos vecinos.


"Para mi ya no hay Navidad", dice desconsolado don Felipe. "No tengo ni para un galón de leche, espero ya el lunes empezar a trabajar, a vender tamales, se viene Navidad y no tengo ni para un regalo para mis hijos".


AYUDA
Número de cuenta: 94841-00475
Banco: First Bank
Nombre: Mercado Family Fund
Teléfono del banco: 619-425-5000

12/17/2007

IMPUNIDAD DE LA SCJN




Meterse con el poder

Lydia Cacho

Por Flavia MameliLa Suprema Corte de Justicia mexicana concluyó este mes en que no hubo violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho al haber sido detenida en diciembre de 2005, luego de denunciar la alianza entre el poder político y económico en el negocio de la pederastia en la turística ciudad de Cancún. El máximo tribunal de justicia además decidió no incluir el tema de la pederastia como línea de investigación de la denuncia. Tras conocer el fallo, Cacho, quien había sido denunciada por difamación, dijo que buscará apoyo internacional.

En 2005 Lydia Cacho publicó “Los demonios del Edén. El poder que protege a la pornografía infantil”, investigación que reúne algunos de los testimonios de adolescentes víctimas de abuso sexual a manos del pederasta méxico-libanés Jean Succar Kuri, sus negocios con el empresario textil Kamel Nacif Borge, y sus estrechos vínculos con el poder político local, particularmente con el gobernador de Puebla, Mario Marín.

A partir de la denuncia de la periodista, escritora y activista contra una red de pornografía y prostitución infantil que opera en Cancún, Cacho entró en la mira de l@s poderos@s. Tras una demanda en su contra por calumnias presentada por Nacif Borge, millonario empresario textil poblano, en diciembre de 2005 Lydia estuvo virtualmente secuestrada por la Justicia durante casi un día, sufriendo diferentes irregularidades en su arresto.

Mientras era detenida y conducida desde Cancún hasta Puebla, fue sometida a tortura psicológica, amenazas de violación y acoso por parte de los policías judiciales a cargo del traslado.

Durante la detención, el paradero de la periodista permaneció desconocido y no tuvo posibilidad de llamar a un abogado, lo que reforzó la impunidad con que los agentes federales la trasladaban de un estado mexicano a otro (por ruta y eludiendo la custodia permanente que la Justicia le había asignado). El único dato con que Cacho contaba era la acusación por la cual estaba siendo detenida: una demanda por calumnias e injurias. Pero los demonios no lograron su objetivo, y a pesar del maltrato ella no desistió de señalar como pederastas a determinadas figuras del empresariado y de las primeras filas políticas mexicanas.

Después de 22 horas, al ser finalmente liberada, Cacho declaró a la prensa: “Lo cierto es que una simple denuncia por calumnia, improcedente –porque tengo pruebas de lo que publiqué–, consiguió lo que agresores de mujeres y otros delincuentes de alto calibre no habían logrado en todos mis años como periodista y activista feminista contra la violencia: sacarme de mi ciudad, despojarme de la protección y dejarme completamente indefensa y vulnerable durante más de 20 horas, en zonas aisladas y deshabitadas, sin saber si podría perder la vida a manos de quienes deben impartir justicia”. Y agregó: “Sólo quiero dejar sentado que esta es la prueba fehaciente del poder que protege la pornografía infantil de los alcances de la impunidad y la corrupción en México; que sé que mi trabajo es honesto y profesional; que creo en la libertad de expresión, en mi derecho a defenderme y a ser escuchada por los tribunales.

Pero sobre todo, y ante todo, creo en los derechos de esas niñas y niños marginados que fueron acosados y presionados, víctimas reiteradas de la violencia, y que otra vez están revictimizando a esas criaturas para salvarse ellos”.

A casi dos años de su liberación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no solo dictaminó que las garantías individuales de Cacho no fueron violadas durante su detención/secuestro, sino que decidió no incluir la pederastia como línea de investigación en el caso de Lydia. Según el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia: “no se tiene por qué llegar a la investigación de pederastia”, por no ser ésta materia de competencia del tribunal máximo de justicia en el país.

Activistas organizados bajo el lema “Simplemente no lo aceptamos” – integrantes de ONG relacionadas con los derechos de l@s niñ@s - coincidieron en que la SCJN ha enviado un mensaje muy claro de impunidad y de advertencia de peligro a quienes se atrevan a denunciar las redes de abusadores. Y lo más grave, dijeron, es que dejan en la indefensión y vulnerabilidad a l@s niñ@s que ya siguen en situación de riesgo.

De profesión: pederasta Succar Kuri fue acusado de violación, trata y pederastia de niñas de entre 6 y 16 años. Se cree que incrementó sus millones con el negocio de la pornografía infantil y el turismo sexual que se ofrecen a turistas junto con las playas de Cancún. Es dueño de restaurantes, comercios y hoteles, desde los que se tejen redes de prostitución y pornografía con base en la ciudad mexicana, y cuyas ramificaciones desembocan en Los Ángeles. Existe un expediente original con nombres de 23 menores que habrían sido abusados por Kuri.

Se dice que en Las Vegas, los dueños de los casinos celebran la llegada de Kamel Nacif, quien sería el principal testaferro de Kuri. Este hombre es quien querelló a Lydia por calumnias. La figura de Cacho preocupó a Nacif desde 2003, cuando ella se convirtió en directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) de Cancún, el refugio para mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia sexual y doméstica. Entre los amigos de Nacif están los ex presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox, quien lo supo definir como “ejemplo del empresario ideal”. Hoy, sus vínculos con el poder siguen siendo estrechos. Lydia denunció que su nombre es el denominador común de los testimonios de las víctimas, dato que enfureció al empresario, quien desafió a Cacho:

“Que sea hombrecita, que demuestre lo que dice”. Un buen negocio
En octubre del año pasado, la agencia de noticias CIMAC (Comunicación e Información de la Mujer), publicó una radiografía de un negocio rentable como pocos: la pornografía. Se calcula que esta actividad genera recursos por 7 mil millones de dólares cada año; que entre 40 y 60 por ciento de los ingresos de Internet tiene relación directa con la pornografía; y que investigaciones realizadas para explicar la explotación sexual infantil en México, Estados Unidos y Canadá eligieron para sus estudios a seis ciudades mexicanas, entre ellas Cancún.

A pesar de ello, la difusión que ha tenido el caso de Lydia Cacho en los medios deja mucho que desear. Sus investigaciones y su detención han sido silenciados por cadenas como Televisa, y cuando han encontrado un hueco en las agendas periodísticas, lo han hecho a partir de una mirada sensacionalista, en busca del escándalo y el morbo, y nunca para dar cuenta de los abusos cometidos o de quienes los protagonizan.Lydia no se detiene

Este año Cacho publicó “Memorias de una Infamia” (Editorial Grijalbo), libro que reporta la detención de la que fue objeto el 16 de diciembre de 2005. Además narra: “cuando era niña, mi madre me decía que la verdad es mucho más ligera que la mentira, porque la mentira siempre cae por su propio peso…”. Lydia denuncia la conspiración entre los pederastas y las autoridades mexicanas, y da cuenta del costo que tuvo que pagar por meterse con los mecanismos infames que reproducen el poder político y económico.

Bertotl Brecht decía: “No siempre y en todas partes utilizan los opresores los mismos medios. No siempre y en cualquier lugar es posible descubrirlos de igual manera. Para convertir al cazador en caza, hay que ser imaginativo”. Lydia Cacho lo fue, y se ha animado a investigar los medios y los fines de los opresores, aunque el precio de hacerlo sea alto, y aunque todavía no se cumpla lo que ella publicó en su artículo “Las niñas de Cancún: violencia del sistema” en octubre de 2003: “La investigación internacional a la flagrante violación de los derechos humanos, garantías individuales y la revictimización de las niñas y niños del caso Sukar, e incluso de algunas madres y padres, apenas comienza. Es hora de que las autoridades entiendan que escuchar a la sociedad civil organizada no es una dádiva, sino una obligación”.Lydia Cacho nació en Mexico D.F. en 1963. Dirige en Cancún un centro integral para mujeres víctimas de la violencia, CIAM, en el cual se atendió a varias de las víctimas del caso Succar.

Es autora de la novela “Las provincias del Alma” (Demac 2003); columnista política de La Voz del Caribe; directora editorial de la revista “Esta boca es mía: apuntes de equidad y género”; y conductora del programa de TV con el mismo nombre; colaboradora de opinión en el noticiero “Detrás de la Noticia” con Ricardo Rocha; y especialista en temas de violencia y género para la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). Ha publicado más de dos centenares de artículos en diversos diarios y revistas del país. Es Consejera de la Universidad del Caribe, cofundadora de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y corresponsal de la agencia de noticias CIMAC.

Por su labor periodística, Cacho ha ganado diversos premios, entre ellos el Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, el Premio Yo Donna de España por su labor humanitaria en 2006, y el Ginetta Sagan Amnistía Internacional en 2007.

*Con el propósito de concentrar los materiales relacionados con su caso y con los temas que ella ha investigado, sus amig@s y colegas crearon el blog



Artemisa Noticias


Lanzan huevos a la Corte
en protesta
por caso Lydia Cacho


“Queremos que se conozca que los de adentro apestan más que esos huevos”, gritaron los manifestantes quienes demandaron la renuncia de los magistrados, y solicitaron juicio político en contra del gobernador de Puebla Mario Marín.


México, D.F.- Niños y niñas acompañados de sus padres marcharon este día por las calles del Centro Histórico para protestar en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no investigar la red de pederastas que denunció la periodista Lydia Cacho.

Al demandar la renuncia de los magistrados, los asistentes solicitaron también el juicio político en contra del gobernador de Puebla Mario Marín.
A los manifestantes se les unieron en el Hemiciclo a Juárez integrantes de la resistencia civil, lidereados por Jesusa Rodríguez y la escritora Elena Poniatowska.

Al concluir la manifestación se colocaron fotografías de los magistrados que dieron su voto en contra de Lydia Cacho dos botellas de coñac y se les aventaros huevos podridos, porque aseguraron “queremos que se conozca que los de adentro apestan más que esos huevos”.

Lydia Cacho se apresta a dar la “batalla” ante organismos internacionales soledad jarquín edgar

* "El Estado mexicano, incapaz de proteger las garantías mínimas de los ciudadanos”, afirmaGuadalajara, Jal., 17 de diciembre (apro-cimac).- Lydia Cacho camina presurosa por las calles de Mariano Otero. Apenas se detiene, saluda y sigue. Tiene prisa. Cruza una primera puerta en la Feria Internacional del Libro. Las y los reporteros gráficos la detectan y empiezan a disparar sus cámaras. La resolución que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó atrás las esperanzas, pero aún quedan las instancias internacionales, afirma la autora de Los demonios del edén, el libro que desató la ira del llamado “Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif, protector del pederasta Jean Surcar Kuri.En una conversación telefónica grabada y reproducida en el diario La Jornada, que ahora puede verse en el DVD, Los demonios del edén, dirigido por Alejandra Islas, Kamel Nacif habla con Andrés Becerril, el empresario "depredadador" como lo califica la periodista Blache Petrich. Advierte, refiriéndose a Cacho: "La voy a dejar loca hasta que la señora pida paz”. --El dinosaurio sigue despierto, no se ha ido. ¿Has recibido amenazas? –se le pregunta a la periodista nacida en el Distrito Federal, quien hace más de 20 años decidió instalarse en el naciente emporio turístico de Cancún, Quintana Roo.

Cacho responde que no ha recibido amenazas, debido a que sus teléfonos están bloqueados de manera permanente. "Eso ayuda", dice en tono de burla.Y explica: "Lo que si sabemos, por una fuente que mi abogado tiene, es que los abogados de Kamel Nacif y del pederasta y pornógrafo Succar Kuri han solicitado a la Corte una copia del dictamen. Y, aunque lo pueden bajar de Internet, necesitan una copia certificada. Intuimos que es para llevar una acción… Vamos a ver que sucede".--¿Hacia dónde va este país?--Hacia la conciencia social y la movilización en los asuntos de derechos humanos.

Parece que ahora, más que nunca, la movilización responde a eso e incluye gente joven. Sin restarle importancia a nada, otros movimientos se relacionaban con la necesidad de adquirir derechos políticos, con libertad de expresión y movilización. Esta vez, se trata justamente por la violación de las garantías de los seres humanos.--En derechos humanos en México, ¿vamos hacia atrás?La periodista asegura que esa no es una percepción sólo entre la ciudadanía. Recuerda que Amnistía Internacional, Oxfam International y Human Rights Watch "han elaborado estudios de casos tan dramáticos como Oaxaca, Atenco y el de Ernestina Ascencio.

Afirma que el “resultado de estas investigaciones es una violación sistemática a las garantías constitucionales de todas las víctimas de delitos".Sobre su propio caso, señala: "El Estado mexicano se va descubriendo cada vez más como una entidad incapaz de proteger las garantías mínimas de todos los ciudadanos. Nos deja en indefensión jurídica, lo que es grave".Cacho se refiere a la resolución de la Suprema Corte, que exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín, a quien Kamel Nacif agradece en una conversación telefónica por no rajarse y le manda de regalo "dos bellísimas botellas de coñac…".

En enero pasado, la Procuraría General de la República (PGR) detuvo la acción penal contra los policías judiciales que trasladaron a Lydia Cacho desde Cancún hasta la ciudad de Puebla y que, según denuncias, torturaron a la periodista.Lydia Cacho sostiene que los judiciales están protegidos por su jefe Mario Marín, y duda que los jueces “puedan aplicar justicia”.Con todo, Cacho dice que “ya se inició la nueva batalla”: la de los tribunales internacionales, y añade que, al cumplirse dos años de su detención –que denuncia en su libro Memorias de una infamia--, iniciará una nueva defensa de su caso frente al poder.Lydia Cacho ha ganado diversos premios, como el Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo; el Yo Donna, de España, por su labor humanitaria en 2006, y el Ginetta Sagan Amnistía Internacional.Señala que ha recibido más de 350 correos electrónicos de organismos nacionales e internacionales, los cuales están convocando a movilizaciones en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cancún y la ciudad de México.

“Yo no he llamado a ninguna movilización, pero si esto despierta la conciencia social, vamos a movilizarnos para evidenciar lo que está sucediendo, añade.
Foto: EFE 17 de diciembre de 2007

12/16/2007

impunidad Jalisco: judiciales agreden a mujeres por denunciar a funcionarios

Procurador y otro servidor, presuntos violadores y pornógrafos

De la redacción


México, DF, 14 dic 07 (CIMAC).-





En Jalisco, menores de edad denunciaron a la prensa que fueron víctimas de violación sexual en fiestas donde se practica de manera recurrente la explotación y el abuso sexual, así como el consumo de alcohol y drogas, y en los cuales participaron funcionarios públicos de esa entidad.



Entre los nombre de estos funcionarios sobresale el de Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del estado de Jalisco, y de Martín Aguirre Aguirre, servidor público del Ayuntamiento de Guadalajara, señala en un comunicado el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).



Por ello, una de las víctimas de abuso sexual y su madre interpusieron una demanda ante las autoridades correspondientes. Sin embargo, el trámite ha sido deficiente, tardado y con señales de encubrimiento de los funcionarios públicos involucrados.



Luego de interponer la denuncia, la víctima fue detenida para obligarla a retirar la demanda en contra de los funcionarios, señala el comunicado.



Una vez liberada la víctima y hecha la denuncia de los hechos, policías judiciales acudieron a su domicilio para trasladarla, junto a su madre y su hermana, a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco donde fue obligada mediante amenazas a firmar declaraciones prefabricadas con el fin de exculpar a los involucrados en los acontecimientos denunciados.



Debido a que el caso ha trascendido el ámbito estatal, las víctimas presentaron el día de ayer la denuncia formal de los hechos en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres en el País (Fevim) para que investigue los acontecimientos, toda vez que podrían implicar pornografía, prostitución, explotación sexual contra menores de edad, corrupción de menores de edad y delincuencia organizada.



Lo anterior, dice el comunicado, “con independencia de los delitos cometidos por agentes del Ministerio Público y policías investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, no sólo al omitir investigar las denuncias presentadas por las víctimas en el fuero estatal sino al privar de la libertad, coaccionar e intimidar a las denunciantes”.



Y por “someter la delicada función de procurar justicia, a los intereses personales de su titular Tomás Coronado Olmos, quien hasta el momento permanece impunemente en el cargo, con la seguridad que le concede el fuero de su nombramiento público”.



SIN MEDIDAS DE SEGURIDAD



En ese contexto, denuncia Cepad, el pasado 7 de diciembre solicitó a la Fevim su intervención para que brindara de manera urgente las medidas de seguridad necesarias para proteger a las víctimas. Sin embargo, hasta ahora la instancia no ha respondido de manera oportuna.



Asimismo, la Cepad solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que dicte medidas cautelares con el fin de salvaguardar la seguridad de las denunciantes y que ejerza la facultad de atraer la investigación de las inconformidades promovidas por servidores públicos integradas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues el Ombudsman de Jalisco determinó públicamente que no existían presuntas violaciones a los derechos humanos.



Como consecuencia, el gobernador del estado, Emilio González Márquez, se negó a investigar al Procurador del estado y a removerlo de su cargo. Ello, subraya el comunicado, representa el claro incumplimiento de la Comisión estatal de los Derechos Humanos para investigar casos donde haya atentados contra las libertades fundamentales.



Este contexto, considera Cepad en el comunicado, deja en evidencia la vulnerabilidad de la que son objeto las mujeres en el estado de Jalisco, toda vez que una de las víctimas de violación sexual en una de estas fiestas no ha tenido acceso a la justicia. Es decir, el aparato de justicia “es utilizado para encubrir a sus propios funcionarios”.



Además, en este caso no sólo se hace referencia a víctimas de violencia sexual y de conductas consideradas como graves por la comunidad internacional tales como la prostitución y la pornografía infantil, sino que además existe violencia institucional propiciada por el mismo poder público del estado de Jalisco.
Por lo anterior, este poder público resulta incompetente para brindar protección y realizar investigaciones prontas, completas, imparciales y eficaces. Con ello se vulnera el derecho de acceso a la justicia por parte de la víctima “constituyendo actos de exclusión por su condición de mujeres y niñas”, subraya el comunicado.




CONVENIOS OLVIDADOS




Esta violación generalizada que viven las menores de edad en las mismas situaciones contraviene instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belem Do Pará) y la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.



Así como la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.




URGEN MEDIDAS CAUTELARES




Por ello, la Cepad ha solicitado la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, con el fin de que dicte medidas cautelares, con carácter de urgente, para proteger la integridad y la vida de la familia de la víctima.



Y para que exija al Estado Mexicano una investigación imparcial y la sanción de los responsables de los hechos denunciados y los derivados de la violencia institucional.



También pide la intervención de la Fevim para que el Estado Mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales para erradicar la violencia contra las mujeres así como sancionar a quienes cometen delitos contra ellas, particularmente de quienes hacen uso de los públicos para adquirir la impunidad, acota el comunicado.



Asimismo, dice el texto, le corresponde al Gobierno del estado “responder ante la incompetencia manifiesta del estado de Jalisco por la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos de la mujer”.



Y Cepad, junto con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Católicas por el Derecho a Decidir, responsabilizan al Procurador General de Justicia de Jalisco “de cualquier atentado a la integridad física o psíquica de las víctimas, así como de sus abogados”.

POR LAS MUJERES



25 de Noviembre Día Internacional

Contra la Violencia

Hacia las Mujeres.

En el marco de la celebración del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, en Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, articulación de 43 organizaciones de 17 estados de la República, se emite el siguiente



Pronunciamiento



La violencia contra las mujeres es un fenómeno que tiene profundas raíces, producto de la cultura patriarcal, androcéntrica y misógina que, ahora, gracias a las diversas investigaciones ha quedado en evidencia en su dimensión real, al igual que la existencia de un contexto que la posibilita y la potencia. De entre las modalidades que adopta, la violencia institucional es sin duda alguna la más grave, pues la hace viable por medio de la impunidad su continuidad y reproducción; la forma en la que se materializa esta tipo de violencia es la discriminación que se encuentra tras los actos omisos de algunos servidores públicos, la dilación en la atención de la violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad histórica en los casos de feminicidio hacen inaccesible la procuración de justicia, atentando así contra los derechos humanos de las mujeres.



El significativo crecimiento de la violencia de género y el feminicidio a nivel nacional, sin su contraparte en acción gubernamental –que por el contrario se empeña en invisibilizarlo y desaparecer los instrumentos institucionales que se dedican a combatirlo, (incluidos los Ejecutivos –en sus tres niveles-, el Legislativo –federal y estatal- y el poder Judicial –nacional y local-, y los organismos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos –CNDH y comisiones estatales-)- ha derivado en pobres medidas de apremio, y leve contundencia para frenar la violencia contra las mujeres. Lo anterior es un contrasentido con la razón de ser del Estado:


La protección de la vida y la garantía de seguridad de sus ciudadanas.


Las mexicanas vivimos en condición de permanente zozobra sobre nuestra seguridad, en las calles, en los empleos, en las escuelas y en nuestras propias casas: los índices de violencia urbana nos afrentan en la cotidianeidad, pues la inseguridad no se limita a las esferas de la violencia familiar. La violencia contra las mujeres se expande como un cáncer social, que pugna por despojarnos de espacios vitales elementales.


Lo anterior se corrobora con las políticas permisivas en los casos de las violadas de Atenco, de Castaños, de Oaxaca y Michoacán en donde éstas han sido tomadas cómo botín de guerra no declarada, producto de la inconstitucional militarización. Por otro lado, la alta incidencia del delito de trata de personas, que centra su actuar en las mujeres y las niñas, es una forma de esclavitud “moderna”, que ha sido pobremente atendida e inclusive ignorada. Los más de 30 millones de casos registrados por el INEGI de violencia contra mujeres en 2006; y el no estudiado ni tipificado “suceso” de la desaparición de mujeres son el caldo de cultivo para una aceptación cultural de la reproducción de la violencia contra las mujeres en todos los aspectos de su vida.


Esto se agrava en forma exponencial por la insultante indemnidad de perpetradores y funcionarios públicos. Observamos que ante la denuncia de mujeres asesinadas y desaparecidas las autoridades no investigan, no persiguen ni sancionan los delitos que vulneran la seguridad de las mujeres quebrantando la justiciabilidad de sus derechos humanos y constitucionales.


En este sentido, y con base en los datos proporcionados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México, en la totalidad del territorio nacional, se reporta que la probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal- integre efectivamente una Averiguación Previa, en consecuencia detenga a un delincuente y que éste sea presentado ante un juez es de aproximadamente 1.8%, por lo que la incidencia de impunidad en cualquier tipo de delito en México se da en un aproximado de 98.2%.
Por todo ello, y teniendo como referente que ahora las mujeres de México contamos con una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), que obliga a las 32 entidades de la República a emitir una legislación similar, que provea de los mismos derechos y obligaciones a mujeres e instituciones gubernamentales,


Exigimos


Se garantice un contexto de seguridad en la vida de las mujeres, en el marco de la Ley General y las recomendaciones jurídicamente vinculantes emitidas a México por los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.


Para que esto sea posible, se debe hacer público de inmediato, el Reglamento de la Ley General, que esté a la altura de la Ley misma, que permita se determinen las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones que ordena, y que durante todo este año han sido inaplicables por la falta de dicha regulación.


Demandamos se cumpla con el proceso de armonización legislativa en los estados que instruye la Ley General, que en su mayoría se encuentra omisa o en algunos casos, se han aprobado leyes locales, como en Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, fuera del contexto y del espíritu de la Ley General, contraviniendo derechos y omitiendo responsabilidades de las autoridades estatales para prevenir y erradicar la violencia de género y feminicida, establecidas en la ley marco.


Reivindicamos a la Ley General como un instrumento de avanzada que, de ser operante, permitirá comenzar a vencer las inercias de la espiral de violencia que afectan la vida y la seguridad de las mujeres.


En este complicado entramado social por el que se cierne la inseguridad y la violencia tolerada contra las mujeres, el que tengamos una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia que no se puede ejercer, producto de la indiferencia, la omisión y la indolencia gubernamental de la realidad que vivimos las mujeres en este país, es, como lo hemos sostenido desde el principio, un acto más de violencia institucional contra todas las mexicanas que exigimos no quede impune.

Con la reforma judicial los legisladores tomaron el camino fácil, considera el ombudsman



Caminamos hacia un Estado extralegal bendecido por la Constitución: Soberanes


“Se requerían modificaciones integrales; las medidas contra el crimen organizado han fracasado”


Toda la lucha contra el narcotráfico es hacerle el trabajo sucio a los gringos, señala


Víctor Ballinas.- La Jornada


El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, sostiene que con las reformas constitucionales en materia de justicia y seguridad pública que aprobó el Congreso “caminamos hacia un Estado extralegal y realmente autoritario”.
Antiguamente (con los gobiernos priístas), explica el ombudsman nacional a La Jornada, “teníamos un Estado autoritario, pero que actuaba al margen de la ley; ahora con las reformas aprobadas por las cámaras de Diputados y Senadores caminamos hacia un Estado autoritario bendecido por la Constitución”.


En entrevista, Soberanes Fernández sostiene: “las reformas constitucionales aprobadas esta semana en materia de justicia y seguridad pública limitan las garantías y los derechos humanos. ¡No eran necesarias!, ¡no son las que necesita el país! Se fueron –los legisladores– por el camino más fácil”.
Como titular de la CNDH manifiesta su preocupación por la limitación a las garantías y a los derechos humanos, porque se ha autorizado a las policías a entrar a domicilios particulares con la presunción de un riesgo inminente a la vida y a la integridad de las personas, cuando en la Carta Magna estaba garantizada la inviolabilidad del domicilio.


–Doctor, ¿éstas eran las reformas que realmente se requerían en el país en materia de justicia y seguridad pública?


–No, yo creo que no es lo que necesitaba el país. Que entren las policías a las casas sin orden judicial, ya sabemos lo que puede pasar.


La constitucionalización del arraigo era innecesaria, que se permitan cateos sin orden de un juez es un retroceso.


–¿En su opinión estas reformas limitan los derechos humanos y las garantías constitucionales?


–Sí, desde luego. En mi opinión esos cambios no eran los que requería el país para hacerle frente a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Debieron hacer una reforma integral en la materia, pero no, se fueron por el camino más fácil.


–¿Esta fue la vía fácil?


–Sí, porque además ni siquiera garantiza una mayor eficacia en la procuración de justicia. Si hubieran querido mayor eficacia se necesitaba una reforma penal integral, revisarlo todo, y no nada más darle más garras al Ministerio Público, porque en un estado de derecho la autoridad tiene que hacer su trabajo, respetando los derechos humanos, y la autoridad que en su trabajo no los respeta, rompe con esta situación, porque actúan de manera arbitraria; al menos esas han sido las experiencias que hemos tenido en este país en el pasado, un Estado autoritario.


–¿Cómo queda México en el contexto internacional, llevando a la constitución que la policía entre a las casas sin orden judicial, el arraigo hasta por 80 días y los cateos a cualquier hora?


–México queda mal, porque precisamente la tendencia mundial es en el otro sentido, es ir ampliando los derechos humanos y las garantías, y ahora se les da manga ancha a los policías, que no saben de derechos humanos.


–Hay senadores que opinan que vamos en el mismo camino que Estados Unidos, restringiendo los derechos humanos y las garantías.


–Pues vamos mucho peor que ellos. Porque los estadunidenses no tienen en sus corporaciones policiacas bastante corrupción como nosotros, y eso hace que en México esta situación –las reformas recién aprobadas– se vuelva mucho más peligrosa.


–¿Es válido el argumento del Ejecutivo de que eran necesarias estas reformas para poder combatir al crimen organizado?


–Hay que reconocer que toda la lucha contra el narcotráfico es hacerle el trabajo sucio a los gringos, porque eso es lo que estamos haciendo.


Tradicionalmente somos el tránsito de la droga, bueno, pues ellos tienen que cuidar su zaguán. Quien tiene que cuidar a los estadunidenses son sus autoridades, no nosotros. A ellos no les importamos un cacahuate, matan a nuestros migrantes, no nos entregan nuestros tesoros, si a ellos no les importamos como país, ¿por qué vamos a tomar por ellos una posición francamente humillante? Nosotros somos los que hacemos su trabajo.
–¿Esa reforma se puede impugnar?


–No, porque es del constituyente. Por ninguna vía se puede impugnar; lo que hay que hacer es seguir levantando las voces de abogados, académicos, investigadores, organizaciones de defensa de los derechos humanos, la izquierda, de todas las organizaciones que quieran que se corrija el rumbo del país. Este no es el camino.


–¿Se puede acudir a instancias internacionales como la CIDH o la ONU por la limitación a las garantías y derechos humanos?


–Las posibilidades ahí están, pero creo que se debe protestar, levantar la voz, llamar a que se corrija esta situación.


–¿Sólo protestar?


–Ahorita por lo pronto sí. No nos vamos a levantar en armas. Hay que hacer la protesta pacífica.


–¿Considera este tipo de medidas como desesperadas?


–Más que desesperadas, son medidas poco reflexionadas.


–¿Estaría de acuerdo en que con estas acciones México sigue lineamientos de Estados Unidos para restringir derechos?


–Ahí está todo lo que han hecho en Estados Unidos después del 11 de septiembre del 2001 en contra de los derechos humanos. Usted mencionó restricciones en aquel país a la libertad de expresión, a la de manifestación, a la libertad. La política migratoria que, como consecuencia de ellos ha dirigido ese país contra los migrantes, es completamente violatoria de los derechos humanos. Y creo que por ahí vamos.


–Los senadores del PRD señalaron en tribuna que esto es un retroceso
–Claro, es un retroceso.


–Con estas reformas que van en camino al autoritarismo, ¿podemos esperar medidas más severas?


–Hay que ver que todas las acciones contra el crimen organizado han fracasado. Este no es el camino. No es ésta la reforma que se requería, sino una integral, de fondo, que revisara todo.

Por los CINCO HEROES CUBANOS desde México nuestro APPOyo





México, 14 dic (PL)



Mexicanos solidarios con Cuba y cubanos residentes en México reclamaron hoy en emotivo acto la liberación de los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos.



La reunión se llevó a cabo en la sede de la embajada cubana en esta capital con la participación de Irma Scherevert, madre de René Gonzalez, uno de los encarcelados.



En la presidencia se encontraban junto a ella el embajador de Cuba, Manuel Aguilera de la Paz, la senadora mexicana Rosario Ibarra y Silvia Lozano, de la dirección de Relaciones Internacionales del Parlamento de la Isla.
Scherevert agradeció las demostraciones de solidaridad recibidas durante su estancia aquí que incluyeron apoyos de legisladores de la Cámara de Diputados, entre ellos su presidenta, Ruth Zavaleta, así como congresistas del Distrito Federal y del estado de México.



Ibarra dijo existe una luz de esperanza en la lucha por lograr la excarcelación de los antiterroristas y afirmó quiere abrazarlos para darles todos los soles que les han robado.



Los médicos internacionalistas cubanos que prestan servicio en el devastado estado mexicano de Tabasco enviaron también un mensaje de apoyo a los Cinco trasladado a los asistentes por el segundo secretario de la sede diplomática, José Manuel Leyva.



Intervenciones en el mismo sentido hicieron representantes de la Casa de Amistad con Cuba en el estado de Chihuahua, la Asociación de Cubanos Residentes en México "José Martí", el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, la Unión de Juristas de México, Red Nacional de Abogados, y Grupo República entre otros.











Aumenta solidaridad con Cuba y con los Cinco




Irma Sehwerert, madre de René González, reclamó en México, la libertad de su hijo y de los otros cuatro cubanos que sufren prisión en EE.UU. Argentinos y uruguayos también se suman al reclamoPor Ana Margarita González




Durante un encuentro organizado en la ciudad de Tijuana, México, la diputada al Parlamento de Cuba, Irma Sehwerert, hizo un llamado para multiplicar los esfuerzos a favor de la liberación de los Cinco cubanos que sufren injusta prisión en cárceles de Estados Unidos, desde hace más de nueve años.La madre de René González, uno de los Cinco, participó también en una Conferencia Sindical de apoyo a Cuba y este martes será recibida en el Congreso de México, en la ciudad de Toluca, el miércoles comparecerá ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y el jueves se reunirá con el Grupo Parlamentario de Amistad con Cuba, recientemente integrado en el seno de la Cámara de Diputados.




Irma Sehwerert hizo énfasis en la necesidad de que el pueblo norteamericano se sume al reclamo de libertad de los Cinco, porque la opinión pública de ese país será decisiva para lograr tal objetivo.Durante el encuentro organizado en Tijuana, Irma Sehwerert se refirió a la campaña mundial por la liberación de esos patriotas, la cual se extenderá hasta septiembre de 2008, fecha en la cual cumplirán 10 años en la cárcel.




La reunión fue dirigida por la organización US Cuba Labor Exchange y contó con la participación de representaciones gremiales de Venezuela, México, Cuba y los Estados Unidos.También la periodista y escritora argentina Stella Callón, autora del libro titulado “Operación Cóndor, pacto criminal”, aseguró que “Washington viola constantemente los derechos humanos como país terrorista y necesita a criminales como Luis Posada Carriles para ejecutar sus delitos de lesa humanidad”.




“En el Día de los Derechos Humanos el mundo debería agradecer a Cuba por su inmensa solidaridad con todos los pueblos del mundo y apuntar una vez más con el dedo al gobierno Estados Unidos. Cuba es la máxima expresión de respeto de los derechos humanos en los pueblos y sería inmoral agredir ese ejemplo”.




Entre las muestras de solidaridad con la Isla en el Día de los Derechos Humanos, se encuentra además, un pronunciamiento del Comité Uruguayo Pro liberación de Los Cinco, que muestra la indignación por las elevadas condenas impuesta a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, René González y Fernando González, quienes enfrentan penas desde dos cadenas perpetuas hasta 13 años de privación de libertad.

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