El perfil de las víctimas es el de una mujer de 47,3 años española
(57,1% de los casos), y en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un
domicilio. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor 86
El último informe sobre víctimas mortales de la violencia de género,
publicado por el Observatorio contra la Violencia de Doméstica y de
Género del Consejo General del Poder Judicial, cifra en 49 las mujeres
asesinadas en 2025, el 80% de las cuales convivían con su agresor. Un
porcentaje mucho mayor que el de 2024 (67,3%) y la media de la serie
histórica (63%), que inició en 2003.
El estudio, elaborado con los datos suministrados por los juzgados,
cuantifica con un feminicidio más los 48 recogidos por la Delegación
contra la Violencia de Género, lo que muestra como el número de mujeres
asesinadas en 2025 es el mismo que en 2024, 2021, 2020, 2017 y 2016,
años con las cifras más bajas desde que hay registros (2003). Lo que nos
sitúa en un dramático mínimo de un asesinato cada 7,4 días.
La media de muertes desde 2003 se sitúa en 58,3 al año. Pese a que
sigue siendo una cifra lamentable, en la primera década desde que hay
registro (2003-2014) la media fue de 65 asesinadas, en los últimos diez
años está cifra descendió hasta las 52,4 interanuales. Un descenso que
desde el Observatorio insisten en recalcar que es gracias a la
aplicación de políticas públicas concretas que protegen a las mujeres.
El perfil de las víctimas es el de una mujer de 47,3 años española
(57,1% de los casos), y en el 89,1% de los casos fueron asesinadas en un
domicilio. La víctima más joven tenía 19 años y la mayor 86.
En el caso de los asesinos, la edad promedio fue de 49,4 años y en su
mayoría eran españoles (63,3%) y el marido de la víctima (45,5%).
Únicamente en el 61,2% de los casos fueron detenidos. El agresor más
joven tenía 21 años y el mayor 90.
Del total de las víctimas, 11 (22,4%) habían presentado denuncia
previa contra su asesino, un porcentaje mucho menor que en 2024 (30,6%) y
al del promedio de la serie histórica (25,8%). De las que habían
denunciado, siete convivían con su agresor, y ninguna tenía más de 55
años. Cuatro de las víctimas tenían medidas de alejamiento en vigor. Las
mujeres que denunciaron el pasado año tenían una edad media 42,4 años.
Denunciaron más víctimas extranjeras que españolas (un 23,8% frente a un
21,4%).
El estudio, además, muestra un análisis regional de la situación. Las
comunidades autónomas con menor tasa acumulada desde que hay registro
son Extremadura (34,6 mujeres), País Vasco (44,6) y Cantabria (46,5),
junto a Ceuta y Melilla, la única región sin víctimas en 2025. El 50% de
las asesinadas en Galicia y Madrid habían presentado denuncia previa.
Además, el informe dedica un espacio a las muertes por violencia
vicaria. Desde 2013, este tipo de violencia le ha costado la vida a al
menos 65 menores, en 21 de los casos también se asesinó a la madre de
los niños. En 2025, se registraron tres asesinatos de menores a manos de
sus padres biológicos o de la pareja de la madre. El mismo número de
víctimas que llevamos ya este año.
Según el espacio Efeminista,
hasta el 26 de marzo, ya han sido confirmadas 14 víctimas mortales de
violencia de género este año, con ellas ya son 1.357 mujeres asesinadas
desde 2003. Tan solo cinco de las víctimas tenían una denuncia previa
por maltrato, pese a ello las medidas tomadas por parte de la
administración pública han sido insuficientes
Crédito: Pexels.- Ciudad
de México.- En 1993, Estados Unidos implementó la Ley de Revitalización
de los Institutos Nacionales de Salud y con ello, por primera vez se
incluyó a las mujeres en la investigación clínica, esto quiere decir que
por siglos la aplicación de la tratamientos y medicamentos para ellas
se diseñaron pensando exclusivamente en el cuerpo de los hombres, esto
de acuerdo con ONU Mujeres.
La exclusión de las mujeres en los
ensayos clínicos no es un hecho menor, pues la invisibilidad de su
cuerpo femenino frente a la investigaciones derivó en el desarrollo de
tratamientos menos seguros, diagnósticos tardíos y decisiones
terapéuticas basadas en modelos masculinos. Más allá de un problema
técnico, se trata de un asunto de justicia, autonomía y racionalidad
científica de acuerdo con el artículo «Exclusión femenina y justicia epistémica: análisis crítico de los fundamentos normativos de la investigación biomédica».
Este
mismo documento explica que, la exclusión de las mujeres en estudios
clínicos generó una distribución desigual del conocimiento biomédico lo
que se traduce a una forma de injusticia. Al generarse evidencia
científica sin considerar adecuadamente a las mujeres, se limita la
capacidad del sistema de salud para ofrecer diagnósticos, y tratamientos
efectivos para ellas, restringiendo así sus oportunidades de acceder a
una atención médica adecuada.
Esta situación genera inequidad, ya
que el conocimiento es incompleto y sesgado. Las mujeres no solo quedan
fuera de la producción del saber científico, sino también de sus
beneficios, lo que perpetúa desventajas que se reproducen desde la
investigación hasta la práctica clínica. Por otro lado, se configura una
injusticia distributiva en términos de riesgos y beneficios.
El
problema también se sostiene en un enfoque paternalista de la
vulnerabilidad femenina, ya que mujeres en edad fértil no podrían
participar en las primeras etapas de los ensayos clínicos ante el temor
de la industria y el gobierno porque los fetos se expusieran a
medicamentos o defectos congénitos, lo cual se asume a las mujeres como
incapaces de decidir de manera informada, esto invisibilizó su
autonomía, diversidad de contextos y en lugar de protegerlas, legitimó
su exclusión sistemática de los estudios clínicos.
De
acuerdo con ONU Mujeres, las consecuencias de la exclusión de mujeres
en investigaciones médicas se han visto reflejada de diversas maneras,
por ejemplo, ellas son propensas a sufrir reacciones adversas a los
medicamentos y, aún así, es probable que sus síntomas se malinterpreten o
que las principales enfermedades que las afectan sigan sin ser
investigadas de forma correcta.
Las mujeres experimentan
reacciones adversas a los medicamentos y tratamientos con mayor
frecuencia que los hombres. La
Food and Drug Administration Office of Women’s Health (FDA OWH) ha
financiado diversos proyectos para comprender mejor la influencia del
sexo y el género en los efectos adversos asociados a los medicamentos.
Uno de estos proyectos desarrolló un sistema automatizado de detección y
alerta basado en una metodología de minería de datos.
El informe «Cerrando la brecha de salud de la mujer: una oportunidad de 1 billón de dólares para mejorar vidas y economías»,
describe que las mujeres pasan una media de nueve años con mala salud
afectando su capacidad de estar presente o tener una vida productiva en
el hogar, en el mercado laboral o en la comunidad, lo que reduce su
potencial de ingresos, por lo que atender su salud podría impulsar la
economía global el menos un billón de dólares anuales para el 2040.
También
afirma que, la brecha de la salud de las mujeres equivale a 75 millones
de años de vida perdidos por mala salud o muerte prematura cada año, lo
que equivale a siete días por cada mujer al año. A su vez, el artículo
detalla que atender la brecha puede generar que 137 millones de mujeres
accedan a puestos de tiempo completo para 2040 y con ello, sacarlas de
la pobreza y permitir que se mantengan a sí mismas o a sus familias.
Pexels
Sin
embargo, ONU Mujeres apunta que existen otras brechas significativas
que incluso se están reproduciendo bajo nuevas formas. Desde la
investigación clínica hasta el desarrollo de herramientas de
inteligencia artificial en salud, la infrarrepresentación de las mujeres
en los datos sigue incluyendo en la manera en que se estudian,
diagnostican y tratan las enfermedades perpetuando sesgos que afectan la
calidad de la atención.
Investigaciones recientes han subrayado
la necesidad de incorporar de manera sistemática las variables de sexo y
género en los estudios clínicos, como se evidenció durante la respuesta
a la pandemia de COVID-19, con el fin de garantizar que los
tratamientos sean seguros y eficaces para toda la población sin
exclusiones.
En términos biológicos se encontró evidencia de que las
respuestas inmunológicas difieren entre mujeres y hombres debido a
factores hormonales, genéticos y del microbioma. Estas diferencias
impactan tanto la susceptibilidad al virus como la eficacia de
tratamientos, vacunas e inmunoterapias. Por ello, el texto apunta que
considerar el sexo como variante en los estudios clínicos es clave para
desarrollar intervenciones médicas más seguras y efectivas.
ONU
Mujeres señala que otro aspecto relevante es la baja presencia de
mujeres en posiciones de liderazgo dentro del sector sanitario, Esto
resulta problemático, ya que las médicas y las mujeres en cargos
directivos tienden a impulsar enfoques centrados en las personas,
prácticas basadas en evidencia y políticas orientadas a mejorar los
resultados de salud de las mujeres.
Un hallazgo
clave fue que el género del personal médico incluyó en la forma en que
recibieron atención médica, pues las médicas prescribieron tratamientos
más alineados con las guías clínicas y alcanzaban dosis más adecuadas,
sin hacer distinciones entre pacientes mujeres y hombres. En cambio, los
médicos hombres eran quienes administraban menos dosis en pacientes
femeninas, lo que sugiere un sesgo en la atención.
Para ONU
Mujeres, promover la participación de las mujeres en espacios de toma de
decisiones, tanto en el ámbito sanitario como en otros sectores, no
solo contribuye a reducir desigualdades, sino que también se traduce en
mejores resultados de salud, y en sistemas de atención más justos y
eficaces para todas las personas.
CIMAC Foto.- Ciudad
de México.- Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán, quienes sobrevivieron a
la violencia sexual ejercida por personajes del grupo religioso La Luz
del Mundo, denunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR)
cerró la carpeta de investigación relacionada con trata de personas por
parte de esta organización, no obstante impugnarán dicha decisión para
no dejar en impunidad el caso.
La denuncia que fue interpuesta por
Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán en el 2029, también estaría
implicando a varios políticos y líderes religiosos a quienes acusan de
«construir una red de lavado de dinero, trata de personas, explotación
sexual y pornografía infantil que sigue operando en el país», afirmaron.
Basta
recordar que, en mayo de 2019 se llevó a cabo en el Palacio de Bellas
Artes, un concierto de ópera que fue considerado como un homenaje a
Naasón Joaquín García, esto por solicitud del senador Israel Zamora y al
cual asistieron figuras de la política mexicana como Martí Batres
cuando era presidente del Senado; el diputado federal Sergio Mayer; el
morenista Félix Salgado Macedonio, y el exgobernador de Jalisco Enrique
Alfaro, entre otros.
Tras este carpetazo, Sochil Arell Martin y
Sharim Guzmán acusaron que la FGR ignoró no solo la sentencia emitida en
Estados Unidos contra el líder de La Luz del Mundo, e informaron que
seis cuentas bancarias de 356 millones de pesos que pertenecen a esta
Iglesia están bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
desde 2020.
Hay que recordar que el pasado 17 de diciembre de 2025
la Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas,
Órganos, y Contra la Biodiversidad (FEITPOC) autorizó el «no ejercicio
de la acción penal» contra Naasón Joaquín García, quien fue ministro
religioso y líder de la Iglesia La Luz del Mundo.
Esta
organización religiosa tienen presencia en diversas partes del mundo,
aunque en México su sede central está ubicada en Guadalajara, Jalisco.
Las cifras del proporcionadas por la investigación «La Luz del Mundo, estado laico y gobierno panista»,
detalla que en 1995 las y los feligreses alcanzaban los 20 mil miembros
en el país, y para 2014 ya sumaban 188 mil 326 miembros.
Desde
junio de 2022, Naasón Joaquín García se encuentra privado de su libertad
en Estados Unidos cumpliendo una condena de 16 años y 8 meses de
prisión al aceptar su culpabilidad ante la Fiscalía de California por
tres cargos de abuso sexual contra menores de edad. También fue
sentenciado por dos cargos de cópula oral con menor de edad y actos
lascivos con un niño.
Naasón Joaquín García fue perseguido en
Estados Unidos por tener un grupo de niñas y adolescentes a las que
denominaba «doncellas» quienes fueron coaccionadas para ser abusadas
sexualmente por él mientras eran adoctrinadas con discursos religiosos
para justificar la agresión.
Es necesario reconocer que el
testimonio y denuncia en el 2019 de Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán
se procedió a la investigación de la FGR, además sus testimonios fueron
claves para la sentencia emitida en Estados Unidos contra el Líder de La
Luz del Mundo.
También
las investigaciones apuntan a una presunta vinculación de la
organización religiosa con cárteles de droga mexicanos, ya que, en 2025,
alrededor de 38 personas del grupo de Yaser, una guardia secreta de los
líderes del La Luz del Mundo, fueron detenidos en Vista Hermosa,
Michoacán, en una zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva
Generación, para recibir «entrenamiento militar», según señalaron las
sobrevivientes.
«A
pesar de las pruebas aportadas a la FGR, entre las cuales se encuentran
los testimonios de varias víctimas de abuso sexual, la Fiscalía
pretende cerrar el asunto, mantener en la impunidad a los líderes de
LLDM y permitir que sigan traficando personas, varias de ellas menores
de edad, y lavando dinero en México» – Sochil Arell Martin y Sharim
Guzmán, sobrevivientes de violencia sexual.
La
resolución de la FGR también ocurre en un contexto de trata de personas
con fines de explotación sexual, pues en México no existe una cifra
oficial que permita dar cuenta sobre este delito. No obstante,
estimaciones de Organización Internacional del Trabajo (OIT) señalan que
en el mundo hay 49.6 millones de personas que viven bajo estas
condiciones, de las cuales el 30% de ubica en América Latina y el Caribe
y alrededor de 270 mil están en el país.
Recientemente, durante
el evento Mundial Sin Trata elaborado por la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), SINTRATA, A.C. y el Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México; se dio a
conocer que en México el 96% de los casos de trata no se reportan lo que
limita su identificación y atención por las autoridades.
Los
reportes de la Línea Nacional contra la Trata de Personas impulsada por
el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
desglosan que la explotación sexual se concentra en más de la mitad de
los casos reportados (51%), seguida del trabajo forzado (25%) y otras
formas de explotación laboral y mendicidad forzada (15%).
Crédito: @sochilmartin.healing en Instagram
El
Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México
indica que son mujeres y menores de 18 años la población más vulnerable
(48.8%), pero si se segrega por género, las mujeres conforman el 65% de
las víctimas frente al 35% de los hombres. Los reportes de la Línea
Nacional señalan que la mayoría de las víctimas de trata con mujeres
entre los 3 y 17 años.
Por ahora, el equipo legal de las
sobrevivientes Sochil Arell Martin y Sharim Guzmán impugnaron el
carpetazo que será revisado el próximo 16 de abril de 2026 por el juez
de control Juan José Rodríguez Velarde del Centro de Justicia Penal
Federal en el Complejo Penitenciario Puente Grande ubicado en Jalisco en
quien, según señalaron, dependerá la decisión de no dejar en impunidad
sus casos.
La Asociación para el Desarrollo Integral de Personas
Violadas, A.C. también se pronunció al respecto y mencionó su
preocupación ante el cierre de la investigación, por lo que exigieron la
revisión que garantice una investigación exhaustiva, imparcial y que
ponga en el centro el interés superior de la niñez ante denuncias de
violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Canva.- Ciudad
de México.- Mujeres periodistas quienes laboran en las radios
universitarias denunciaron que en sus entornos laborales enfrentan
prácticas injustas, salarios precarizados, omisiones en sus denuncias
por acoso y abuso sexual y lejos de encontrar garantías de no repetición
las instituciones han optado por censurarlas, callarlas o hasta
quitarles sus empleos.
Esto fue denunciado durante el conversatorio «La violencia laboral en las radios universitarias: lo que ocurre detrás del micrófono»,
organizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y el cual
fue conducido por Olimpia Martínez Ramírez integrante del Programa de
Libertad de Expresión.
El conversatorio contó con la participación
de las periodistas y comunicadoras Jovana Espinosa, periodista y
defensora de derechos humanos; Jessica Trejo Gómez, productora,
radiofónica y documentalista sonora; Jaqueline García López, licenciada
en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera; Ariana Lizeth
García Partida, profesora de educación media superior, quienes en
conjunto compartieron sus experiencias y observaciones de violencia
ejercida en este espacio.
La violencia ejercida contra las
comunicadoras y periodistas no es un fenómeno aislado, desde
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha documentado un
total de 338 agresiones contra ellas durante el 2025, siendo que ese
año fue señalado como el más riesgoso en comparación con el monitoreo
realizado en otros años.
De acuerdo con Olimpia Martínez Ramírez,
desde Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) se ha
detectado un avance sistemático de la violencia contra comunicadoras y
periodistas que va en aumento, particularmente en los medios
universitarios como radio, prensa, televisión, entre otros. Los
hallazgos de la organización revelan que se relacionan con las
condiciones laborales y las estructuras de poder.
Jessica
Jessica
Trejo Gómez, productora y documentalista sonora, llegó a trabajar a
Radio UNAM desde que realizó su servicio social en las instalaciones,
pese a sus estudios en Letras Hispánicas comenzó a tomar algunos
diplomados en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) para formarse.
Con el tiempo logró integrarse a Radio Uno en donde estuvo dos años y
medio con un contrato por honorarios de 5 mil pesos mensuales por el
cual cubría 8 horas diarias con descansos durante los fines de semana.
Compartió
que el horario era estricto y tenía que cumplir con todas las tareas
que le asignaban pero cuando se cambió al área de producción tuvo mayor
carga de trabajo porque estuvo a cargo de dos mini producciones y una
producción grande por el mismo salario y bajo las mismas reglas. Aunque
ese proceso lo vivió desde una curva de aprendizaje, Jessica describió
que se desilusionó al tener un empleo precario haciendo una de las
actividades que más le gusta: trabajar en la radio.
Desde su
experiencia observó faltas de contrato, falta de claridad en las
responsabilidades que generan vacíos institucionales, omisiones ante
denuncias laborales, modificaciones en el contrato donde las
trabajadoras son llamas a una categoría menor como «proveedoras de
servicios», plazas dadas a hombres de confianza y doble carga laboral.
Sin
embargo, lo que más le afectó fue que al preguntar por una plaza
desocupada, la institución quiso asignarle las responsabilidades de
dicho cargo sin la remuneración económica que le correspondía.
El
asunto escaló hasta que Radio UNAM congeló a Jéssica de sus actividades
por casi un año en esa área y la trasladaron a otra sin consultarla.
Particularmente, acusó que las mujeres eran las más castigadas pues les
comenzaron a quitar responsabilidades y parte de sus salarios, mientras
que con sus compañeros ocurría lo contrario.
Cuando ella comenzó a
reclamar la situación desde una perspectiva de derechos humanos su
denuncia fue minimizada argumentando que «no tenía relación con un tema
de género».
Jessica Trejo Gómez, productora y documentalista sonora
Ariana
Ariana
Lizeth García Partida, profesora de educación media superior, compartió
que estuvo 18 años trabajando en la Unidad de Difusión de La Gaceta del
CUSUR en el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara a
través de un contrato de prestación de servicios profesionales que a
veces llegaba a extenderse de tres a cuatro meses, por lo que siempre
estuvo preocupada por la seguridad laboral.
A los pocos años se
volvió profesora de asignatura dentro del Centro Universitario, pero se
enfrentó a sueldos bajos y una carga laboral mayor junto con sus
actividades en la Unidad de Difusión donde también manejaba las redes
sociales del CU. En mayo de 2022, con una nueva administración el jefe
de Ariana pasó a ser el coordinador de extensión y con ello ocurrieron
varios cambios y violencias como hostigamiento laboral por un año hasta
llegar a un punto en que para ella era «insostenible el trabajo».
Su
trabajo era descalificado sin compartirle retroalimentación de lo que
debía corregir, constantemente era puesta a prueba y sometida a altos
niveles de presión, no obstante, a pesar de las quejas presentadas por
varias personas, el hostigamiento continuó hasta que optó por hablar con
el rector de la universidad quien le pidió tiempo para investigar las
denuncias mientras ella se iba de incapacidad por su embarazo, pero la
violencia no cesó.
Ariana y dos compañeras más interpusieron una
queja en la universidad y en la Defensoría de los Derechos
Universitarios y contrario a las resoluciones que estaban esperando, lo
que ocurrió después fue una serie de trabas institucionales, procesos de
denuncia largos y la desestimación de 2 de las 3 denuncias porque la
instancia se declaró «incompetente para atender quejas de prestadores de
servicios» evidenciando que no eran parte de la comunidad
universitaria.
La denuncia de Ariana sí prosiguió al ser profesora
de asignatura, pero hasta la fecha no ha recibido alguna resolución,
pues en la Defensoría de Derechos Universitarios le dijeron que tampoco
su caso procedía al ser un asunto laboral y se envió la responsabilidad a
la Comisión de Responsabilidades y Sanciones donde el presidente y el
secretario eran el rector y el segundo jefe que colocaron al retirar a
su agresor.
Ariana Lizeth García Partida, profesora de educación media superior
Jaqueline
Jaqueline
García López, es licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua
extranjera, ella denunció durante el conversatorio el hostigamiento
laboral que vivió dentro de la UNAM, institución donde trabajaba.
Detalló que en ese proceso enfrentó indefensión marcada por su condición
contractual, ya que no era reconocida formalmente como trabajadora.
Esto le impidió acceder plenamente a mecanismos institucionales de
denuncia.
Ante la falta de una respuesta efectiva y el desgaste
emocional, decidió renunciar, ya que no soportaba el ambiente laboral ni
la campaña de desprestigio en su contra, la cual afirmó, continúa
incluso después de su salida.
Para Jaqueline la situación sigue
afectando su vida personal, ya que los vínculos profesionales que
mantiene con la universidad la obligan a seguir encontrándose con
personas involucradas.
Cuando presentó su denuncia, las
autoridades trataron el caso como si fuera un conflicto menor
organizando un encuentro sin previo aviso en el que fue confrontada
directamente con su agresor bajo una supuesta mediación. Esta forma de
atención minimizó la gravedad de la violencia y revictimizó a Jaqueline
porque no se siguieron protocolos con perspectiva de género.
Jaqueline
expuso que las medidas cautelares que solicitó no fueron eficientes
sino contraproducentes ya que el presunto agresor no fue separado de su
cargo, sino ascendido, por eso coincidió con él en espacios laborales
posteriores.
Jaqueline García López, licenciada en Letras Hispánicas y profesora en lengua extranjera
Repensar las instituciones que defienden derechos en espacios universitarios
Desde
la perspectiva de Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos
humanos, las prácticas de violencia contra comunicadoras y periodistas
desde los espacios universitarios replican estructuras del patriarcado
donde no solo se minimiza el trabajo, sino que se otorgan varios puestos
de mando a una sola persona incluso cuando no están capacitadas para
ello, quienes por lo general son hombres.
A su vez, acusó que las
instancias, dependencias o instituciones creadas para defender los
derechos de la comunidad universitaria contra violencias como el acoso
laboral o sexual en las universidades no están cumpliendo con
salvaguardar la integridad de las mujeres que se atreven a denunciar y
llevar sus casos hasta las últimas consecuencias encontrándose en el
camino impunidad y más violencia.
Jovana señaló que el actuar de estas instancias se queda en una simulación sin consecuencias reales para los agresores.
«Se
supone que tenemos espacios donde deberían defender nuestros derechos o
donde deberíamos usar esas cosas (las instituciones de defensoría de
derechos), porque se crearon para ese objetivo. Sin embargo, en la
práctica no funcionan y terminan siendo sustituciones de papel que no
están salvaguardando a las mujeres y termina siendo un acto de
impunidad» -Jovana Espinosa, periodista y defensora de derechos humanos.
Ante
este panorama, Jovana ve necesario la crear defensorías a partir de
experiencias reales de quienes viven la violencia universitaria y no
desde enfoques elaborados por abogados ajenos a estas dinámicas.
Consideró que es necesario repensar estas instancias para que respondan a
las violencias que enfrentan personas dentro de la comunidad,
incluyendo a quienes suelen quedar excluidas como las prestadoras de
servicios.
También señaló que muchas estructuras operan de forma
simulada cumpliendo con requisitos formales sin garantizar mecanismos
efectivos de atención ni acceso a la justicia, por lo que, para Jovana
es importante generar espacios donde las experiencias de las
comunicadoras y periodistas agredidas dentro de las radios
universitarias puedan compartirse.
Crédito: Secretaría de las Mujeres.- Ciudad
de México.- Uno de los programas que impulsó Citlalli Hernández durante
su gestión como titular de la Secretaría de las Mujeres fue la
«Cartilla de las Mujeres»; sin embargo, tras su renuncia de esta
dependencia las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis
Justicia por las Mujeres señalaron que la estrategia tiene un enfoque
«asistencialista» debido a que no estuvo acompañada de la promoción para
la agencia colectiva de las mujeres.
La «Cartilla de las Mujeres»
fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024
como un documento que se repartiría en los estados de la República para
que las niñas, adolescentes y mujeres conocieran sus derechos. La
mandataria explicó que era un posicionamiento para dimensionar los
alcances de la violencia y encomendó su creación a cuatro mujeres:
Ángela Guerrero Alcántara, especialista en políticas públicas; Karla
Michel Salas Ramírez, abogada feminista; Friné Salguero, activista, y
Frida Hyadi Díaz González, mujer artesana.
Como resultado nació un documento con
52 páginas donde se desglosan alrededor de 15 derechos de las mujeres: a
ser libre y ser feliz; a vivir en familia, en paz y con bienestar; a la
educación; a la salud; a la vivienda; derechos comunitarios; a una
identidad y a tener autonomía; a la cultura; a la libre expresión y al
libre tránsito; acceso y derecho a la justicia; a la participación
política; derechos digitales; derechos de las niñas y las adolescentes; a
un trabajo digno y a un salario igualitario; y a una vida libre de
violencias.
Este 16 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo anunció la renuncia de Citlalli Hernández, quien pasó a ser
presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones en Morena a petición de
la dirigente del partido Luisa María Alcalde para pactar alianzas
políticas rumbo a las elecciones de 2027, las cuales serán las más
grandes en la historia del país.
Las defensoras Fátima Gambia y
Maïssa Hubert reconocieron el perfil de Citlalli Hernández y la
describieron como una funcionaria que «comprende y tiene posturas
políticas feministas vinculadas a los diferentes feminismos en México».
Desde su perspectiva, consideraran la creación de los Centros Libres, la
escucha con las mujeres de la comunidad municipal y la apertura al
diálogo con algunas organizaciones de la sociedad civil como aspectos
positivos.
Sin embargo, detallaron que la salida de Citlalli
Hernández deja áreas de oportunidad como seguir combatir la violencia de
género desde una visión que no sea el derecho penal y el punitivismo
como se hizo con la creación de leyes para tipificar el acoso y abuso
sexual en los códigos penales del país o como se pretende hacer con la
próxima Ley General de Feminicidio y no desde un enfoque preventivo y de
protección.
Si bien la presidenta adelantó que se quiere
homologar el delito de feminicidio en todas las entidades, el contenido
completo aún se desconoce, por ahora el pasado 14 de abril el Senado de
la República aprobó el dictamen para reformar el artículo constitucional
74° para que el Congreso pueda crear la Ley General de Feminicidio.
Actualmente se encuentra en Comisiones de Puntos Constitucionales de la
Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados.
Para
Fátima Gambia y Maïssa Hubert el principal tema pendiente de la
administración de Citlalli Hernández es la institucionalización de
políticas públicas, por ejemplo, destacaron que uno de los aciertos de
la SeMujeres en año y medio fue el fortalecimiento a las órdenes de
protección, pero que aún no se refleja en una política pública integral.
«Si
bien se impulsó a nivel constitucional el establecimiento de las
medidas de protección, vemos como esto únicamente ha quedado a nivel de
reforma constitucional, pero no se ha visto ninguna acción para
materializar esta perspectiva preventiva con enfoque de protección. Un
gran pendiente que tal vez sea por el poco tiempo que lleva (Citlalli
Hérnandez) en su gestión, ya no logró expedir el programa para prevenir,
atender y erradicar la violencia de género que debe operar entre
2025-2030» -las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis
Justicia por las Mujeres.
Crédito: Secretaría de las Mujeres
La Cartilla
En
marzo de 2025, cuando la «Cartilla de las Mujeres» terminó por crearse y
publicarse, se detalló que este documento sería difundido en
estrategias de difusión y en colaboración con otros institutos,
secretarías, sindicatos, organizaciones. Paralelamente, se dio a conocer
que se desarrollarán acciones territoriales a nivel federal y
comunitario para asegurar la difusión efectiva del documento en cada
rincón a nivel nacional en su versión traducida a 68 lenguas
originarias.
En
agosto de 2025 se anunció la entrega de 6 millones de Cartillas a
estudiantes de secundaria, para septiembre de ese año, ya se habían
distribuido 25 millones de ejemplares en toda la República, uno de esos
espacios en donde se hizo la distribución fue desde los Centros Libres.
También se realizaron convenios para su difusión en estaciones de radio
comunitarias, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con algunos
gobiernos en los estados, en el billete de la lotería nacional, por
mencionar algunos ejemplos.
Crédito: Secretaría de las Mujeres
En
este año y rumbo a la celebración de la Copa Mundial 2026 en México, la
difusión de la Cartilla también fue parte de la estrategia presentada
por Citlalli Hernández para prevenir la violencia contra las mujeres,
junto con la colocación de stands informativos y la promoción de la
Línea 079.
Sin
embargo, para las defensoras de Fátima Gambia y Maïssa Hubert la
«Cartilla de las Mujeres» aunque es un ejercicio que da a conocer los
derechos humanos de las mujeres, resalta por contar con un enfoque
asistencialista de los derechos humanos a los programas sociales. Esto
debido a que no cuenta con una estrategia para convertir este documento
en lo que llaman «empoderamiento jurídico», es decir, que no está
acompañado de acciones que promuevan la agencia colectiva de las
mujeres, lo cual «limita su potencial transformador», señalaron las
defensoras.
«Nos
parece que no solo solamente es distribuir tantos números de Cartillas,
sino generar procesos de co-construcción del poder y la agencia de las
mujeres. » -las defensoras Fátima Gambia y Maïssa Hubert de Equis
Justicia por las Mujeres.
La reciente intervención de la senadora Vanessa Kaiser en la Comisión
de la Mujer y Equidad de Género del Senado ha generado una fuerte
polémica (1), como si no bastaran las declaraciones de sus dos hermanos
(Axel y Johannes). Todo esto ocurre en un contexto donde la llamada
“batalla cultural” de la ultraderecha sigue ganando terreno.
En esa intervención, Vanessa Kaiser propuso eliminar el
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para crear, en su lugar,
un Ministerio del Hombre en Chile. Argumentó que los varones estamos
en mayor desventaja que las mujeres, ya que, a diferencia de ellas,
nosotros vamos a la guerra, realizamos los trabajos más duros y nos
suicidamos cuatro veces más.
Es cierto que los hombres vivimos menos años que las mujeres, nos
suicidamos con mucha mayor frecuencia y exponemos con frecuencia
nuestra vida a riesgos extremos. Sin embargo, eso es precisamente el
resultado de mandatos patriarcales y de una masculinidad de la muerte
que Vanessa Kaiser termina naturalizando con su prédica fanática.
No se necesita ser un gran sabio para percatarse de que el
problema de fondo es que históricamente se nos ha enseñado a los
hombres a reprimir nuestras emociones, a no pedir ayuda, a mostrarnos
siempre fuertes y a ocultar nuestra vulnerabilidad, como si eso nos
hiciera “más machos”.
No obstante, la senadora Kaiser no problematiza estos mandatos y,
en cambio, se dedica torpemente a atacar el feminismo y el enfoque de
género, cuando es precisamente gracias a ellos que los hombres hemos
comenzado —aunque de forma muy tardía— a reflexionar sobre
nuestras propias experiencias, las cuales están llenas de violencias
y de mandatos insostenibles para nosotros mismos.
Además, a pesar de que la senadora se declara una seguidora de
Cristo (2), tampoco parece capaz de ver que Jesús mismo se alejó
radicalmente de esa masculinidad guerrera, dura e invulnerable que
ella naturaliza en los hombres. Por el contrario, Jesús lloró,
mostró compasión y ternura, lavó los pies de sus discípulos,
confrontó el poder sin violencia y entregó su vida por amor a los
demás.
La masculinidad de Cristo fue radicalmente distinta a la del
guerrero romano o al patriarca judío de su época: fue servicio,
humildad, sensibilidad emocional y rechazo al dominio opresor. Pero
parece que Vanessa Kaiser nunca se enteró de ello y prefiere pasarlo
por alto en nombre de su cruzada antifeminista.
Dicho lo anterior, reconocer los graves problemas que enfrentamos
los hombres no requiere negar las desigualdades estructurales que aún
afectan desproporcionadamente a las mujeres en materia de violencias,
cuidados y brechas laborales. Ambas realidades pueden —y deben—
abordarse, pues están profundamente relacionadas en un sistema
patriarcal insostenible.
No necesitamos crear un Ministerio del Hombre, como torpemente
propone Vanessa Kaiser. Lo que se requiere es generar políticas
públicas con enfoque de género que incluyan seriamente a los
varones en programas de salud mental masculina, paternidad
responsable, prevención del suicidio y deconstrucción de la
violencia.
No se trata de restarle al Ministerio de la Mujer, sino de ampliar la
mirada para que nadie quede fuera. La “batalla cultural” que promueve
Kaiser, al presentar la perspectiva de género como una amenaza, sólo
profundiza su fanatismo y aleja a los hombres de una masculinidad más
sana y libre.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
.-Ciudad
de México.- Pese a la lenta inclusión de las mujeres en espacios
deportivos de gran calado, la violencia y discriminación contra ellas se
hace presente rápidamente, en esta ocasión la ejerció Sergio Bueno,
director técnico del equipo de fútbol Mazatlán, quien emitió un
comentario misógino contra la árbitra Katia Itzel García por expulsarlo
del campo durante el partido contra Pumas en el Estadio Olímpico
Universitario el pasado 12 de abril.
Esto acontece en el marco de
la celebración por la Copa Mundial 2026 y en que Katia Itzel García será
una de las dos árbitras mujeres en la competencia consolidando el
arbitraje mexicano a nivel internacional.
Katia Itzel García ya
estaba en la mirada nacional desde que se anunció que sería árbitra
durante la celebración de la Copa Mundial 2026 en México; sin embargo,
su historia va más allá de su labor deportiva, pues ha roto diversas
barreras sociales y patriarcales para poder llegar a mediar partidos de
fútbol, que se caracterizan por ser espacios masculinizados, aun siendo
una mujer.
«Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos»
fue el comentario que Sergio Bueno, quien le habría gritado esto al
entrar al vestidor. Situación que fue denunciada por la fotógrafa Eloísa
Sánchez a través de su cuenta de X. Aunque no fue un testigo directo, varios fotógrafos que afirman haber escuchado el comentario apoyaron la denuncia.
La
denuncia es concreta, no hay mayor información sobre lo que sucedió
después, pero se sabe que el motivo del enojo sería la expulsión que
recibió después de que en el medio tiempo del partido entre Mazatlán y
Pumas se metiera dentro de la cancha junto con su auxiliar René Isidoro
García para reclamar que la árbitra Katia Itzel García dio por terminado
el tiempo, dejando sin la posibilidad de anotar más goles.
Los
usuarios de redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a
difundir dicho acto de misoginia en varios canales hasta que se hizo
viral. Consecuencia de ello fue que el pasado 14 de abril el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expresó su
preocupación sobre los comentarios «misóginos» emitidos contra la
árbitra tras el ejercicio de sus funciones arbitrales.
«Se
trata de expresiones que reproducen estereotipos de género,
deslegitiman la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente
masculinizados y constituyen formas de violencia simbólica inadmisibles
en el deporte profesional y en cualquier espacio público» -el Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
La
instancia señaló que la agresión no puede catalogarse como parte de la
«pasión del juego», ni como una reacción que se permita ante una
decisión tomada desde una persona árbitra.
Por ello, solicitó a la
Liga MX adoptar una postura clara y pública de tolerancia cero contra
cualquier expresión de discriminación dentro o fuera de la cancha, así
como garantizar que los partidos se realicen cumpliendo los estándares
internacionales de respeto e igualdad.
A la Comisión de Árbitros
pidió proteger la integridad y dignidad de las árbitras ante agresiones
basadas en género y fortalecer los protocolos internos.
Para la
Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hizo un llamado a investigar el acto
de misoginia y establecer criterios de sanciones a conductas
discriminatorias incluso cuando ocurran fuera de canales tradicionales
de reporte.
«El
fútbol no está exento de las obligaciones en materia de derechos
humanos (…) permitir expresiones como las vistas en el partido Pumas vs.
Mazatlán, del domingo 12 de abril pasado, envía un mensaje grave y
preocupante: que las mujeres deben «probar» su autoridad; que su
desempeño está sujeto a prejuicios; y que la violencia verbal es
aceptable si ocurre en un contexto deportivo» -el Consejo Nacional para
Prevenir la Discriminación (Conapred).
La instancia
señaló que permitir este acto es incompatible con los compromisos
internacionales asumidos por México, por lo que, el país tiene una
responsabilidad en garantizar que el fútbol se proyecte libre de actos
discriminatorios, lo que implica estándares de conducta, mecanismos
efectivos de prevención, y consecuencias reales ante este tipo de
agresiones.
Fotografía retomada de @kigm14 en Instagram
La trayectoria de Katia y el machismo en la cancha
Ella
es licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y desde que era estudiante equilibraba sus actividades académicas
con el deporte donde era parte del equipo Panteras de su facultad,
logró participar en la Olimpiada Nacional, ahora desde el 2015
incursionó en el arbitraje hasta convertirse en una de las pocas
árbitras que tiene el país.
Ha participado en los Juegos Olímpicos
de Paris 2024 y en el Mundial Femenil Sub 17. Para el año 2022, estuvo
en el Campeonato Femenino de la Concacaf y en la Copa Mundial Femenina
de Fútbol Sub-17. Dos años más tarde, debutó en la Liga MX varonil
convirtiéndose en la primera mujer árbitro en 20 años en poder arbitrar
estos partidos.
Este 2026 se espera que participe en la Copa
Mundial 2026 durante los 13 partidos en México, una de las tres sedes
del evento junto con Estados Unidos y Canadá. A nivel internacional
habrá alrededor de 52 árbitros de los cuales solo dos serán mujeres, una
de ellas es Katia junto con Tori Penso. Esta decisión que fue tomada
por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dando un
paso hacia la representación femenina en el arbitraje en uno de los
eventos más esperados del año.
Sin embargo, frente al importante
rol que desempeña la árbitra Katia Itzel García y su próximo papel en la
Copa Mundial 2026, hoy se observa que el fútbol no es neutral a la
violencia de género, ya que al ser un espacio masculinizado la
participación de las mujeres está marcada por la discriminación,
exclusión y violencia.
Fotografía retomada de @kigm14 en Instagram
De acuerdo con el informe «Tarjeta Roja a la Violencia de Género»,
la violencia de género representa una barrera a la desigualdad y una de
las esferas donde se manifiesta es en el deporte. En México, el fútbol
es una actividad que no solo se práctica popularmente, sino que se
consume por gran parte de las mexicanas y mexicanos.
Datos
proporcionados por el informe estiman que hay 22 mil 893 personas
asistentes por partido y que la Liga MX es la sexta con mayor asistencia
a nivel mundial. Anteriormente, Televisa Univisión reportó 55 millones
de personas espectadoras durante los 10 partidos de fútbol más esperados
de la Liga MX «los clásicos».
Es gracias a eso que México será
una de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 junto con Estados Unidos y
Canadá. Tan solo en el territorio mexicano se llevarán a cabo 13
partidos en tres de las ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y
Monterrey. Es así que el país espera recibir a 5 millones de turistas.
Ante
la gran magnitud de asistentes y espectadores del fútbol en México, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que
estas personas pueden percibir o reproducir los sesgos y brechas de
género que existen en este deporte, por ejemplo, el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) reportó que la violencia en pareja aumenta 30%
cuando hay partidos de fútbol.
La
violencia contra las mujeres en espacios deportivos, ya sean jugadoras o
árbitras, se manifiesta de diversas formas, el informe encontró que el
tipo de agresiones que mayor se replican son la violencia verbal con
72%, uso de estereotipos y roles tradicionales con 56%, discriminación
por razones de género y orientación sexual con 54%, así como obstáculos
para su desarrollo profesional y restricciones sobre su participación
con 28%.
El 50% de las agresiones se perpetúa desde la cancha o
estadios, pero no se limita a estos espacios. La violencia se extiende a
los vestidores o concentraciones, estructura del club o liga, medios de
comunicación, y redes sociales, siendo esta la segunda con más
incidencia. El 78% de quienes perpetúan esta violencia es la afición, la
cual está conformada en su mayoría por hombres que ejercen dinámicas de
poder. También proviene de parte de directivos, jugadores hombres y
medios de comunicación.
.-El
10 de abril se cerró la consulta ciudadana acerca del nuevo Plan
General de Desarrollo para la Ciudad de México (PGD), documento que
establece lineamientos para el desarrollo capitalino a 20 años.
Todo
estaría muy bien si el PGD fuera un documento coherente e integral,
basado en un diagnóstico incluyente orientado hacia el desarrollo
sostenible y ordenado de la Ciudad de México y si, en efecto, la
consulta hubiera sido precedida por una amplia campaña de información y
hubiera resultado tan plural y transparente como presumieron las
autoridades en una conferencia de prensa.
Desafortunadamente, en
la ciudad “de los derechos humanos” y la multiplicación de “utopías”
(según la propaganda oficial), nuestro derecho a la ciudad, a una
participación real y efectiva en la determinación del presente y futuro
de “nuestra casa común” están amenazados y se verán seriamente limitados
si se implementa el actual proyecto de PGD.
En este documento, en
efecto, hay claros huecos legales y conceptuales en tanto, por ejemplo,
no toma en cuenta la autoconstrucción, ni el sistema de cuidados (cuya
ley se está elaborando) ni el sistema educativo, y, en cambio,
claramente se orienta a favorecer a grandes intereses inmobiliarios en
colusión con autoridades locales (de las alcaldías al menos).
Peor
aún, ni siquiera se basa en un diagnóstico serio con participación de
especialistas en urbanismo, movilidad y sustentabilidad, sectores
académicos, empresariales, organizaciones civiles y comunitarias. Hacer
un diagnóstico es indispensable para elaborar una política pública
acorde con el contexto y con los problemas que se quieren resolver. En
este caso, tal diagnóstico no existe.
Por otra parte, consultar a
la ciudadanía sin exponerle antes, de manera clara y comprensible, qué
se pretende hacer, por qué y cómo afectará su vida cotidiana en los
próximos años y décadas es torcer el sentido de la participación
ciudadana. Preguntar, como se hizo, “¿cómo sueñas tu ciudad?” puede
servir para analizar la ciudad ideal que todos quisiéramos, no para
determinar si una mayoría informada está de acuerdo con la
“redensificación” de numerosas zonas, que supone la construcción de más
desarrollos habitacionales (muchos, de lujo) con la consiguiente escasez
de agua, servicios y una movilidad cada vez más imposible.
La
ausencia de diagnóstico, de una participación ciudadana amplia desde el
inicio y de una consulta real, debería ser suficiente para retirar el
actual PGD, incluso reformado con las propuestas derivadas de la
“consulta”. Si consideramos además las fallas, vacíos legales y
propuestas autoritarias como la creación de Casas de Gobierno que en la
práctica podrían remplazar a las alcaldías (electas) y a los
representantes comunitarios (COPACOS, electos) y facilitar la imposición
de decisiones gubernamentales mediante funcionarios designados y
consultas a mano alzada, es evidente que la única salida democrática es
reponer todo el proceso, tal como lo han solicitado organizaciones de
todas las alcaldías (respaldadas por cuando menos 10 mil firmas).
La
jefa de Gobierno, que se precia de responder a la sociedad y ha
condenado la gentrificación, tiene la oportunidad de demostrar su
compromiso democrático: en vez de enviar al Congreso un PGD que
promoverá un desarrollo devastador, podría solicitar al instituto de
Planeación que haga bien su trabajo y convoque a un diagnóstico
especializado.
La deriva autoritaria inscrita en el PGD es tanto
más preocupante cuanto se han multiplicado este año medidas arbitrarias
que afectan el mapa de la ciudad, como súbitos cambios de códigos
postales y de nombres de colonias aledañas o incluidas en zonas
patrimoniales protegidas por programas parciales, así como
desproporcionados aumentos de predial en zonas de nivel alto-medio y
bajo.
¿Por qué en colonias muy diversas, incluyendo de nivel bajo y
medio-bajo se está presionando a los propietarios para que vendan sus
viviendas y accesorias? ¿Acaso se está reconfigurando la ciudad para
recortar las zonas patrimoniales protegidas? ¿Se pretende exprimir a
quienes habitan zonas de nivel alto y medio y expulsar a quienes habitan
zonas de nivel medio y bajo para favorecer a intereses inmobiliarios?
Acaso el “gobierno del pueblo” no debería tomar medidas efectivas para
impedir el desplazamiento forzoso de los habitantes de la capital?
La
Ciudad no debe ser negocio ni de las grandes inmobiliarias ni de los
funcionarios (plausiblemente) coludidos con ellas. La ciudad no puede
someterse a los intereses de unos cuantos, ni con el pretexto del
Mundial ni con el falso argumento de que se está planeando “el
desarrollo” de la ciudad.
El 3 de mayo habrá elecciones de
integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana en todos los
barrios de la capital. Ya hay indicios de que intereses locales y
empresariales han “sembrado” entre las candidaturas a personas afines a
ellos. La tarea de votar por nuestros representantes comunitarios se ha
vuelto por tanto más compleja. Sin embargo, nos corresponde informarnos
acerca del compromiso de cada candidata o candidato de nuestra sección
electoral para escoger a quienes realmente nos representen. También
podremos votar por el destino del presupuesto participativo. No
minimicemos la importancia de estas elecciones, sobre todo ante la
amenaza del #PGD actual.
Defendamos nuestro derecho a la ciudad y a un futuro sostenible.
.- Ciudad
de México.- Para la defensora María de la Luz Estrada, directora del
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), la salida de
Minerva Citlalli Hernández Mora de la Secretaría de las Mujeres
(SeMujeres) deja en vilo lo que ocurrirá con las Alertas de Violencia de
Género contra las Mujeres (AVGM), las cuales ya se encontraban
«abandonadas» ante la implementación de esta dependencia como una
secretaría federal.
«No
se trata solo de abandonar. México tiene una crisis de violencia contra
las mujeres que los gobiernos vienen y van y no han podido erradicar.»
-María Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio (OCNF).
Hay que señalar que actualmente que hay un total de 26 declaratorias por Alerta de Violencia de Género en el país.
Durante
su conferencia de prensa «Mañanera» la presidenta Claudia Sheinbaum
Pardo anunció la renuncia oficial de Citlalli Hernández como Secretaria
de las Mujeres para la creación de alianzas dentro del partido
Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) a petición de la dirigente de
partido Luisa María Alcalde. Ahora la funcionaria es presidenta de la
Comisión Nacional de Elecciones en Morena.
La
defensora Estrada, detalló que Citlalli Hernández abandonó su cargo en
medio de reuniones pendientes entre organizaciones de la sociedad civil y
defensoras de derechos humanos las cuales están destinadas a atender
las problemáticas que enfrentan las Alertas por Violencia de Género para
su ejecución, que es un mecanismo de respuesta contra la violencia
feminicida donde se implementa una serie de acciones gubernamentales.
Parte
del abandono de las Alertas de Género incluye que no existe un
reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV), uno de los compromisos asumidos por la
funcionaria con las alertas y el cual, en enero de 2026, se aprobó dicha
modificación como parte del Plan Nacional de Igualdad Sustantiva tras
la publicación de la propuesta de Sheinbaum en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
María Luz Estrada reconoció que políticas
públicas como la implementación de los Centros Libres o la creación de
la Cartilla de las Mujeres no fueron suficientes para atender la
violencia contra las mujeres, ya que se debieron seguir revisando las
políticas en materia de prevención, atención de las violencias graves o
avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Las Alertas por Violencia de Género
El informe sombra «Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Ni armonización/ ni coordinación»
emitido en el marco de la X comparecencia del Estado mexicano ante la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer [CEDAW] señaló que entre 2013 a 2025 se emitieron 56
solicitudes de la Alerta de Género, de las cuales solo se admitieron 41 y
26 de ellas ya fueron emitidas para 24 estados.
Dos
en el estado de México (una por violencia feminicida y otra por
Desaparición), Nuevo León, Morelos, Nayarit, Chiapas, Michoacán, dos en
Veracruz (una por violencia feminicida y otra por agravio comparado),
Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, dos en Guerrero (una por violencia
feminicida y otra por agravio comparado), Quintana Roo, Zacatecas,
Oaxaca, Campeche, Durango, Jalisco, Puebla, Chihuahua, Sonora, Tlaxcala,
Baja California y estado de México (por desaparición) y Ciudad de
México (Declarada por Gobierno Local).
Ese mismo informe describe
la existencia de fallas en la articulación y coordinación de las Alertas
de Género entre la federación, los estados y los municipios. También
denuncia falta de «voluntad política» en gobiernos locales que impide
trascender al mecanismo más allá de los discursivo, así como los cambios
políticos y administrativos que irrumpen los esfuerzos iniciados como
actualmente está ocurriendo tras la renuncia de Citlalli Hernández.
«Es
muy importante que el mecanismo de alerta se fortalezca para que
realmente ayude en la prevención y en el acceso a la justicia a las
mujeres.» -María Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
Secretaría de las Mujeres necesita un perfil técnico especializado
María Luz Estrada también compartió con Cimacnoticias que la Secretaría de las Mujeres necesitaba de un perfil técnico especializado.
El
perfil de la funcionaria Citlalli Hernández, no correspondió con el
cargo, pues para Luz Estrada, ella es una «operadora política».
Ante
este escenario y a pesar de que se desconoce quién asumirá el cargo,
María Luz Estrada reconoció que la Secretaría de las Mujeres tiene un
papel fundamental, por lo que se necesita de un «perfil que esté a la
altura» de la problemática que enfrenta México en cuanto a la violencia
de género para seguir avanzando en los derechos e igualdad de las
mujeres.
Además, pidió «pasar de lo formal a lo sustancial», es
decir, que las mujeres no solo ganen derechos, sino que se materialice
en políticas públicas.
«Nos
preocupa que, desde el inicio no se hubiera pensado en el perfil que
requería esta Secretaría (…) ojalá ahorita se decida que realmente el
perfil sea un perfil técnico especializado y que trabaje con sociedad
civil, con organizaciones de mujeres feministas para que sigamos
avanzando» y no permitir estos retrocesos de grupos conservadores que
quieren que las mujeres nos mantengamos en la sumisión.» -María Luz
Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del
Desde
diagnósticos erróneos hasta prejuicios médicos profundamente
arraigados, las deficiencias en los sistemas de salud continúan
afectando la calidad de vida de las mujeres. Una consecuencia es que las
mujeres viven más años que los hombres, pero no con una vida más
saludable. Imagen: Abbie Trayler-Smith / ONU Mujeres.-Corresponsal de IPS
NACIONES UNIDAS – Las mujeres viven más que nunca, pero no gozan
de una mejor salud, campo en el que siguen con menos probabilidades de
ser tomadas en serio y diagnosticadas o tratadas adecuadamente, indicó
un nuevo reporte de ONU Mujeres, la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género.
Así, desde diagnósticos erróneos hasta prejuicios médicos
profundamente arraigados, las deficiencias en los sistemas de salud
continúan afectando la salud de las mujeres, su seguridad y calidad de
vida.
Si bien la salud es un derecho humano fundamental, aún no está
garantizada para todos, y las desigualdades persisten en uno de los
ámbitos más esenciales de la vida cotidiana.
Las mujeres tienen más probabilidades de que se minimice su dolor, se
malinterpreten sus síntomas y se les diagnostiquen sus enfermedades
tardíamente, debido a un sistema médico diseñado históricamente sin
tener en cuenta su realidad.
ONU Mujeres señala en su reporte que se han logrado avances
cuantificables. Entre 2000 y 2023, la mortalidad materna disminuyó 40 %,
pasando de 328 a 197 muertes por cada 100 000 nacidos vivos en todo el
mundo.
La tasa de fecundidad adolescente disminuyó de 66,3 a 38,3
nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años, entre los años
000 y 2024.
La proporción de partos atendidos por personal cualificado aumentó de
60,9 % a 86,6 %, y la proporción de mujeres que utilizaron métodos
modernos de planificación familiar aumentó de 73,7 % a 77,1 %.
Sin embargo, estos avances siguen siendo desiguales. En los países
menos desarrollados, el número de nacimientos entre adolescentes aumentó
de 4,7 millones en 2000 a 5,6 millones en 2024.
Las mujeres también viven más que los hombres -con una esperanza de
vida 3,8 años mayor-, pero pasan más años con mala salud. En 2021
vivieron un promedio de 10,9 años con mala salud, en comparación con los
ocho años de los hombres.
Esa mala salud incluye afecciones crónicas como trastornos
musculoesqueléticos, enfermedades ginecológicas, migrañas y depresión.
El reporte de ONU Mujeres expuso que, a pesar de los avances en
medicina, muchas herramientas de diagnóstico no se han modernizado para
priorizar la comodidad, la dignidad y la seguridad de las mujeres.
Por ejemplo, el espéculo, ampliamente utilizado durante los exámenes
pélvicos, ha cambiado muy poco desde su invención en el siglo XIX.
Están surgiendo iniciativas para replantear estos instrumentos, en
particular a través de innovaciones lideradas por mujeres, pero su
adopción en los sistemas de salud pública sigue siendo limitada.
Las afecciones que afectan a las mujeres a menudo siguen estando poco
estudiadas y reciben escasa financiación. El síndrome premenstrual
(SPM), que afecta a la mayoría de las mujeres y niñas, recibe menos
atención, por ejemplo, que trastornos como la disfunción eréctil.
Durante décadas, este desequilibrio ha condicionado la forma en que
se entiende -o se malinterpreta- el dolor de las mujeres, minimizándolo,
trivializándolo y, con demasiada frecuencia, dejándolo sin respuesta.
Aunque surgen novedades políticas; en 2023, España introdujo la baja
menstrual remunerada, sumándose a otros países como Japón, Indonesia y
Zambia. Sin embargo, el estigma y la falta de información siguen
limitando su uso.
La endometriosis (un tejido similar al revestimiento uterino crece
fuera del útero, causando dolor pélvico intenso, infertilidad y fatiga)
afecta a una de cada 10 mujeres y niñas en todo el mundo, casi 190
millones de personas. Sin embargo, el diagnóstico puede tardar entre
cuatro y 12 años.
Estas demoras reflejan una tendencia más amplia: el dolor de las
mujeres a menudo se normaliza o se ignora, lo que conlleva un
sufrimiento prolongado y un retraso en el tratamiento.
Hasta 1993, las mujeres estuvieron en gran medida excluidas de los
ensayos clínicos. Por lo tanto, muchos tratamientos se desarrollaron
utilizando datos basados en la biología masculina.
Eso tiene consecuencias duraderas: las mujeres son más propensas a
sufrir reacciones adversas a los medicamentos y sus síntomas pueden
malinterpretarse. Las enfermedades que afectan principalmente a las
mujeres, en particular las autoinmunes, siguen estando poco estudiadas.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
entre las mujeres. Sin embargo, los síntomas más conocidos se basan en
gran medida en modelos masculinos.
Las mujeres pueden experimentar síntomas diferentes, como fatiga,
náuseas, dificultad para respirar o dolor de mandíbula o espalda. Estas
diferencias pueden retrasar el diagnóstico y el tratamiento, aumentando
el riesgo de muerte.
Debido a que estos síntomas no se identifican con tanta claridad, a
veces algunas mujeres son enviadas a casa sin la atención médica
adecuada.
Otro problema radica en la escasa representación de las mujeres en
puestos de liderazgo en el sector sanitario. Sin embargo, las médicas y
líderes tienden a priorizar la atención centrada en el paciente, las
prácticas basadas en la evidencia y las políticas que mejoran los
resultados de salud de las mujeres.
El informe indica que, para reducir estas desigualdades, es necesario
implementar sistemas de salud que reflejen la realidad de las mujeres.
Eso implica una investigación más inclusiva, mejores datos, herramientas
de diagnóstico más eficaces y un mayor reconocimiento de los síntomas y
las experiencias de las mujeres.
Los datos demuestran que una mayor inclusión puede mejorar los
resultados de los pacientes y reducir las tasas de mortalidad, por lo
que el informe sostiene que también es fundamental aumentar la presencia
de mujeres en puestos de liderazgo.
