En resumen, parece que la preocupación real de estos actores es que las mujeres tengan derecho a tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo, lo que pretenden sancionar es una forma de pensar...
Socorro Chablé Por Esto!
Ordenes y amenazas a niveles cupulares han sido determinantes para impulsar las modificaciones en las Constituciones locales, para “proteger la vida desde la concepción”.Los actores políticos han sido gobernadores del PRI y PAN, Congresos Estatales donde predominan esas fuerzas políticas, Grupos Pro Vida, la Iglesia Católica y grupos empresariales que están presionando de diversas maneras, como el Grupo Bimbo. En estas alianzas están de por medio intereses económicos y políticos muy poderosos, señaló el constitucionalista Pedro Morales Aché ante diversas organizaciones. Invitado a Yucatán por “Servicios Humanitarios en Salud Sexual Reproductiva”, con la finalidad de brindar información a la sociedad interesada, el constitucionalista aportó elementos para la reflexión.“En el caso de Yucatán la iniciativa se presenta el 13 de julio, se dictamina el 14 y se aprueba el 15, lo que denota que no había el mínimo interés en ser analizada. En cambio sí despierta sospechas de haberse aprobado por consignas”.“En los pocos congresos donde algunos diputados se han manifestado en contra o proponen foros para abrir el debate, los mayoritean y aprueban la ley sin mayor análisis, como sucedió en el Estado de Quintana Roo”.“Si uno compara las iniciativas aprobadas entre los diferentes congresos, hay una homogeneidad en el discurso de los argumentos, como es el caso de la iniciativa presentada en Jalisco y la de Yucatán.
Hay una coherencia argumentativa que se repite y que incurre en las mismas falsedades. Por ejemplo ellos insisten en contra de lo que decidió la SCJN, que los Tratados Internacionales establecen el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo cual es falso, no sólo porque lo haya dicho la corte, ningún Tribunal Internacional, ni órgano Internacional de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a la vida está protegida desde el momento de la concepción”.“En cuanto a los recursos que pueden impugnar esas modificaciones a través de la acción de inconstitucionalidad, sólo pueden promoverla algunas instancias como la PGR, la CNDH y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos.
Sin embargo, hasta el día de hoy, de todos los estados donde se ha pedido la intervención de los presidentes de las comisiones, el único que se ha atrevido a impugnar, es el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California”. “En el caso de Soberanes (CNDH) y de Medina Mora (PGR) han manifestado que las reformas son acordes a su creencia personal, lo que nos plantea otro grave problema, los funcionarios no saben separar sus creencias personales de las funciones inherentes a su cargo”.“En resumen, parece que la preocupación real de estos actores es que las mujeres tengan derecho a tomar sus propias decisiones y llevarlas a cabo, lo que pretenden sancionar es una forma de pensar, toda aquella mujer que no acepte como destino la maternidad, es una loca social, porque para ellos, la función real de la mujer tendría que ser la reproducción humana, señaló el litigante especializado en el tema de salud y derechos humanos”.“El recurso de los amparos que las mujeres están interponiendo en el país en contra de estas leyes, evidencia que estas reformas son una especie de misoginia constitucionalizada con la consecuente discriminación de género”.
“Curiosamente el Congreso de Yucatán que presenta un proceso de reforma muy escueto, establece que
1).- Tiene la obligación o competencia para ampliar los derechos establecidos en la Constitución Federal,
2).- Puede crear nuevos sujetos titulares de derechos”. “La primera afirmación es cierta, un congreso estatal puede ampliar derechos, con una condición, que en esa ampliación no restrinja los derechos de un tercero, por lo tanto no está cumpliendo.
Respecto a la segunda afirmación, no tiene el menor sentido, pensemos que el día de mañana se les ocurre que los equinos también sean personas, ¿Se puede? Por supuesto que no, el Congreso no puede crear nuevos sujetos de derechos fundamentales, es más, la Constitución Federal Mexicana establece en el artículo 30 de manera expresa, que se adquiere la nacionalidad mexicana al momento del nacimiento”.Para el constitucionalista Pedro Morales Aché, quien también es socio fundador del Colegio de Bioética, las referidas modificaciones a la Constitución, han dejado a la mujer en calidad de un mero objeto de uso sexual reproductivo, sin posibilidad de reconocerla como persona con derechos, además de atentar contra el pasado histórico de laicismo, al integrar a las constituciones una idea religiosa que no puede regular la vida de los habitantes de un país.
Concluyó
Compromiso de las Periodistas con visión de género Con el objetivo de contribuir a visibilizar la realidad de las mujeres, la agencia CIMAC y una amplia red de mujeres periodistas en el país y en el mundo, asumimos el compromiso de abordar la información periodística desde una perspectiva de género.Nos caracteriza y nos une saber que otro mundo será posible, cuando las mujeres logremos la equidad en derechos que aún no alcanzamos. Las modificaciones constitucionales que actualmente impulsan los congresos locales en contra de nuestros derechos, son una muestra de ello.
Seguimos siendo víctimas de la misoginia y de las decisiones patriarcales de los políticos, como lo fueran nuestras iguales en siglos pasados.Conocer otros contextos y lo que está pasando en otros estados del país, seguramente nos ayudará a desenmascarar los intereses oscuros que promueven leyes obsoletas y discriminatorias. Nunca más un mundo sin nosotras, es la consigna de las periodistas que a continuación nos comparten sus hallazgos.Consigna de los partidos: castigo a quien se opongaComo si no fuera suficiente borrar de un plumazo los derechos de las mujeres consignados en la Constitución, también se ejerce el poder patriarcal en contra de las legisladoras que han tenido el valor de hacer escuchar su voz. Si había duda sobre los acuerdos cupulares, para muestra un botón.
Desde el Estado de Puebla, la periodista Kara Castillo reportó el 30 de julio para cimacnoticias, la siguiente información.Rocío García Olmedo, diputada priísta que votó en contra de la iniciativa que penalizó la interrupción legal del embarazo (ILE), impulsada por la bancada del tricolor en marzo pasado, a través de una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN), ayer fue destituida como presidenta de la Comisión Inspectora. La legisladora de la LVII Legislatura fue la voz principal que exigió al Congreso un razonamiento previo antes de reformar el Artículo 26 de la Constitución local, que desde su modificación señala “la vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción, hasta su muerte natural...”. No fue informada sobre su destitución por el líder de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Congreso local, Othón Bailleres, se enteró de ello a través de un noticiero matutino.
En una rueda de prensa improvisada, afirmó que está “asumiendo de frente” las consecuencias del voto en contra que emitió para impedir la penalización del aborto, impulsada por la bancada del tricolor en marzo pasado a través de una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN). Rocío García se mantendrá en el cargo hasta que inicie el tercer periodo ordinario de sesiones, el 15 de octubre próximo, porque así lo acordó la Gran Comisión en un recurso que respaldaron 19 de los 26 diputados del PRI. Los únicos representantes populares del tricolor que se opusieron a la propuesta fueron las legisladoras Malinali García Ruiz y Bárbara Ganime Born, quienes también votaron en contra de la ley que penaliza la interrupción del embarazo, pese a que pudieron abstenerse. Se opusieron también a la destitución de García Olmedo, Jorge Alfonso Ruiz Romero y Luis Alberto Arriaga Lila.
El hermano del gobernador Mario Marín Torres, Enrique Marín, y Héctor Mauricio Hidalgo González se mantuvieron alejados de la discusión. Por su parte, la periodista Candelaria Rodríguez reporta desde Tuxtla Gutiérrez, la preocupación de la abogada Martha Figueroa Mier, del grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, que advirtió que las mujeres que interrumpen su embarazo están siendo encarceladas en varias entidades del país. En Guanajuato se registran más de 130 mujeres presas, 90 en Baja California, 30 en Sonora y una mujer en Tapachula, Chiapas. Es una falsedad jurídica anteponer el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres, señaló. Los estados están aumentando la pena y son leyes que no cumplen su función, porque si de verdad quieren proteger la vida, tendrían que proteger la de las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
En Jalisco, la periodista Alicia Yolanda Reyes reporta las denuncias de diversas organizaciones que señalan: “Mientras que en la capital mexicana las mujeres tienen derecho al aborto seguro y gratuito hasta la doceava semana, en 14 de los 32 Estados de la República, los Congresos locales decidieron blindar las Constituciones para obligar al Estado a “proteger la vida desde la concepción y hasta la muerte natural”. En Jalisco, uno de los estados que presenta el mayor número de embarazos adolescentes y abortos provocados, la ley se logró gracias a una iniciativa popular, impulsada por el Movimiento Mexicano por La Vida, encabezado por políticos y esposas de funcionarios del conservador Partido Acción Nacional. Mientras tanto, activistas por los derechos sexuales y reproductivos, agrupadas en la Agenda Feminista de Jalisco, exigen al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Álvarez Ciprián, que promueva una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Ombudsman se ha negado a recibir al grupo, señala Araceli Prieto Álvarez, representante en Jalisco de la Red de Derechos Sexuales y Reproductivos, quien es además una de las voceras de la Agenda Feminista. Araceli Prieto informó que el Ombudsman declaró que la institución que preside no va a promover ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada reforma que evita la despenalización del aborto en el estado, puesto que ya el Congreso se pronunció. El Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM) también se niega a pronunciarse contra la reforma que prohíbe la interrupción legal del embarazo y penaliza desde cuatro meses a un año de prisión a las mujeres que se realicen un aborto, asevera Prieto Álvarez, quien al igual que otras activistas reclama a su titular el no asumir su papel en la defensa de los derechos de las mujeres.
En Jalisco, las restricciones para interrumpir un embarazo ponen a las mujeres pobres en un mayor riesgo de morbi mortalidad, explica Mario Espinosa, director de Mexfam, organismo no gubernamental que lleva cerca de dos décadas trabajando la planificación familiar, con clínicas y consultorios en todo el país. El profesional de la salud asevera que desde que los gobiernos panistas llegaron a Jalisco, los métodos anticonceptivos reciben poca promoción de la Secretaría de Salud de Jalisco y de sus centros de Salud. La píldora de anticoncepción de emergencia y los condones no son ofrecidos a las usuarias, y cuando son solicitados se les dice que se agotaron, pese a que en la práctica los que manda la Secretaría de Salud federal se pudren en las bodegas de la dependencia estatal, denuncia.
En cuanto a los abortos previstos en las leyes del Estado, hasta antes de las modificaciones, las mujeres que lo solicitaban por violación o malformación del feto no eran atendidas porque los trámites resultan tan largos que, cuando finalmente se autorizaba, ya habían pasado meses y hasta años. Y en caso de no haberse actuado, el bebé ya habría nacido. En esos casos, las mujeres de Jalisco tienen como única opción acudir a la medicina privada, donde los costos siguen siendo altos, entre mil y 2 mil dólares. Quienes están en mayor riesgo son aquellas mujeres de escasos recursos que acuden al ámbito privado con comadronas o médicos sin escrúpulos que actúan en condiciones insalubres, lo que se traduce en muertes o daños físicos irreversibles a causa de malos procedimientos.
En el caso de las más jóvenes compran algunos medicamentos, que anteriormente se utilizaban para controlar las úlceras, y que ahora se sabe provocan contracciones uterinas y la expulsión del feto. El problema es que ellas desconocen las dosis exactas y se exponen a sangrados que ponen en riesgo su vida, señala el doctor Espinosa. Por último, la periodista de cimacnoticias Gladis Torres Ruíz, reporta desde el Distrito Federal que el conservadurismo legislativo afina la mira de sus obuses y alerta que se encuentran en la cuerda floja, derechos reproductivos en seis estados.En la mira de los obuses del conservadurismo legislativo mexicano, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), aparecen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de seis entidades federativas más. La estrategia es impulsar --con toda su maquinaria partidista en alianza con otros institutos políticos conservadores y las alas más derechistas de la sociedad-- reformas y modificaciones a las leyes y constituciones locales, pasando por encima de ordenamientos jurídicos internacionales, de evidencias científicas, y de los derechos humanos de las involucradas.
AGUASCALIENTES
En Aguascalientes, Estado gobernado por el PAN donde, el 9 de octubre de 2008 la legisladora –panista-- Mónica Delgado Enríquez, apoyada por Rita Cruz Medina, presidenta de la Comisión de la Familia --panista --, presentó una iniciativa para modificar el Artículo 2 de la Constitución, con el fin “de proteger la vida desde el momento de la concepción”. Cruz Medina propuso debatir el tema en foros informativos, pero “después de aprobada la reforma”. Según el artículo 9 del Código Penal del Estado, el aborto no se castiga “por violación, por conducta culposa de la mujer o cuando la mujer corra peligro de muerte”. La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales; Equidad de Género, Social y Humana; de la Familia; Derechos Humanos y Justicia.
En Aguascalientes, el Congreso se encuentra constituido por una mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 13 hombres y 1 mujer; le sigue el PAN con 6 hombres y 3 mujeres; Convergencia (2 hombres), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 1 hombre, y el de la Revolución Democrática (PRD) 1 mujer. QUERÉTARO En un caso similar se encuentra Querétaro, gobernado también por el PAN, y con una mayoría de legisladores del mismo (14 hombres y 2 mujeres). Al igual que en Aguascalientes, buscan modificar la Constitución en el mismo sentido, a través de una iniciativa presentada el 13 de mayo de 2009 por Fernando Uribiola Ledesma. Cabe destacar que la actual legislatura termina su gestión en septiembre pues el 5 de julio renuevan Gobernador, diputados locales y 18 Ayuntamientos; por ello, la iniciativa quedará pendiente. Sin embargo, los medios de comunicación locales han señalado que las y los candidatos del PAN van a la cabeza de las preferencias, por lo que es probable que se quede nuevamente con la mayoría en el Congreso y la gubernatura.
Según información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2005 el estado tenía poco más de 605 mil mujeres (de 12 años y más). De ellas, 373 mil 175 han tenido al menos una hija o hijo. Cuatro de cada diez madres de 14 años y más, forma parte de la población económicamente activa.
TABASCO: PRI VS ABORTO CLANDESTINO
El caso de Tabasco es muy parecido al de Querétaro, sólo que allí reina el PRI y las elecciones se realizarán el 18 de octubre de 2009; con ellas renovará su congreso y 17 ayuntamientos, lo que hace probable que también quede pendiente la iniciativa del PAN presentada el 25 de abril de 2007 que busca modificar la constitución para “garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción”. A través de Andrés Rafael Granier Melo, el PRI gobierna el Estado de la mano de un Congreso mayoritariamente de este partido (13 hombres y 7 mujeres); del PRD hay 13 hombres y 1 mujer, y del PAN 1 hombre. Para las leyes tabasqueñas -Artículo 136 del Código Penal-. el aborto no es punible sólo cuando el embarazo sea resultado de una violación, de inseminación indebida y cuando la mujer corra peligro de muerte. Información de la Secretaría de Salud del Estado señala que este año se ha atendido a más de 300 mujeres de entre 15 y 20 años que llegaron en malas condiciones tras haberse realizado un aborto de manera ilegal o de manera espontánea.
NUEVO LEÓN: MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL
Otro de los estados gobernado por el PRI, que renovará este 5 de julio su Congreso y la presidencia de sus ayuntamientos es Nuevo León, donde también es probable que quede pendiente (de no discutirse antes de septiembre) una iniciativa presentada el 3 de mayo de 2007 por los diputados panistas Enrique Barrios Rodríguez y Juan Manuel Villanueva Arjonque, que busca modificar los artículos 329 y 330 del Código Penal. Con el objetivo de incrementar sanciones a quienes practiquen un aborto, la iniciativa panista propone aumentar de tres a cinco años de prisión a quienes realicen un aborto con el consentimiento de la mujer. Actualmente la pena es de uno a dos años; las únicas causales permitidas son en caso de violación y por peligro de muerte de la mujer. Actualmente, el Código Penal señala en el Artículo 330 que “si el aborto lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al artículo anterior (329), se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión”.
En contraste, el 30 de septiembre de 2008 el Partido Social Demócrata (PSD) presentó una iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, iniciativa que, al igual que la panista, podrá quedar pendiente hasta la siguiente legislatura.
MICHOACÁN Y ZACATECAS
Estos dos estados son gobernados por el PRD; en los dos ya existen iniciativas del PAN para “proteger la vida desde el momento de la concepción”. Zacatecas no sólo es gobernado por el PRD, sino por una mujer, Amalia García Medina, y su Congreso está constituido por una mayoría del PRD. Mediante un programa permanente, los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ) orientan a los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato para evitar que aumenten las cifras de embarazos no deseados, pues cerca de 4 mil partos, abortos y cesáreas que se realizan anualmente en la entidad son de mujeres menores a 20 años. A pesar de ello, los panistas Manuel Humberto Esparza Pérez y Manuel de Jesús García Lara presentaron el 7 de mayo de 2009 la iniciativa para modificar la Ley de protección de la maternidad, misma que fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
Tiene por objeto “garantizar el ejercicio de los derechos de la mujer embarazada, salvaguardar su salud, resguardar la vida del nuevo ser en gestación, así como de su infancia temprana”. La citada Comisión es presidida por la panista Silvia Rodríguez, e integrada además por Luis Rigoberto Castañeda (PRI) y Artemio Ultreras Cabral (independiente). En Zacatecas, el aborto no es punible en caso de violación, cuando es imprudencial, o por peligro de muerte de la madre. Mientras, en Michoacán --gobernado por Leonel Godoy-- el 6 de marzo de 2007 fue presentada la archimencionada iniciativa panista, que busca modificar el artículo 1 de la Constitución, con el objetivo de “tutelar el derecho a la vida desde el momento de la concepción de un individuo hasta su muerte”.
Su principal impulsor es integrante de la Comisión de Salud, Francisco Javier Morelos Borja. El congreso local está compuesto por PAN (10 hombres, 2 mujeres), PRD (12 hombres, 2 mujeres), PRI (9 hombres,1 mujer), y PT, PVEM, Convergencia y Nueva Alianza cuentan con un legislador, respectivamente. La diputada federal perredista Rosario Ortiz Magallón, afirmó a Cimacnoticias que, en caso de que congresistas del PAN y del PRI quieran dar “albazo” y aprueben la Iniciativa de Ley Antiaborto, el gobernador de la entidad “aplicará la facultad de vetar dicha iniciativa”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario