11/09/2010

IFE: Consejo por consenso


Alejandro Encinas Rodríguez


Concluido el plazo para sustituir a tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de los Diputados no ha alcanzado un acuerdo que garantice la mayoría calificada que requiere la votación.

La falta de acuerdo reside en las distintas visiones respecto a como debe integrarse la terna: si a partir de un acuerdo bilateral entre los grupos parlamentarios que garantice las dos terceras partes de la votación, o mediante la construcción de un consenso, que además de satisfacer a la inmensa mayoría de los diputados, dote de un mínimo de legitimidad y autoridad a los nuevos consejeros, ante el descrédito en que se encuentra el IFE.

No es un asunto menor. Se trata de una de las decisiones más importantes que tomará esta legislatura, y que será determinante en la composición del Consejo General del IFE que organizará —entre otras— las elecciones presidenciales de 2012 y 2018.

Dicha resolución enfrenta el riesgo de reproducir prácticas que han sido severamente cuestionadas por la opinión pública, como la designación de los consejeros mediante el reparto de las posiciones entre los grupos parlamentarios, o la deleznable práctica del “quitapón” —los que salen son míos y por tanto los sustituyo—, que han puesto en entredicho la independencia e imparcialidad del órgano electoral, por lo que el ínterin abre la posibilidad de construir un consenso, asumiendo que uno de los traspiés que llevó al demérito del IFE fue haber incurrido en el veto y las cuotas entre los partidos en la integración del Consejo.
Uno de los méritos en la integración del primer Consejo General del IFE fue que éste se constituyó a partir de un acuerdo integral que permitió seleccionar a individuos con capacidad, experiencia y prestigio público reconocido, que independientemente de sus diferencias y personalidades acreditó un trabajo profesional, a contrapelo de lo acaecido en 2004, cuando un acuerdo entre el PAN y el PRI excluyó al resto de los grupos parlamentarios, lo que trajo consigo un Consejo cuestionado de origen, lo que contribuyó al clima de enrarecimiento y polarización política en la elección de 2006.

El IFE surgió de una de las reformas más importantes de finales del siglo XX, cuando se eliminó la intervención gubernamental en la organización de los procesos electorales, logrando la autonomía del instituto. Por lo que pretender integrar el consejo del IFE por representación proporcional de acuerdo al número de integrantes de los partidos representados en el Congreso o mediante un acuerdo bilateral quebranta la autonomía del instituto y restablece la subordinación del mismo, ahora, a los partidos políticos.
De ahí la importancia de impedir un reparto de cuotas entre partidos y la necesidad de llegar a un entendimiento respecto a quienes asumirán una responsabilidad pública de primer orden, poniendo énfasis en su formación y experiencias profesionales, así como en sus antecedentes para garantizar autonomía del gobierno y los partidos, como condición para dotar de un mínimo de legitimidad a un instituto cuestionado, no sólo por su actuación en 2006, sino por su endeble papel ante los poderes fácticos y los medios de comunicación.

Es cuestionable que la decisión no se haya tomado en los tiempos establecidos por la ley. Sin embargo, ello abre la oportunidad de construir un arreglo al seno de la Junta de Coordinación Política, que en tanto órgano colegiado cuente con la participación de todos los grupos parlamentarios. El peor error que se puede cometer es repetir la experiencia del 2004 e integrar el Consejo General del IFE a partir de los intereses partidistas, lo que socava la autonomía y la viabilidad del IFE para garantizar equidad, imparcialidad, profesionalismo y certeza en los procesos electorales.

alejandro.encinas@congreso.gob.mx
Coordinador de los Diputados Federales del PRD

José Antonio Crespo

El ex rector, ¿candidato ciudadano?

En tiempos de futurismo como los actuales, difícilmente puede no darse una interpretación política a actos como el que tuvo lugar el 3 de noviembre, en que Felipe Calderón otorgó el Premio al Mérito Médico a Juan Ramón de la Fuente. Ahí, Calderón exaltó la figura del ex rector de la UNAM: "Creo que todos recordamos el momento en que el doctor De la Fuente tomó la rectoría... De cómo estaba la Universidad cuando entró el doctor De la Fuente a cómo estaba la Universidad cuando la dejó hay una enorme diferencia que está marcada, y para bien, precisamente en el orgullo de los mexicanos y de México" (lamentablemente para México, no se podrá decir lo mismo de la gestión del propio Calderón). Y es que cada vez cobra más fuerza la versión de que De la Fuente podría ser la figura idónea para una posible coalición PAN-PRD para la presidencia.

Si como se asegura (y de lo cual hay elementos indicativos) la prioridad para Calderón en 2012 es que el PRI no retorne a Los Pinos por el simbolismo que ello revestiría (el fin de la transición, el cierre de un paréntesis democrático), de lo cual se haría históricamente responsable al propio Calderón (aunque sería igualmente responsable Vicente Fox), entonces mejor evitar ese desenlace. Si por otro lado Felipe ya tiene claro que un candidato emanado del propio PAN (fuese quien fuese) prácticamente no tendría posibilidades de triunfo (e incluso podría irse al tercer lugar), y que si el PAN y el PRD van cada uno por su lado entonces el PRI llegaría al poder en caballo de hacienda, la versión se hace verosímil.Pero, ¿por qué De la Fuente como candidato de coalición, si también Marcelo Ebrard ha apostado a esa posibilidad como candidato moderado de izquierda?

De acuerdo a la propia versión, sería más "digerible" al PAN adoptar un candidato externo si no perteneciera al PRD, por razones de congruencia política (la misma a la que apela Andrés Manuel López Obrador), entonces sería más fácil cerrar filas en torno a un "candidato ciudadano" que a otro claramente identificado con un partido de izquierda. No parece casual que en una reunión en el Club de Industriales el 4 de noviembre, Juan Ramón dejó claro que, en caso de competir para la presidencia en 2012, lo haría como "candidato de la sociedad civil". Algunos han interpretado esa declaración en sentido de que quizá el ex rector habla de una candidatura independiente, figura que por hoy no existe y cuya probabilidad de aparecer legalmente está atorada en el Congreso.

Pero más probablemente Juan Ramón quería destacar que no es militante -ni lo será- de ningún partido, y que como candidato de la sociedad civil no iría registrado por un solo partido, sino por una coalición de partidos y organizaciones civiles. Eso le permitiría, por un lado, hacerse más "digerible" al PAN como eventual candidato de coalición, al tiempo que podría atraer votos de ciudadanos decepcionados con los partidos en general, y en particular con el PAN y el PRD (por razones diversas). Difícilmente se volvería a votar por el PAN con un candidato propio, dado el desastroso estado en que entregará al país. Y por otro lado, hay también muchos desencantados con el PRD por su endémica conflictividad interna.Y quizá la corriente de los Chuchos y otras que han mostrado interés en postular a Ebrard podrían repensar su posición ante el cálculo de que sería más fácil de concretar una coalición con el PAN con una figura como De la Fuente, precisamente por su no militancia partidista.

Esta versión asume que bajo cualquier circunstancia López Obrador aparecerá en la boleta, pese a lo cual un candidato de coalición PAN-PRD sería competitivo frente al PRI. Un escenario de concreción difícil, me parece a mí, pero no imposible ni descabellado. De cualquier manera, deberá pasar por el tamiz del estado de México, donde no se vislumbra un candidato de coalición competitivo. Josefina Vázquez Mota no sería mala carta, pero ha denegado esa posibilidad, pues el canto de la sirenas de sus asesores le calienta el oído asegurándole que puede llegar a la grande, algo que a muchos parece, ahí sí, muy complicado, si no es que absolutamente imposible.Investigador del CIDE

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