Luis González Placencia
Nadie puede poner en duda que en la ciudad de México se vive una apertura y una sensibilidad particulares respecto del tema de los derechos humanos y las acciones para garantizarlos, promoverlos y defenderlos. Prueba de ello son el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y su recientemente promulgada ley, así como las libertades de las que gozan las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTTTI. No obstante, y a partir de las quejas que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) conoció y tramitó durante 2010, aún prevalece el hecho de que la autoridad, en ámbitos como el sistema de justicia y la seguridad pública, continúa violando derechos de manera sistemática.
En 2010, las quejas respecto del sistema de justicia y seguridad pública aumentaron 17% en relación a 2009. La mayoría de estas quejas se refiere al sistema penitenciario, seguida de quejas por presuntas violaciones a los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, a la integridad personal y al debido proceso. Estas presuntas violaciones fueron atribuidas en su mayoría a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública.
En materia de seguridad y justicia se emitieron también la mayoría de las recomendaciones; seis en total. Estas recomendaciones documentaron detenciones arbitrarias, obstáculos al debido proceso y la adecuada defensa, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría han aceptado parcialmente estas recomendaciones, pero se han negado a ofrecer disculpas y a reconocer que estas prácticas tienen carácter estructural.
Por otra parte, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, en 2010 surgieron importantes cuestionamientos en los proyectos de desarrollo urbano. Al respecto, la CDHDF ha constatado que se han desobedecido normas que aseguran la participación ciudadana, la medición rigurosa de los impactos ambientales y la transparencia en torno a temas de innegable interés público, lo cual generó el desencuentro entre el gobierno y los ciudadanos y ciudadanas opositores al proyecto denominado Supervía, situación que se evidenció en la primera recomendación de la Comisión en 2011.
Debido a que la Comisión es en sí misma una garantía constitucional de protección de los derechos, sus recomendaciones son esencialmente un instrumento de justicia. De lo anterior se deriva la importancia de la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones por parte de la autoridad, ya que cada vez que se niega a hacerlo, anula con ello el derecho de las personas a acceder a la justicia.
Aceptar, aceptar parcialmente o rechazar una recomendación es prerrogativa de la autoridad, dado que estas resoluciones no son vinculantes. Es por ello que quien rechaza o incumple una recomendación se obliga a explicar de forma pública los motivos y fundamentos que justifican su actuación. Pero por esa misma razón, la autoridad tiene una obligación reforzada de explicar de forma pública y detallada los motivos y fundamentos que justifican su actuación.
Por lo anterior, en los días previos a mi informe ante la Asamblea Legislativa, hice entrega a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la misma, de un reporte detallado sobre el incumplimiento, aceptaciones parciales y rechazos de las recomendaciones del 2010, ante lo cual se espera que la Asamblea cumpla con su obligación de citar a comparecer a los funcionarios correspondientes, en aras de la rendición de cuentas y de la certeza jurídica.
Por todo lo anterior, quisiera señalar que el compromiso con los derechos humanos tiene que refrendarse día a día, tanto en las acciones públicas como en la responsabilidad de servidores y servidoras para mantener la vigencia del Estado de derecho. Por ello, extraña la inasistencia del jefe de gobierno y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la presentación pública del Informe Anual de la CDHDF. Su ausencia canceló la oportunidad de escuchar un panorama amplio de la situación de los derechos humanos en la ciudad. También desaprovecharon la oportunidad de refrendar su compromiso con la defensa y promoción irrestricta de los derechos frente a la ciudadanía, quien es la destinataria final del trabajo que hacemos en la Comisión y, en general, de la acción pública en esta materia en la ciudad.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Nadie puede poner en duda que en la ciudad de México se vive una apertura y una sensibilidad particulares respecto del tema de los derechos humanos y las acciones para garantizarlos, promoverlos y defenderlos. Prueba de ello son el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y su recientemente promulgada ley, así como las libertades de las que gozan las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTTTI. No obstante, y a partir de las quejas que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) conoció y tramitó durante 2010, aún prevalece el hecho de que la autoridad, en ámbitos como el sistema de justicia y la seguridad pública, continúa violando derechos de manera sistemática.
En 2010, las quejas respecto del sistema de justicia y seguridad pública aumentaron 17% en relación a 2009. La mayoría de estas quejas se refiere al sistema penitenciario, seguida de quejas por presuntas violaciones a los derechos a la seguridad jurídica de las víctimas, a la integridad personal y al debido proceso. Estas presuntas violaciones fueron atribuidas en su mayoría a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública.
En materia de seguridad y justicia se emitieron también la mayoría de las recomendaciones; seis en total. Estas recomendaciones documentaron detenciones arbitrarias, obstáculos al debido proceso y la adecuada defensa, así como el uso desproporcionado de la fuerza. Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Procuraduría han aceptado parcialmente estas recomendaciones, pero se han negado a ofrecer disculpas y a reconocer que estas prácticas tienen carácter estructural.
Por otra parte, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, en 2010 surgieron importantes cuestionamientos en los proyectos de desarrollo urbano. Al respecto, la CDHDF ha constatado que se han desobedecido normas que aseguran la participación ciudadana, la medición rigurosa de los impactos ambientales y la transparencia en torno a temas de innegable interés público, lo cual generó el desencuentro entre el gobierno y los ciudadanos y ciudadanas opositores al proyecto denominado Supervía, situación que se evidenció en la primera recomendación de la Comisión en 2011.
Debido a que la Comisión es en sí misma una garantía constitucional de protección de los derechos, sus recomendaciones son esencialmente un instrumento de justicia. De lo anterior se deriva la importancia de la aceptación y cumplimiento de las recomendaciones por parte de la autoridad, ya que cada vez que se niega a hacerlo, anula con ello el derecho de las personas a acceder a la justicia.
Aceptar, aceptar parcialmente o rechazar una recomendación es prerrogativa de la autoridad, dado que estas resoluciones no son vinculantes. Es por ello que quien rechaza o incumple una recomendación se obliga a explicar de forma pública los motivos y fundamentos que justifican su actuación. Pero por esa misma razón, la autoridad tiene una obligación reforzada de explicar de forma pública y detallada los motivos y fundamentos que justifican su actuación.
Por lo anterior, en los días previos a mi informe ante la Asamblea Legislativa, hice entrega a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la misma, de un reporte detallado sobre el incumplimiento, aceptaciones parciales y rechazos de las recomendaciones del 2010, ante lo cual se espera que la Asamblea cumpla con su obligación de citar a comparecer a los funcionarios correspondientes, en aras de la rendición de cuentas y de la certeza jurídica.
Por todo lo anterior, quisiera señalar que el compromiso con los derechos humanos tiene que refrendarse día a día, tanto en las acciones públicas como en la responsabilidad de servidores y servidoras para mantener la vigencia del Estado de derecho. Por ello, extraña la inasistencia del jefe de gobierno y del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal a la presentación pública del Informe Anual de la CDHDF. Su ausencia canceló la oportunidad de escuchar un panorama amplio de la situación de los derechos humanos en la ciudad. También desaprovecharon la oportunidad de refrendar su compromiso con la defensa y promoción irrestricta de los derechos frente a la ciudadanía, quien es la destinataria final del trabajo que hacemos en la Comisión y, en general, de la acción pública en esta materia en la ciudad.
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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