Marcos Chávez * @marcos_contra
En 2013, 1 millón de mexicanos se incorporó a las filas de los pobres y miserables. Cuando termine 2014, otro millón habrá dejado la clase media y se acomodará en la clase baja. Así, al finalizar este año se contarán casi 89 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema
Primera parte
Rosario Robles, secretaria de
Desarrollo Social y quien se dice “contenta” por los resultados de la
Cruzada Nacional contra el Hambre durante el primer año del peñismo,
tiene ante sí una misión titánica. Cuesta arriba. Es una especie de recreación posmoderna de la condenación de Sísifo. Plagada de enormes e incontables peñascos que su ingrato jefe, al alimón
con Luis Videgaray, se empeña en arrojarle en su empinado camino. La
tarea de la secretaria –mejor conocida por sus hazañas, su travestismo
político-ideológico, sus relaciones con Carlos Salinas Gortari y Carlos
Ahumada– es desgraciada. A contrapelo con las medidas neoliberales que
aplica su patrón.
Mientras Robles jala la carreta asistencial hacia delante, su caudillo tira hacia atrás, con más fuerza, hacia el abismo,
donde la descomposición del tejido social ya es insoportable, como se
percibe en Michoacán o en cualquier otro rincón del país, merced a la
abjuración de las funciones rectoras del Estado en el bienestar y el
desarrollo, y la pérdida de su monopolio de la violencia, la seguridad
y el orden públicos.
La funcionaria se afana escenográficamente
en socorrer a algunos mexicanos en pobreza. En aliviar sus cuitas;
manipular corporativamente sus desesperanzas y necesidades, y narcotizar sus rencores con las limosnas
asistencialistas. Pero las políticas públicas del gobierno federal
ensanchan el piélago de pobres y miserables, generosas para quienes
ambicionan acrecentar sus fortunas, por medios lícitos e ilícitos, y
avaras y falaces contra los que cargan los costos de las desmesuras de
la acumulación capitalista global neoliberal.
Tiene sentido que el presidente Enrique
Peña apremie la marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en
especial en la Meseta Purépecha y en Tierra Caliente, asoladas por la
traslapada delincuencia pública-privada. Aun cuando el esfuerzo esté,
por definición, condenado al fracaso. Serán inútiles los 683 pesos
repartidos mensualmente entre 250 mil familias de la Corte de los Milagros
–parecida a la recreada por Víctor Hugo, no a la cortesana de Ramón del
Valle-Inclán, conocida por sus vicios y excentricidades– para la
adquisición de una canasta de 13 productos básicos, varios de ellos
alimentos chatarra; las pensiones a los viejos por 550 pesos; los 333 comedores comunitarios, y demás minucias caritativas,
para contrarrestar los onerosos saldos sociales arrojados durante el
primer año del peñismo, los cuales serán repetidos en el segundo y en
los restantes del sexenio.
Porque es probable que al menos 1 millón de personas más hayan sido arrojadas a las fauces
de la pobreza y la miseria en 2013, sumándose a los 86.9 millones de
2012 (53.3 millones de pobres moderados y extremos, según la taxonomía
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
más 33.5 millones de “vulnerables por carencias sociales”). En 2010
habían sido 85 millones. En 2014, como veremos más adelante, se
agregará otro millón de personas a esa ominosa estadística. No hay
escapatoria.
Para las pretensiones primermundistas
de la oligarquía y de la elite política de la derecha clerical y
neoliberal priísta-panista, México arrastra los peores estigmas que lo
ubican entre las naciones más atrasadas del planeta y entre las que son
víctimas de las plagas más aviesas del capitalismo, como es el caso de
la corrupción sistémica. En materia social, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) registra al país con los resultados
más execrables en 2012. Mientras que naciones como Argentina, Bolivia,
Ecuador o Venezuela, cuyos gobiernos democráticos desertaron de la
internacional neoliberal, mostraron una reducción sensible en sus
niveles de pobreza e indigencia en 2012, o si se prefiere desde 2005,
como se observa en el Cuadro 1, México presentó un aumento “de pequeña
magnitud”, dice diplomáticamente la Cepal en su trabajo Panorama social de América Latina 2013,
equivalente a “alrededor de 1 millón de personas”, el cual supera al
deterioro contabilizado por la modesta República Dominicana. En el
resto de los países de la región se mantuvo sin cambios o disminuyó
apreciablemente.
En la presentación del informe anual
citado, la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal,
señaló que prácticamente la mitad de los niños y adolescentes del país
viven en situación de pobreza, ya que sus familias no perciben el
ingreso necesario para cubrir el nivel mínimo de bienestar. Bárcena
estima que entre 2010 y 2012, la población que se ubica por debajo de
la línea de bienestar y con carencias sociales pasó de 59.6 millones a
60.6 millones de personas.
La diferencia
en las estimaciones de la pobreza y la miseria es metodológica. Se
explica por las definiciones teóricas y las variables utilizadas para
definirlas. Ellas determinan las desigualdades en los enfoques
analíticos y los resultados alcanzados, condicionados, además, por los
intereses ideológico-políticos de los evaluadores. Unos pretenden
explicar esos fenómenos desprejuiciadamente. Otros, para tratar
de esconder las causas económicas y políticas que provocan la desigual
distribución del ingreso y la riqueza nacionales. Sin embargo, todas
coinciden en un aspecto: dependen fundamentalmente del salario
percibido por un trabajo, y ambas se han hundido a escala mundial con
el ciclo neoliberal. El resto de los ingresos sólo compensan al salario.
Recientemente, en una conferencia dada en el semillero de los Chicago boys
del país que han asaltado al Estado y lo han convertido en un
laboratorio del neoliberalismo y en una tierra de pillaje familiar y
para los oligarcas de las corporaciones locales y trasnacionales, el
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el alma mater de Pedro Aspe, Agustín Carstens y Luis Videgaray, entre otros, el llamado “Ángel de la dependencia”, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puso el dedo en la llaga en otro estigma mexicano: la brutal desigualdad en la distribución del ingreso, una de las más obscenas a escala mundial.
Según Gurría, el ingreso medio de la
décima parte de familias mexicanas más pobres cabe 25 o 26 veces en el
que percibe el 10 por ciento de las familias más acaudaladas del país.
Si se compara las más opulentas de las que integran la OCDE, cabe nueve
veces, lo que manifiesta el alto grado de concentración del ingreso y
la riqueza que priva en México. En Estados Unidos, el ingreso de la
décima parte de familias más pobres cabe 14 veces en el de los más
ricos. En Brasil esta proporción es de 50 veces y en Sudáfrica de 100
veces, lo que deja mal parado a Nelson Mandela (Roberto González Amador, La Jornada, 10 de enero de 2014). México y Brasil presentan la peor desigualdad en la distribución del ingreso en América Latina.
Gurría dijo
que dicha concentración internacional y en México se aceleró a raíz de
la crisis sistémica iniciada en 2008. Lo que dolosamente omitió decir
es que lo anterior fue estimulado por las políticas anticrisis
instrumentadas por los gobiernos nacionales, incluyendo a México, y
diseñadas por los organismos internacionales como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial o los dirigentes de la Unión Europea.
Normalmente, en las épocas de crisis, en la que destruye y se reduce la
riqueza de las naciones, siempre renace la disputa por su
redistribución entre las clases sociales. Los gobiernos neoliberales y
los organismos internacionales que velan por esa forma de acumulación
de capital han forzado la redistribución de abajo hacia arriba, a
través de la reducción de los salarios nominales y reales, el
desmantelamiento de las prestaciones sociales y el Estado de Bienestar,
las políticas fiscales regresivas, la reorientación de los subsidios de
las mayorías a las minorías, las privatizaciones y la inflación, entre
otros instrumentos. El objetivo ha sido restablecer las bases de la
acumulación privada de capital y la tasa de ganancia, a costa de la
pobreza y la miseria de la mayoría de la población mundial.
En ese sentido, la concentración en
México, la riqueza y la miseria no son la expresión del fracaso del
neoliberalismo como suponen diversos analistas. Por el contrario, es la
evidencia de su éxito. Además, ese proceso forma parte de la naturaleza
del sistema, al margen de que sea justo o injusto. Sólo se atenúa o se
agudiza por épocas. Esto depende de la relación de fuerzas entre el
trabajo asalariado, el capital y las elites que controlan el Estado.
El Instituto Nacional de Estadística y
Geografía estimó que en 2012 existían 31.6 millones de hogares, así que
el 10 por ciento de los más ricos y más pobres equivalen a 3.2
millones. En sentido estricto, empero, los primeros, la oligarquía, son
unas cuantas decenas de familias. Entre ellas destacan las 35 exaltadas
por la revista Forbes.
Sin embargo, a la burguesía y la elite política neoliberal no les quitan el sueño
los estigmas, porque sobre los lomos de los pobres y miserables
descansan las fortunas de las 35 oligarcas familias: las de Slim,
Alberto Baillères, Germán Larrea, Ricardo Salinas, Eva Gonda Rivera,
María Asunción Aramburuzabala, Del Valle, Servitje, Jerónimo Arango y
Emilio Azcárraga Jean, entre otros.
La historia social de 2013 no fue
diferente a la conocida entre 1983 y 2012. Las razones que explican el
mayor deterioro en las condiciones de vida de las mayorías en el primer
año peñista y en periodo de referencia son las mismas: una pérdida en
el poder de compra de los salarios reales; el menor número de empleos
formales creados con relación a los requeridos, en su mayor parte
caracterizados por los bajos ingresos pagados; el aumento del desempleo
abierto, que afectó principalmente a los jóvenes cuyo futuro ha sido
mutilado (personas de 14 a 24 años de edad) y a los individuos con un
mayor grado de calificación (educación media superior y superior), lo
que evidencia que la instrucción ha dejado de ser un elemento en la
movilidad social, evidentemente para los que asisten a las
instituciones públicas, y del número llamado trabajadores
“desalentados” (aquellos que están disponibles pero que desistieron de
buscar empleo y los que ya ni siquiera lo buscan por considerar que no
tienen posibilidades de encontrarlo) y de quienes se ven obligados a
sobrevivir en la informalidad; la reducción de la ocupación asalariada
legal, subordinada y remunerada, y el alza de los empleos por cuenta
propia, toda vez que el mercado laboral los excluyó o les ofrece
condiciones de trabajo degradadas.
Las causas también son iguales: la
contención gubernamental y empresarial de los salarios que impide
deliberadamente la recuperación de su poder de compra real; la recesión
económica, producto de la contracción de la demanda externa (las
exportaciones, el motor de una economía orientada hacia fuera,
dependiente de la dinámica del mercado internacional, en particular el
estadunidense) e interna (consumo e inversión privada reprimidos
forzosamente, por medio de los bajos salarios y el alto costo del
crédito bancario, medidas necesarias para reducir la inflación y
reorientar la producción hacia el exterior); el ejercicio tardío del
gasto público; y la contrarreforma laboral que ha agravado la inestabilidad en el empleo.
El incremento previsto de pobres en
2014 se explica por razones similares a las citadas previamente: la
permanencia de la misma política salarial y el mediocre crecimiento
interno y externo estimados, complementadas con los efectos
inflacionarios y depresivos en los ingresos de la población de la
miscelánea fiscal recientemente aprobada y el posible despido de miles
de trabajadores electricistas y petroleros debido a la reprivatización
y transnacionalización del sector energético.
La pobreza por decreto
La pobreza y la miseria no son una
“deuda social”, susceptible de saldarse en el tiempo, como quieren
verla algunos políticos y analistas, con el objeto de tratar de ocultar
la realidad. Esa apreciación es una descarada y estulta mentira.
Además de ser un resultado lógico del
funcionamiento del capitalismo, la pobreza y la miseria han sido
impuestas por decreto. Son una conditio sine qua non para la acumulación de capital neoliberal y la consecuencia de ese proyecto de nación por naturaleza excluyente.
Una estrategia de desarrollo que
descansa en el mercado interno requiere y estimula la expansión de la
demanda efectiva. Es decir, del consumo local, por medio del gasto
público, el aumento del poder de compra de los salarios, la ampliación
del empleo formal y la inversión pública y privada, esta última
asociada a la reducción del costo del crédito, y en menor medida por
las exportaciones. El ritmo de esas variables determina la tasa de
crecimiento de una economía. Revísese, por ejemplo, el caso argentino
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En una economía orientada hacia fuera,
integrada y subordinada al mercado mundial globalizado, la dinámica
productiva depende de la demanda externa más que de la local. La
movilidad de los capitales estimulada por la desregulación de las
economías nacionales posibilita la inversión trasnacional o
multinacional que aprovecha las “ventajas comparativas” de los bajos
salarios, el desmantelamiento de las leyes laborales, la abundancia de
recursos naturales, las relajadas normas ambientales o los subsidios
fiscales otorgados por quienes se pelean por atraer a los depredadores.
Esos elementos permiten reducir los costos de producción, aumentar la
productividad y competitividad, y evadir las presiones de los
trabajadores y doblegarlos con el fantasma del cierre de empresas, el del desempleo y la pobreza.
La productividad y competitividad de la
producción descansan en el desarrollo tecnológico, el cual modifica la
composición orgánica del capital, es decir, la relación entre la masa
de capital invertida en medios de producción (que aumenta) y la
invertida en fuerza de trabajo (que se reduce), lo que con el tiempo
implica una menor capacidad de absorción de mano de obra y una
tendencia decreciente de la tasa de ganancia, así como la
desvalorización del trabajo.
Como un país cada vez más atrasado, la
incorporación de México en la internacional neoliberal ha descansado
esencialmente en la desvalorización del trabajo asalariado. En el
deterioro deliberado de los factores que determinan el nivel de vida de
los trabajadores: los salarios y las prestaciones sociales; la
estabilidad laboral y el gasto público social no asistencialista.
La fijación anual de los salarios no
está determinada por la libre negociación entre las empresas y los
sindicatos, mediada por un Estado que garantice un ingreso mínimo digno
a los trabajadores. Los aumentos son impuestos por el gobierno y los
empresarios, en complicidad con los dirigentes sindicales controlados
corporativamente por el Estado, que actúan en contra de los intereses
de los trabajadores. Estos últimos han respaldado el desmantelamiento
de los derechos constitucionales de los asalariados a través de la
reforma neoliberal.
La política salarial no busca la
mejoría del poder adquisitivo real de la principal fuente de ingreso de
los trabajadores. Por el contrario, ha sacrificado a los salarios en
nombre de la inflación y la competitividad de la producción. La
ortodoxia monetarista subordina su aumento a la estabilidad de los
precios. Busca reprimir el consumo para reducir el nivel de la
inflación. Por ello, el alza salarial es igual o similar a la inflación
esperada y no la alcanzada. Mucho menos se propone elevar los salarios
por encima de la meta de precios, con el objeto de que recupere su
poder de compra perdido desde 1977. El desfasamiento entre la inflación
programada y la alcanzada no ha conducido a un ajuste adicional en los
salarios, al menos para evitar su deterioro. Por otro lado, el ajuste
estructural, la competitividad y la productividad económica, así como
la atracción de la inversión extranjera directa, también se apoya en
los bajos salarios mexicanos, uno de los peores del mundo. La escasa
creación de empleos formales, el alto número de trabajadores excluidos
del mercado laboral y el temor al desempleo de los ocupados, han
garantizado los bajos aumentos en los salarios nominales, por debajo de
la inflación y, por añadidura, la reducción de los costos de producción
y en las presiones sobre el nivel general de precios.
Entre 1976, cuando se inicia la
aplicación de las políticas fondomonetaristas de estabilización, y
2012, el poder de compra de los salarios mínimos se desplomó en 76.6
por ciento, si se mide por el Índice de Precios al Consumidor, o de
75.8 por ciento si se deflacta por las cotizaciones de la canasta
básica. En el ciclo neoliberal (1983-2012) la pérdida en ambos casos es
de 71.9 por ciento y 76.8 por ciento. Con el primer año de Peña Nieto
la brecha se amplió otro poco, a niveles cercanos al 77 por ciento
desde 1976, por lo que el poder adquisitivo de los salarios mínimos es
similar al conocido a finales de la década de 1940 y principios de 1950.
Si Enrique Peña tuviera la voluntad por
mejorar el bienestar de las mayorías, impulsaría alzas salariales por
arriba de la inflación, hecho que contribuiría, además, para impulsar
el crecimiento económico y la creación de empleos formales. Pero ello
implicaría afectar las ganancias empresariales y un mayor nivel de
inflación. Ello es posible. Todo depende cuál sea la prioridad, los
compromisos y los intereses del gobierno. En Argentina apostó al
bienestar de la población y los salarios reales se duplicaron entre
1983 y 2013. En México Enrique Peña se aferró al neoliberalismo.
El salario mínimo para 2014 fue fijado
en 63.58 pesos diarios en promedio. Mensualmente será de 1 mil 907
pesos con 40 centavos. De acuerdo con el Observatorio de Salario Justo,
de la Universidad Iberoamericana Puebla y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), el salario mínimo que recuperaría el poder
de compra de 1976 sería de 6 mil 984 pesos mensuales, 233 pesos
diarios. Si se aspira a que un trabajador pueda satisfacer sus
necesidades básicas, de alimentación, material, social, cultural y
educativa, entonces debería de ser de al menos de 280 pesos diarios, 8
mil 412 pesos mensuales, monto que, empero, resulta insuficiente.
Por su parte, los salarios
contractuales, que habían perdido el 50.1 por ciento de su poder de
compra real entre 1975 y 2012, lo ampliaron a 50.5 por ciento en el
primer año peñista (ver gráfica 2).
Para 2014 se espera un mayor deterioro
salarial debido a los aumentos en los impuestos directos e indirectos,
el alza de las tarifas de los bienes y servicios públicos, el traslado
de los gravámenes de las empresas a los consumidores finales por medio
de la inflación. De hecho, el aumento de precios se tragó el alza salarial, incluso antes de iniciarse el año en curso.
En una perspectiva más amplia, la
información proporcionada por la Cepal muestra que los salarios medios
reales pagados en México son los peores de América Latina. Apenas
superan a los vigentes en países como Guatemala o El Salvador (ver
gráfica 3).
La comparación del salario mínimo real
por hora pagado por los países miembros de la OCDE en 2012 deja
igualmente a nuestro país en la peor posición. El más alto corresponde
a Australia con 16 dólares reales estadunidenses (al tipo de cambio y
los precios reales de 2012). En Canadá es de 9.8 dólares, en Estados
Unidos de 7.1 dólares. El antepenúltimo y penúltimo lugar corresponden
a Hungría y Chile con 2.3 dólares y 2.2 dólares. En el último lugar se
ubica México con 56 centavos de dólar (ver cuadro 2).
La misma historia se repite con los
salarios medios reales de la economía. De acuerdo con la OCDE, el más
alto se pagó en Suiza: 90 mil dólares estadunidenses anuales en 2012.
En Canadá fue de 58 mil dólares. En Estados Unidos de 55 mil dólares.
El penúltimo lugar lo ocupó Polonia con 13 mil dólares. El último fue
México, con 9 mil dólares (ver gráfica 4).
En la siguiente entrega veremos qué tipos de empleos se crearon durante el primer año peñista y lo que se espera en 2014.
*Economista
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