10/23/2014

PRENSA MÉXICO JUEVES 23 OCTUBRE 2014



REFORMA
Decenas de miles de personas, principalmente estudiantes, se movilizaron ayer en 31 entidades para exigir justicia en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.La marcha en el DF culminó con un emplazamiento de los padres de los desaparecidos para que el Gobierno entregue resultados en dos días o se atenga a las consecuencias.En el Zócalo capitalino, Rafael, padre de uno de los normalistas, dijo que si se tratara de los hijos de un diputado, las autoridades ya los hubieran encontrado, pero, como se trata de gente pobre, señaló, simplemente no hacen nada.Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez, otro de los desaparecidos, advirtió que, si no se ven resultados pronto, la sociedad civil va explotar.El padre de Carlos Hernández Muñoz aseguró que van a luchar hasta las últimas consecuencias y que si el Gobierno quiere guerra, la tendrá.Los familiares hablaron en un templete colocado frente a Palacio Nacional después de encabezar una marcha que partió del Ángel de la Independencia y que duró cuatro horas: inició a las 18:30 horas y el último contingente arribó a las 22:30.A la marcha se sumaron estudiantes de la propia Normal de Ayotzinapa, de la UNAM, UAM, IPN, UACM, UPN, Ibero, Tec de Monterrey, Colmex, CIDE, e ITAM, entre otros.

MILENIO


El ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, ordenaron el ataque y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con el propósito de que no "sabotearan" el informe de labores de la mujer, como ocurrió en julio de 2013, dijo ayer el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.Una vez que los estudiantes estuvieron sometidos y fueron entregados por policías a Guerreros Unidos, el lugarteniente de esa organización criminal, conocido como El Gil, informó a su jefe máximo, Sidronio Casarrubias Salgado, que los conflictos en Iguala eran obra del grupo delictivo contrario, es decir, Los Rojos.Sidronio avaló las acciones contra los normalistas, a quienes llevaron a un camino de terracería que se localiza cerca de la vivienda de El Gil y donde fueron encontradas nueve fosas clandestinas con los restos de 30 personas, los cuales son analizados por peritos aregentinos para corroborar si son o no los estudiantes.En conferencia de prensa, el funcionario federal indicó que María de los Ángeles fue identificada por Sidronio como la principal operadora de Guerreros Unidos desde la presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad local, Felipe Flores Velázquez.También reveló que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local. El grupo decidía quién ingresaba a la corporación.La PGR solicitó órdenes de aprehensión contra los "autores intelectuales" de los sucesos del 26 de septiembre; asimismo, consignó otro expediente contra Abarca por el homicidio del perredista Arturo Hernández Cardona, cometido en mayo de 2013.

EXCÉLSIOR


La PGR estableció que José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, son los responsables de la desaparición de 43 normalistas, el pasado 26 de septiembre.En conferencia, el procurador Jesús Murillo Karam expuso que el matrimonio, que no ha sido localizado, tiene una relación con el grupo Guerreros Unidos —derivado del cártel de los Beltrán Leyva—, al que financiaba con hasta tres millones de pesos mensuales.Explicó que la red criminal se pudo establecer con las declaraciones del recién aprehendido Sidronio Casarrubias, jefe de los Guerreros Unidos. Sobre la identidad de cuerpos en las fosas descubiertas, Murillo dijo que la Fiscalía de Guerrero falló en la toma de muestras, por lo que esperarán los resultados de los peritos argentinos.El móvil de los hechos, de acuerdo con el titular de la PGR, fue que se pensó que los normalistas pretendían boicotear una celebración de María de los Ángeles por su informe de actividades del DIF-municipal.


24HORAS
Para evitar que importunaran la fiesta de su esposa, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó a policías municipales al servicio del crimen organizado atacar a un grupo de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; 27 días después el paradero de los 43 estudiantes es desconocido y los principales responsables, autores intelectuales, están prófugos.Ayer la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer su principal hipótesis respecto al secuestro de los estudiantes y reconoció por primera vez que fue una desaparición forzada. Además, hizo una reconstrucción de los primeros momentos de la desaparición.
“Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas, los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de las policías de Iguala y Cocula (…) se están concluyendo diligencias para acreditar el delito de funcionarios municipales de desaparición forzada”, señaló el procurador Jesús Murillo Karam.Los antecedentes de daños ocasionados en el Palacio Municipal de Iguala en julio del 2013, en una protesta en la que supuestamente participaron normalistas de Ayotzinapa, fue el detonante de la represión criminal empleada el 26 de septiembre, día en que la esposa del alcalde María de los Ángeles Pineda Villa, realizaba una fiesta con motivo de su informe al frente del DIF del municipio.
 Hasta ahora hay 52 detenidos y procesados por el caso, entre policías y civiles involucrados. El de más alto rango es Sidronio Casarrubias Salgado, líder del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual es una división del cártel de los Beltrán Leyva, cuyos operadores son parientes de Ángeles Pineda.
ESTRASBURGO. El Parlamento Europeo (PE) expresó hoy su firme condena a las “inaceptables desapariciones forzosas y crímenes” en Iguala” y pidió a las autoridades mexicanas que “actúen de forma rápida, transparente e imparcial” para detener y juzgar a los responsables.La resolución, respaldada hoy en el pleno del PE con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, pide que continúen las investigaciones “hasta que los estudiantes estén a salvo”, según dice el documento aprobado.El Parlamento Europeo también lamenta la “aparente infiltración del crimen organizado en los organismos locales policiales y administrativos”.Los eurodiputados celebran la determinación del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, para investigar estos sucesos y “poner fin a la violencia relacionada con las bandas en México”, a la vez que solicitan a los Estados miembros de la UE que incrementen su apoyo a un socio estratégico como México para defender los derechos humanos a través de programas y recursos financieros y técnicos.El comisario europeo de Sanidad, Tonio Borg, destacó en un debate previo al voto en el hemiciclo que México “es un socio muy valioso para la UE” y que la comunidad internacional “tiene que unir sus fuerzas” para ayudarle en la lucha contra la delincuencia organizada y la impunidad.La eurodiputada conservadora (PP), Teresa Jiménez Becerril, expresó su “solidaridad con el pueblo mexicano ante la barbarie de estos crímenes”, y consideró ofreció “nuestra ayuda a las autoridades mexicanas para que puedan afrontar el reto de luchar contra la corrupción y el narcotráfico”.Por su parte, el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui expresó la “condena rotunda” del PE a los crímenes de Iguala y pidió al Gobierno de México que lleve a los responsables ante la justicia, tanto “directos” como “indirectos”, a la vez que repudió la impunidad y dijo al Gobierno mexicano “que queremos colaborar con él y no cortar el diálogo político”.El eurodiputado de Izquierda Unida, Javier Couso, consideró que las desapariciones de Iguala “son sólo la punta del iceberg” en un país donde “el 98 % de los delitos quedan impunes“, y pidió cooperar con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para combatir esa “impunidad generalizada” y “condicionar a ello los tratados de la UE con México“.En esa línea, el eurodiputado de Verdes/ALE, Ernest Urtasun, pidió a México una “acción más decidida contra la impunidad“, mientras que la liberal Beatriz Becerra consideró que, aunque el gobierno mexicano “tardó en reaccionar”, ahora “se ha puesto al frente” y defiende de manera “incuestionable” el Estado de derecho.

Raúl Plascencia Villanueva inició el proceso para buscar reelegirse como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), un organismo autónomo del gobierno que ha encabezado desde noviembre de 2009. El ombudsman se registró como aspirante al cargo la tarde de este miércoles, el último día para el registro de aspirantes, según informaron fuentes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que junto con la Comisión de Justicia analizará qué personas son las más aptas para el puesto. Horas antes, durante una entrevista con la emisora Radio Fórmula, Plascencia anunció que buscaría reelegirse pues considera que su desempeño en la CNDH ha sido satisfactorio. "He tomado la determinación de sí, de sí contender. Creo que hemos hecho un trabajo importante en los últimos cinco años, que hemos logrado avances", dijo. Además, afirmó que su candidatura es respaldada por 2,650 organizaciones civiles.
La semana pasada, sin embargo, un grupo de agrupaciones de derechos humanos —como Amnistía Internacional (AI), Propuesta Cívica y albergues de migrantes— cuestionó su desempeño y llamó a las comisiones del Senado a no reelegirlo o, al menos, a no darle privilegio sobre otros aspirantes.
El periodo de Plascencia en la CNDH vence el 15 de noviembre, por lo que para el día 16 debe estar nombrado el próximo titular, ya sea que él logre reelegirse o que los senadores elijan a uno nuevo.

Gilberto Arturo Sánchez Osorio, ex legislador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue baleado por una persona cuando llegaba a su casa  Leer más
La ex esposa del líder de ‘Los Caballeros Templarios’ viajaba en un automóvil con reporte de robo, por lo que fue detenida en Michoacán Leer más

ANIMAL POLÍTICO

Las políticas de drogas represivas y militarizadas en lugar de reducir el delito, lo fomentan, pues provocan un alza en los precios de las drogas y con ello que más grupos criminales decidan unirse al tráfico, pero además motivan que personas drogodependientes cometan delitos para financiar su consumo, concluyó la Comisión Global de Política de Drogas en su informe 2014.Este grupo de estudio de la política de drogas mundial alerta que los gobiernos no están contemplando en sus estrategias que las operaciones “de mano dura militarizadas” exacerban la violencia criminal y la inseguridad pública sin detener la producción, tráfico o consumo de drogas.“Es preciso enfocarse en la reducción del poder de las organizaciones criminales, así como la violencia e inseguridad que resultan de la competencia entre sí y con el Estado (…) Desplazar la producción de drogas ilícitas de un lugar a otro o el control de una ruta de tráfico de una organización criminal a otra muchas veces causa más daño que beneficios”.El informe 2014 “Asumiendo el Control: Caminos hacia políticas de drogas eficaces” fue hecho por esa Comisión que, desde 2011, presenta informes tras el estudio de las políticas de drogas y sus efectos en la sociedad.


En el templete colocado frente a Palacio Nacional están los padres de los 43 jóvenes. Rafael López, padre de Julio César López, toma el micrófono: “Le digo al pinche gobierno que yo le doy dos días nada más. Si en dos días no aparecen nuestros familiares vamos a tomar otras medidas porque ya estamos cansados”. Insiste en que su desesperación está llegando al límite porque ninguna autoridad responde a sus exigencias. “Lo que nos hace el gobierno es una mierda. No hacen nada porque ellos los tienen”.Uno a uno coincide en que han esperado demasiado para poder tener a sus hijos de vuelta en casa. “No hay palabras para expresar lo que sentimos, queremos justicia”, dice Rafael. “sentimos rabia porque el gobierno no nos ha respondido”, grita Epifanio.Son padres campesinos cuyos hijos se preparaban para ser maestros. No son diputados, ni gente reconocida, “somos pobres”, dice Bernabé.Debajo del templete, hay 43 pupitres con las fotografías de los jóvenes y veladoras que forman la palabra Ayotzinapa. Son los rostros que insisten en no ser olvidados. No son un número, son jóvenes que hacen falta en sus familias. Son el ejemplo de sus hermanos mayores y la esperanza de sus padres. Así los recuerdan mientras los nombran uno a uno. La multitud responde “presentación” después del pase de lista.Según cifras del gobierno capitalino, son 50 mil los asistentes. Una multitudinaria respuesta a la indignación que ha provocado el caso en México y en el extranjero. Son amas de casa con pancartas con las leyendas:“¿qué harías si fueran tus hijos?” “Ayotzinapa somos todos”. Son estudiantes de la UNAM, el IPN, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma Metropolitana.



Las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) aún no tienen claro a quiénes pertenecen los 30 cuerpos localizados en las nueve fosas de Iguala, Guerrero.
Personal del equipo argentino de antropología señala que los dos exámenes periciales hechos por las autoridades federales carecen de los protocolos necesarios para la real confirmación de la identidad de los cuerpos.Entrevistados por Animal Político, dos miembros del equipo relataron que desde el pasado 15 de octubre están trabajando en la identificación de los 30 cuerpos, pero denunciaron que fue hasta hace unos días que logaron tener acceso a los peritajes completos realizados tanto por la Policía Federal como los elaborados por la PGR.Al analizar ambos peritajes, el equipo de especialistas argentinos asegura que no se puede descartar que algunos de los 30 cuerpos puedan pertenecer a algunos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

REPORTE ÍNDIGO

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, está en la mira. La exigencia de que renuncie a su cargo es a sangre y fuego. Se hacen marchas y se incendian palacios para conseguirlo.Los partidos -incluida un ala del PRD- también se unen a la petición de que deje su puesto. Las manifestaciones en su contra inundan las calles de cientos de ciudades en México y el mundo. Ayer, apenas pasaba de mediodía y el ayuntamiento de Iguala ya estaba en llamas. Maestros y normalistas disidentes de la CETEG prendieron fuego al edificio en una clara muestra de que su advertencia de elevar el tono de su protestas va en serio.“Ya se nos agotó la paciencia, porque ya tocamos todas las puertas, hablamos con las más altas autoridades de la federación, sin embargo, no hay avances significativos para dar con el paradero de nuestros 43 compañeros”, señalaron.La falta de información y resultados que ayuden a desenmarañar el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, ha puesto la cabeza de Aguirre en juego. El confuso y enredado tema de la desaparición de poderes en el estado enciende los ánimos y exacerba la idea de que quitarle la silla al gobernador traerá esa justicia que se pide a gritos.Pero la historia no es muy optimista en ese punto.Basta cruzar la frontera de Guerrero y llegar a Michoacán para poner al ahora exgobernador, Fausto Vallejo, como ejemplo.A mediados de junio, el mandatario priista anunció que dejaría su cargo por problemas de salud. Unos días antes de ese aviso, un video en el que presuntamente aparecía su hijo en franca plática con Servando Gómez, “La Tuta”, inundaba las redes. Y en mayo, se había dictado una orden de aprensión contra su exsecretario de gobierno, Jesús Reyna, por presuntos vínculos con el narcotráfico.El cártel de Los Caballeros Templarios aterrorizaba la región y todo Michoacán hervía con la aparición de los grupos de autodefensas. El motivo oficial de Vallejo para dejar la silla fue visto como una excusa ante la ingobernabilidad que se vivía en el estado.

ARISTEGUI NOTICIAS




Las ocho de la noche acababan de pasar. Una parte de los marchistas habían encendido antorchas.
Los gritos, las consignas se habían escuchado con todo vigor, con  indignación, con rabia:“Ayotzi vive, la lucha sigue”.“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.“Alexander, Martín, Carlos, Jorge, Eduardo, Cirilo.., ¡vivo vivo vivo!”Esto último porque el lector debe saber que, en voz de uno de los padres cuyo hijo no aparece, fueron nombrados todos los normalistas, uno a uno, nombre por nombre.Pero cuando las ocho de la noche acababan de pasar, no se sabe si por acuerdo previo o por súbita decisión colectiva, el silencio se hizo.Y la marcha, o al menos un tramo grande de ella, empezó a caminar muda, como en procesión de Viernes Santo.Fue un silencio dramático que con su eco colmó las calles céntricas de la Ciudad de México, llenó Reforma y Juárez, rebotó en los edificios y regresó a sus dueños, los marchistas, para quedarse ahí, entremezclado con la pena de los padres y con la indignación colectiva.Fueron una mudez y un silencio que acaso dijeron más que los gritos y las consignas.Y la marcha siguió. Dejó atrás aquel letrero en el camellón central de Reforma que, en uno de sus triángulos de piedra decía con dolor, si es que las piedras pueden expresar dolor:“No somos todos. Nos faltan 43″.En tanto, en Oaxaca, Francisco Toledo marchó con una manta que, acaso como anticipación del día de muertos, mostraba una calavera fracturada y la leyenda “No más desapariciones”.Y en el DF, el padre Alejandro Solalinde, para quien no hay duda de que los normalistas fueron asesinados y calcinados, fue el más solicitado por los reporteros.Otros miles más marcharon en las calles capitalinas, con pancartas y mantas o sin ellas. Ahí estuvieron universitarios de la UNAM, de la UAM, de la Ibero, del Politécnico, de El Colegio de México, del Tec de Monterrey, de la Universidad de la Ciudad de México, entre otras casas de estudios, y también activistas civiles, integrantes –o no- de veintenas de organizaciones. Y todo fue de manera pacífica.Más temprano, algunos estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia se despojaron totalmente de sus ropas en protesta porque –les dijeron a los reporteros- la agresión del gobierno contra la sociedad va más allá de los desaparecidos. Otros universitarios pintaron en sus mejillas el número 43.También más temprano, en la vanguardia de la gran manifestación, con un micrófono que se iban turnando los estudiantes, un normalista expresó un convencimiento que acaso resuma el significado de la marcha:






SINEMBARGO

La indignación saca a miles a las calles por Ayotzinapa; dan ultimátum al gobierno 
La indignación y la solidaridad de miles de estudiantes y ciudadanos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa nuevamente resonó en las calles, a cuatro días de que se cumpla un mes de que fueron desaparecidos forzadamente por policías municipales en Iguala, Guerrero. A las 18:00 horas de este miércoles, miles de ciudadanos, estudiantes, maestros y normalistas, junto con los familiares de los estudiantes desaparecidos, iniciaron una marcha del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México hacia el Zócalo capitalino, para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes y exigir a las autoridades su presentación con vida. La jornada, que llevó el nombre de “Una luz por Ayotzinapa”, tuvo expresiones de descontento en distintas ciudades del país y también en decenas de urbes en el mundo. “Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis….” contaban los contingentes estudiantiles hasta llegar al número 43, para recordar a cada uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del pasado 26 de septiembre. Y remataban con un grito y una exigencia unísona: “¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!”. Al arranque de la marcha, las consignas más coreadas eran dos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y “PRI, PAN y PRD=Narcogobierno”. Conforme los contingentes se fueron sumando, la rabia e indignación que se percibía en los manifestantes fueron encontrando cabida en expresiones como “Gobierno farsante, que matas estudiantes” o “Gobierno fascista, que matas normalistas”.
 México desconoce la “magnitud del problema” de desaparecidos: AI; sindicatos llaman a paro 
Organizaciones internacionales, sindicales y de estudiantes plantearon nuevamente su demanda al gobierno federal para que se resuelva la situación de los 43 normalistas de ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos desde hace casi un mes, así como los casos de los más de 22 mil personas en el país cuyo destino se desconoce. Amnistía Internacional (AI) planteó a la Cámara de Diputados la creación de una Comisión de la Verdad para resolver el tema de los desaparecidos, mientras que sindicatos llamaron a un paro laboral y organizaciones de estudiantes hicieron un llamado a la Unión Europea para que se sume a las peticiones de renuncia del Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. En una reunión a puerta cerrada, ayer, con los integrantes de la comisión especial que da seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Guerrero, el director ejecutivo de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, recalcó que es momento de que el Estado mexicano reconozca, por primera vez, la magnitud del problema de derechos humanos que tiene, como paso fundamental para avanzar en su solución. “Independientemente de que el caso Iguala se resuelva de forma satisfactoria, siguen habiendo otras 22 mil personas que están desaparecidas, que no sabemos por qué desaparecieron, no sabemos quiénes son los responsables de sus desapariciones, no sabemos qué fue lo que pasó realmente en el sexenio del Presidente Felipe Calderón (2006-2012)”, precisó Perseo Quiroz, en entrevista para SinEmbargo.
Plascencia va por la reelección en CNDH; “no conoce la vergüenza”, le dicen ONG’s 

Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), participará en la contienda para reelegirse como ombudsman del país, luego de haber tramitado su solicitud ante el Senado de la República a pesar de las severas críticas que ha recibido por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que cuestionan su papel al frente del organismo. En entrevista con Radio Fórmula, Plascencia admitió que participará en el proceso luego de consultarlo con su familia y tener el respaldo de más de 2 mil 650 organismos no gubernamentales. “Señalé que iba a platicarlo con mi familia, lo platiqué el día de ayer y hoy también con mi esposa, lo pude platicar con un grupo de colaboradores, de amigos, y he tomado la determinación de sí contender. Creo que hemos hecho un trabajo importante en los últimos cinco años, hemos logrado avances, tengo el respaldo de dos mil 650 organismos no gubernamentales que me han expresado su voluntad de acompañar este proceso”, dijo. Sin embargo, en septiembre pasado, el movimiento #NoMásComPlascencia, integrado por más de 100 organizaciones, interpusó una demanda de juicio político en contra del presidente de la CNDH por las graves omisiones de la Comisión frente a innumerables violaciones de derechos humanos y el uso de la misma institución para fines distintos a la defensa de las garantías individuales.
Parlamento Europeo condena desapariciones de normalistas: “son la punta del iceberg” 

El Parlamento Europeo (PE) expresó hoy su firme condena a las “inaceptables desapariciones forzosas y crímenes” en Iguala y pidió a las autoridades mexicanas que “actúen de forma rápida, transparente e imparcial” para detener y juzgar a los responsables. La resolución, respaldada hoy en el pleno del PE con 495 votos a favor, 86 en contra y 56 abstenciones, pide que continúen las investigaciones “hasta que los estudiantes estén a salvo”, según dice el documento aprobado. El Parlamento Europeo también lamenta la “aparente infiltración del crimen organizado en los organismos locales policiales y administrativos”. El eurodiputado de Izquierda Unida Javier Couso consideró que las desapariciones de Iguala “son sólo la punta del iceberg” en un país donde “el 98 % de los delitos quedan impunes”, y pidió cooperar con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) para combatir esa “impunidad generalizada” y “condicionar a ello los tratados de la UE con México”.
CNDH liga a fuerzas federales con 39 homicidios y 16 desapariciones desde 2008 

Las 15 homicidios registrados en el municipio de Tlatlaya y en el que aparecen como probables responsables elementos del Ejército, no son los únicos asesinatos atribuidos a las fuerzas armadas del Estado mexicano. De acuerdo con la lista de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde 2008, integrantes de las diversas fuerzas del gobierno federal, aparecen como partícipes en los crímenes de al menos otras 39 personas asesinadas en los últimos cuatro años, así como en la desaparición de otras 16. De estos casos, en la muerte de 23 víctimas habrían participado –según las acusaciones de las recomendaciones de la CNDH– elementos del Ejército Mexicano, en la muerte de otras ocho se presume participaron elementos de la Secretaría de la Marina y en otros nueve se atribuye responsabilidad a personal de la Policía Federal. Entre las desapariciones, nueve víctimas podrían haber sido secuestradas por los soldados y otras siete por parte de los marinos. Entre los casos de homicidio atribuidos a elementos del Ejército mexicano se encuentran los de los alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, registrados el 22 de marzo de 2010, cuando murieron Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes a quien la Sedena presentó en un inicio como probables integrantes de la delincuencia organizada con los que sostuvo un enfrentamiento.

EL UNIVERSAL
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó ayer en Apatzingán, Michoacán, que el gobierno de la República trabaja en la consolidación de un México de leyes y en paz, en un Estado cuyo fin -dijo en el contexto de los casos Iguala y Tlatlaya- es promover, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que la propuesta del PAN para crear un Sistema Nacional Anticorrupción ha sido una de las banderas más importantes que ha impulsado el sector privado
Por medio de un desplegado la dependencia propuso que ambas partes designen a 10 representantes, "quienes participarán con voz y voto una vez que se acrediten"
Comunidad universitaria protesta en Guadalajara para pedir justicia. Fiscalía garantiza esclarecer fallecimiento ocurrido en el Cervantino
La Procuraduría General de la República consignó a Amado Yáñez Osuna, administrador único de la empresa Oceanografía, por la comisión de delitos financieros en la modalidad de delito grave, sin tener derecho a fianza
Actuó con amante para matar a músico de Banda El Recodo, dice fiscal
Fue detenido en Tlaxcala; cumplirá una sentencia de 38 años: fiscal

LA JORNADA
Cunden protestas en México, EU, Europa y AL por el caso Ayotzinapa


Participan miles, entre ellos familiares de los 43 normalistas desaparecidos
"Ni siquiera están buscando,o no como debieran", dicen igualtecos
Eran los principales operadores de Guerreros Unidos: Murillo Karam
Con información de A. Urrutia, G. Castillo, A. Cano, A. Tejeda, D. Brooks, S. Calloni, E. Gutiérrez, S. Ocampo y R. Morelos

Fotoportada
La marcha estudiantil por el Día de Acción Global por Ayotzinapa partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. En la imagen inferior, el palacio municipal de Iguala fue incendiado durante la movilización para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas Fotos Carlos Ramos Mamahua y Javier Verdín
Rayuela: Emocionante, la marcha de ayer en el DF. Ayotzinapa ya es, por desgracia, parte de la historia de agravios de este país.

Libran una nueva orden de arresto por delitos financieros
La PGR no revela a qué prisión fue enviado el dueño de Oceanografía
En el proceso penal ya se le imputan fechorías consideradas "graves"
Se da seguimiento al desvío de créditos hacia actividades deportivas
Gustavo Castillo García

Víctor Flores Olea invita a universitarios a conocer aportes del científico social
Presenta Dialéctica de la imaginación, libro sobre el ex rector de la UNAM
Ocupa el asiento que tenía su madre en el corporativo financiero
Logra 76% de votos el nieto de González Barrera
Fotocontraportada
Fuerzas de seguridad resguardaron el Parlamento de Canadá, en Ottawa, tras la irrupción de un hombre armado. El sujeto, quien murió, fue identificado como Michael Zehaf-Bibeau, de 32 años y canadiense de nacimiento Foto Reuters

Se desató un tiroteo muy cerca de una sala donde estaba el primer ministro
Previamente, el pistolero hirió de muerte a un militar a las afueras del recinto
Se emitió de inmediato alerta por terrorismo; EU secunda la medida

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