La regulación electoral está diseñada para privilegiar una decisión en la que solamente puede castigarse premiando a otro.
José Roldán Xopa
lasillarota.com
La anulación del voto como decisión constitucionalmente válida,
además de ser una decisión personal tiene ya una dimensión colectiva. No
es solamente una expresión ante la ausencia de alternativas, apunta a
las causas y a la posibilidad de corrección de lo que impide que la
competencia electoral pueda desplegar su potencialidad para resolver
problemas públicos. El voto nulo es una posición política antisistema.
El sistema dejó de identificarse con un partido político, el sistema son
estos partidos políticos.
No se trata de simplificar el juicio afirmando que todos son iguales;
pero sí de afirmar que se dan preocupantes prácticas en la actuación de
los partidos que anulan la capacidad del voto en el premio y el
castigo. La regulación electoral está diseñada para privilegiar una
decisión en la que solamente puede castigarse premiando a otro, pero no
para castigar a todos. Lo anterior es perverso porque conduce a opciones
por descarte donde los partidos siempre terminan ganando
independientemente de su desempeño.
Al eliminar el posible efecto de castigo del voto nulo se resta poder
al ciudadano pues los partidos crearon un sistema que captura incluso
el descontento hacia todos. El sistema electoral provoca un fenómeno de
alienación del voto, de desapropiación que el ciudadano debiera tener
sobre su decisión soberana y la plenitud del voto y sus posibles
impactos en la democracia. El sistema electoral se ha estructurado a
partir del interés de los partidos más que en el de los ciudadanos y sus
condiciones de vida.
La vía para reapropiar las capacidades del voto, incluyendo el nulo y
el abstencionismo y de que cuenten para mejorar la competencia e
incentivar un mejor desempeño en la solución de los problemas públicos,
debe considerar cuestiones como las siguientes:
a) El voto nulo debe ser contabilizado en los resultados electorales.
b) El voto nulo debe ser tomado en cuenta en los porcentajes para decidir el mantenimiento del registro de los partidos.
c) El voto nulo debe ser “presupuestalizado”, es decir, tener un
impacto en el financiamiento de los partidos. A mayor voto nulo, menor
financiamiento.
La legitimidad de la democracia tiene una relación directa con la
participación ciudadana. Por ahora se favorece la desvinculación del
ciudadano: Mientras menos militantes tenga un partido, mejor; mientras
más voto corporativista y clientelar, mejor (el ciudadano no es visto
como tal sino como un cliente sobre el que se ejerce un poder derivado
de la posibilidad de obtener un beneficio directo o evitar su pérdida).
El fortalecimiento de la democracia tiene que ir en la dirección de
incentivar a los partidos para que vean como deseable y por tanto actúen
para estimular la participación de los votantes y no que la ahuyenten.
Es preferible que los ciudadanos opten por algún partido o candidato por
sus méritos y no porque sea el menos malo o porque alternen el poder de
las patologías.
Otro de los retos es fortalecer la elección por méritos y
resultados. Adriana García en un interesante artículo publicado en este
portal, aborda el tema (Leer “No votar para que gane el mejor”).
La cuestión central que Adriana plantea es el diseño de mecanismos con
los cuales pueda relacionarse el voto (el nulo incluido) con el
desempeño y los resultados en el gobierno. Por una parte, se trata de
incentivar que los partidos se ocupen de pensar y de actuar en el
interés y mejoramiento de lo público, o bien, si se quiere ver de otra
forma: Cómo incentivar que hagan menos daño. Si el candidato o el
partido cometen menos irregularidades, son menos sancionados, se premia
el juego limpio.
Así los retos.
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