Por: Emma Martínez
(16 de octubre, 2015. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Las cifras del Comité Cerezo, señalan que en los
últimos cinco años, 868 defensores de derechos humanos han sido
agredidos, aunque este número aumenta rápidamente. A estos casos
referentes a violencia física, hostigamiento psicológico y amenazas de
muerte, se le suman los asesinatos que entre enero de 2011 y mayo de
2014 se contabilizaron 334, siendo Distrito Federal, Chihuahua,
Coahuila, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las
entidades donde se padecieron estas acciones.
Recientemente, se presentó el informe En
Defensa de la Vida, con motivo del 30° período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, que recoge las conclusiones de
la Misión de Observación Civil (MOC) a México. El documento en poder de
Revolución TRESPUNTOCERO, revela la falta de
reconocimiento de las autoridades mexicanas a la labor de las personas
defensoras, la grave impunidad en las investigaciones de las agresiones
en su contra, y carencias en la implementación de mecanismos de
prevención y protección.
“La situación de vulnerabilidad y riesgo
de las y los defensores en México es sumamente palpable. Los datos
publicados por organizaciones nacionales e internacionales reflejan un
fuerte clima de hostilidad en contra de las personas defensoras, quienes
han manifestado hechos preocupantes de ataques, amenazas y
obstaculización de sus labores, tanto por parte de autoridades
gubernamentales, como de empresas que están implementando megaproyectos o
que se oponen a las reivindicaciones laborales, así como actores
armados al margen de la ley o vinculados al crimen organizado”, hace
mención el informe.
Después de haberse entrevistado con
familiares de víctimas y personas defensoras de derechos humanos, las
expertas independientes que integran la Misión de Observación,
encontraron que uno de los principales problemas que enfrentan las y los
defensores es la impunidad y la falta de acceso a la justicia,
asegurando que los riesgos a los que se enfrentan las y los defensores
de derechos humanos se enmarcan en la “guerra contra las drogas” que ha
desencadenado un alarmante incremento en los índices de violencia en
México y en el modelo de desarrollo económico impulsado por el Gobierno
mexicano. Ya que “dicho modelo se ha caracterizado por el aceleramiento
en la implementación de megaproyectos de inversión que han favorecido de
manera legal el despojo de tierras y la criminalización de la defensa
de la tierra y territorio”.
Bettina Cruz Velázquez, es integrante
de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa
de la Tierra y el Territorio (APIITDTT) y de la Red Nacional de Mujeres
Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), ha liderado el
movimiento que se opone al establecimiento de parques eólicos en el
territorio tradicional de las comunidades indígenas de Tehuantepec.
La defensora fue procesada por
“delitos contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de
la libertad”, en el contexto de una manifestación pacífica ante la sede
de la CFE en Juchitán, el 13 de abril de 2011; manifestación a la que no
había acudido.
La defensora de Derechos Humanos Glenda Manet, colaboradora de Derechos y Democracia (Canadá), declara a Revolución TRESPUNTOCERO,
“el gobierno mexicano en ningún momento ha demostrado ser un defensor
de Derechos Humanos, por el contrario, abiertamente ha permitido que
cualquiera que desee atacar a la población en general y a quien se
atreva a defender esta, lo haga con total libertad. Quien llegue a una
corte para ser juzgado tendrá pleno apoyo de las autoridades, serán lo
que demanden justicia quienes estén sometidos al escrutinio y a la
revictimización, porque ya de por si los activistas y defensores de
derechos humanos son catalogados por las autoridades y el Estado como
gente sin oficio ni beneficio, que le gusta ‘causar problemas’, que se
inmiscuye en problemas que no son propios, que son revoltosos y
‘buscapleitos’, todo eso lo hacen para denigrar a quienes se atreven a
luchar contra él, los empresarios y las fuerzas armadas”.
Damián Gallardo Martínez, fue privado de libertad por
su supuesta participación en un secuestro y vínculos con el crimen
organizado, Oaxaca. Él es un reconocido activista de derechos de los
pueblos indígenas y libertad sindical en Oaxaca, permanece privado de su
libertad desde el 18 de mayo de 2013 en el Centro Federal de
Readaptación Social número 2 de “El Salto” en el estado de Jalisco.
Se ha denunciado de manera
consistente que el activista fue torturado con el objetivo de obligarle a
firmar una confesión de su supuesta participación en un secuestro, así
como involucrar a otros integrantes de la Sección 22 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Es así como el abuso del sistema
judicial para criminalizar y estigmatizar las actividades de las y los
defensores de derechos humanos ha sido observado por los procedimientos
especiales de la ONU y por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) como una forma “sofisticada” de silenciar a estas
personas.
“México se caracteriza entre otras
violaciones a derechos humanos, por sus constantes detenciones
arbitrarias, en los últimos años, los dos gobiernos represores, han
provocado que numerosos defensores, especialmente aquellos que se
encuentran luchando solos en provincia, sean detenidos violenta y
arbitrariamente. Durante estos actos, siempre se mantiene la
incomunicación de los defensores, quienes también son sometidos al
acoso judicial, la tortura física y psicológica, poco después son
juzgados imputándoles sin prueba alguna un delito de larga condena, o
procesos largos, de años, en donde tienen que esperar por una sentencia
desde la cárcel, como manera de coartar su actividad defensora y castigo
por atreverse a llevarla acabo anteriormente”, comenta Manet.
Es por ello que las personas defensoras
señalan de forma reiterada que los procesos judiciales en su contra son
uno de los principales obstáculos para su labor, dado el impacto que
tienen en su vida personal y laboral, así como el desgaste que les
genera. Resaltaron el tiempo y la energía considerable que han tenido
que dedicar las personas defensoras criminalizadas para su propia
defensa, lo que disminuye su capacidad de atender las causas que
defienden.
Como lo señaló la entonces Relatora de
la ONU sobre la situación de las personas de derechos humanos,
Margaret Sekaggya, “la criminalización no sólo aumenta el riesgo de la
integridad física de las personas defensoras y menoscaba su labor,
sino que impone “un clima de miedo y lanza un mensaje intimidatorio a la
sociedad en general”.
Manet asegura que, sin duda alguna, la
situación de defensores y defensoras de derechos humanos en México es
considerada una de las más graves del mundo, pese a esta grave
situación, el gobierno mexicano sigue sin buscar arrepentimiento y
resarcir todos los daños que ha causado a la sociedad e impulsar medidas
serias y sostenibles para la investigación y la protección a los
defensores de derechos humanos y su población en general.
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