Fue precisamente en 1997 cuando
culminó una etapa del proceso que instaló el neo autoritarismo
maquillado con institutos y tribunales electorales. Después de décadas
en la que los habitantes de la ciudad de México fueron ciudadanos de
segunda, cercenadas sus libertades políticas gracias a la figura de la
regencia, votaron para elegir en las urnas al primer jefe de gobierno.
Faltaba entonces otorgarle soberanía plena a la ciudad más importante
del país, dotándola de una constitución que expresara el acuerdo
político indispensable para arribar a la mayoría de edad como territorio
político.
Sin embargo, el triunfo arrollador del PRD en
aquéllos años fue el pretexto para que el PRI y el PAN se hicieran de la
vista gorda, manteniendo la conculcación de derechos políticos para los
capitalinos. Tuvo que llegar un arribista de la política al gobierno de
la ciudad, como lo es Miguel Mancera, para que las elites políticas
abrieran la mano y votaran en el congreso de la unión la reforma
política para hacer posible la integración de un constituyente que diera
vida a un nuevo orden político en la ciudad de México.
Gracias
a la colaboración sin cortapisas con la política y objetivos de la
presidencia por parte de Mancera, los dueños del congreso federal dieron
luz verde para iniciar el proceso que culminó hace unos cuantos días,
definiendo las reglas del juego para la conformación del constituyente
capitalino en 2016. Pero desconfiados de la ciudadanía defeña, el cártel
partidista que mantiene el poder en las cámaras -incluido ahora el PRD-
decidió dar un paso más para recordarnos la naturaleza y el carácter de
eso que se llamó transición democrática.
Frente a la fuerza de
MORENA en el Distrito Federal, el cártel partidista decidió minimizar
la voluntad popular estableciendo reglas de elección para conformar el
constituyente que nos recuerdan que la tendencia a escamotearle derechos
políticos a los capitalinos sigue gozando de buena salud, a pesar de
que sus impulsores la señalen como una reforma histórica que… bla bla
bla. Pero por si esto fuera poco, el cártel en cuestión pretende
relanzar al PRI en la capital para recuperar lo que ha perdido en las
urnas por décadas. Para ello necesita reducir a su mínima expresión la
voz de la oposición, violentando como tantas veces el voto popular con
maniobras legales y preparar el campo para el regreso del dinosaurio.
Para empezar, el 60% de los diputados constituyentes se obtendrán del
resultado electoral pero no se incluirán a los ganadores sino que se
utilizará el método de la representación proporcional. Sobra decir que
la sobre representación será un factor importante en la conformación del
60% de los constituyentes, burlando de manera burda el voto popular. El
porcentaje restante, o sea el 40%, será repartido entre los integrantes
del cártel partidista el cual, a falta de votos ganados en la urnas,
los elegirá por el célebre sistema del dedazo. La designación del resto
se obtiene de la siguiente manera: 14 diputados designados por la Cámara
de Diputados; 14 por el Senado; 6 por el presidente de la república; y 6
por el jefe de gobierno del D.F.
Si tomamos en cuenta el
perverso mecanismo de cuotas por medio del cual las cámaras designan a
consejeros electorales, magistrados y demás fauna sobra decir quiénes
serán los favorecidos. Si a éstos se suman los designados por el
presidente y por el jefe de gobierno tendremos que prácticamente 40
diputados estarán bajo el control de la presidencia; pero faltan los que
‘ganen’ por el método de representación proporcional, que podrían
superar los treinta; la suma no deja lugar a dudas de quien será el que
domine el congreso constituyente. El presidente contará con setenta
diputados y seguramente me quedo corto, tomando en cuenta que Los Pinos
desean contar con la mayoría calificada que le otorgue el control
absoluto, evitando polémicas y conflictos para planchar la constitución
en lo oscurito.
Así las cosas, el último eslabón de lo que se
conoció como la transición democrática, la soberanía política de la
ciudad de México, confirma que aquélla no fue más que un ajuste del
sistema político para reconfigurar el cártel partidista y mantener el
poder autoritario para imponer el neoliberalismo. La democracia liberal
mexicana, haciendo gala de su proverbial gatopardismo, culmina así un
ciclo infame que ha sumido el país en la miseria y la violencia. La
reforma política de la ciudad de México es sin duda la última vuelta de
tuerca del neo autoritarismo mexicano. Que lo festejen los integrantes
del cártel político; los capitalinos no tiene nada que festejar y el
resto de los mexicanos menos.
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