4/21/2016

Los periodistas pal café. . .



Un día antes del estallido mortal en la planta Clorados 3 del complejo Pajaritos, en Coatzacoalcos, el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, había dicho con toda puntualidad que si esa empresa no ha encontrado socios para el próximo año, vamos a estar en un problema grave. Ese director y Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito Público, se habían reunido en días anteriores con manejadores de portafolios de inversión y agencias de calificación para plantearles la devaluada situación de la firma petrolera mexicana e incentivarlos a entrarle al negocio en crisis.
El valor de la empresa que fue orgullo y sostén de México ha ido disminuyendo aceleradamente, como si tal fuera el objetivo, desde que Enrique Peña Nieto hizo aprobar las llamadas reformas estratégicas, con la de los energéticos como joya (en venta) de la corona. Aquellos anuncios propagandísticos que proclamaban como verdad oficial que Pemex no se privatizaría ni en un tornillo forman parte ahora del baúl del cinismo gubernamental. Todo está en venta de pánico. Entre más rápido mejor y al precio que sea (de ganga), para beneplácito de los interesados, cuyo lema suele ser comprar barato y vender caro, y en estos momentos la riqueza energética nacional (Pemex y Comisión Federal de Electricidad) está barata porque los precios internacionales del barril de crudo han llegado a convenientes niveles ínfimos y porque dicha riqueza ha sido llevada a una quiebra programada, luego de un saqueo de décadas de camarillas sindicales faraónicas (Carlos Romero Deschamps como deleznable ejemplo), funcionarios y políticos dedicados a maniobras de enriquecimiento mediante el contratismo por comisión y empresarios auténticos o habilitados que se han prestado a los manejos corruptos institucionalizados.
El panorama de constantes accidentes en instalaciones petroleras a cargo del Estado mexicano o en alianza u en operaciones coordinadas con compañías privadas (como Mexichem, de Antonio del Valle Ruiz, en Pajaritos) coloca a Pemex en desventaja evidente a la hora de las negociaciones con eventuales socios acostumbrados a la lógica salvaje de las privatizaciones neoliberales. Un experto en esas maniobras es Carlos Salinas de Gortari (recuérdese Teléfonos de México, vendido a Carlos Slim, como uno de los muchos casos de ese favorecimiento a particulares desde el poder político), quien ahora tiene una interlocución privilegiada en Petróleos Mexicanos por conducto de su concuño, el mencionado González Anaya, con quien el ex presidente mantiene plena y fluida relación familiar y política.
El batidillo fiscal, empresarial, administrativo y político en que se mantiene al botín petrolero para su castigada cesión a los bucaneros seleccionados bajo arreglo privado hace que en ciertas instalaciones se hayan abatido los niveles básicos de mantenimiento y que se haya sustituido personal experto por el recién llegado con los nuevos dueños o aspirantes a serlo. En Pajaritos la desgracia ha alcanzado a un número de trabajadores aún no precisado a la hora de cerrar esta columna, aunque se hablaba de cuando menos tres muertos y unos 60 heridos. Son accidentes, según todo indica en los primeros reportes, pero en tales concreciones trágicas suelen influir los factores del descuido, la falta de mantenimiento, el descontrol y las fallas de diversa índole. El antes mencionado director de Pemex, el concuño González Anaya, había dicho a inversionistas de Nueva York, según reporte de Bloomberg, que hay muchas cosas de las que no necesariamente tiene que hacerse cargo Pemex bajo las nuevas reglas.
En su más reciente novela, Cinco esquinas, a Mario Vargas Llosa le ganan la obsesión política personalizada y el trazo de aventuras del erotismo triangular, de tal manera que termina haciendo una obra menor en su catálogo pero, aun así, plena de buen oficio escritural (especialmente el capítulo 20 titulado El remolino). Dedicado a mostrar los entretelones siniestros de la etapa peruana gobernada por el entonces presidente Fujimori y un doctor que sin nombrarlo es fácilmente identificable como Vladimiro Montesinos, el literato nacido en 1936 en Arequipa presenta un mosaico de la violencia ejercida desde el poder, con episodios referidos a la corrupción institucionalizada, el destructor amarillismo periodístico dirigido desde oficinas de gobierno y las formas militarizadas de control social que son fácilmente identificables en otros países latinoamericanos, como México, donde también han abundado los presidentes rapaces y criminalmente abusivos y sus doctores que han sido asesores, jefes de la oficina presidencial, secretarios de hacienda y ocupantes de otros espacios en gabinetes lamentables.
En México, como en otros países, la develación de las monstruosidades del sistema de poco sirve para impulsar cambios verdaderos a partir de una mayor toma de conciencia y una mayor participación cívica y política. En Perú, a pesar de la actualización de memoria que hizo el Nobel (autor de Conversación en la Catedral y La fiesta del chivo, entre otras obras importantes), la ganadora en una insuficiente primera vuelta presidencial fue justamente Keiko, la hija del Fujimori preso, quien se apresta para la siguiente ronda electoral. En México el PRI sigue en el poder federal y se alista a ganar, por las buenas o más bien por las malas, varias gubernaturas este año y, de persistir la división entre los opositores, sobre todo los de eso llamado izquierda, los tres colores podrán seguir venciendo.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha expresado en un peritaje, que en su totalidad está disponible ya en una dirección de Internet (http://goo.gl/jITILO), que no es posible que se hubiera producido un incendio en un basurero de Cocula en los términos relatados por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, lo que según esa narración oficial habría incinerado los cuerpos de los normalistas de Ayotzinapa hasta ahora desaparecidos. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero, Facebook: Julio Astillero, Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx



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En Nueva York, el jefe de Pemex, José Antonio González Anaya, busca socios e inversionistas que aporten capital para ponerla a flote. Al mismo tiempo gestiona un préstamo de súper urgencia por mil 500 millones de dólares. En otro escenario, ayer se registró una explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, de Coatzacoalcos, con saldo inicial de tres muertos y 60 heridos. La gente de la comarca está alarmada por las emanaciones de gases. Volviendo al tema financiero, González Anaya dijo en una entrevista con la agencia informativa Bloomberg que si Pemex no encuentra socios para el próximo año, vamos a estar en serios problemas. En los siguientes días dará a conocer el esquema de negocios que la petrolera (¡ya quítenle lo de empresa productiva del Estado, es risible!) pondrá a disposición de los inversionistas. Pero la línea a seguir es que “los socios mandan, no hay límites, ya que pueden tener la mayoría en participación e incursionar en cualquier tipo de proyectos: exploración, producción, refinación, almacenamiento y transporte… en lo que sea, pues”.
Miguel Hidalgo, mala suerte
Es la zona más bonita de la ciudad, o una de las más bonitas; sin embargo, ha tenido mala suerte con sus delegados. Los más recientes fueron el multicolor (tratándose de partidos) Demetrio Sodi de la Tijera: dejó de recuerdo la Torre del Bicentenario que se levantó contra la voluntad, y aun amenazando, a los vecinos; luego el perredista Víctor Romo: todavía no olvidan los restauranteros y comercios de Masaryk aquella Navidad en que los dejó sin clientes porque se le ocurrió cerrar la avenida por el controvertido (y costoso) remozamiento. Y ahora Xóchitl Gálvez. Ayer las redes sociales comentaron la vulgaridad de la campaña orientada a madres solteras que tituló El que la mete la paga. Y ayer mismo escenificó un escándalo cuando resistió que un actuario, Javier Hernández, le notificara una orden judicial que le ordena cumplir un laudo relacionado con el despido de una trabajadora. La señora Gálvez se quiso hacer la víctima, supuestamente querían arrestarla. Sus empleados le echaron montón al actuario y tuvo que retirarse. Ahora que la ciudad de México tenga una constitución habrá que estar atentos a que los delegados no vayan a adquirir fuero constitucional, porque si así actúan sin tenerlo, imagínense nomás. Periscopean mal las cosas en Miguel Hidalgo y apenas es el comienzo.
Qué buen chiste
Ya se aprobó el nuevo código de ética de la Cámara de Diputados. El documento indica que los legisladores se abstendrán de incurrir en actos de corrupción o conflicto de intereses, deberán declinar regalos o donaciones, es decir, moches; evitarán abusos de poder y no podrán solicitar un trato preferencial al realizar trámites personales ante entidades públicas. Uno de los legisladores que con más entusiasmo apoyaron las nuevas reglas es el pobresor y diputado Bernardo Quezada Salas, del Panal, el que compra departamentos de lujo en Miami valuados en millones de dólares.



¿Qué sucedió? ¿Qué los hizo recular? ¿Tantearon el de por sí caldeado ambiente social y decidieron dejar la nueva reforma para un momento políticamente más oportuno? Bien a bien no se sabe, porque en las esferas gubernamentales les da terror tocar el tema, pero por fin un funcionario de primer nivel salió a decir que no hay ningún plan o iniciativa para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones, las cuales están plenamente garantizadas.
El director general del IMSS, Mikel Arriola, aprovechó un seminario organizado por el Legislativo para afirmar lo anterior y, de pasadita, desmentir a un senador de la República, a una diputada (presidentes de las respectivas comisiones de Seguridad Social) y a un funcionario del gobierno federal, amén de restar validez a la jurisprudencia laboral (8/2016) emitida en febrero pasado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Excelente noticia la difundida por Arriola, en especial aquello de que las jubilaciones y pensiones están plenamente garantizadas, porque cuando menos desde octubre de 2015 diversos voceros de los llamados tres poderes de la unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) adelantaron la inminencia de otra reforma en la materia, tendiente a reducir, aún más, los derechos económicos y sociales de los mexicanos.
Felizmente el titular del IMSS ha salido a decir que no, que ningún plan o iniciativa se encuentra en el horno, y que las jubilaciones y pensiones están plenamente garantizadas, aunque esto último es relativo, porque en los hechos sólo cuatro de cada diez trabajadores tienen acceso a ese derecho constitucional; más adelante, tal vez, el número sea menor.
Espléndido, pues, pero nadie quiere detallar cómo fue posible que –en el notorio desbarajuste temático y programático que registra el país– un organismo internacional (OCDE), dos legisladores que presiden las comisiones de Seguridad Social del Senado y de la Cámara de Diputados (Fernando Mayans y Araceli Damián González, respectivamente), un funcionario del gobierno peñanietista encargado de la Consar (Carlos Ramírez) y, por si fuera poco, la segunda sala de la SCJN, cada cual desde su trinchera y todos ellos con intereses encontrados, llegaran al mismo punto: la nueva reforma está en el horno y su aprobación es inminente. Incluso uno de los involucrados le puso fecha: abril de 2016.
A lo largo de casi siete meses (octubre de 2015 al presente mes) nadie salió a desmentir que se cocinaba una nueva reforma pensionaria, y menos, que la aprobarían en abril del presente año. De hecho, lejos de hacerlo, a mediados de marzo pasado el propio gobierno federal, por medio de su peón en la Consar, Carlos Ramírez, aseguró que venían modificaciones de fondo y de gran envergadura en los diferentes sistemas de pensiones de los trabajadores, derivadas del avance inexorable del envejecimiento y el deficiente fondeo financiero (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).
Seis meses antes de dicha declaración, en octubre de 2015, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, Fernando Mayans, adelantó que, con base en la recomendación de la OCDE (organismo que recomendó al gobierno mexicano esas modificaciones de fondo), el sistema de pensiones será reformado en abril de 2016, para lo cual, dijo, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, se reunió con legisladores para planear el diseño de la iniciativa.
En febrero de 2016 una nueva jurisprudencia laboral (8/2016) emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) indica que el tope máximo para el pago de pensiones es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece ahora (La Jornada, Susana González).
En marzo del presente año, el mismo Carlos Ramírez acudió a la Cámara de Diputados “para reunirse con la Comisión de Seguridad Social y mantener la postura de reformar la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Esto debido a que la OCDE recomienda cambiar la legislación, pues los trabajadores adscritos al sistema desde hace tres décadas ahora son los que presionan el gasto público… La presidenta de la comisión, Araceli Damián González, confirmó que la postura del gobierno, presentada por Ramírez, es una iniciativa ‘para modificar nuevamente la ley’ a fin de homologar a los trabajadores que cotizan bajo el esquema previo a la reforma de 1997 (Ley de 1973) con los inscritos a partir de la modificación impulsada por el entonces presidente Ernesto Zedillo”.



El Estado mexicano no garantiza la vigencia de los derechos humanos fundamentales. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en graves violaciones a los derechos humanos, como parte de acciones contra el crimen organizado. El gobierno ha logrado muy pocos avances en los juicios a los responsables de abusos recientes, y menos aún ante la gran cantidad de atropellos cometidos por soldados y policías desde que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa inició la guerra contra el narcotráfico en México.
En septiembre de 2015 un grupo de expertos designado mediante un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expuso graves falencias en la investigación gubernamental sobre las desapariciones forzadas de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero; refutó las conclusiones claves de la Procuraduría General de la República (PGR) e instó a las autoridades a seguir nuevas líneas de investigación. Hace unos días, el gobierno federal logró forzar la decisión de la CIDH de retirar de México al GIEI, cuando todavía se desconoce el paradero de al menos 41 estudiantes.



Los papeles ahí están: son casi 12 millones de documentos que registran las operaciones del despacho Mossack Fonseca a lo largo de años. Se trata de operaciones legales en todos los casos, en el sentido de que su realización en sí no viola ley alguna. Tampoco es delito por sí mismo el tener en casa tambos vacíos, bidones con ácido, un hacha y ropas ensangrentadas, ni se infringe la legalidad cuando se tiene como amigos, parientes, socios, compadres o contratistas a individuos aficionados a la ingesta de carne humana.
A esto equivalen las pistas en las que han estado trabajando cientos de informadores del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que han derivado, por lo pronto, en la caída del primer ministro de Islandia, quien se dedicó a trasegar millones de dólares por medio planeta mientras imponía draconianas medidas de austeridad a sus connacionales. Gobiernos de distintos países se apresuraron a asegurar que investigarán los indicios de delitos y a sus presuntos responsables, es decir, a los dueños de los dineros movilizados con tanto sigilo o de las empresas offshore por medio de las cuales fueron realizadas las operaciones. Éstos, por su parte, recurren a explicaciones similares a las que urdiría un tipo pillado con tambos, ácido, hacha y ropa con sangre: que su trabajo de herrero pasa por el mordido de metales, que tenía que cortar leña y que en días pasados tuvo una hemorragia nasal fuertísima.
El problema es que una persona con capacidad para mover dinero por el mundo debe saber que resulta mucho más barato abrir una cuenta en la sucursal bancaria más cercana a su casa que establecer o comprar una empresa de papel en las Islas Vírgenes. Si a pesar de ello se toma la molestia de contactar a Mossack Fonseca para que se haga cargo, entonces es legítimo sospechar que tiene motivos para ocultar el dinero. Y el motivo más verosímil es ocultar una defraudación fiscal, el lavado de dinero o el fraude jugoso.



La compañía automotriz japonesa Mitsubishi Motors admitió ayer que manipuló los reportes de una prueba de ahorro de energía realizada a 625 mil vehículos desde mediados de 2013 con el propósito de presentar niveles de emisiones contaminantes menores que los reales. No es la primera vez que esa productora de autos japonesa se ve envuelta en un escándalo de este tipo, pues en el año 2000 ya se había visto obligada a reconocer el ocultamiento sistemático de informes de seguridad y quejas de consumidores.

Pide autonomía para el Instituto Politécnico Nacional
Opinión de un egresado. Los actuales males del IPN son los síntomas de un mal mayor que le viene de nacimiento: la falta de autonomía y por ende la ausencia de práctica democrática. Síntomas que ahora, a 80 años de su creación, se manifiestan como nepotismo, corrupción, autoritarismo, limitaciones administrativas y económicas, planes de estudio obsoletos, censura, estrechez ideológica y pobreza cultural. Males que le han impedido lograr plenamente su objetivo fundamental: la excelencia académica.

Todos los procesos de juicio político, impedimentos o destituciones son traumáticos. Dejan heridas a las instituciones de los países y, muchas veces, la cicatrización es dolorosa y lenta, cuando se alcanzan a cicatrizar y no se infectan las sociedades de odios irreversibles. En ocasiones, cuando se trata de la destitución de un dictador, de un violador de derechos humanos, de alguien evidentemente involucrado en actos de corrupción, se puede argumentar que el juicio político es saludable; es un mecanismo que tiene la democracia para purificarse, para oxigenarse. Es una evidencia de que los sistemas tienen fórmulas que autorregulan sus horrores o excesos. Generalmente, cuando estas circunstancias existen, hay unanimidad en la sociedad, ninguna duda ensombrece el proceso legal y la opinión internacional tiene un consenso generalizado.

Un país que no respeta el estado de derecho es un país que va al fracaso. Es un país sin seguridad, sin rumbo, colapsado moralmente y que no tiene un destino de paz, certidumbre y progreso para sus habitantes. Los gobernantes que no lo ven así, que no lo sienten de esta manera, no sólo no cumplen con su responsabilidad, sino que pierden la oportunidad de pasar a la historia con una imagen de respeto y dignidad. Desafortunadamente, en México y en otras partes convulsionadas del mundo las cosas suceden de esa manera, pues la comodidad, la ambición, la prepotencia y la indiferencia los pierden en su visión corta, insensible y deshumanizada.

En nuestro país, el sistema escolar descalifica y frecuentemente expulsa a quienes no cumplen con determinados plazos fijos para concluir sus estudios. El ritmo de estudios obligatorio es programado por la autoridad (generalmente sin base pedagógica alguna), y a quienes no lo respetan se les cataloga, en el mejor de los casos, como irregulares, y en el peor, se les infama con el mote de fósiles. Este término proviene de situaciones de verdadera corrupción auspiciadas por algunas autoridades universitarias hace algunos años. Esas autoridades en ocasiones ocupaban a los fósiles como golpeadores que prestaban sus servicios a cambio de permanecer matriculados en la universidad.

En medio de amplia expectativa y tras negociaciones que sin provecho se extendieron más allá de lo previsto, el anfitrión de la reunión de Doha –el ministro de Energía de Qatar, Mohammed al-Sada– acudió a una manida fórmula para paliar un fracaso: se requiere más tiempo, dijo en conferencia de prensa de cierre el domingo 17, para llevar adelante las consultas entre productores de petróleo, asociados en la OPEP y ajenos a ella, sobre la iniciativa de congelar el volumen de producción petrolera. (Véase La iniciativa de Doha, La Jornada, 11/2/16). Quedó entendido que las nuevas consultas culminarían en la conferencia de verano de la OPEP el próximo 2 de junio en Viena, es decir, en casi ocho semanas.

Hay quienes insisten en hacerse tontos solos. Un candidato independiente, suponiendo que de verdad existiera, sería tan independiente como quisiera serlo si se lanza a una campaña electoral sin partido o con partido. El instituto político es un facilitador de logística y recursos para cualquier aspirante. No mucho más que esto.

Dice Tácito que muchas son las leyes en los estados corrompidos. La afirmación me preocupa porque si algo hemos hecho en los pasados 30 años, además de construir un régimen de partidos plural y de restablecer la fuerza del voto como instrumento de cambio, ha sido crear instituciones y diseñar leyes y reglamentos destinados a castigar y poner fin a la corrupción. Desde que, al inicio de su gobierno, Miguel de la Madrid lanzó una campaña para la Renovación moral de la administración pública, los sucesivos gobiernos han insistido en codificar conductas y sanciones con el propósito de erradicar las muchas formas que adquiere la corrupción: soborno, extorsión, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, colusión, uso ilegal de información confidencial, nepotismo, y desde luego, conflicto de intereses. En fin, todo aquello que puede resumirse en una frase: el uso y abuso de recursos públicos con fines privados.

El séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba finalizó a 55 años de la derrota de la invasión lanzada por Estados Unidos en Playa Girón. Simbólico, ya que quienes combatieron allí y los cientos de miles que entonces empuñábamos las armas en cualquier parte de Cuba, lo hicimos defendiendo conscientemente ya no sólo la patria, sino el socialismo, proclamado por Fidel tres días antes en el sepelio de los compañeros caídos en los bombardeos de la víspera.

El FMI tuvo la semana anterior su reunión de primavera. En ella se dieron a conocer documentos importantes que dan cuenta de la situación y perspectivas de la economía mundial, de la estabilidad financiera global y de otros aspectos. Además se reunieron sus comisiones de mayor relevancia, como el Comité Financiero y Monetario Internacional (IMFC) que preside Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. El diagnóstico del FMI sobre los desarrollos recientes y las perspectivas indica que la recuperación global se ha debilitado aún más, en medio de crecientes turbulencias financieras. Por ello el FMI redujo de nuevo sus proyecciones de crecimiento esperado para este año.

Desde hace ya varias semanas, un movimiento de un estilo diferente a los conocidos se ha ido desarrollando en Francia, a partir de París y extendido a otras ciudades, tales como Rennes o Burdeos.

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