Ante el anuncio hoy de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de que “no hay condiciones” para que el Grupo Interdisciplinario
de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) siga sus indagaciones en el
caso Ayotzinapa, madres de los estudiantes desaparecidos exigieron al
Estado mexicano que cambie su postura y deje de obstaculizar la
asistencia técnica del grupo.
Madres y padres de los estudiantes desaparecidos de manera forzada en
Iguala, Guerrero, en 2014, iniciaron hoy un plantón de 43 horas en la
Glorieta de Bucareli, cerca de la Secretaría de Gobernación (Segob),
para exigir al gobierno mexicano que apoye la permanencia del GIEI en el
país hasta que se esclarezcan los hechos, como se acordó inicialmente.
María Concepción Tlatempa Colchero, madre del joven Jesús Giovanni
Rodríguez Tlatempa, expresó en breve entrevista que para las familias es
imperante que el GIEI sea quien dé continuidad al caso, ya que conoce
desde el inicio las investigaciones y es el único que les informa la
verdad de los hechos, pues la PGR “oculta información”.
Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Alberto Atizapa, precisó que si el
GIEI se va de México las familias quedarán desprotegidas, además de que
se corre el riesgo de que pase como tantos otros casos que quedan
impunes. “Queremos que se castigue a los responsables y que nos digan
dónde están nuestros hijos”, insistió.
Leguideño aclaró que las y los integrantes del GIEI ya les habían
planteado sus dificultades para continuar su labor en México, debido a
las obstrucciones del gobierno federal. La madre del normalista explicó
que entienden que a las y los integrantes del GIEI “los han atacado
mucho y está su prestigio de por medio”, pero –refrendó– “les pedimos
que no nos dejen desprotegidos”.
Aclaró que las familias concluirán su plantón hasta mañana pese a que
los accesos a Bucareli están prácticamente bloqueados por uniformados
federales, quienes impidieron que les llevaran cobijas y otros enseres.
CIDH BUSCARÁ OTRO MECANISMO
En paralelo a la manifestación, en Washington, Estados Unidos, la CIDH
anunció que “no hay condiciones” para que el GIEI continúe su asistencia
técnica que prestó desde noviembre de 2014 en México.
En conferencia de prensa, Emilio Álvarez Icaza, secretario Ejecutivo de
la CIDH, reconoció que las familias de los estudiantes solicitaron al
órgano interamericano la renovación del mandato del GIEI hasta que se
determine la verdad de lo ocurrido, se esclarezca el paradero de los
estudiantes y se haga justicia, pero México se negó a prorrogar la
estancia del Grupo.
La CIDH tomó la decisión de establecer un mecanismo especial de
seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y
recomendaciones establecidas en la medida cautelar, que se otorgó a las
familias (MC/409/14), así como en los informes del GIEI.
El artículo 10 del “Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica
internacional desde la perspectiva de los Derechos Humanos” en la
desaparición forzada de los normalistas –el cual estableció la
conformación del GIEI– señala que el mandato del Grupo sería de seis
meses, pero “podrá extenderse por el tiempo necesario para el
cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”.
La Comisión adelantó consultará próximamente a las partes (familias de
Ayotzinapa y al Estado mexicano) los términos sobre cómo operará este
nuevo mecanismo de seguimiento especial.
INFORME DE CNDH
Las madres de los estudiantes, entre ellas María Elena Guerrero, también
hablaron sobre el video que ayer difundió la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) sobre sus investigaciones por el caso
Ayotzinapa, en el cual se confirma la presunta participación de policías
federales en la desaparición de los normalistas.
La CNDH concluyó que fueron agentes de tres corporaciones policiales los
que participaron en la desaparición de un grupo de entre 15 y 20
normalistas en el llamado Puente del Chipote (una nueva “ruta de la
desaparición”), en Iguala.
Abundó que después de ser obligados a bajar de un autobús con número
1531, los normalistas habrían sido llevados al municipio guerrerense de
Huitzuco, para presentarlos ante quien se identificó como “El Patrón”,
posible líder de una organización criminal que habría resuelto el
destino de los jóvenes.
Para María Elena Guerrero, como para las otras madres, la información de
la CNDH es crucial porque demuestra que al menos 17 de los estudiantes
no habrían sido llevados al basurero de Cocula, como ha sostenido la
Procuraduría General de la República (PGR).
Las movilizaciones de las familias en esta capital comenzaron ayer con
una conferencia de prensa sobre Paseo de la Reforma, luego de una
reunión con la titular de la PGR, Arely Gómez, quien –aseguraron– les
ofreció disculpas por haber roto el acuerdo de informarlas primero a
ellas sobre el tercer peritaje en Cocula. 
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