La Jornada Editorial
El trágico saldo de las
refriegas que tuvieron lugar ayer en Nochixtlán y otras localidades
oaxaqueñas, incluida la capital del estado –seis muertos, según la cifra
oficial, 51 heridos, entre maestros, pobladores y policías, y 25
detenidos– debiera llevar a la inmediata reflexión a las partes en
conflicto y al inicio de un proceso de diálogo que permita resolver las
diferencias entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE) y el gobierno federal en torno a la reforma educativa,
que la primera rechaza en varios de sus puntos y que el segundo se
empeña en aplicar a rajatabla.
Al mismo tiempo es ineludible esclarecer las circunstancias en las
que murieron las seis víctimas fatales de los enfrentamientos ocurridos
en Nochixtlán y fincar las responsabilidades penales que correspondan.
Más allá de las trágicas consecuencias y de las secuelas legales de
la violencia de ayer, es claro que la cerrazón oficial, lejos de
debilitar la oposición magisterial a la reforma educativa, la ha
extendido, la ha enconado y ha propiciado la aglutinación de diversos
sectores y de organizaciones sociales y políticas en torno a la lucha de
la CNTE y de la sección 22 del magisterio.
Es pertinente tomar en cuenta, por lo demás, que en el ámbito local
la disidencia magisterial está implantada en el tejido social de muchas
regiones oaxaqueñas y que las ofensivas en contra de ella terminan
siendo vistas como ataques en contra de las comunidades. En los casos
específicos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, si el cálculo
oficial prescinde de consideraciones como la mencionada, resulta
inevitable que el diferendo entre el magisterio disidente y los
gobiernos federal y estatales desemboquen en conflictos de mucha mayor
envergadura y que salgan del ámbito gremial para ubicarse en un plano
mucho más amplio del acontecer nacional.
Finalmente, debe tenerse en mente que corresponde al Estado la
responsabilidad última de la moderación, la visión de largo plazo y la
preservación de la armonía, y que por ello, ante un problema como el
generado por la reforma educativa, debe agotar todas las instancias
posibles de solución pacífica antes de echar mano de la fuerza pública.
Tales instancias, sin embargo, aún no han sido recorridas. Es momento de
escuchar el clamor de las múltiples voces institucionales, políticas,
sociales e individuales que demandan el inicio de un proceso de diálogo
en torno de las normas implantadas en 2012 y 2013, abrir el cauce a una
negociación que permita conciliar las razones oficiales con las de los
maestros inconformes y hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario