La Jornada
El sábado por la
mañana, en el contexto de una manifestación social que reclamaba la
entrega de recursos prometidos durante la anterior campaña electoral,
fueron asesinados con armas de fuego el alcalde de San Juan Chamula,
Chiapas, Domingo López González; el síndico Narciso Lunes Hernández; el
quinto regidor, Miguel López Gómez, y dos personas más. López González
era un ex priísta que en los comicios pasados se convirtió en el primer
mandatario local emanado de otro partido, al ganar con las siglas del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
La noche del mismo sábado, el edil de Pungarabato, Guerrero, antiguo
militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y luego
perredista, Ambrosio Soto, regresaba a su residencia tras atender un
negocio de su propiedad en Michoacán cuando sufrió una emboscada en los
límites entre las entidades, en la que también fallecieron su cuñado y
otra persona que presuntamente se encontraría entre los agresores. Soto
había denunciado amenazas de miembros del crimen organizado desde 2015,
por lo que el sábado lo escoltaban cuatro policías federales, quienes
resultaron heridos.
Los asesinatos de los dos presidentes municipales y personas de su
entorno en el transcurso de menos de 24 horas se suman a los episodios
de violencia que durante el actual sexenio han acabado con la vida de al
menos 14 ediles en Michoacán, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, San Luis
Potosí, Oaxaca, Jalisco, Morelos, estado de México y ahora Chiapas. Si
se toman en cuenta los atentados contra presidentes municipales electos y
ex ediles, además de quienes se encuentran en funciones, la Asociación
Nacional de Alcaldes (Anac) calcula que desde 2006 y hasta enero de este
año 75 funcionarios del ámbito local murieron en eventos de violencia
armada.
Estos casos, que resultan de alto impacto político y mediático
por el perfil público de las víctimas, se enmarcan en el ambiente de
inseguridad que padecen de manera cotidiana los habitantes de amplias
regiones del país. De tal realidad dan cuenta las cifras divulgadas ayer
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según las
cuales en 2015 fueron cometidos 20 mil 525 homicidios, lo que
representa un estancamiento en el combate a este flagelo con respecto a
2014 y refleja el arraigo de un fenómeno que pone en entredicho la
viabilidad de las instancias de procuración de justicia.
Ante los hechos referidos, resulta inevitable expresar una grave
preocupación por la vulnerabilidad en que se ven obligados a desarrollar
sus actividades los munícipes y otras figuras de autoridad pese a los
mecanismos de protección puestos a su alcance, y de manera particular
por los millones de ciudadanos que no cuentan con dichas medidas
especiales.
El esclarecimiento de los ataques sufridos por Domingo López y
Ambrosio Soto, así como el de aquellos perpetrados contra miles de
ciudadanos, independientemente de las condiciones en que se hayan
producido, es condición inapelable para la prevalencia del estado de
derecho y la legitimidad de las instituciones responsables de garantizar
la integridad física de la población.
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