Brasil do Fato. Resumen Latinoamericano, 09 de marzo de 2026
Las protestas denuncian la concentración de tierras, la paralización de la reforma agraria y la violencia de género.
Alrededor de 14 mil mujeres del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) participan en movilizaciones en todo el país durante el Día Nacional de las Mujeres Sin Tierra , realizado entre el 8 y el 12 de marzo y vinculado al Día Internacional de la Mujer.
Las acciones incluyen ocupaciones, manifestaciones y actividades de formación política. El movimiento afirma que las protestas denuncian la concentración de tierras, la paralización de la reforma agraria y la violencia contra las mujeres.
En Rio Grande do Sul, aproximadamente 500 mujeres ocuparon un terreno de 400 hectáreas perteneciente a la Fundación Estatal de Investigación Agropecuaria (Fepagro) en São Gabriel. El movimiento exige que el gobierno estatal y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) reanuden las negociaciones sobre tierras para los asentamientos y reasentamientos de las familias acampadas y afectadas por las inundaciones de mayo de 2024.
La líder Lara Rodrigues afirmó que el movimiento acepta la propuesta de asentamiento en la zona ocupada. «Con esta ocupación, queremos comunicarle al gobernador que aceptamos la propuesta de asentamiento en las áreas de Fepagro. Ahora podemos ir allí con las familias acampadas en Rio Grande do Sul», destacó el miembro de la Dirección Nacional del MST.
El movimiento afirma que pretende reservar unas diez hectáreas para crear un espacio de vivienda y generación de ingresos para las mujeres. La región de São Gabriel es un referente en la lucha por la tierra y reúne a diez asentamientos con más de 700 familias. Parte de la producción alimentaria se destina al Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) .
En Minas Gerais, unas 700 mujeres también bloquearon las vías del ferrocarril Vitória-Minas en Tumiritinga. La protesta denuncia la falta de rendición de cuentas de los involucrados, más de 10 años después del colapso de la presa de Fundão en Mariana.
Según el movimiento, las familias aún esperan la indemnización, y el reasentamiento de los afectados y las acciones de recuperación ambiental planificadas aún no se han llevado a cabo. Los participantes han acampado en el lugar y afirman que permanecerán allí hasta que avancen las negociaciones.
El campamento instalado en las vías del tren es un territorio de lucha y educación. Desde allí, las mujeres sin tierra claman por justicia e invitan a toda la sociedad a unirse. Hasta que se cumplan las negociaciones y la agenda, el campamento permanecerá en pie, afirma el movimiento.
En Goiás, aproximadamente 500 mujeres ocuparon un terreno de 8.000 hectáreas perteneciente a la Compañía Brasileña de Bioenergía (CBB) en Vila Boa, a unos 165 kilómetros de Brasilia. El movimiento alega que la empresa tiene deudas con el gobierno federal y argumenta que el área debería destinarse a la reforma agraria.
Según el MST, la empresa ha acumulado deudas fiscales y laborales, y tiene áreas embargadas por delitos ambientales. En 2023, un operativo en el que participaron la Fiscalía del Trabajo, la Policía Federal y el Ministerio de Trabajo y Empleo rescató a más de 100 trabajadores de condiciones análogas a la esclavitud en una granja vinculada al grupo.
«La planta de CBB es un enemigo del medio ambiente, que opera lo que llamamos ‘ greenwashing ‘, un término inglés que se refiere a prácticas de encubrimiento o greenwashing, pues ocultan los delitos ambientales que cometen, explotando ilegalmente el medio ambiente con prácticas destructivas», dice un extracto del comunicado del MST.
El MST señala que dentro de la sede del ingenio azucarero se instaló un polígono de tiro ilegal sin ningún tipo de licencia, que podría ser utilizado para diversas prácticas ilegales, coaccionar a los trabajadores y utilizar ese espacio para inhibir la acción del Estado en el territorio.
En declaraciones a Brasil de Fato DF, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) del Distrito Federal y alrededores declaró tener conocimiento de la ocupación y que ya está iniciando el proceso administrativo para la debida investigación de los hechos. La agencia también indicó que se encuentra en el lugar para monitorear la situación y actuar como mediador en cualquier posible conflicto.
En São Paulo, aproximadamente 400 mujeres ocuparon la hacienda Santo Antônio, ubicada en el municipio de Presidente Epitácio, en la región de Pontal do Paranapanema, en el extremo oeste del estado. El movimiento afirma que la movilización busca presionar al gobierno de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para que asigne áreas públicas a asentamientos de la reforma agraria. Según el grupo, las familias llevan años acampando en el estado a la espera de la creación de nuevos asentamientos.
La demanda también denuncia la Ley Estatal n.º 17.557 de 2022, conocida como «Ley de Apropiación de Tierras», que favorece la regularización de terrenos públicos ocupados por grandes terratenientes. Esta legislación adquirió un nuevo alcance con la promulgación de la Ley n.º 70.207 de 2025, que modificó la ley anterior y otras dos leyes. Entre los cambios se encuentra la eliminación de los servicios obligatorios de medición y demarcación por parte de la Fundación Instituto de Tierras del Estado de São Paulo durante la regularización de terrenos baldíos, si la fundación considera válida la documentación presentada.
El área ocupada en Presidente Epitácio abarca aproximadamente 1675 hectáreas y está clasificada como terreno baldío, por lo que pertenece al Estado. Según el movimiento, el sitio permanece bajo explotación privada dedicada a la ganadería y es propiedad de dos agricultoras que, según el grupo, forman parte de un grupo interesado en procesos de regularización de tierras que totalizan aproximadamente 6610 hectáreas en el estado.
El gobierno del estado de São Paulo informó que se llamó a la Policía Militar y que, tras el diálogo, los manifestantes abandonaron el lugar pacíficamente. Sin embargo, el MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) afirma que hubo amenazas e intimidación durante el desalojo. El gobierno estatal también afirma que el proceso administrativo para la regularización de tierras se encuentra en fase de instrucción y se ajusta a la legislación vigente.
En Piauí, aproximadamente 200 familias ocuparon un terreno perteneciente a la empresa Suzano en el municipio de Palmeirais. Según el movimiento, el terreno lleva abandonado unos diez años tras el fracaso de un proyecto de fábrica y plantación de eucaliptos. El grupo exige que la zona se destine a la reforma agraria para garantizar la vivienda y la producción de las familias.
En Alagoas, aproximadamente 500 mujeres también ocuparon las instalaciones de la minera Vale Verde en Craíbas. La movilización también incluye a miembros de organizaciones como la Comisión Pastoril de la Tierra (CPT) y otros movimientos rurales, que denuncian los impactos de la minería en la región.
Habitantes de la región denuncian problemas como contaminación de ríos, muerte de animales, sismos y grietas en viviendas atribuidos a explosiones utilizadas en la extracción de minerales del llamado Proyecto Serrote, destinado a producir concentrado de cobre para la exportación.
Durante la manifestación, los manifestantes también exigieron avances en la reforma agraria estatal y solicitaron una reunión con el gobernador Paulo Dantas (MDB) para abordar temas relacionados con el Grupo João Lyra, en quiebra, y la suspensión de los desalojos de las familias acampadas en Alagoas. Los activistas afirman que la distribución de tierras es una alternativa a la expansión minera y puede aumentar la producción de alimentos en el campo.
En Paraná, alrededor de mil mujeres participaron en una marcha y actividades en Rio Bonito do Iguaçu. El programa incluyó un seminario sobre los impactos de la crisis ambiental en la vida de las mujeres, la distribución de plantones de árboles medicinales y frutales, y la distribución de alimentos.
Según el movimiento, aproximadamente 450 mujeres llegaron en autobús desde diferentes regiones del estado, mientras que otras 500 provenían de campamentos y asentamientos de la región central y zonas urbanas del municipio. Las actividades forman parte de una campaña nacional que combina movilización política, capacitación y acción colectiva.
En Espírito Santo, 200 mujeres del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) ocuparon un área vinculada a Samarco en Anchieta. Las participantes afirmaron que la acción denuncia los delitos ambientales asociados a las actividades de la empresa minera y exige la asignación de tierras para la reforma agraria. En el campamento, las mujeres organizaron actividades colectivas como la preparación de alimentos, el trabajo autogestionado y la vigilancia del sitio.
En Tocantins, mujeres denunciaron la situación de la Hacienda Santo Hilário, un área de 2.462 hectáreas ubicada en Araguatins. La propiedad fue cancelada en 2020 y pasó al control del Gobierno Federal para fines de reforma agraria. Las manifestantes afirman que el agricultor permanece en la tierra ilegalmente y exigen que el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) realice la inspección programada para septiembre de 2025.
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