Escrito por Yunuey Conde, equipo psicosocial, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC IMUMI
Especialistas como Vilar Peyrí y Eibenschutz Hartman han señalado que no es necesariamente la migración la que deteriora la salud mental, sino factores como la violencia, la precariedad, el aislamiento y los acontecimientos adversos que pueden presentarse antes, durante y después del desplazamiento. En este sentido, el llamado trauma migratorio puede comprenderse como parte de un proceso en el que diferentes experiencias de pérdida, violencia, incertidumbre y desarraigo se acumulan a lo largo de la trayectoria migratoria.
Esta perspectiva resulta particularmente relevante frente a las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato de Donald Trump. Desde enero de 2025, su administración ha endurecido las medidas de control fronterizo, restringido el acceso al asilo, incrementado las detenciones y promovido una política de deportaciones.
Amnistía Internacional ha documentado que estas medidas han generado obstáculos para solicitar protección, así como detenciones, separaciones familiares y un contexto generalizado de miedo e incertidumbre. En la frontera entre México y Estados Unidos, estas políticas han tenido además efectos concretos sobre las personas que permanecen en México mientras esperan una posibilidad de protección, muchas veces sin certeza sobre su futuro.
Uno de los aspectos más preocupantes es la expansión de las deportaciones hacia terceros países.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó que durante el primer semestre de 2025, miles de personas venezolanas fueron deportadas desde Estados Unidos hacia países distintos a su nacionalidad, mientras que Human Rights Watch ha alertado sobre el aumento de acuerdos para trasladar a personas migrantes, incluidas solicitantes de asilo, a terceros países.
En 2026 se han documentado casos de personas mexicanas deportadas a Guatemala. Más allá de las implicaciones jurídicas, desde una perspectiva psicosocial cabe preguntarse: ¿qué significa ser expulsada de un territorio y trasladada a otro con el que no existen vínculos, redes de apoyo, ni posibilidades reales de integración?
Estas condiciones profundizan las experiencias de incertidumbre, la pérdida de control, la separación familiar y la ruptura del tejido social. Diversas investigaciones realizadas con personas centroamericanas en tránsito por México han identificado niveles de miedo, angustia, estrés, tristeza, insomnio, frustración e impotencia fuertemente asociadas a la violencia y a las condiciones del trayecto.
Sin embargo, resulta fundamental no interpretar estas respuestas únicamente como síntomas individuales. Es necesario advertir sobre los riesgos de una mirada biomédica de la salud mental, la cual tiende a estigmatizar y medicalizar malestares que, en realidad, tienen raíces sociales y políticas.
Además, estos impactos no se distribuyen de manera homogénea. Una perspectiva de género e interseccional nos permite reconocer que las experiencias de las mujeres, las niñas y las adolescentes en movilidad están atravesadas por desigualdades históricas de género, edad, nacionalidad, raza y condición socioeconómica.
Desde el IMUMI hemos documentado que las mujeres en estos contextos enfrentan riesgos diferenciados; por lo tanto, las políticas migratorias restrictivas no solo interactúan con vulnerabilidades preexistentes, sino que generan nuevas formas de exposición a la violencia machista e institucional.
Desde esta mirada, el trauma migratorio no debería entenderse únicamente como un problema que ocurre “dentro” de las personas y que puede resolverse solo con atención psicológica en un consultorio. Si el miedo surge ante la amenaza de detención, si la angustia se relaciona con la separación familiar o si la incertidumbre se prolonga por políticas que bloquean la protección internacional, entonces el sufrimiento tiene una innegable dimensión política.
Por ello, una intervención psicosocial crítica no puede limitarse a intentar reparar las consecuencias individuales de la violencia: debe denunciar las estructuras que la producen y, al mismo tiempo, reconocer las capacidades, redes y estrategias de resiliencia de las personas migrantes. La pregunta no es solamente cómo atender el trauma, sino qué condiciones sociopolíticas están produciendo ese sufrimiento y por qué sus efectos castigan de manera tan desigual a determinados cuerpos y comunidades.
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