Cada 25 de noviembre volvemos a hablar de la violencia contra las mujeres, recordamos a quienes ya no están, reconocemos las luchas de quienes han sobrevivido a distintas formas de violencia y exigimos que los Estados, las instituciones y la sociedad asuman su responsabilidad. Sin embargo, hay historias que todavía necesitan mayor atención. Entre ellas, las de miles de mujeres migrantes que, además de enfrentar las dificultades propias de dejar su país y reconstruir su vida en otro lugar, deben hacer frente a distintas formas de violencia, discriminación y explotación.
Para muchas mujeres, migrar representa una oportunidad de encontrar un trabajo, reunirse con sus familias, escapar de situaciones de violencia o construir un futuro con mayores posibilidades. Pero ese camino no siempre está lleno de oportunidades, en ocasiones, la necesidad de encontrar un lugar donde vivir, conseguir ingresos o regularizar su situación migratoria las coloca en relaciones de dependencia que pueden convertirse en escenarios de abuso.
La violencia que enfrentan las mujeres migrantes no comienza al llegar al país de destino. Está presente antes de salir de sus lugares de origen, durante el tránsito y también después de establecerse en una nueva comunidad. Puede manifestarse en situaciones de violencia institucional, trata de personas, explotación laboral, violencia de pareja, acoso, amenazas, discriminación racial y xenofobia. También puede aparecer en espacios que deberían ofrecer protección, como los lugares de trabajo o los espacios de alojamiento.
Cuando una mujer migrante vive una situación de violencia, pedir ayuda puede ser mucho más difícil de lo que imaginamos. El miedo a ser deportada, la falta de información sobre sus derechos, las barreras de idioma, la dependencia económica, la ausencia de redes familiares y el desconocimiento de las instituciones pueden convertirse en obstáculos para denunciar y acceder a protección.
Pensemos, por ejemplo, en una trabajadora del hogar que depende de su empleador no solamente para recibir un salario, sino también para tener un lugar donde vivir; o en una mujer que soporta situaciones de violencia familiar porque desconoce si su situación migratoria puede afectar sus posibilidades de acceder a protección; o en quienes atraviesan rutas migratorias expuestas a redes de explotación y extorsión, sin contar con mecanismos seguros para pedir ayuda. No son situaciones aisladas o problemas individuales, son expresiones de desigualdad estructural que se profundizan cuando el género, la nacionalidad, la condición económica y el estatus migratorio se cruzan.
Por eso, hablar de violencia contra las mujeres migrantes exige incorporar una mirada interseccional. No todas las mujeres viven la violencia de la misma manera, ni cuentan con los mismos recursos para enfrentarla. La experiencia de una mujer migrante afrodescendiente, una mujer indígena, una trabajadora migrante, una mujer refugiada o una mujer que viaja sola puede estar atravesada por distintas formas de discriminación que no pueden abordarse con respuestas generales.
También necesitamos cuestionar algunas ideas que siguen presentes en nuestras sociedades. La situación migratoria de una mujer no determina su dignidad, no reduce sus derechos y mucho menos justifica que sea sometida a explotación o violencia. Ninguna mujer debería tener que elegir entre denunciar una agresión y conservar su posibilidad de permanecer en el país donde está intentando reconstruir su vida.
En este sentido, las respuestas institucionales deben ir más allá de la atención de emergencia. No basta con recibir una denuncia si después no existen condiciones para garantizar protección, acompañamiento jurídico, atención psicológica, acceso a salud, vivienda segura y alternativas económicas. Tampoco basta con tener leyes si las mujeres no pueden acceder a ellas por miedo, desconocimiento o discriminación.
Pero hay algo más que no debemos perder de vista, las mujeres migrantes no son solamente personas que necesitan protección. Son trabajadoras, madres, estudiantes, lideresas, cuidadoras, profesionales, defensoras de derechos, mujeres que sostienen familias, comunidades y economías, y que también construyen formas de resistencia frente a las desigualdades que enfrentan. Reducir sus historias a la violencia que han vivido sería desconocer su autonomía y su capacidad de decidir sobre sus propias vidas.
Este 25 de noviembre, cuando levantemos la voz contra la violencia hacia las mujeres, hagamos también el ejercicio de preguntarnos si nuestras sociedades están garantizando esa misma protección a quienes vienen de otros países, porque no podemos hablar de una vida libre de violencia mientras la nacionalidad o el estatus migratorio sigan siendo motivos de exclusión.
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