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Caballero advirtió que la situación es especialmente negativa en zonas de Centroamérica como Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, países donde existen leyes completamente restrictivas del aborto, con una prohibición absoluta pese a que debería ser considerado un derecho y un servicio de salud.
La situación se agrava por el autoritarismo presente en la región, lo que endurece aún más las restricciones al aborto, pues explicó que estos grupos han logrado desestabilizar democracias que ya eran frágiles.
La oposición de estos grupos a la interrupción legal del embarazo, provoca que los abortos se realicen en condiciones inseguras, convirtiéndose en una de las principales causas de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. Al no existir contextos seguros, las mujeres se ven obligadas a recurrir a procedimientos inseguros y sin acompañamiento.
Es por ello, subrayó la especialista, que la criminalización del aborto no reduce el número de procedimientos, algo que está comprobado; sin embargo, sí aumenta los abortos inseguros y profundiza las desigualdades en salud pública.
En América Latina y el Caribe, la mortalidad materna figura entre las tres principales causas de muerte en adolescentes de 15 a 19 años. Para las menores de 15, el riesgo de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo es hasta tres veces mayor que en mujeres mayores de 20. A esta cifra se suma un dato alarmante: cada año, unas 670 mil adolescentes de entre 15 y 19 años se someten a abortos inseguros en la región.
“Entonces, es ahí donde el Estado incumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud y a la vida de las mujeres y pues lamentablemente son muchas muertes que pueden per prevenirse”.
Despenalizar y legalizar el aborto
En Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Paraguay y Perú, el aborto solo es legal cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Brasil y Chile permiten, además, la interrupción en casos de violación o cuando existen problemas graves que impedirían el desarrollo adecuado del feto.
En América Latina y el Caribe, siete países han despenalizado el aborto en su totalidad: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay, Guyana, Guyana Francesa y Puerto Rico. No obstante, casos como el de México demuestran que la despenalización a nivel federal no garantiza por si misma un acceso real y seguro.
En México, es parcial el acceso, pues 8 de sus 32 estados aún es ilegal interrumpir un embarazo, y en las 24 entidades donde está despenalizado no se garantiza un acceso pleno y seguro, ya que persiste la criminalización, falta de medicamentos, el estigma y la discriminación.
Frente a esta situación, Caballero explicó que no basta con despenalizar el aborto; también es necesario legalizarlo, es decir, dotarlo de todas las condiciones institucionales y presupuestarias que garanticen su acceso seguro.
Por ejemplo, en Costa Rica la situación es particular: aunque el aborto terapéutico es legal, persiste un fuerte estigma social y la institucionalidad en salud está debilitada, lo que impide que el aborto se considere un servicio de salud plenamente accesible. La legislación permite el procedimiento, pero no existen las condiciones institucionales necesarias para garantizarlo.
Otro caso es Argentina, donde si bien existe una regulación amplia en materia de aborto, la institucionalidad se ha visto debilitada y empobrecida, lo que dificulta que el servicio sea plenamente accesible para quienes lo necesitan.
Brechas imposibilitan acceso
Liliana Caballero de IPAS explicó que las brechas económicas, étnicas y geográficas convierten al aborto seguro en un derecho inaccesible para la mayoría de la población, perpetuando un sistema en el que solo las personas más privilegiadas, o quienes viven en contextos que les permiten un acceso más consciente y cercano a los derechos pueden decidir de manera libre y segura sobre sus cuerpos; lamentablemente, ese no es el estándar.
Estas desigualdades no solo afectan el acceso al aborto, sino también otros derechos relacionados, como la educación y la información sobre sexualidad. Además, las desigualdades inciden en el acceso a los anticonceptivos.
Aunque en algunos países el acceso no es tan complejo, en otros, como Honduras, la situación refleja el poder de los grupos antiderechos sobre esta agenda. Tras la llegada del gobierno de Xiomara Castro, del Partido Libre, se promovió políticamente la pastilla de anticoncepción de emergencia como opción para las mujeres. Sin embargo, frente a la presión de sectores conservadores, se interpusieron recursos judiciales que limitaron nuevamente su acceso.
Actualmente, en Honduras no está permitida la comercialización ni la distribución de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Esto evidencia la marcada diferencia entre los países más garantes y los más restrictivos en materia de derechos reproductivos.
Además, Caballero indicó que en varios países de la región, como Paraguay, Perú, Argentina y El Salvador, los gobiernos autoritarios han impuesto restricciones legales y fiscales a las organizaciones de la sociedad civil, censurando, criminalizando y persiguiendo a quienes defienden derechos humanos.
Esto dificulta la participación política y el debate público de la ciudadanía en general en torno a temas como el aborto, explicó.
Ante ello, finalmente concluyó la defensora, la importancia de invitar al movimiento feminista mexicano a mirar el contexto regional y entender cómo se sitúa México dentro de América Latina y el Caribe.
“Hacemos un llamado a la solidaridad feminista, a la solidaridad transfronteriza y a la solidaridad entre los diferentes movimientos, porque ante esta embestida conservadora y autoritaria, el movimiento feminista es la primera línea de defensa de las democracias”, finalizó.
