Sabia virtud de conocer el tiempo

La Jornada
Leopoldo Santos Ramírez*

“A tiempo amar y desatarse a tiempo”. Renato Leduc inició su poema con esta máxima referida no sólo al tiempo y destiempo dedicado al amor, como era su intención, pero igual, al tiempo perdido:ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Este refrán, válido para todo tipo de circunstancias donde media una tarea por realizar, resulta de innegable utilidad aplicado al tiempo de la política. Porque una de las virtudes del oficio político consiste en conocer el acompasar del proceso social, de plazos estrictos, sobre todo si se mide por sexenios.

Bien entendido, otorga la capacidad para desatarse de todo aquello que aparece como rémora inútil. De ahí que, si en un principio, la 4T y Andrés Manuel creyeron que tenían seis largos años para resolver las tareas y proyectos propuestos, la realidad es que desde el primer momento empezó un conteo inexorablemente rápido.

La pandemia del Covid 19, al acelerar las contradicciones de una sociedad en confinamiento, reduce el lapso sexenal, si se considera la enormidad de las tareas por cumplir y las dificultades de la recesión en marcha. Los planteamientos de justicia social, tanto desde la campaña como los que aún conserva el discurso de la 4T, parecen difíciles de lograr en este tiempo político que en lugar de pasar, parece desvanecerse.

Si por la pandemia y las nuevas circunstancias de la economía mundial estuviéramos en la hipótesis de un aplazamiento de las metas del sexenio, entonces, a quienes tienen el timón, les resultará importante determinar qué objetivos pueden lograrse en el pos-Covid-19 que empezaremos a vivir muy pronto.

Los de la cúpula, los poderes fácticos o propietarios, a pesar de la orfandad parcial en que la 4T los mantiene, trabajan rápido con la convicción de que lo decidido hoy desde el gobierno y las legislaturas no podrá ser revertido tras el Covid-19 (en Sonora intentaron sin éxito, ante un Congreso bisoño, imponer la segunda vuelta en elecciones). Tienen dos estilos para ablandar; unos desde la lisonja, otros desde el ataque frontal. Si el gobierno cede en lo importante, jugará sus últimas cartas y habrá de cambiar su destino.

Hasta hoy, pese a la intensidad de los pronunciamientos, en el extremo popular no parece haber interlocutores. La pandemia no es pretexto para que grupos con décadas de organización y demandas legítimas permanezcan en cuarentena política, mientras gobierno y cúpulas discuten temas centrales para el destino de la nación. Nadie les abrirá las puertas si no lo hacen por sí mismos. Hablo de clases populares, sindicatos, movimientos, organizaciones con objetivos sociales y de partidos políticos que consideren rescatables los propósitos de la 4T; pero aun más allá, quienes piensen que para salvar esos proyectos es necesario moverlos hacia la izquierda, en ese espacio por ahora ambiguo, donde a pesar de todo se resguardan las reivindicaciones del interés de la ­nación.

El problema reside en cómo hacer que esa porción mayoritaria de la sociedad entre a la discusión como interlocutora con todos sus derechos. Hay varias tareas inconclusas en la 4T, de obvia resolución, ligadas a la organización de los canales en que correrá la relación obrero-patronal. Por ejemplo, el incumplimiento de la reforma a los sistemas de contratación mediane terceros ( outsorcing), condenando a trabajadores a la anulación de sus derechos.

En otro ejemplo de tareas inconclusas, pero muy ligada a la situación anterior, se encuentra la congelación a demandas como la reinstalación de los obreros en huelga de la sección 65, y la justicia para los pueblos localizados a la vera del río Sonora, víctimas en 2014 del derrame de la mina de Cananea concesionada a Grupo México.

En el tema financiero, el gobierno de la 4T se concedió tres años para presentar una reforma, pero quizá en esa fecha no pueda concretarla por las innumerables tareas que se acumularán. Por eso es importante que si no una reforma financiera completa, sí es posible detener los cobros indebidos, bajar las comisiones bancarias contra los usuarios y detener el acoso de los bancos a sus clientes. Simplemente bajar las comisiones ahora aliviaría a una clase media agobiada y fincaría el reconocimiento al gobierno de la 4T, parecido al que suscitó la primera intentona de bajar las comisiones por el Legislativo al inicio del nuevo régimen. Sería deseable empezar a cancelar las concesiones a la banca extranjera, sobre todo de aquellos bancos que al resguardar el dinero de los clientes hacen cobros indebidos, autopagándose con las cuentas a las que están obligados a proteger. Santander compite como el más dado a utilizar esas maniobras actuando siempre bajo reglas de impunidad. Las tareas que ahora pueden hacerse están a la vista de la sociedad entera. Falta la decisión de aprovechar el tiempo, evitando un destiempo, porque, como dice Renato Leduc, la sabia virtud consiste en reconocer el tiempo para no verlo pasar tan acremente.

*Investigador de El Colegio de Sonora

AMLO y el elefante

La Jornada: 

Leopoldo Santos Ramírez

De vez en cuando Andrés Manuel se queja de lo difícil que es mover a

l elefante reumático que le tocó como aparato de Estado. De hecho, la actual embestida de la derecha contra la 4T le da la oportunidad de montarse en él y dirigir la contraofensiva a buen ritmo. Esta embestida no es ni será la primera de una larga lista de intentos por desestabilizarlo. En realidad, con menor intensidad los esfuerzos obstaculizadores han estado presentes desde el primer momento que empezó a ejercer el Poder Ejecutivo y van a persistir hasta el último día de su sexenio. Lo fuerte del debate se da casi exclusivamente entre el aparato del gobierno y las cúpulas empresariales descontentas con el proyecto económico y de sanidad social por parte del Estado, para enfrentar tanto la crisis del coronavirus como la salida de la recesión económica en desarrollo. En la discusión, pocas voces de izquierda se han incorporado y es un error, porque se debaten cuestiones centrales en las que pensamiento y acción de la izquierda han tomado partido en favor de las causas populares desde hace mucho. Por eso sindicatos democráticos y las organizaciones populares no deben perder tiempo en presentar sus argumentos, advertidos que después de la contingencia pandémica las cúpulas nacionales e internacionales querrán de vuelta sus privilegios y seguir explotando irracionalmente a la mano de obra y destruyendo la naturaleza.

En este momento, en términos sencillos, los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex creen llegada la oportunidad de echar abajo los proyectos estratégicos del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas. Unas veces con voces destempladas y otras, con análisis a modo, como el publicado por BBVA, La inacción es más peligrosa que la sobrerreacción. En suma, desde todos los frentes empresariales exigen que el gobierno contrate deuda internacional para compensarlos por las pérdidas durante el periodo de paralización obligatoria de las industrias, el comercio y las finanzas. Alegan que con ese dinero y el desvío de los recursos de los proyectos prioritarios de la 4T pueden apoyarse más a los propietarios de empresas pequeñas que –reconocen– son las proveedoras del mayor número de empleos en México. Con falso interés, han tomado la bandera de las empresas pequeñas ubicadas en gran parte dentro del comercio informal, como si no se supiera que ellos mismos han creado pequeñas empresas subsidiarias para ocultar movimientos financieros y evadir impuestos. Andrés Manuel por su parte, sostiene que la salida a la situación no pasa por la protección de los grandes consorcios, a costa de desproteger a la mayoría de los de abajo, como ocurrió con las crisis del pasado. Esto debería ser aprovechado por los sindicatos democráticos, para replantear la informalidad en la que viven los trabajadores de compañías grandes y medianas, que mediante trampas con sindicatos blancos escamotean los derechos de los trabajadores al Seguro Social y demás prestaciones. Es la oportunidad de proponer una regulación severa del out­sourcing, la práctica más neoliberal y, por tanto, la más antiobrera del capitalismo. La crisis del coronavirus no debe ser impedimento para que la voz de trabajadores y organizaciones populares se escuche, igual que la de las pequeñas empresas.

No desapercibo las críticas que desde la misma izquierda han recibido proyectos como el Tren Maya. Aunque sí es necesario otorgar mayores garantías a las comunidades sobre los efectos de las inversiones programadas, los temas a debate en este momento adquieren el carácter urgente de obvia resolución. Andrés Manuel no debe, por ningún motivo, ceder al chantaje vulgar que las cúpulas empresariales y sus personeros hacen en los medios. La cúpula que intenta imponérsele viene de esa tradición de chantajes y presión para vivir a la sombra de un Estado consecuentador. Esta burguesía en sus orígenes fue hechura de la Revolución Mexicana institucionalizada, paralelamente se hicieron negociantes y políticos. Por eso no puede vivir sin la protección del Estado. Es hora de destetarlos y que empiecen a ofrecer su esfuerzo por la nación.

* Investigador de El Colegio de Sonora

Los 10 días del Presidente

Leopoldo Santos Ramírez

La Jornada

En Sonora se especula si acaso Germán Feliciano Larrea, presidente del consorcio Grupo México, se sentará a negociar con Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional Minero, la serie de demandas acumuladas por los obreros de Sombrerete, Zacatecas, los de Taxco, Guerrero y los de Cananea, Sonora, a 12 años de huelga. Por lo pronto, el plazo de 10 días fijado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar las mesas de negociaciones quedó rebasado desde que a pregunta expresa de un reportero, Obrador pidió a los mineros detener la acción de tomar la mina de Cananea y le dieran tiempo de armar las mesas de acuerdos, pero ante la tardanza, la incertidumbre crece no solamente allí sino en los restantes dos fundos mineros en donde Germán tiene deudas históricas.

En buena parte del siglo XX, Jorge Larrea, padre de Germán, y Napoleón Gómez Sada padre del actual secretario del sindicato, uno como capitalista y el otro como líder obrero, lideraron sus respectivos campos y como tales entablaron relaciones obrero-patronales que los llevaron a un sinfín de enfrentamientos; a pesar de eso, Jorge Larrea, el viejo, no dejó de mostrar respeto por el líder y la mayor parte del tiempo llegaban a soluciones dentro del régimen corporativista de entonces. No era un respeto gratuito. El viejo Gómez Sada, como secretario general, tenía control de unos 300 contratos colectivos referidos a la industria minera, metalúrgica y similares, lo cual le otorgaba gran poder dentro del corporativismo característico del sistema mexicano. Casi para finalizar el siglo, Germán Feliciano Larrea y Napoleón Gómez Urrutia remplazaron a sus respectivos padres en el campo de las relaciones patrón-sindicato.

A Germán Larrea, heredero del consorcio, le tocaron los años de auge de los regímenes neoliberales y eso lo volvió soberbio al grado de la insania. Fue consciente que para aumentar ganancias y tener vía libre en sus proyectos depredadores del medio ambiente, habría que destruir a las estorbosas secciones del sindicato minero con quienes administraba el contrato colectivo de trabajo. Su ligazón con los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto le permitieron utilizar en su favor la Secretaría del Trabajo para torcer la ley laboral burlando a los trabajadores y perseguir con furor de muerte a sus representantes. Especialmente se ensañó contra los trabajadores de la sección 65, emblemática por asentarse en Cananea, cuna obrera de la Revolución Mexicana, pero no logró destruir su organización sindical.

Al contrario, Gómez Urrutia pese a haber dado sus primeros pasos como sindicalista dentro del sistema corporativista, desde la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo planteada por el gobierno de Zedillo, aprestó sus huestes para impedirla, pues se trataba de una reforma a todas luces regresiva para los trabajadores, que solamente pudo entrar en el paquete de las reformas estructurales de Peña Nieto cuando el PRD perdió toda vergüenza apoyándolas. Napoleón debió autoexiliarse ante la acometida de los despiadados dueños de los minerales y con el respaldo de los sindicatos del acero en Estados Unidos y Canadá pudo resistir la persecución de los distintos gobiernos mexicanos, dedicándose a fortalecer las organizaciones internacionales y administrar los contratos de trabajo en México con las empresas mineras con quienes mantuvo relaciones contractuales, y ha rendido cuentas favorables, pues en 11 años de exilio ha negociado desde lejos y a veces con empresarios que acudieron a Canadá, así consiguió mejores condiciones laborales y aumentos para sus trabajadores por encima de los topes salariales impuestos por los gobiernos neoliberales contra la clase trabajadora.

Hoy vuelven a enfrentarse Napoleón y Jorge Larrea, uno como representante de los obreros y otro como representante del capitalismo gansteril, pero en condiciones distintas. Eso hace dudar si acaso Larrea esté dispuesto a saldar cuentas que por más de una década el poder le permitió evadir. Aunque mañosamente se haya declarado la disolución de la relación laboral, las demandas de reinstalación de puestos de trabajo estarán allí en la mesa de las negociaciones, los cientos de demandas de despedidos injustificados antes de la huelga, y los daños a la salud por haber clausurado la clínica y el hospital que daban servicio a los mineros; en lógica jurídica supervive un contrato colectivo cuya titularidad corresponde al sindicato minero. Pero no sólo eso, las viudas y familias de la explosión de Pasta de Conchos en Coahuila de 2006, reclaman los restos de sus seres queridos y se agrega la tragedia del río Sonora en 2014 por el derrame de ácidos industriales que vino a arruinar la economía y vida de los pueblos ribereños.

Mediante seudo investigadores universitarios en estas semanas, Grupo México ha pagado una campaña en medios sonorenses afirmando que el río está limpio de contaminación de metales, a pesar de que investigadores comprometidos con la verdad como la doctora Reina Castro de la Universidad de Sonora y el químico Antonio Romo, han llevado un registro puntual de lo que ha ocurrido con la concentración de metales a lo largo de cinco años y han salido a desmentirlos. Simplemente los investigadores apoyadores de Larrea no han podido desmentir que de 33 pozos de donde deberían tomar agua los ribereños, en 32 existen metales pesados con altísimas concentraciones.

Con todo este cúmulo de problemas, la pregunta pertinente es si Jorge Larrea puede ser parte de la solución. La respuesta obvia es no. Además, el consorcio Grupo México ha expandido sus actividades a una rama de industrias y servicios que lo catalogan como monopolio, al que el Estado podría fraccionar para otorgar concesiones a nuevos inversionistas comprometidos con los derechos laborales y el medio ambiente, lo cual traería paz y progreso a las regiones.

Urgen soluciones y una perspectiva racional y esperanzadora que incluya la conciencia de los pueblos. Los mineros han batallado por la justicia durante 12 años.

Los 10 días del Presidente siguen corriendo mientras Cananea empieza a parecerse a la Cananea de 1906.