Escrito por Arantza Díaz
.-Ciudad de México.- Con el fin de año en puerta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha preparado su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe;
un recuento anual de las deficiencias de la región y también, los
aciertos del crecimiento económico, llevándose las palmas, el país
sureño de Chile; entre los apartados que más han preocupado a la CEPAL
está la crisis de cuidados; una dificultad que amenaza el desarrollo
regional y aumenta la desigualdad estructural.
América Latina y el
Caribe afronta una serie de crisis sistémicas que, desde siempre, han
incrementado las desigualdades históricas, sin embargo, en los últimos
años, en lugar de que exista un combate a estas deficiencias
estructurales, ha acontecido el efecto contrario; se han recrudecido a
través de la crisis ambiental, la violencia, el bajo crecimiento
económico y por supuesto, los cuidados que, anualmente, incrementa su
demanda.
La persistente crisis de los cuidados se debe a que la
demanda supera ampliamente al número de personas cuidadoras y también, a
la infraestructura de los países que no han podido ofertar sistemas
nacionales para ofrecer cuidados a quien lo necesite. Esto incluye a
personas adultas mayores, personas mayores e infancias con discapacidad,
personas con discapacidad adquirida, infancias, bebés, adolescencias y
menores en situación de vulnerabilidad.
Según refiere la
CEPAL,
el hecho de que la región no esté invirtiendo en una sociedad del
cuidado está afectando de manera desproporcional a las mujeres,
especialmente, a aquellas que enfrentan múltiples formas de exclusión y
discriminación, como por ejemplo, las mujeres rurales,
afrodescendientes, de comunidades indígenas o en situación de
precarización que, sin importar su contexto, siempre son el sostén
-muchas veces único- del cuidado en el hogar.
Resulta
urgente atender las necesidades del cuidado, pues esta crisis se ha
disparado a causa de factores como cambios demográficos, movilidad y el
aumento de mujeres en el mercado laboral. El hecho de que las personas
no puedan acceder a ser cuidadas tiene una repercusión recrudecida,
advierte la CEPAL, en las infancias y en las personas de +65 años que,
en un par de décadas, se enfrentarán a las deficiencias de sus Estados
al no poder acceder a un sistema de cuidados eficiente, oportuno y que
atienda sus necesidades de manera particular.
Políticas de cuidado: Claves para combatir la pobreza
Si
esta crisis ya ha estallado en la región, ¿cuál será el primer paso
para intentar frenarla? Según la CEPAL, el primer paso en esta
conversación es valorar y reconocer la contribución de las actividades
que sostienen la vida, pues no sólo sostienen a quienes les rodea, sino
también, a su comunidad y por supuesto, a la economía del país.
Para
consagrar una verdadera sociedad del cuidado resulta prioritario
realizar una reorganización social donde el Estado construya sistemas de
protección social y con ello, combatir la división sexual del trabajo y
avanzar hacia la igualdad de género.
«Los
Estados deben reconocer de manera integral el derecho de todas las
personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado,
independientemente de su situación de dependencia. Sobre la base de los
principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, el cumplimiento de estos derechos es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la vida humana» (CEPAL)
Las consecuencias de no consolidar un sistema de cuidados
En
caso de no implementarse políticas efectivas para reorganizar el
cuidado, la brecha entre la oferta y demanda podría incrementar los
niveles de pobreza y recrudecer las desigualdades entre las personas. De
esto deviene que, hablar de una política de cuidados articulada con
otras reformas como la reducción de la jornada laboral, licencias de
paternidad, tiempos de descanso, autocuidado y mejores oportunidades
laborales para las mujeres, se convierte en el combo idóneo para
combatir la pobreza, cerrar la brecha salarial y disparar la economía en
términos positivos.
Mientras el cuidado no sea considerado
como eje rector en las políticas de América Latina y el Caribe, la
sustentabilidad social y económica no será una realidad. Las
consecuencias, sostenidas en el tiempo, agravará la desigualdad
económica, privará a las mujeres de tener acceso a protección social y
las privará de acceder a oportunidades laborales formales; la región se
enfrenta a un tradicionalismo que impone la responsabilidad del cuidado y
coopta las aspiraciones laborales, educativas y de emprendimiento de
millones de mujeres que, además, durante la vejez se enfrentarán a la
vulnerabilidad económica, discapacidad adquirida o viudez.
Esta
realidad está presente, advierte la CEPAL, pues las mujeres adultas
mayores de nuestra región que dedicaron toda su vida a ser personas
cuidadoras no remuneradas, quedaron fuera de toda protección social
contributiva y ahora, durante su vejez, necesitan apoyos y cuidados que
nadie les ofrece; no cuentan con ahorros, jubilación, una fuente de
ingresos y menos, un hogar propio. Esta situación alcanzará su punto más
álgido para 2077, cuando la mayoría de la población en América Latina y
el Caribe será adulta mayor y requerirá de cuidados a causa de una
discapacidad adquirida, dificultad de movilidad o algún padecimiento
incapacitante como accidentes cerebrovasculares o cardiopatías.
«El
objetivo es responder a las crecientes necesidades de cuidado de las
personas, sin perjudicar la autonomía de las mujeres en su diversidad, y
acelerar el logro de la igualdad de género, así como la reducción de
las desigualdades sociales en sus diversas expresiones. La construcción
de una sociedad del cuidado exige situar las políticas de cuidados y los
sistemas de protección social en el centro de las estrategias de
desarrollo, de manera que contribuyan a la reducción de las
desigualdades de género, socioeconómicas, étnicas y territoriales.»
(CEPAL)
Combatiendo la división sexual por una región más igualitaria
La
división sexual del trabajo y la actual organización social del cuidado
es uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. Este
nudo tiene efectos en el acceso a la protección
social y genera
brechas que se expresan durante el todo el ciclo de vida y las distintas
trayectorias de las mujeres en el mercado laboral. Como ya se advertía,
esto supone una menor participación de las mujeres en los sistemas de
protección social basada en las contribuciones del trabajo remunerado,
lo que más adelante impacta en la percepción de ingresos propios durante
la vejez.
Según recupera la CEPAL, en 2023, el 51.8% de las
mujeres en la región participa económicamente, mientras que el 74.2%
también lo hace, es decir, existe una brecha de casi 20 puntos
porcentuales; esta brecha se mantiene en todos los países de la región y
sorprendentemente, son las mujeres quienes, trabajan más. A nivel
regional se observa que los hombres pueden dedicar la mitad de su tiempo
al mercado laboral, mientras que las mujeres apenas logran dedicar un
tercio de su tiempo; el resto de su tiempo está dedicado al trabajo
doméstico y de cuidados no remunerado, en sumatoria, esto quiere decir
que las mujeres trabajan tres veces más que sus congéneres.
En
añadidura la región no ha logrado combatir la división sexual del
trabajo, pues existe exclusión bilateral en algunas actividades
laborales; actividades feminizadas y territorios trabajados sólo por
hombres. Las mujeres tienden a laborar con mayor incidencia en la
informalidad y lo hacen en la industria del comercio.
Otros
ejemplos de trabajos feminizados es la educación, la salud y el trabajo
doméstico que representa el 27% de la población ocupada en la región.
Para rematar esta segregación, estos son empleos mal remunerados y
muchas veces tienden a ser cultivo para la violencia por parte de los
empleadores, particularmente, aquellos empleos en el espacio doméstico
donde se gesta la explotación, e incluso, la esclavitud.
Por
ejemplo, en la capital mexicana, las personas que realizan trabajo
doméstico remunerado representan el 7.74% de la población, es decir, 166
mil 552, de este universo, 135 mil son mujeres y 31 mil hombres, según
la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos.
El 99.2% de este grupo
labora sin contrato, el 98.3% sin acceso a instituciones de salud y el
71.3% sin prestaciones, sostiene el Centro de Apoyo y Capacitación para
Empleadas del Hogar (CACEH).
El derecho a ser cuidada y en marcha el primer sistema de cuidados en México
En
su informe, la CEPAL advierte que el derecho al cuidado es un derecho
humano reconocido en todos los pactos internacionales con principios en
igualdad y universalidad, incluidos, incluso, desde 1948 en la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Algo que debemos recordar es
la interdependencia de las personas a lo largo de nuestra vida, en
palabras simples: Todas y todos nos hemos beneficiado -y beneficiaremos-
del cuidado en algún momento de la vida, desde el nacimiento, hasta la
vejez, las personas han sido cuidadas, usualmente, por las mujeres
quienes no han recibido nada a cambio.
«El reconocimiento del
cuidado como un derecho humano, permite delimitar claramente el papel
del Estado, y los distintos actores e identificar quiénes son titulares
del derecho al cuidado, quiénes son titulares de los deberes u
obligaciones, cuáles son los mecanismos de exigibilidad del derecho al
cuidado y cuáles son las medidas destinadas a reducir las desigualdades y
brechas en el acceso y disfrute de este derecho» (CEPAL)
Para la
CEPAL, resulta imprescindible que todos los países de la región
comiencen a incluir el discurso del cuidado al centro de su agenda antes
de que la necesidad del cuidado se cruce con la vejez, el incremento de
la morbilidad y los cambios climáticos que están acelerando la
movilidad forzada y acrecentando la vulnerabilidad de miles de
infancias, madres autónomas y personas adultas mayores. En aras de esto,
México se prepara para construir su primer sistema nacional de
cuidados; política continental que será punta de lanza.
Con
el arribo de la primera presidenta a la titularidad del poder
ejecutivo, el país ha atravesado por un par de giros vertiginosos que,
aunque sencillos, pautan una diferencia, como por ejemplo, que la
presidenta nombre los cuidados, reconozca el trabajo no remunerado e
impulse políticas públicas de previsión social segregadas para mujeres
en la vejez.
Se debe recordar que el Instituto de las Mujeres
(INMUJERES) ha sido elevado a secretaría, convirtiéndose así, en la
Secretaría de las Mujeres, un órgano federal que trabajará a la altura
de los tres poderes de la unión y que tendrá el poder suficiente de
intervenir en la construcción y diseño de políticas públicas a nivel
nacional.
Entre las obligaciones de la Secretaría de las
Mujeres se encontrará el diseño del primer sistema nacional de cuidados y
se ha pautado que este nuevo órgano entrará en funciones para el
primero de enero bajo la titularidad de Citlalli Hernández.
La
realidad de un sistema nacional de cuidados podría aparecer de manera
próxima durante el primer trienio de la gobernatura de Sheinbaum, un
desafío ambicioso considerando que, en nuestro país, 58.3 millones de
personas requieren de cuidados según la Encuesta Nacional para el
Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 del INEGI, considerando que esto es
más que la población de países como Perú o Argentina. Con todo ello, se
evidencia que el cuidado no es sólo una conversación nacida desde los
movimientos feministas, sino una política de carácter económico
internacional que, de bien lograrse, resultaría en una transformación
por el bien común.
