No vivimos más y mejor gracias al capitalismo, sino a las políticas progresistas

Jason Hickel - Antropólogo y escritor

En los últimos años, prominentes gurús como Steven Pinker, Jordan Peterson y Bill Gates han invocado los avances en la esperanza de vida en el mundo para defender al capitalismo contra una creciente ola de críticos.

Una niña hilandera en Mollahan Mills, Newberry, 

Carolina del Sur, en 1908. 

Lewis Hine / National Child Labor Committee

Es cierto, hay mucho que celebrar en este ámbito. Al fin y al cabo, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente. "Cuando leen un escrito que defiende el capitalismo los intelectuales tienden a escupir", escribe Pinker en su reciente libro, Enlightenment Now. Sin embargo, afirma, es "obvio" que "el PIB per cápita se correlaciona con la longevidad, la salud y la nutrición".
Este argumento me resulta familiar. Según esta narrativa predominante, el capitalismo fue una fuerza progresista que puso fin a la servidumbre y desencadenó un considerable aumento del nivel de vida. En realidad, esto no es más que un cuento de hadas que no se sostiene con datos objetivos.
El feudalismo y la servidumbre que generaba eran un sistema brutal que provocaba una miseria humana extraordinaria, sí. Sin embargo, no fue el capitalismo el que terminó con esta situación. Como demuestra la historiadora Silvia Federici, una serie de exitosas rebeliones campesinas en toda Europa en los siglos XIV y XV derrocaron a los señores feudales y dieron a los campesinos más control sobre sus propias tierras y recursos. Los frutos de esta revolución fueron asombrosos en términos de bienestar. Los salarios se duplicaron y la nutrición mejoró. Si atendemos a los parámetros de esa época, en ese período el progreso social fue espectacular.
Entonces, vino la reacción a esos cambios. Indignada por el creciente poder de los campesinos y trabajadores, y por el aumento de los salarios, una nueva clase capitalista organizó una contrarrevolución. Comenzaron a cercar los bienes comunes y a expulsar a los campesinos de la tierra, con la clara intención de reducir el coste de los salarios. Con las economías de subsistencia destruidas, la gente no tenía otra opción que trabajar por poco dinero para, simplemente, poder sobrevivir. Según los expertos en economía de Oxford Henry Phelps Brown y Sheila Hopkins, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII los salarios disminuyeron hasta un 70%. Las hambrunas pasaron a ser cada vez más normales y la nutrición se deterioró. En Inglaterra, la esperanza media de vida descendió de 43 años en el siglo XVI a los 30 años en el siglo XVIII.
En resumen, el ascenso del capitalismo generó un prolongado período de empobrecimiento. Fue uno de los momentos más sangrientos y tumultuosos de la historia de la humanidad. Sin embargo, Pinker hace como si nada de esto hubiera pasado. En su lugar, obvia este hecho y pasa directamente al período industrial moderno. Fue el capitalismo industrial, afirma, el que realmente impulsó que aumentara la esperanza de vida.
Lo cierto es que los historiadores ofrecen una versión más compleja de la historia. Simon Szreter, uno de los principales expertos mundiales en datos históricos de salud pública, muestra que el crecimiento industrial a lo largo del siglo XIX no provocó una mejora en la esperanza de vida, sino un deterioro notable. "En casi todos los casos históricos, el primer y más directo efecto del rápido crecimiento económico ha sido un impacto negativo en la salud de la población", escribe Szreter.
"La evidencia de este trauma", continúa, "permanece claramente visible en la forma de una discontinuidad negativa de una generación en las tendencias históricas de la esperanza de vida, la mortalidad infantil o los logros en la estatura". Basándose en una amplia gama de estudios, Szreter muestra que las poblaciones directamente afectadas por el crecimiento industrial en Gran Bretaña experimentaron una disminución constante de la esperanza de vida, desde la década de 1780 hasta la de 1870, hasta niveles no vistos desde la Peste Negra en el siglo XIV.
De hecho, fue precisamente en los lugares donde el capitalismo estaba más desarrollado donde este retroceso es más pronunciado. En Manchester y Liverpool, los dos gigantes de la industrialización, la esperanza de vida se derrumbó en comparación con las zonas no industrializadas del país. En Manchester cayó a solo 25,3 años. En cambio, en la zona rural de Surrey, la esperanza de vida de la población era de 20 años más.
El patrón no solo se repite en Gran Bretaña. Según Szreter, lo mismo ocurrió en "cada uno de los países en los que se ha investigado", incluyendo Alemania, Australia y Japón. En colonias como Irlanda, India y Congo se experimentó un deterioro similar en este mismo período, ya que fueron amarradas por la fuerza al sistema industrial europeo.
Es difícil exagerar el sufrimiento que conllevan estas cifras. Cuentan la historia de poblaciones enteras que fueron desposeídas por la clase capitalista y reducidas a la servidumbre en las fábricas y plantaciones de la revolución industrial. Y sin embargo, nada de esto aparece en la narrativa de color de rosa de Pinker.
La esperanza de vida urbana no comenzó a aumentar, al menos en Europa, hasta la década de 1880. Pero, ¿qué impulsó este repentino progreso? Szreter descubre que se debió a una simple intervención: el saneamiento. Los expertos que abogaban por políticas de salud pública descubrieron que si se separaban las aguas residuales del agua potable, la salud de la población mejoraba. Sin embargo, la clase capitalista se opuso a esta mejora, no la permitía: los terratenientes liberales y los dueños de fábricas se negaban a permitir que los funcionarios construyeran sistemas de saneamiento en sus propiedades, y se negaban a pagar los impuestos necesarios para llevar a cabo el trabajo.
Solo fue posible plantar cara a su negativa cuando los plebeyos obtuvieron el derecho al voto y los trabajadores se organizaron en sindicatos. Durante las décadas siguientes, estos movimientos hicieron que el Estado interviniera en contra de los terratenientes y propietarios de fábricas, para ofrecer no solo sistemas de saneamiento sino también atención médica universal, educación y vivienda pública. Según Szreter, el acceso a estos bienes públicos estimuló el aumento de la esperanza de vida a lo largo del siglo XX.
Pinker no menciona este movimiento. Su argumento se basa más bien en un gráfico de dispersión conocido como la curva de Preston, que muestra que los países con un PIB per cápita más alto tienden a tener una esperanza de vida más alta. No duda en afirmar que se da una causalidad en situaciones en las que se carece de pruebas que lo confirmen. De hecho, una nueva investigación encuentra que el factor causal detrás de la curva de Preston no es el PIB sino la educación.
Sin lugar a dudas, una red de prestaciones sociales necesita recursos. Y es importante reconocer que el crecimiento puede ayudar a ese fin. Pero las intervenciones que importan cuando se trata de la esperanza de vida no requieren altos niveles de PIB per cápita. La Unión Europea tiene una esperanza de vida más alta que Estados Unidos, con un 40% menos de ingresos. Costa Rica y Cuba superan a Estados Unidos con apenas una fracción de los ingresos, y ambos lograron sus mayores avances en esperanza de vida durante períodos en los que el PIB no estaba creciendo en absoluto. ¿Cómo? Mediante el despliegue de la atención sanitaria y la educación universales.
"Los datos históricos muestran que el crecimiento económico en sí mismo no tiene implicaciones positivas directas y necesarias para la salud de la población", escribe Szreter. "Lo máximo que se puede decir es que crea el potencial a largo plazo para mejorar la salud de la población".
El hecho de que ese potencial se materialice depende de las fuerzas políticas que determinan cómo se distribuyen los ingresos. Por lo tanto, al César lo que es del César: el progreso en la esperanza de vida ha sido impulsado por movimientos políticos progresistas que han aprovechado los recursos económicos para crear bienes públicos sólidos. La historia demuestra que en ausencia de estas fuerzas progresistas, el crecimiento a menudo ha ido en contra del progreso social, no a su favor.
Jason Hickel es antropólogo económico y autor de The Divide: Una breve guía sobre la desigualdad mundial y sus soluciones.
Traducido por Emma Reverter

¿Está en ascenso el progresismo en América Latina?

Adrián Sotelo V.

Rebelión

Se han registrado triunfos electorales de fuerzas y coaliciones presuntamente de izquierda o centro-izquierda en México, Argentina, Bolivia, Colombia (elecciones regionales) y en Uruguay -aunque aquí el Frente Amplio no pudo evitar ir a una segunda vuelta electoral marcada para el 24 de noviembre donde las derechas de ese país tienen buenas posibilidades de ganar y arrebatarle el gobierno- junto con arribos al poder presidencial de la  derecha en países como El Salvador cuyo gobierno del empresario de derecha, Nayib Bukele, acaba de expulsar a diplomáticos venezolanos por órdenes de Trump alineándose, de este modo, a las políticas que Washington despliega contra el progresismo y todo aquello que se oponga a su estrategia de dominación imperialista.

En países con gobiernos francamente neoliberales pro-norteamericanos como Colombia, Ecuador, Chile y Haití se registran ascensos muy importantes y significativos de las fuerzas y movimientos populares contra las políticas genocidas del FMI-BM impuestas por Estados Unidos con el contubernio de otros países imperialistas como Francia y Alemania. En Brasil, con un gobierno de derecha cuasi fascista, al parecer sólo se expresa el descontento social y la movilización por las fuerzas del Partido de los Trabajadores (PT) y otras afines a él muy centrados en la figura de Lula y en el pleito por su liberación y absolución al estar encarcelado desde hace ya más de un año y medio por presuntos delitos fabricados por personeros de la derecha, del poder judicial y, en particular, por el ex-juez Sérgio Moro, nombrado por Bolsonaro Ministro de Justicia y Seguridad Pública de ese país.

Sin embargo, existe mucha confusión al no definirse si la lucha es contra el neoliberalismo (como se plantea por ejemplo en Ecuador y Chile) o contra el capitalismo: muchos piensan que son dos realidades y conceptos distintos, siendo que, en la realidad global, es decir económica, política, social, laboral, cultural y ambiental, los dos se articulan con la salvedad de que el segundo sobredetermina al primero: en otras palabras el neoliberalismo es la etapa o fase actual del capitalismo histórico, como en el pasado lo fue el keynesianismo desarrollista con sus dispositivos estructurales cimentados en el fordismo-taylorismo de producción en masa. Este se agotó y entró en crisis por lo menos desde mediados de la década de los setenta del siglo pasado. Y en los ochenta, el llamado neoliberalismo fue impuesto por los gobiernos imperialistas de Estados Unidos e Inglaterra bajo el comando de los gobernantes y las fuerzas de la derecha internacional, todos impulsados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

En América Latina esa política genocida se impuso a sangre y fuego, con la fuerza de las armas y de la represión en Chile mediante el golpe de Estado militar del general Augusto Pinochet contra el gobierno constitucional de Salvador Allende y se protegió y promovió por los sucesivos gobiernos “democráticos” que sucedieron al retiro formal de la dictadura, hasta la actualidad que, a sangre y fuego contra el pueblo chileno, lo mantiene el neoliberal presidente Sebastián Piñera -como por cierto lo hicieron sus antecesores, incluyendo a la ex-presidenta Michelle Bachelet, actual “Alta Comisionada de los Derechos Humanos” de la ONU- que ha desempolvado el Estado de Sitio (los moderados y la derecha le llaman de “emergencia“) para sofocar las tumultuarias e insurrectas movilizaciones del pueblo trabajador que exige al régimen fascista de Piñera la realización de una Asamblea Constituyente y la renuncia del presidente.

Generalmente los analistas circunscriben el progresismo a los gobiernos en turno que surgen de la contienda electoral y que son legales y legítimos en el marco constitucional. Es el caso de Venezuela, de Bolivia y, recientemente, de Argentina. Ecuador constituye una excepción al haber surgido el actual gobierno de elecciones democráticas impulsadas por Alianza País, pero que, una vez investido su presidente, Lenín Moreno, se quitó la máscara de “progresista” y sacó las fauces derechistas y, fiel al cumplimiento de los mandatos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, se dedicó a implementar políticas neoliberales privatizadoras contra el pueblo y los trabajadores, así como a encarcelar a sus otrora colegas de partido, ahora considerados como opositores y sus más fieros enemigos, empezando por el ex-presidente, Rafael Correa que acumula 29 juicios penales y permanece en Suiza acusado de múltiples “delitos“ fabricados por el régimen morenista; el ex-vicepresidente, Jorge Glas, quien purga cárcel por haber cometido presuntos delitos, también fabricados, y el ex-canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, quien permanece en México en calidad de refugiado. Fueron estas acciones combinadas, pero sobre todo la aplicación de las fórmulas del FMI, lo que causó el gran descontento popular y el estallido social, ejemplarmente encabezado por el movimiento indígena aglutinado en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), contra el Decreto 883 también conocido como el “paquetazo económico” durante las jornadas de lucha y movilizaciones prácticamente en todo el país durante los días del 3 al 13 de octubre de 2019, que llevó al régimen a instaurar el estado de sitio y la represión hasta que dicho decreto fue retirado por el gobierno ante las crecientes movilizaciones populares.

Por lo tanto existe una estrecha ligazón entre el triunfo electoral de los candidatos que levantan programas de gobierno alternativos en alguna medida al modelo neoliberal y el apoyo que reciben por parte de la población para llevarlos a la práctica.

De lo anterior podemos sacar una primera conclusión. El progresismo, sin el apoyo y la movilización popular permanente, es un cascarón vacío y brinda todas las posibilidades de manutención del poder por la derecha o, bien, la conquista del mismo como ocurrió, en parte, con la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, o en Argentina cuando ganó con un estrecho margen el empresario Mauricio Macri.

Pero aún con el triunfo en la mano y la práctica política concreta, ese tipo de gobiernos no se proponen, implícita o explícitamente, transformar las estructuras del capitalismo, es decir, la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción; ni la institución jurídico-laboral de la explotación del trabajo por el capital. Más bien las mantienen incluso en contra de la voluntad de la población. En su lugar privilegian el colaboracionismo de clases y la alternativa de diálogo con las fuerzas opositoras cuyos delitos generalmente quedan en la impunidad.

Pudiéramos decir que lo que diferencia este tipo de gobiernos y prácticas políticas respecto al neoliberalismo son tres elementos. En primer lugar, una política exterior efectivamente más progresista -como muestra el caso mexicano con la reinstauración de la política externa de la no intervención en los asuntos de otros Estados luego del triunfo del presidente López Obrador, respecto a los regímenes anteriores de gobierno del PRI y del PAN completamente alienados a la política exterior norteamericana y al llamado Grupo de Lima contra Venezuela-. En segundo lugar, el hecho de proporcionar a la población y a los sectores más vulnerables asistencia y restitución de los derechos sociales abolidos por el neoliberalismo. Por último, se afianza la voluntad política de impulsar una integración latinoamericana más horizontal que, al mismo tiempo que solidifique los intercambios entre los países y las naciones, reivindique el sustento de la soberanía nacional frente al colonialismo y al imperialismo, principalmente norteamericano.

Pero el problema es que aquellos países y gobiernos que impulsaron reformas constitucionales, como es el caso de Bolivia, Venezuela y Ecuador, no lograron, o no pudieron, trastocar las estructuras del capitalismo, particularmente del dependiente y subdesarrollado, ni modificar la esencia del Estado capitalista que se mantiene como una entidad neoliberal reproduciendo los intereses y privilegios de las clases dominantes y de las élites reaccionarias (civiles, militares y clases medias acomodadas) que sirven de sustento a las fuerzas contrainsurgentes de la derecha y ultraderecha en América Latina y que generalmente se subordinan a los intereses y geopolíticas del imperialismo.

Si bien los gobiernos asumen un carácter popular en las coyunturas progresistas, no es el caso del Estado capitalista (neoliberal o no) que es una maquinaria de guerra permanente contra las masas populares y los trabajadores (por ejemplo el papel del ejército, de las fuerzas paramilitares, de las cárceles o del poder judicial), aunque en coyunturas excepcionales asuma una cierta autonomía frente a la lucha de clases y las desigualdades. Estas diferencias entre gobierno y Estado se ven muy claras en el Brasil de Lula, en la Argentina de los Kirchner, la Bolivia de Evo Morales e incluso en Venezuela, donde los aparatos del Estado capitalista se sobreponen al mismo gobierno progresista.

La alternancia entre el progresismo-neoliberalismo no va a resolver las profundas contradicciones del capitalismo por más que el primero acuse una cierta reactivación frente a la profunda crisis estructural que afrontan las sociedades en Chile, Ecuador, Brasil, Haití y otras como Panamá donde ya emergen las protestas estudiantiles contra el gobierno. Es necesario que, al impulso de las presiones populares y de las luchas sociales, los bloques progresistas radicalicen sus políticas y procesos para avanzar hacia una verdadera transformación estructural de sus formaciones económico-sociales y de sus modos de producción, que combatan no solamente el desempleo, la pobreza y la desigualdad, sino que, al mismo tiempo, avancen en la superación del capitalismo para poder estar en mejores condiciones de combatir el subdesarrollo, el atraso y la dependencia.